00Desde el inicio de la actual Legislatura, en las sesiones de la Cámara de Diputados, al menos un diputado del oficialismo sube a la tribuna para recordarle a la asamblea que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más votada en la historia del país. No importa si se están discutiendo normas electorales, el Presupuesto de Egresos o alguna de las tantas ocurrencias con las que el Ejecutivo busca apropiarse de unos cuantos millones de pesos más en cada ejercicio fiscal. Tarde o temprano, alguien afirma con orgullo: “Nuestra presidenta ganó con 36 millones de votos”, “36 millones de mexicanos refrendaron su confianza en la Cuarta Transformación”.
Desde septiembre pasado, la nueva consigna favorita de la mayoría parlamentaria es otra: “Sacamos a 13 millones de mexicanos de la pobreza”. Afirman, con orgullo renovado, que esa cifra es la evidencia más contundente de la profunda transformación que vive nuestro país, impulsada por la “primavera laboral” y los programas para el bienestar.
En principio, ambas consignas son ciertas. Sin considerar todos factores que inciden en los resultados electorales, el triunfo de la presidenta Sheinbaum fue incuestionable. Lo mismo con su antecesor: ganó y por mucho. Si confiamos en los datos del Inegi, también se confirma la segunda consigna:13.41 millones de mexicanos dejaron la pobreza entre 2018 y 2024.
El poder político necesita una justificación: una razón válida para que los gobernados se sujeten al poder del gobernante. Esa validez es la legitimidad, que se distingue en dos momentos: el origen del poder, por un lado; y su ejercicio, por el otro. Eso es lo que está en el fondo de las consignas.
La legitimidad de origen es el mandato que le otorga la ciudadanía a un gobierno. En democracia, ganar –más o menos limpiamente– una elección implica que “el pueblo” autorizó al gobernante ejercer el poder. La autoridad se sustenta en ese mandato popular. En pocas palabras: es legítimo quien ganó con el respaldo mayoritario en las urnas.
En cambio, la legitimidad del desempeño obedece a lo que hace, o no, el gobierno con el mandato: si cumple con sus funciones, el respaldo de los gobernados se mantiene en el tiempo; si no, la mayoría que lo respaldó inicialmente comienza a devaluarse. En pocas palabras: es legítimo quien le entrega resultados a la gente.
Naturalmente, el desempeño resulta particularmente importante en regímenes no democráticos. Pensemos, por ejemplo, en los mejores años del régimen de la posrevolución: crecimiento económico sostenido, instituciones garantes de derechos sociales en prácticamente todas las áreas: educación, salud, vivienda; un modelo corporativo que permitía incorporar a los principales sectores sociales en espacios de poder.
Es la legitimidad de desempeño la que permite a regímenes autoritarios como el de China justificar la ausencia de derechos políticos y libertades civiles con resultados contundentes en otros frentes. Desde que Deng Xiaoping emprendió sus reformas económicas, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema: la tasa pasó de 88% en 1981 a menos de 1 % en 2015. El crecimiento económico de al menos 5 puntos porcentuales cada año –2 puntos si desconfiamos de los datos oficiales– ha financiado obras masivas de infraestructura, ambiciones expansionistas y mejores condiciones de vida para millones de personas. El Partido Comunista no necesita elecciones libres porque tiene –o tenía, hasta hace no mucho– números irrefutables.
Pero México no podría ser más distinto de China y el régimen de la posrevolución no podría estar más superado. La cuestión que realmente nos interesa es la legitimidad del obradorismo: si en su origen es incuestionable, en su desempeño está en el extremo contrario. Hagamos una evaluación puntual en tres frentes: economía, servicios públicos e infraestructura.
El balance
Definitivamente, la economía no es lo suyo. Desde 2009, todos los gobiernos se han endeudado para cubrir la creciente diferencia entre lo que gastan y lo que pueden recaudar. Sin embargo, en los últimos siete años, la deuda pública prácticamente se duplicó. Hoy el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público equivale a la mitad de nuestra economía (49.8 % del PIB). En lo que va del actual gobierno, aumentó en casi dos billones de pesos. Después de que la administración pasada casi terminara completamente con los fondos de estabilización, hoy acumulan poco más de 160 mil millones de pesos, apenas 40% de lo que tenían en 2018. El crecimiento del empleo en 2025 se explica, en gran medida, por los miles de choferes de Uber o Didi que de un momento a otro se regularizaron como trabajadores asalariados.
