Imagine por un momento que un amigo suyo (digamos que uno muy bien intencionado), cree haber concebido el programa público que cambiará el futuro de los habitantes de un municipio en el que se denuncian 30 mil delitos al año, como ocurre en Ciudad Juárez. Imagine también que, además de muchas ganas de ayudar, usted cuenta con el dinero que se requiere para llevarlo a cabo. Sin embargo, cuando usted pregunta cuáles son las metas del programa, un demoledor silencio tras una serie de vaguedades le indica que no hay tales.

Bajo estas condiciones, ¿firmaría usted el cheque?

Un programa público sin metas es, además de una irresponsabilidad gubernamental, una improvisación cara: como diseñar una vacuna sin saber exactamente qué enfermedad se quiere evitar. Hace imposible saber si los objetivos se cumplieron, medir su efectividad y por ende, si debe replicarse o desaparecer.

Si partimos de lo anterior, tendremos una mejor idea de la gravedad de lo que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2010: todos los programas de la Secretaría de Seguridad Pública federal relacionados con la prevención del delito y la participación ciudadana (11) se implementaron ese año sin que la dependencia hubiera establecido metas para éstos.

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Hace una semana Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra  del CIDE publicaron varios documentos sobre el presupuesto y gasto de distintas instituciones públicas. Uno de ellos es el documento “Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“.

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A forma de resumen presentamos aquí sólo cifras que por sí mismas revelan una parte el argumento del documento:

  • El gasto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incrementado 104% para el periodo de 1996 al 2009
  • Existe gran variación en los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en las 32 entidades federativas
  • El Distrito Federal y Quintana Roo tienen el costo estatal mas alto con mas de $30 per capitaSeguido por Campeche y Zacatecas con un costo de $19.44 a $21.90 per capita

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Foto: Eneas

Foto: Eneas

Hace un par de semanas en un foro en Guadalajara, el rector de la UNAM, José Narro, en su dicurso de inauguración dijo: “Presupuesto y comprensión para la educación superior pública de Iberoamérica es lo que respetuosamente exigimos”. Al día siguiente, Gustavo Madero, coordinador de los senadores del PAN, declaró “necesitamos que [la UNAM] nos informen, nos platiquen, nos actualicen de cómo se utilizan todos estos recursos, que son cuantiosos”. Es curioso que en la prensa estas dos declaraciones fueron planteadas, ambas como una disputa, aunque ninguna de las dos declaraciones están planteadas en esos términos. El mismo día que el Senador Madero hizo sus declaraciones, la UNAM emitió un comunicado del prensa en el que explica cómo rinde cuentas a través de auditorías internas y las auditorías hechas por la Auditoría Superior de la Federación. El comunicado termina pidiendo al Senador Madero que “modere sus comentarios o aporte la información que los sustente¨. La discusión indirecta entre el rector de la UNAM y el Senador Madero, unos días después tuvo repercuciones entre editorialistas de distintos periódicos.

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Foto: wwarby

Foto: wwarby

La determinación de las prioridades de gasto público debe basarse en un diagnóstico sólido de la falta de crecimiento económico en México. Tal diagnóstico debe empezar por reconocer que el determinante próximo del lento crecimiento es la baja tasa de inversión en capital físico cuya reducción se ha debido a una brusca contracción de la inversión pública en las últimas décadas. Como se muestra en el cuadro 1, mientras que la inversión fija total cayó en casi 5 puntos porcentuales como porcentaje del PIB entre 1979-81 y 2004-2007, la inversión pública cayó todavía más (desplomándose en 6.6 puntos porcentuales).

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La caída de la inversión pública tiene que ver en parte con las privatizaciones pero es también en gran medida un legado del tipo de ajuste fiscal seguido después de la crisis de la deuda. El ajuste macroeconómico seguido fue exitoso en corregir el desequilibrio fiscal, en el sentido de eliminar déficits públicos altos e insostenibles, pero descansó excesivamente en la contracción de la inversión pública y falló dramáticamente en la tarea de fortalecer los ingresos tributarios no petroleros.

La inversión en infraestructura, que tiene el mayor potencial de afectar positivamente el crecimiento, ha sufrido en esta contracción. En el periodo 2001-06, México ocupaba el último lugar, entre las economías latinoamericanas grandes con información disponible, en inversión en infraestructura como fracción del PIB y ello se aplicaba tanto a la inversión pública como a la privada (cuadro 2). México invertía en infraestructura en ese periodo cuatro puntos del PIB menos que Chile, el único país en el cuadro 2 con una aumento en la inversión en infraestructura entre 1981-06 y 2001-06.  México destaca también por haber tenido la contracción más fuerte en la inversión en infraestructura (50 por ciento) con la excepción de Brasil. La caída en la inversión tuvo lugar en construcción de carreteras, provisión de agua y electricidad. Sólo en el caso de las telecomunicaciones hubo una recuperación. Sin embargo, aún en este caso México ocupaba el penúltimo lugar entre las economías grandes  de América Latina (por delante sólo de Argentina) por detrás de otros países latinoamericanos como Chile y Brasil a los que superaba en 1980 (Calderón y Serven, 2004).

