Se cumplió el plazo legal para que comience a operar la Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en todo el país. Se trata de una contabilidad nueva a cargo de las fiscalías especializadas en la materia, operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS) según lo dispuesto en la reforma a la ley general, aprobada en julio de 2025. Si no se tiene cuidado, la Base Nacional podría quedar atrapada en la misma lógica de simulación y engaño que ha socavado al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Por eso es importante evidenciar los trucos que han empleado las fiscalías y comisiones de búsqueda para aparentar que informan sin hacerlo en verdad.
Esconder denuncias de larga data
De 2018 a 2019 se dispararon los reportes por desaparición de personas a nivel nacional al pasar de 18 156 a 25 011, casi 7 000 más, una variación del 38 %. Se tiende a interpretar este incremento como una agudización del problema, sin reparar en el efecto que tuvo el inicio del RNPDNO para materializar un esfuerzo nacional de lograr, por fin, un conteo exhaustivo de las personas cuya suerte y paradero se desconocía. Ese año, los reportes se incrementaron de manera tan abrupta porque se crearon condiciones institucionales, operativas y de voluntad política favorables al registro que no existieron en años previos. Tan sólo Jalisco y la Ciudad de México reportaron, en conjunto, cerca de 6 000 de los 7 000 reportes adicionales que hubo en 2019, como se puede observar aún en el RNPDNO.
El empeño de Jalisco por transparentar los reportes en su poder, incluso, se extendió hasta principios del 2022, a pesar de que era evidente, por los avances en el llenado de la plataforma, que era una apuesta en solitario que lo había llevado a ser el estado con más casos. Ninguna otra entidad parece haberse tomado esta obligación con la misma seriedad. Unos optaron por no informar todos los reportes que habían acumulado antes de 2019 y los dejaron fuera de la plataforma. El RNPDNO muestra que, de cien personas que siguen sin localizarse, 41 desaparecieron antes de 2019, pero en nueve entidades la proporción no supera el 25 %, entre las que sobresalen San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México, esta última con apenas el 15 %. El subregistro de casos históricos ha sido señalado para algunas de estas entidades.
Sobre Baja California, la organización Elementa DDHH ha denunciado que su fiscalía reconoce un acumulado de más de 17 000 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por denuncias de desaparición, sin poder precisar cuántas permanecen activas. Esta cifra contrasta en cualquier caso con los poco más de 7 000 casos que las autoridades de Baja California reportan ante el RNPDNO. Algo similar se dice sobre la Ciudad de México, cuyo acumulado histórico podría alcanzar las 20 000 denuncias, según informantes que han conocido de cerca su problemática. Resulta irónico que la ausencia de esta información no convalide numéricamente el discurso sobre la responsabilidad de sexenios anteriores en el crecimiento de las desapariciones y las haga recaer, por el contrario, casi en su totalidad en el mandato de Claudia Sheinbaum al frente de la ciudad.
No registrar denuncias recientes o demorar su ingreso
Así como hay entidades que subregistran las desapariciones de larga data, hay otras que no han informado de todos los reportes recibidos en los últimos años. Aquí cabe mencionar a Jalisco, que abandonó la plataforma en 2022 y retomó con altibajos su llenado apenas en abril del año pasado; o Chihuahua, cuyo historial de registro muestra casi 2 400 casos en 2018, 538 en 2019; y, desde entonces, su media anual sea de apenas 204.
Otros estados sí informan, pero al parecer no de manera íntegra. En Veracruz, Guerrero, Yucatán, Tamaulipas y Coahuila el 60 % o más de sus reportes de personas desaparecidas y no localizadas son anteriores a 2019, con Coahuila como el caso más extremo con el 80 %. El RNPDNO da cabida a reportes de desaparición provocados por los más diversos motivos, muchas de ellas difíciles de resolver aún si no están vinculadas a la violencia del crimen organizado, como por ejemplo, los feminicidios, la sustracción de menores, o desapariciones provocadas por accidentes fatales. Una baja presencia de reportes recientes, entonces, parece indicativo de prácticas muy selectivas de registro.
Aunque el RNPDNO se concibió como una herramienta para lograr una búsqueda inmediata y coordinada, sus registros no están al día. Hoy parece dominada por prácticas de carga masiva a destiempo que ya ni siquiera son notificadas al usuario común al ingresar a la plataforma, por lo que es común observar cambios drásticos en las cifras. Todavía el 13 de enero de 2026, por ejemplo, la Ciudad de México reportaba casi 7 300 personas desaparecidas y no localizadas, pero cuatro días después la cifra bajó súbitamente a 6 647.
Omitir el año de ocurrencia
Una característica inquietante de muchos reportes contenidos en el registro nacional es que la desaparición carece de año de referencia. De las más de 132 000 personas que siguen desaparecidas y no localizadas a mediados de enero de 2026, 10 751 carecen de él. Aunque varios estados presentan este problema, sorprende mucho su excesiva concentración en el Estado de México: nada menos que 3 082.
