El día que ICE mata a una poeta
es un día de escuela cualquiera
en la primera semana del año.
El tiempo no es real y aún así
es enero, y los científicos dicen
que estamos recuperando sesenta segundos
de luz aunque ya se está poniendo el sol.
Despierto y me siento más cerca de la muerte
que el día de ayer. Soy madre,
así que espero a mi hija al pie
de la escalera y tomo su mano
al cruzar la calle y cuando
paramos en la esquina paso mis dedos
sobre su cola de caballo como si fuera mi propio pelo.
Dice que hay una nube en el cielo
que parece un corazón pero no puedo ver
lo que ella ve. Soy madre
así que cuando tiene hambre le doy de comer
y cuando me pregunta cómo se escribe lobos
le explico cómo algunos sustantivos se transforman
en plural. Hombre es hombres y diente es dientes
y persona asesinada se convierte en pueblo.
-Hannah Eve Levy, 7 de enero de 2026
El 24 de enero de 2026, dos agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) dispararon y mataron a plena luz del día a Alex Pretti, un ciudadano blanco estadunidense, frente a un grupo de manifestantes que grababan con sus teléfonos. Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, protestaba contra la presencia de ICE en Minneapolis y defendía a una mujer a la que los agentes empujaron y rociaron con gas lacrimógeno.
Los videos que circularon después muestran a Pretti —también afectado por el gas— inmovilizado en el suelo por varios agentes. Uno de ellos le quitó una pistola que portaba de manera legal y que nunca desenfundó. Aun así, le dispararon diez veces. No fue un hecho aislado.
Días antes, agentes de ICE le dispararon en la pierna a un hombre venezolano durante una redada. Y el 7 de enero, otro agente mató a Renée Nicole Good, mujer blanca, madre y poeta, mientras protestaba desde su automóvil. Tres disparos a la cara, mientras intentaba alejarse en su auto de los agentes de ICE, con su perro en el asiento trasero.
Al menos 32 personas han muerto bajo la custodia de ICE en el último año. Algunos por negligencia médica, otros por suicidio, otros por homicidio. Hasta ahora ocho personas han sido asesinadas por ICE, incluyendo a Silverio Villegas González, michoacano que llevaba 20 años viviendo en Chicago.
Miles de manifestantes han salido a las calles en el último año para exigir el desmantelamiento de ICE bajo el lema #AbolishICE, una consigna que tomó fuerza en 2018 durante la primera administración de Trump. La agencia se creó en 2003 como parte de la respuesta del gobierno estadunidense a los ataques del 11 de septiembre, aunque sus raíces se remontan a décadas anteriores de controles migratorios y de la frontera.
Junto con su agencia hermana, la Patrulla Fronteriza (CBP), ICE ha crecido año con año en presupuesto, personal, recursos y tecnología, bajo una lógica compartida tanto por demócratas como por republicanos: vincular el control migratorio con la seguridad nacional. En los últimos 23 años, millones de personas han sido detenidas, deportadas, separadas de sus familias, abusadas o asesinadas en operativos migratorios. Muy pocos agentes de ICE y CBP enfrentan consecuencias penales por sus actos de violencia.
En el último año, el poder y margen de acción de ICE se han expandido como nunca. Su presupuesto aumentó 308 % en 2025, 28.7 mil millones de dólares al año, superando por mucho el presupuesto del sistema carcelario federal y del Departamento de Justicia (incluyendo el FBI). Hace unos días, no obstante las denuncias en contra de la violencia y los abusos de ICE, el Congreso aprobó un presupuesto adicional de 400 millones para ICE. Como resultado de las protestas recientes en Minéapolis y otras ciudades, este se ha convertido en un punto clave para la negociación del presupuesto federal y evitar un cierre parcial del gobierno.
Bajo el gobierno de Trump, ICE se ha consolidado como una herramienta central de control interno. No sólo para detener y deportar a personas migrantes que hayan cometido delitos, sino para perseguir a cualquier inmigrante, sin importar su estatus legal: estudiantes, residentes permanentes, portadores de visas de turista o de negocios, refugiados, solicitantes de asilo, e incluso ciudadanos naturalizados. En ese proceso, ciudadanos estadunidenses también han sido detenidos, deportados erróneamente, heridos y asesinados.
Su margen de acción e impunidad parecen no tener límites. La Suprema Corte ha avalado prácticas como la detención basada en perfil racial. El presidente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y Stephen Miller, principal asesor en materia migratoria, han defendido de manera pública a ICE, asegurando que sus agentes cuentan con inmunidad total para actuar contra inmigrantes a quienes describen como “extranjeros ilegales criminales” y a manifestantes a quienes consideran “terroristas internos”.
Trump ha empoderado, envalentonado y financiado a una policía paramilitar que no tiene que rendir cuentas más que para cumplir sus cuotas de detenidos y deportados. Hace dos semanas, el gobierno anunció que ICE ya no necesita una orden judicial para entrar a una casa, una práctica a todas luces inconstitucional. El mensaje para ICE, para los grupos antimigrantes y para las milicias que han existido por décadas en la frontera es claro: no hay ley que esté por encima de su objetivo de proteger al país de la supuesta “amenaza” inmigrante, y de quien se oponga a ello.
Desde la victoria electoral de Trump, en todo el país se reactivaron talleres comunitarios para informar sobre los derechos de las personas ante la policía y ICE. También se han formado redes de ICE Watch para alertar sobre redadas y sistemas de ayuda mutua para sostener a las familias afectadas. Cada semana exige adaptarse a nuevas reglas y crear nuevas estrategias para protegerse los unos a los otros, constatando que incluso los pocos derechos existentes dejaron de respetarse.
Pero uno de los cambios más profundos ha sido otro: ese “nosotros”. Por primera vez, es evidente ante la opinión pública nacional e internacional lo que grupos de migrantes y organizaciones de la sociedad civil llevan mucho tiempo diciendo: que la violencia del aparato migratorio no se limita a la frontera ni a las personas indocumentadas.
La violencia reciente en Minéapolis muestra con claridad que este sistema no distingue entre estatus migratorio ni ciudadanía. La criminalización y deshumanización de las personas migrantes, como lo ha sido la de las personas negras, no es un fenómeno aislado: es el laboratorio de una violencia que puede expandirse contra cualquiera que el gobierno considere una amenaza o una presencia indeseable.
Un punto de quiebre del primer gobierno de Trump fue la política de separación de familias: la imagen de niños en jaulas marcó el límite de lo que una parte importante de la sociedad estadunidense estaba dispuesta a tolerar. Hoy, ese límite parece haberse desplazado de nuevo.
Y no se trata de volver al statu quo ante, cuando Biden hablaba de “humanizar” el control migratorio, entrenar a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza y mejorar las condiciones en los centros de detención. El debate ya no es sobre mejores prácticas ni reformas migratorias. Es sobre el ejercicio de un poder que se coloca por encima de la ley, que invoca marcos jurídicos de seguridad nacional y terrorismo, del siglo XVIII hasta el 11 de septiembre, para justificar la suspensión de derechos en el presente.
Trump y los republicanos han llevado este debate más allá de la frontera: la violencia de ICE es parte del día a día para migrantes y ciudadanos por igual. Aún bajo condiciones que han sembrado terror y desesperanza entre la sociedad, el discurso y las acciones del gobierno también han movilizado y ampliado un movimiento político que lleva décadas formando redes de solidaridad y ayuda mutua, y que no encuentra respuesta en ninguno de los dos partidos.
El llamado a abolir ICE, cada vez más presente en el discurso público, no es sólo un reclamo contra un sistema corrupto, fundado en el etnonacionalismo y el racismo, cuyas consecuencias hoy son innegables; es también un llamado a construir otro sistema. En las calles, en las escuelas, en los barrios donde vecinos y vecinas se organizan en contra de las redadas de ICE, también se entrelazan demandas históricas y recientes.
En esas movilizaciones se reconoce que la violencia contra las personas migrantes es parte de un sistema político y económico que ha criminalizado históricamente a comunidades indígenas y negras, que regula los cuerpos de mujeres y personas LGBTQI+, y que persigue a quienes cuestionan el orden político dentro y fuera de las fronteras nacionales, desde Palestina hasta la frontera México-Estados Unidos. La exigencia de abolir ICE se traduce en una demanda más amplia: desmantelar un aparato estatal que produce exclusión, castigo y muerte, y redistribuir sus recursos hacia la vida—educación, salud, vivienda, cuidado, servicios sociales, y los vínculos comunitarios.
A este llamado ahora se suman ciudadanos que, por primera vez, reconocen cómo también están implicados. Sólo así puede desmantelarse un sistema; sólo así una persona asesinada se convierte en pueblo.
Alexandra Délano Alonso
Escritora, investigadora y profesora de política y estudios globales en The New School en Nueva York.