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Un área prioritaria para invertir recursos adicionales es el Sur. Un nuevo trato que cree las condiciones para aprovechar el potencial productivo del Sur, y permitirle alcanzar el nivel medio de desarrollo que el resto del país tiene, generaría un considerable impulso adicional al proceso de crecimiento, además de la reducción de la pobreza y las desigualdades regionales. Inversión en infraestructura en esas regiones y la introducción de discriminación positiva en su favor en otras políticas abriría nuevas áreas de inversión y nuevos mercados, liberando así un potencial de crecimiento que contribuiría a una tasa mayor de crecimiento de la economía en su conjunto.

Jaime Ros. Profesor de Economía, Universidad de Notre Dame.

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Gracias a la propaganda del gobierno, es ampliamente conocido que el Paquete Económico 2010 propuesto por el Presidente Felipe Calderón contenía una nueva contribución de 2% cuya recaudación se utilizaría, supuestamente, para el combate a la pobreza en el país. Lo que pocos saben, sin embargo, es que el Paquete también contenía una serie de propuestas de nuevos impuestos que parecían estar diseñados para combatir también a la clase media nacional.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la Ley de Ingresos. En la versión aprobada se excluyó el llamado impuesto anti-pobreza, aunque se incluyeron la mayor parte de los impuestos anti-clase media propuestos por el Ejecutivo. Dentro de éstos impuestos destacan el aumento al Impuesto sobre la Renta (ISR) para todas las personas que ganan más de 4 salarios mínimos y un Impuesto a las Telecomunicaciones del 3%.

Con respecto al aumento al ISR, uno se pregunta por qué lo diseñaron como lo hicieron. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo y a lo aprobado por la Cámara de Diputados, el ISR pasará de 28 a 30% de manera temporal (de 2010 a 2012) para todos aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, es decir, para aquellos que ganan más de $6,663 pesos mensuales. Este monto de ingresos, por cierto, es insuficiente para que una familia de 4 personas no sea considerada en situación de pobreza patrimonial (se requerirían alrededor de 8 mil pesos al mes para que no fuera considerada pobre). Ahora bien, según el propio dictamen de la iniciativa, el 61% de la recaudación por este concepto provendría del 7.7% de los asalariados que percibe más de 20 salarios mínimos mensuales. Así pues, uno se pregunta porque deben pagar más impuestos las personas o pequeños productores que perciben ingresos relativamente bajos o de nivel medio (a menos claro, que se considere que 4 salarios mínimos es mucho) y por qué no se concentra la aplicación del impuesto únicamente en los sectores de la población de mayores ingresos lo que, de paso, no solo aumentaría la recaudación sino que también ayudaría a reducir los abrumadores indicadores de desigualdad que han caracterizado históricamente al país. Es por ello que una alternativa a esta medida sería aumentar el ISR únicamente a las personas que obtienen ingresos por encima de, digamos, 20 ó 30 salarios mínimos. Al hacer esto se obtendría una recaudación menor a la que se plantea recaudar ahora, pero se fortalecería la progresividad en la estructura del impuesto sobre la renta.

Por otro lado, con respecto al impuesto a las telecomunicaciones (telefonía fija, celular, TV de paga e Internet) es importante señalar que éstas de por sí ya son demasiado caras en México como resultado de la escasa competencia y de la mala regulación en el sector. Esto ha implicado que el acceso a estos servicios en el país sea relativamente limitado, con lo que se ha excluido a un gran segmento de la población que podría beneficiarse de un mejor acceso a estos servicios. Así, de acuerdo a una encuesta reciente (Septiembre, 2009) realizada por la empresa Consulta-Mitofsky, apenas en el 56.6% de los hogares se contaba con servicios de telefonía celular, en 48.6% con telefonía fija, en menos de una cuarta parte de los hogares se cuenta con acceso a televisión de paga (23.6%) y menos de una quinta parte tiene acceso a servicios de internet (18.6%). Por cierto que, de los usuarios regulares de internet, el 40% declaró utilizarlo para el trabajo y el 25% para la escuela.

Es claro que por los elevados costos de las telecomunicaciones en México, la mayor parte de los usuarios actuales de estos servicios son los hogares de mayores ingresos en el país, sin embargo, precisamente por tratarse de servicios asociados a la diversión, entretenimiento, educación, comunicaciones y tecnología, lo deseable sería que el acceso a estos servicios fuese mayor y no menor, que fuese más democrático no más restrictivo. Es por ello que un impuesto adicional del 3% en estos servicios limitaría aun más el acceso a éstos y afectaría directamente a la clase media actual y a la clase media baja que tendrían que destinar recursos adicionales en este tipo de servicios para evitar que la brecha tecnológica entre ellos y las personas de mayores ingresos sigan en aumento.

En suma, tanto la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo como la finalmente aprobada por los diputados, están basadas en el mismo principio: aumentar la carga impositiva a los sectores de siempre, es decir, a los contribuyentes cautivos y a la ya de por sí mermada clase media. Mientras tanto, otras propuestas alternativas como la de aplicar un impuesto a las transacciones financieras (como ahora ya se está haciendo en Brasil), al patrimonio (lo que hubiera sido realmente una reforma progresiva), a las ganancias en la bolsa o a los dividendos (los cuales, si hubieran estado bien diseñados, se habrían convertido en impuestos dirigidos exclusivamente al segmento de la población de mayores ingresos en el país), se quedarán guardados para una mejor ocasión, es decir, para aquella en la que en lugar de aplicar impuestos para combatir a la clase media realmente se busque implementar una reforma fiscal integral que elimine los privilegios y que combata, de fondo y de lleno, a la desigualdad.

Gerardo Esquivel. Profesor-Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

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