En el actual gobierno, se han hecho todo tipo de esfuerzos para impulsar el crecimiento. La presidenta Sheinbaum lanzó el Plan México, impulsó un modelo de sustitución de importaciones para fortalecer a la industria nacional, creó nuevos esquemas de inversión público-privada en infraestructura estratégica. Ha convocado –una y otra vez– a los empresarios más poderosos del país para convencerlos de invertir. Nada de eso ha tenido éxito. En 2025, el PIB nacional creció apenas 0.7 %.
La economía no crece porque los gobiernos de Morena se han dedicado a destruir las condiciones mínimas de confianza para las inversiones, el principal motor del crecimiento. Quizás el “tiro de gracia” fue la reforma judicial de 2024: desde su aprobación, invertir en México dejó de ser una oportunidad para convertirse en un riesgo. Pero no es el único agravio. Durante ocho años –tomando como punto de partida la cancelación del aeropuerto de Texcoco–, la acumulación de ataques contra la iniciativa privada y la erosión de la certidumbre jurídica ha ahuyentado capitales internacionales y frenado a los nacionales.
Seamos honestos: quizá sería injusto evaluar a los gobiernos de la Cuarta Transformación desde la frialdad de los indicadores, una pésima costumbre heredada de la época neoliberal. Tal vez los números no van muy bien, pero cabe preguntarnos si Morena ha logrado corresponder la confianza del pueblo de alguna otra forma. Veamos.
En educación, los retrocesos son históricos. La administración de López Obrador fue la primera, en décadas, en la que la matrícula estudiantil en educación básica se redujo en lugar de aumentar. La deserción escolar sigue creciendo: casi un millón de alumnos abandonaron sus estudios el ciclo pasado. En 2022, México obtuvo los peores resultados en la prueba PISA en casi dos décadas, con caídas en todas las áreas: ocupamos el lugar 35 de 37 países evaluados. Uno de los símbolos más emblemáticos del fracaso educativo obradorista son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que ni siquiera han logrado cumplir con los requisitos legales mínimos para ser consideradas universidades. Han entregado a muchos de sus egresados títulos simbólicos que no aparecen en los registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública; es decir, papeles que no sirven para nada. A otros ni siquiera les entregó eso. No sobra mencionar que las UBBJ son coordinadas por un organismo descentralizado de la propia SEP. En enero, el plantel de la alcaldía Cuauhtémoc cerró sus puertas porque dejaron de pagar la renta. ¿La solución de las autoridades? Enviar a sus más de 300 estudiantes desde el centro de la ciudad hasta el plantel de Texcoco. Cierro el recuento de los daños en esta área con los tristemente célebres libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, a cargo del compañero Marx Arriaga. Después de años de defenderlos, el gobierno reconoció sus muchas insuficiencias y ordenó corregirlos y modificarlos. Tras negarse a hacerlo, Arriaga fue destituido y decidió atrincherarse en su oficina, protagonizando un vergonzoso episodio.
En salud, recibieron un sistema lleno de insuficiencias, al borde del abismo, y decidieron empujarlo. Desde que desmantelaron el sistema de compras consolidadas de medicamentos, en 2019, han intentado restablecer el abasto en los hospitales públicos con al menos tres métodos distintos. El desabasto apenas comienza a ceder. El obradorismo eliminó el Seguro Popular y creó el Insabi. Luego cerró el Insabi para crear el IMSS-Bienestar. Mientras tanto, el último estudio del Coneval –también extinto– mostró que el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones a 50.4 millones entre 2018 y 2022. El saldo más doloroso es la regresión de México en vacunación, un área en la que había logrado consolidarse como referente internacional: en 2024 ninguna de las vacunas del esquema infantil alcanzó un 90 %.
