El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o ACTA, por sus siglas en inglés, es un nuevo tratado comercial que se está negociando por diversos países entre los que destacan los Estados Unidos de América, Japón, la Unión Europea, Suiza, México y Nueva Zelanda, a iniciativa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Los objetivos de este nuevo acuerdo son tres: a) incrementar la cooperación internacional; b) establecer mejores prácticas para la observancia; y c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.
Desde las negociaciones preliminares a finales del 2007, México ha participado en la negociación y redacción de los borradores del tratado. El día de mañana, 26 de enero, comenzará en nuestro país la séptima ronda de negociaciones en donde, de forma tentativa, se tiene la siguiente agenda:
- Martes 26- Observancia en materia Civil
- Miércoles 27- Medidas en frontera
- Jueves 28- Implementación de medidas y observancia en entorno digital
- Viernes 29- Transparencia
Mucho se ha especulado sobre el probable contenido del texto definitivo, sin embargo hoy no se conoce a ciencia cierta el alcance de las medidas establecidas para la protección de la propiedad intelectual. Existen algunos documentos que, presumiblemente, se han filtrado por funcionarios representantes de la Unión Europea que nos dejan prever el endurecimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial y derecho de autor, particularmente en lo relacionado con el entorno digital.
Medidas como el establecimiento de la regla de los tres strikes (introducida por la Ley HADOPI en Francia), la imposición de sanciones para los casos en que se burlan las medidas de protección tecnológica y la obligación para los proveedores de servicios de internet para supervisar las comunicaciones de sus suscriptores, sin duda preocupan porque atentan contra derechos como la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información y el derecho a la privacidad.
El 20 de enero se llevó a cabo un ejercicio que el IMPI denominó como “Consultas Públicas del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA)”. En realidad fue más un primer acercamiento con diversos sectores de la sociedad civil y la industria para establecer una mecánica de participación en consultas subsecuentes a las que, según se comentó, se podría asistir pero sin la posibilidad de divulgar el contenido del tratado.
El mayor cuestionamiento que se tiene es la falta de transparencia con la que se han conducido las negociaciones. Sus proponentes han obligado a los representantes de los diferentes países con los que se negocia el texto a que firmen convenios de no divulgación muy estrictos.
Lo anterior, sumado a la evidente confrontación de intereses que existe entre titulares de derechos y consumidores y usuarios de internet, ha derivado en un clima de tensión. Muestra de esto fue la muy lamentable expulsión de Geraldine Juárez, activista defensora de los derechos de los usuarios de internet, de la reunión del día 20 de enero, así como la deplorable conducta de diversos asistentes a la reunión.
El panorama no parece muy alentador. La batalla que tendremos que librar los consumidores y usuarios de internet será dura y enfrentará a una de las industrias más poderosas del planeta.
Debemos de fomentar el diálogo y tratar de encontrar un punto de equilibrio entre los titulares de derechos y los consumidores y usuarios de internet. No debemos permitir, desde mi perspectiva, bajo ningún supuesto, la disminución de los derechos que actualmente nos concede la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero antes, debemos pugnar porque la negociación sea transparente y abierta. No es posible que se esté negociando un tratado tan importante sin que nos consulten a los ciudadanos. No en pleno siglo XXI.
León Felipe Sánchez. Abogado.
Nota: a partir del día de hoy hemos cambiado el encabezado de los textos que publicamos, para privilegiar el titulo, y mantener el nombre del autor al final de cada post.