Esto significa que no se precisó la fecha del 26 % de las casi 15 000 personas desaparecidas y no localizadas que reconoce esa entidad. Si bien cabe esperar que en algunas ocasiones sea imposible saberlo, lo que ocurre en ese estado es atípico y podría estar afectando a las víctimas, ¿cómo se puede intentar localizar a alguien si se ignora en qué fecha se perdió contacto con ella?
No reportar a todas las personas que se localizan
De los casi 400 000 registros totales que integran el RNPDNO, el 65 % tiene estatus de persona localizada. Esto supone una efectividad muy baja si se compara con la que alcanzan países como España o Estados Unidos, en donde llega a ser del 95 %. Es cierto que, a diferencia de otros lugares, en México existe un serio problema de desapariciones ocasionadas por delitos diversos y sería poco realista esperar tasas de resolución equivalentes. Sin embargo, se ha pasado por alto el impacto que tiene en este indicador una práctica sistemática y generalizada de subregistro de personas localizadas que no son registradas antes como desaparecidas.
Por diseño del RNPDNO, toda persona que se encuentra estuvo antes desaparecida o no localizada. Esto ha generado incentivos para no informar todas las localizaciones que se logran como una medida para reducir de manera artificial la incidencia de casos. Es lo que se puede inferir del comportamiento anómalo que presentan las estadísticas de algunos estados. En una colaboración previa en esta misma revista, documentamos los casos de Yucatán y Jalisco, pero la práctica parece más extendida si se considera la efectividad promedio de otras entidades. Como se puede observar en el RNPDNO, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Coahuila reportan una efectividad menor al 50 %, siendo éste último el peor situado con 31 %. En el extremo opuesto, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Aguascalientes informan haber localizado al 90 % o más de todas las personas reportadas como desaparecidas.
La perversidad del subregistro
El último truco que quisiera indicar no es propiamente tal, sino una sumatoria de todos los anteriores que, si se miran bien, se refieren a prácticas diversas de una misma tendencia al subregistro del problema. Que esta tendencia existe y es de gran alcance se puede inferir por la baja tasa relativa de reportes de desaparición que tiene México en comparación con otros países, según lo documenté en un texto anterior. También lo confirman casos como Aguascalientes, que el año pasado fue el único estado que tuvo una tasa superior a los 600 reportes por millón de habitantes, equivalente a la que tuvo España y Argentina en ese año. Jalisco, por ejemplo, reportó más de 5 000 desapariciones en 2019, un año donde hubo un compromiso muy fuerte por la transparencia que no se repitió después. La tasa de ese año fue tan alta como la de Aguascalientes.
El subregistro masivo de reportes es el talón de Aquiles de los sistemas de búsqueda que operan en México. Su mayor impacto es que impide saber con certeza la magnitud y naturaleza del fenómeno, provoca que los mecanismos de localización operen de forma clandestina apostando a localizar sin registro previo y, sobre todo, debilita la capacidad de respuesta ante poblaciones que, como los niñas, niños y adolescentes, suelen reportar altas tasas de desaparición. En otros contextos, esta alta incidencia se atiende a través de alertas públicas inmediatas y generalizadas; en México, en cambio, se responde con opacidad, demora y subregistro.
Las consecuencias de estas prácticas no acaban aquí: han terminado por deformar todo el sistema de búsqueda. En aras de reducir la incidencia de manera truculenta, las fiscalías y comisiones de búsqueda tienden a informar menos localizaciones de las que logran, aun cuando eso produzca, como vimos, cifras de efectividad dudosas, deprima sus indicadores de desempeño (en 2025 se localizaron menos personas desaparecidas que un año antes) y eleve artificialmente la letalidad de las desapariciones. Sobre esto último: mientras que, en seis estados las personas encontradas sin vida representan 5 % o menos de todas las que se localizan, en Coahuila, Guerrero y Sinaloa es del 20 %. Desde luego, esto podría deberse al tipo de desaparición que ocurre en unos lugares y en otros, pero es algo que no se puede saber por el subregistro imperante.
El inicio de operaciones de la Base Nacional de Carpetas no cancela la continuidad del RNPDNO, pero podría debilitar más su funcionamiento ante la previsible ausencia o demora de las fiscalías especializadas en informar también ahí de sus carpetas de investigación y la probable falta de respuesta ante los reportes que registren las comisiones en el RNPDNO que, en principio, también deben generar apertura de carpetas. Se necesita que los dos registros funcionen de manera óptima. México tardó mucho tiempo en generar una política del estado ante el fenómeno ubicuo y complejo de personas cuyo paradero y suerte se desconoce por las más diversas causas, no sólo aquellas que pueden ser imputables a la acción criminal. La crisis inocultable del RNPDNO afecta un componente esencial de esa respuesta.
Jorge Ramírez Plascencia
Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara