julio 26, 2016

La ganadora de la corrupción: el agua embotellada

La realidad mexicana: un exquisito platillo para chuparse los dedos en materia de corrupción, impunidad y desapego a la ley. Efectivamente, indudablemente es cotidiano que el ciudadano converse, abunde, profundice sobre el desvigorizado desempeño del sector público y el raquítico beneficio que otorga a la sociedad el sector privado; ambos incapaces de satisfacer los objetivos fundamentales de bienestar y eficiencia económica en el país.

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Tras la masacre que hubo hace unas semanas en el penal de Apodaca, Otto Granados publicó en el periódico La Razón una serie de artículos, argumentando que la única solución a los problemas que hoy existen en las cárceles en México es “cambiar un modelo agotado” y privatizarlas. En sus textos ofrece algunos datos, pero sobre todo ofrece la “lógica” de por qué cree que sería buena idea privatizar las cárceles a partir de lo que él llama “el cambio de incentivos”, haciendo eco a la iniciativa de ley presentada por el Partido Verde al respecto (quienes por cierto, también han propuesto extender las penas de varios crímenes).

Dice Granados que las cárceles hoy no funcionan porque “los incentivos” están mal alineados…

¿Por qué? Porque los incentivos estaban mal alineados o simplemente no existían o porque, como pasa ahora, cuando ocurre una fuga o motín, lo que se hace es arrestar al director y a los custodios, pero el penal sigue funcionando en espera de que suceda el próximo incidente.

Y que funcionarían si los incentivos fueran tales que en vez de arrestar a los malos funcionarios se multara a una empresa:

Lo que el Estado hace es prestar un servicio público —al que está obligado— mediante una modalidad distinta y más eficaz: un particular puede atender el ciclo completo que va desde construir hasta operar un establecimiento penitenciario cumpliendo todas las condiciones, regulaciones, controles y supervisiones que le marca el gobierno contratante y éste paga por ese servicio. Como el incumplimiento de una sola de dichas condiciones conlleva no sólo la cancelación del contrato sino penalizaciones económicas muy elevadas, el prestador del servicio tiene incentivos claros para impedir los problemas habituales que ahora vemos en las cárceles mexicanas y de otras partes.

Más allá de que no explica cómo funcionan de distinta manera estos incentivos (la multa y el arresto ambos elevan el costo de operar mal la cárcel), tampoco considera otros incentivos que genera un sistema privado de prisiones.

En Estados Unidos en los últimos años ha habido una discusión pública importante sobre la privatización de las cárceles que se empezó a hacer desde finales de los años sesenta. El principal problema del sistema privado es que las empresas propietarias basan el éxito de su negocio en el crecimiento de la población encarcelada y en la prolongación de las penas.

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