El secuestro, desaparición y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco, es la fotografía, una más, que forma parte del largometraje protagonizado por varios actores y espectadores de los tiempos malditos mexicanos de los últimos años. No hay metáforas suficientes ni métricas adecuadas para apreciar la magnitud del desastre. Las cifras oficiales no explican mucho y menos consuelan.

Puede considerarse que Chiapas es una creciente geografía de violencias. Hay violencia en zonas zapatistas debido a disputas de tierras; violencia por pugnas de cacicazgos regionales; violencia por enfrentamientos entre bandas criminales, y violencia estructural en una entidad marcada por la pobreza extrema y la marginación. Una forma de palpar estas violencias es viajar por el estado, por sus autopistas, carreteras y caminos rurales.

Una realidad social tan compleja como la que vivimos en México no sólo es abrumadora sino que sitúa lo urgente por encima de lo fundamental. Lo urgente es fortalecer el Estado de derecho, que la gente deje de ser asesinada, vivir de manera libre y sana, que todos los espacios sean seguros. Lo fundamental es recuperar el valor de la vida humana. Y no deberíamos de renunciar a ese ideal.

La discriminación por motivos de orientación e identidad sexual en México sigue siendo un problema cotidiano. Casi cuatro de cada diez personas mayores de edad con diversidad sexual y de género dijeron haber vivido algún incidente de discriminación en el último año. Aunado a esta situación, el contexto de violencia en contra de la comunidad LGBT+ sigue siendo preocupante. Durante 2022 se registraron 22 desapariciones, así como 62 casos de asesinatos, suicidios y atentados contra esta población.