Es claro para este punto que la legitimación de los gobiernos de Morena no está en los servicios públicos. Evaluemos otro de los elementos del desempeño: la infraestructura. En el mejor de los casos, los proyectos emblemáticos del sexenio pasado no han logrado cumplir mínimamente con su función; en el peor, han provocado muertes. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles opera a un tercio de su capacidad y ni siquiera ha logrado quitarle presión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –ambos administrados por militares, por cierto. El Tren Maya causó una devastación ambiental sin precedente durante su construcción, fracasó como medio de transporte y como proyecto turístico. Ahora, un tramo se hunde y está en riesgo de colapsar porque se cimentó con prisa sobre el terreno más irregular posible: cuevas, cenotes y humedales. En diciembre pasado, se descarriló un tren del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con trece fallecimientos y 145 personas heridas. Hace unos días, la refinería de Dos Bocas se incendió por segunda vez en semanas. En el primer incendio, murieron cinco personas. Las grandes obras de infraestructura de la Cuarta Transformación existen, pero no funcionan.
¿La política?
Ahora bien, podría argumentarse que la legitimidad de Morena no radica en sus resultados, sino en el dominio de la política: un control quirúrgico de la información, decisiones y asuntos críticos para la República, un conocimiento absoluto de los grupos de poder y sus dinámicas, o una capacidad ejemplar para manipular a sus aliados y someter a sus detractores. Quizá son malos administradores pero buenos políticos. Quien conoce esas artes puede prescindir temporalmente de los indicadores. El problema es que el actual gobierno tampoco acredita tal dominio.
La administración de la presidenta Sheinbaum tiene mayoría calificada en el Congreso con el respaldo de una coalición que no necesita negociar con nadie. Es decir, no debería enfrentar ningún obstáculo para sacar adelante su propia agenda legislativa. Sin embargo, los tiene.
Una de las primeras reformas constitucionales de la presidenta fue la que eliminó la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores y prohibió a familiares –hasta en cuarto grado– de funcionarios postularse para competir por los cargos de elección que actualmente ocupan sus esposos, hermanos, padres o tíos. La iniciativa original buscaba que dicha prohibición entrara en vigor antes de las elecciones de 2027 –lo cual habría permitido a la presidenta controlar la designación de candidaturas de su coalición– pero la propia mayoría en el Congreso retrasó su aplicación hasta 2030. La dirigencia de Morena reaccionó con una reforma interna que sí será efectiva el próximo año, pero sus aliados mantienen las puertas abiertas. En San Luis Potosí, es muy probable que el Partido Verde postule a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, para sucederlo. En Zacatecas, el enésimo Monreal (Saúl) podría ser postulado como candidato por cualquier otro partido si Morena realmente decide no respaldarlo.
En febrero, tras meses de trabajo en su diseño y después de posponer su presentación formal en al menos tres ocasiones, la presidenta envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral. La discusión provocó una ruptura de la coalición gobernante. El Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados desde 2018, decidieron votar en contra de la propuesta, que atentaba directamente contra sus intereses sin ofrecer nada a cambio. Una iniciativa construida sin ellos, cuya aprobación les habría quitado recursos y espacios de representación. La primera iniciativa presidencial de reforma constitucional rechazada en el Congreso Federal desde 2018. El conflicto interno alcanzó su punto máximo en Oaxaca, donde diputadas del PT responsabilizaron al gobernador Salomón Jara de exhibirlas –a través de lonas instaladas en distintos puntos– como “traidoras” por su voto en contra, incluso dijeron haber recibido amenazas de muerte.
Después, la titular del Ejecutivo presentó otra iniciativa: el llamado “Plan B”. El corazón de la propuesta era adelantar la revocación de mandato para que la doctora pudiera hacer campaña por sus candidatos en las intermedias. La bancada del PT en el Senado volvió a romper con Morena y condicionó sus votos favorables a la eliminación de esa cláusula. Finalmente, se aprobó el resto: límites al número de regidores en los ayuntamientos (que apenas afectará a 59 municipios en todo el país), límites al presupuesto de los congresos locales y límites a las remuneraciones y prestaciones del personal de las instituciones electorales.
El año pasado, los maestros de la CNTE –eternos aliados del Movimiento– obligaron a la presidenta a retirar una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que habría incrementado las cuotas de los trabajadores con más ingresos (al considerar no sólo su salario sino también su “compensación”). Respondieron a la concesión con un paro nacional y nuevas exigencias: un aumento salarial de 100% y la eliminación del sistema de ahorro para el retiro individualizado. Tal parece que los gobiernos de Morena saben acumular poder, pero no saben cómo ejercerlo, mucho menos hacia adentro.
