Este mes inicia el proceso electoral 2023-2024, el más grande de la historia en México, tanto por el número de cargos a elegir como por la cantidad de ciudadanos convocados a las urnas.
Los retos para que las elecciones de 2024 se desarrollen con plena integridad no son pocos. Uno de los asuntos centrales consiste en asegurar que las casillas se instalen por ciudadanos independientes y el voto se respete pulcramente.
Roberto H. Cardiel, quien fuera director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE entre 2017 y 2023, señala cuáles son los pasos clave para que la integración de las mesas de casillas opere de forma adecuada, y alerta de una reciente decisión del Consejo General del INE que puede facilitar la indebida injerencia de los partidos políticos en la capacitación electoral.
En contraposición a las prácticas y tentaciones de los gobiernos y otras estructuras corporativas que buscan intervenir en la organización y los resultados de las elecciones, el modelo ciudadano de recepción y conteo de votos se erige como uno de los eslabones clave en la ingeniería organizativa electoral mexicana. Este modelo es crucial para la confianza de la ciudadanía y los actores políticos en las elecciones.
En México, los ciudadanos seleccionados al azar mediante dos sorteos y capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen la responsabilidad de recibir y contar los votos de sus vecinos en elecciones locales, federales y procesos de participación ciudadana. Este sistema, que mantiene en secreto la identidad de quienes estarán en las casillas hasta cincuenta días antes de la jornada electoral, actúa como un escudo contra las prácticas de presión y coerción.
Este procedimiento de vital importancia para la legitimidad del proceso electoral es un modelo complejo que depende de una serie de actividades concatenadas para permitir en cada casilla la emisión del sufragio y su respeto pleno. En cada fase de la integración de Mesas Directivas de Casilla (MDC) y la capacitación electoral hay puntos críticos y no son pocos los riesgos.
Este artículo busca arrojar luz sobre tres aspectos cruciales: primero, los hitos principales en la construcción de este eslabón del Modelo Ciudadano de Recepción y Conteo de Votos (Modelo CRCV); segundo, las previsiones que se deben tener en cuenta; y tercero, la identificación de los principales riesgos a mitigar en la organización de las elecciones de 2024.
Para comprender mejor este modelo, es oportuno conocer indicadores clave durante los procesos electorales de 2018 y 2021, tales como la tasa de aceptación del cargo, la asistencia a simulacros y prácticas, y la detección de aspirantes a capacitadores asistentes y supervisores electorales con registro de militancia partidista, entre otros.
A pesar de la diversidad de contextos en los que se celebran las elecciones en México, es fundamental estudiar el Modelo CRCV como un sistema complejo que aspira a lograr resultados homogéneos, si bien se despliegan tácticas diferenciadas para atender esa diversidad. Las distintas características en el contexto político, social, de seguridad o económico en cada distrito electoral son precisamente la base sobre la que se edifica el marco estratégico y táctico para asegurar que los votos en cada casilla sean recibidos y contados por la propia ciudadanía.
El Modelo CRCV es una construcción programática que se encuentra respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe). Por lo tanto, es obligación para todas las autoridades electorales, gobiernos, partidos políticos y demás actores involucrados en los procesos electorales, ejecutar y respetar este modelo ciudadano.
Una característica fundamental de las elecciones en México es que las casillas se instalan cerca de los domicilios de los votantes. Esto reduce la necesidad de que la ciudadanía recorra largas distancias para ejercer sus derechos. Sin embargo, este enfoque logístico es un desafío considerable en elecciones concurrentes, como las de 2024, donde se deben nombrar y capacitar a nueve funcionarios por cada casilla a instalar. La cantidad de casillas se determina principalmente en función de dos variables: la cantidad de votantes en el Listado Nominal de Electores (Lista Nominal) y la densidad de electores en cada sección electoral.
En 2018, se instalaron 156 807 casillas, y se requirieron 1 400 022 personas como funcionarios de casilla. Para 2021, la cifra de casillas aumentó a 162 570, con 1 463 130 funcionarios de casilla. Para 2024, se prevé la instalación de 170 000 casillas, lo que requerirá cerca de 1 530 000 personas como funcionarios de casilla.
El mérito del INE reside en su compromiso con la Constitución y las leyes. El artículo 5.º de la Constitución establece que las funciones electorales deben ser obligatorias y gratuitas, especialmente para los ciudadanos que no son profesionales en este campo. Esto significa que, desde 1990, la recepción y el conteo de votos son una tarea exclusiva de la ciudadanía, un acto que ningún gobierno, partido político o entidad puede reemplazar.
Recordemos esto: las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, según el artículo 41 constitucional. La capacitación electoral, la ubicación y la designación de funcionarios de casilla son exclusivas responsabilidades del INE. Para llevar a cabo esta configuración normativa, el INE diseña la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE). En este instrumento se establecen los procedimientos y actividades. Desde el año 2016, el diseño de la ECAE ha abrazado un enfoque de innovación acelerada que ha permitido contar con un proceso eficiente de integración de mesas directivas de casilla.
La ECAE de un proceso electoral comienza a diseñarse en el mismo instante en que termina la elección anterior. Su construcción supone un complejo sistema y un entramado de áreas y personas que participan en la evaluación, el ajuste y la innovación para enfrentar las distintas condiciones que impone cada elección en cada contexto específico.
La capacitación electoral en unos comicios federales implica un despliegue territorial nacional por parte de una institución del Estado mexicano, el INE, que prácticamente no tiene parangón, salvo el censo de población y vivienda que hace el Inegi cada diez años. Pero a diferencia de este último, el INE no puede dejar un solo lugar sin visitar, pues el comportamiento de una sección no puede inferirse por el de otra: cada ciudadano debe votar, donde vive, por sí mismo.
Para el año 2024, existen dos aspectos que deben atenderse con precisión: 1) lograr visitar al 13 % de los electores para invitarlos a ser funcionarios de casilla y, 2) evitar la intromisión de los partidos políticos en la capacitación electoral.
Acudir al domicilio de al menos al 13% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal implica visitar a más de 12 millones de personas, lo que exige recorrer cada colonia y poblado en todas las entidades del país, tocar millones de puertas. Aquí el riesgo de seguridad para el personal del INE se convierte en un asunto crucial que debe ser abordado en coordinación con las autoridades correspondientes.
En segundo lugar, para salvaguardar la integridad y legitimidad del proceso electoral, se debe evitar la intromisión ilegal de los partidos políticos en el operativo de campo de capacitación y asistencia electoral. Este terreno debe mantenerse vedado para las estructuras partidistas. En procesos anteriores, la ECAE ha logrado evitar esta intromisión aplicando un control efectivo sobre el requisito legal de no ser militante de un partido político para desempeñar la función de Capacitador Asistente o Supervisor Electoral (CAE). Estas figuras, que son trabajadores temporales del INE, tienen un papel estratégico pues son quienes capacitan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y realizan tareas logísticas el día de la elección. Son responsables incluso del transporte de las boletas y el apoyo en el traslado de los paquetes al concluir la clausura de las casillas. Por tanto, es esencial que no sean militantes de partidos políticos, ya que esto podría afectar la limpieza del proceso electoral.
Para prevenir la infiltración de militantes partidistas en el cuerpo de capacitación electoral, se ha establecido la obligación de que cualquier aspirante a capacitador asistente electoral que aparezca en el padrón de afiliados de un partido político y niegue haberse afiliado, deberá presentar en consecuencia una denuncia por indebida afiliación ante el propio INE para continuar en el proceso de selección. El hecho es que los partidos, con frecuencia, afilian a ciudadanos sin su consentimiento; pero la medida también busca inhibir que los partidos estimulen a sus militantes a buscar empleo en la estructura del INE para desde ahí hacer trabajo partidista. La medida ha permitido excluir a militantes de partidos políticos, ya que de demostrarse la indebida afiliación, el partido respectivo recibiría una sanción.
Pero ese candado contra la participación de militantes partidistas, que ha sido tan necesario como oportuno y eficaz, se retiró de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para 2024. Esa decisión del Consejo General del INE, adoptada el 25 de agosto de 2023, abre la posibilidad de que militantes partidistas se infiltren en el INE simplemente negando su militancia.
La construcción de la integridad electoral en nuestro país ha sido una tarea compleja que ha requerido voluntad política, estudios sistémicos en materia logística y un impulso sostenido de innovación. El desarrollo democrático electoral es el producto de la evidencia empírica, no de las ideologías. Ello ha permitido crear tecnologías como el Modelo Ciudadano de Recepción y Conteo de Votos que contribuye en gran medida a que las elecciones sean ejercicios íntegros donde los ciudadanos deciden en secreto y libertad. No hay que olvidar que antes de este modelo, eran los gobiernos y sus actores quienes decidían quién recibía, contaba y registraba los votos. Hoy, son los ciudadanos quienes desempeñan en exclusiva esa función.
La democracia es el pilar fundamental de nuestra convivencia política pacífica y civilizada. La capacitación electoral y la integración de Mesas Directivas de Casillas representan la piedra angular del modelo que nos ha dado elecciones confiables. En 2024, deberá perseverar ese componente indispensable de las elecciones auténticas, sin intromisiones ilegales de los partidos.
Roberto Heycher Cardiel Soto
Maestro en materia electoral y en logística integral. Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE de 2003 a 2015. Director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE de 2015 a 2023.