Si hubo un hito fundador del régimen de la transición, fue la matanza del 2 de octubre de 1968. A partir de entonces, y de la guerra sucia posterior, se establecieron los límites políticos y simbólicos de lo que no se podía tolerar ni repetir: el autoritarismo, la represión y el asesinato de estudiantes a manos del Estado. El consenso en esos límites unió a las derechas y a las izquierdas —pese a sus claras diferencias ideológicas, prácticas y culturales— en torno a la crítica al Estado y sus mecanismos de control. La solución: el cambio, el nacimiento de un nuevo orden que lo regulara y lo limitara. Dicho orden, se suponía, surgiría con la transición a la democracia, y con ello el 2 de octubre no se repetiría nunca más. La realidad, sin embargo, fue otra: el 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos.
Continuidad
En su libro De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen, Fernando Escalante y Julián Canseco plantean que la sociedad mexicana asoció a Tlatelolco con Ayotzinapa gracias a una cultura antagónica —“un sistema de signos, prejuicios, valoraciones, sobreentendidos, automatismos del sentido común formado durante el régimen revolucionario”— que la predispone a la protesta y hace que “cualquier público sea inmediatamente receptivo cuando se critica al gobierno”.
En mi opinión Ayotzinapa no fue simplemente otro hecho que se añadió al repertorio de las consignas de las izquierdas, ni tampoco una expresión más del imaginario mexicano sobre la protesta y la crítica a la autoridad. Se trató, más bien, de un evento que develó que no existía la tan prometida ruptura entre el viejo y el nuevo régimen, sino que en realidad había una continuidad: el Estado se había militarizado de manera persistente a lo largo de muchos años y seguía reprimiendo a la disidencia.1 La indignación y los paralelismos que atestiguamos no fueron producto del sentido común de la protesta, sino del resquebrajamiento de la hegemonía de toda una época. La consigna principal de las manifestaciones lo dijo todo: “Fue el Estado”.
En ese entonces México vivía una nueva etapa de “modernización”: Enrique Peña Nieto había conseguido cambios estructurales que sus antecesores no lograron y todavía tenía una respetable aprobación del 51 % para agosto de 2014. Lo que le quedaba era administrar el éxito. A finales de ese año, después de las manifestaciones que exigían la aparición de los 43 estudiantes, y del escándalo de la Casa Blanca, su aprobación bajó al 30 %. Nunca se recuperó. En cuestión de meses pasó de ser el gran reformador al sepulturero del régimen de la “transición”.
La “verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia” que divulgó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, permitió “ejercitar acción penal contra 99 involucrados” y trató de deslindar al Estado de responsabilidades. A decir de Murillo Karam, la desaparición de los estudiantes no fue el resultado de una operación en la que hubieran participado con dolo las instituciones; por el contrario, se trató del producto de la debilidad estatal que se había acumulado por años:
No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue [el responsable de la matanza] lo acusaban [al principio] de omisión [por no intervenir en defensa de los estudiantes], las mismitas [personas]. No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar.
No obstante, la explicación de Murillo Karam no fue bien recibida por un público que se formó, precisamente, en la certeza de que los políticos mienten y que el Estado es opaco por naturaleza. Algunos intelectuales no fueron fieles a ese público, ni al mantra liberal de siempre desconfiar del poder. En lugar de ejercer su labor crítica, dieron por cierta la versión de las autoridades y la reprodujeron. Aun así, para muchos más, la duda imperó. Precisamente de esa duda y de la indignación subsecuente surgió el espíritu de cambio de nuestro tiempo.
¿Cambio?
Hace unos días salió a la luz el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. De entre sus páginas, destaca la revelación de que el Estado tenía conocimiento de lo que ocurría durante la noche de la desaparición de los normalistas y que, por su participación u omisión, fue culpable. Además, según se lee, el Estado hizo lo posible por ocultar su involucramiento. En las conclusiones se asevera lo siguiente:
Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Si en algún lugar habita eso que llamamos Estado, es en el conjunto de jerarquías y procedimientos que dan forma a las instituciones públicas. La movilización de ese conjunto —se supone— deriva en la competencia, no siempre exitosa, con otras organizaciones sociales, para ordenar y procurar a la sociedad. Pues bien, según el Informe, las autoridades del gobierno de Peña Nieto usaron esas jerarquías y procedimientos para participar en la desaparición de los estudiantes y para ocultar el rastro de esa participación. Se trata de una afirmación contundente: sí fue el Estado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está ante un hecho que puede significar una ruptura con el viejo régimen (pese a las continuidades que mantiene con éste y que ya he mencionado en nexos en otra ocasión). El Informe puede convertirse, como sugieren otros analistas, en el hito en la historia contemporánea de México que la Cuarta Transformación tanto ha insistido ser, hasta ahora sin éxito. Pero para ello es necesario que sucedan varias cosas.
En primer lugar, debe haber claridad sobre cómo y por qué se definen los límites de responsabilidad dentro de ese conjunto de jerarquías y procedimientos estatales. El Informe muestra que hubo una participación coordinada que involucra a diferentes mandos. Una operación así, entonces, debió ser conocida por lo más alto de la jerarquía estatal. Así que se debe explicar con cuidado y con pulcritud por qué se les atribuye responsabilidades a ciertos actores y a otros no. ¿El procurador general de la República actuaba sin conocimiento del entonces presidente de México? ¿Sí o no? ¿Por qué?
En segundo lugar, debe de imperar la imparcialidad. Se tiene que respetar el curso de las investigaciones y tratar de la misma manera a todos los posibles implicados. Muchas de las jerarquías estatales, pese a los cambios, suelen ser transexenales, en algunos casos por su carrera profesional y en otros por los propios reacomodos del poder. Al reconocer que la estructura estatal participó en la desaparición de los normalistas, se abre la posibilidad de que varios actores que entonces pudieron verse involucrados hoy se desempeñen en este gobierno.
Este punto es crucial. A lo largo de nuestra historia hemos visto numerosas detenciones de exfuncionarios, muchas de ellas motivadas por cuestiones políticas o por ajustes de cuentas. Pero nunca hemos presenciado investigaciones que resulten en el cuestionamiento y la detención de funcionarios y miembros de toda la clase política, sin importar su adherencia partidista o la institución a la que pertenecen. Menos aún hemos visto investigaciones que fiscalicen al Ejército, una institución que, como han establecido diferentes analistas, no suele ser “sujeto a ningún tipo de escrutinio por violar derechos humanos y se mantiene en una zona oscura de exclusión del marco legal”.2
Si el gobierno de López Obrador en verdad quiere romper con el pasado —si quiere aprovechar la oportunidad histórica que el caso Ayotzinapa le ofrece para asumir, por fin, su tan cantada vocación transformadora— tendrá que garantizar que la investigación contemple a todos los posibles implicados, aunque esto signifique tocar a aliados políticos y a actores relevantes de las instituciones públicas más importantes, incluyendo a aquella a la que le ha confiado buena parte de la ejecución de su programa: las Fuerzas Armadas. Esto mandaría el mensaje contundente de que hay límites que nadie, por más poderoso que sea, puede rebasar.
¿Estará dispuesto el gobierno a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque esto signifique responsabilizar a los altos mandos del Ejército y a políticos cercanos a la Cuarta Transformación? Ya se han girado un número importante de órdenes de aprehensión que contemplan a mandos militares. Pero las autoridades también han pedido que no se realicen “juicios sumarios” sobre actores cercanos a la 4T que podrían estar involucrados en los hechos.
En tercer lugar, se tiene que enfrentar y refutar correctamente la sospecha. El gobierno no puede esperar que el mero hecho de su legitimidad sea suficiente para que la sociedad considere que sus aseveraciones son ciertas. Debe encargarse de explicar paso por paso las razones detrás de sus decisiones y entregar pruebas contundentes. El proceso no puede ser descuidado, no sólo para mantener el debido proceso, sino para no dejar lugar a dudas de la veracidad de las afirmaciones. Hasta el momento, sólo el 36 % de la población, según Alejandro Moreno, califica de buena o muy buena la manera en que el gobierno está tratando el tema de Ayotzinapa, mientras que el 48 % considera que lo hace mal o muy mal. ¿Por qué? Es necesario reconocer que el esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa se trata de un proceso que parte de la presentación de pruebas y de la capacidad de entablar un diálogo y convencer. Para ello no es suficiente una mañanera.
Y, en cuarto lugar, debe haber vocación por la verdad. Dicha vocación debe ser el común denominador del gobierno, sus voceros, los medios de comunicación, los intelectuales y comunicadores de todo el espectro político, así como de los miembros de la oposición. Si en algo deberíamos coincidir, es que un hecho como el de Ayotzinapa no puede volver a ocurrir, y que su esclarecimiento puede ser la base de la construcción de un orden nuevo y de un nuevo acuerdo sobre los mecanismos coercitivos del Estado, pero también sobre la estrategia de seguridad. Para ello, como ya mencioné, es indispensable la discusión del tema, la publicitación masiva de los avances de la investigación y que las fuerzas políticas reconozcan sus respectivas responsabilidades en los hechos.
Sin duda, con la sucesión encima y la próxima elección por la Presidencia de la República tan cerca, luce complicado que el tema no se vea manchado por la mezquindad y la politiquería que caracterizan a nuestro momento. Pero, si realmente se quiere transformar las cosas, tenemos que ir más allá de la coyuntura inmediata y establecer las bases de una nueva época para México: una en donde realmente no haya espacio para eventos como los de Tlatelolco y Ayotzinapa. De lo contrario, habremos elegido nuevamente la continuidad sobre el cambio. Y con ello se habrá perdido la posibilidad de “hacer historia”.
Hugo Garciamarín
Editor en jefe de la Revista Presente y candidato a doctor en ciencia política por la UNAM
1 Pérez, C. “La temprana (y permanente) militarización de la seguridad pública en México: un estudio histórico”Contextualizaciones latinoamericanas, vol. 19, 2018.
2 Cedillo, A. “Memorias y desmemorias de la guerra sucia mexicana”. En: Revista Presente, 8 de agosto de 2022.