La verdadera fortaleza
Regresemos, en honor a la justicia, a dos logros del obradorismo que no admiten una descalificación tan simple. Sus legisladores repiten esas consignas, precisamente, porque saben que es lo único que tienen.
El primero es el salario mínimo. Entre 2018 y 2024 casi se duplicó en términos reales. El aumento acumulado a la fecha es de más de 150 %. Para los millones de trabajadores que están en la base de la pirámide salarial y sus familias, ese aumento hace toda la diferencia. Además, especialistas han mostrado que ese incremento impulsó el conjunto de los salarios hacia arriba. Es un resultado concreto y poderoso. El segundo son las transferencias directas a los beneficiarios de los distintos programas sociales. Los datos respaldan la reducción de pobreza por ingresos más significativa en décadas.
El entendimiento de la política social de Morena es muy sencillo: darle dinero a la gente. Por supuesto, eso es mucho más fácil que consolidar instituciones, es mucho más rápido que formar maestros competentes y hacer libros de texto de calidad, más efectivo políticamente que reconstruir poco a poco las capacidades del sistema de salud, aunque las familias tengan que destinar buena parte de esos ingresos a servicios médicos privados. Además, convenientemente, constitucionalizaron esos programas, que ya comprometen uno de cada 10 pesos del presupuesto.
Para bien o para mal, esos logros tienen fecha de caducidad. Sobre todo, en un país sin crecimiento económico. El presupuesto ya no alcanza y la deuda pública representa la mitad del PIB. La realidad, tarde o temprano, siempre se impone. Cuando llegue ese momento, los millones de personas que salieron de la pobreza redescubrirán las vulnerabilidades estructurales que trascienden a sus ingresos: todas esas siguen igual o han cambiado para mal. La legitimidad no se puede comprar para siempre.
Con todo, hay algo que Morena sabe hacer demasiado bien. Una habilidad que sus gobiernos han demostrado con una consistencia francamente admirable: la propaganda y el control de la agenda.
Desde 2018, Palacio Nacional decide sobre qué se habla, cuándo, cómo y en qué términos se habla de los temas, sean o no relevantes. Las conferencias de prensa diarias son el instrumento más visible de ese control, pero no son el único. Cada cierto tiempo, la discusión pública se concentra en controversias menores: el escándalo personal de un funcionario menor, alguna declaración “desafortunada”, un nombramiento polémico, una discusión en redes sociales o las piernas de una mujer recargadas bajo el sol en una ventana. Lamentablemente, las oposiciones partidistas y muchos ciudadanos críticos han sido corresponsables del éxito de la estrategia de comunicación oficial. Periodistas que amplifican cosas nimias, actores políticos que se apresuran a responder provocaciones, dirigencias partidistas que se concentran más en atacarse unas a otras.
Cada vez que la ausencia de resultados amenaza con ocupar el centro de la conversación, aunque sea por un momento, el gobierno logra desactivarla sin mayor problema. El obradorismo fue perfeccionando sus formas de propaganda durante sus años en la oposición. Sus gobiernos los perfeccionaron y sistematizaron. Gracias a eso, la discusión pública nunca alcanza la profundidad ni la continuidad necesarias para una evaluación mínimamente seria sobre lo que hacen mal o han dejado de hacer.
Los dos gobiernos de Morena han sido un rotundo fracaso como administradores. El actual, lo es también en política. Tienen logros poderosos, sí, pero frágiles y temporales. Todo indica que no necesitan mucho más. Esos resultados bastan para construir las consignas que su aparato de comunicación utiliza exitosamente para mantener la distancia entre sus escasos logros y sus enormes insuficiencias. Seguirán exprimiendo su incuestionable legitimidad de origen y ocultando su mermada legitimidad de desempeño hasta que la realidad los alcance.
Quizá la pregunta no es qué tan bien o mal gobierna Morena, sino cuánto tiempo puede gobernar así sin perder su legitimidad. Si todo sigue como hasta ahora, la fortuna augura que será bastante.
Francisco Morales Pineda
Asesor político