“Ciudadanos de la cultura” y hordas críticas

Un grupo de poco más de 100 escritores y académicos de distintas procedencias firma una carta en apoyo a la decisión del jurado de otorgar a Alfredo Bryce el Premio FIL 2012.  A su legítimo respaldo a lo que ellos consideran una decisión acertada, agregan un párrafo donde se describe de manera, digamos, inexacta el debate que ha suscitado la determinación del jurado.  Los firmantes señalan: “La campaña de prensa que algunos órganos de comunicación han emprendido en su contra nos resulta de una violencia inusitada, alarmante en una sociedad democrática, y como acto de fuerza introduciría una peligrosa persecución moral en decisiones de tipo artístico, algo sin duda ajeno a los ciudadanos de la cultura”.

Este párrafo no pasaría de ser un exceso melodramático, si no implicara una falsificación y descalificación del saludable, y en muchos sentidos ejemplar, debate que ha suscitado el veredicto en torno al premio FIL 2012.  Por eso, vale la pena comentar, al menos, tres inexactitudes.

No puede hablarse de “campaña de prensa” de “algunos órganos de comunicación”. El debate sobre el premio ha convocado a un espectro muy amplio de escritores, académicos, periodistas, políticos y lectores, quienes se han expresado desde el día del anuncio, primeramente en las redes sociales y, después, en un conjunto muy heterogéneo de medios digitales, impresos y electrónicos. Quienes han cuestionado el premio (y también quienes lo han defendido) tienen formaciones, trayectorias y agendas tan distintas que sería absurdo pensar que parten de una acción concertada o responden a una simple consigna. Reducir la diversidad de voces que se han pronunciado en torno al premio a meras piezas de una “campaña de prensa” implica, en el mejor de los casos, una falta de conocimiento del desarrollo de la polémica y, en el peor, un intento de desprestigiar el argumento ajeno.

El debate no ha sido violento. El debate abierto, airado incluso, pero argumentado, es una característica fundamental de la vida pública en una sociedad democrática. La discusión es la mejor pedagogía democrática, pues obliga a definir las propias posturas, afinar los argumentos y escuchar y responder al otro. En este caso, aunque el tema del premio no ha estado exento de pasión, la inmensa mayoría de las expresiones parten de argumentos articulados y debatibles y guardan un tono civilizado. Si bien la referencia a la causa judicial de Bryce es inevitable, gran parte de la discusión se ha orientado a señalar las indeseables consecuencias de una decisión errónea sobre un premio (mensajes de impunidad, incentivos perversos para la creación y la educación, desprestigio del gremio cultural, erosión de un reconocimiento que cuenta con la participación de algunas de las más relevantes instancias educativas y culturales).  De hecho, más allá de sus referentes concretos, la discusión sobre el Premio FIL 2012 ha tenido la virtud de extraer del terreno sacralizado de la cultura decisiones de política pública que afectan al conjunto de la sociedad, como es el caso de la probidad y transparencia de los reconocimientos que empeñan recursos públicos y prestigio institucional.

Disentir no implica “actos de fuerza” o “persecución moral”.  El cuestionamiento a la decisión de un jurado y la sugerencia de que se reconsidere el premio no es un “acto de fuerza”, ni una “persecución moral” en decisiones de “tipo artístico”. Esta demanda ha partido de antecedentes muy concretos y probados de ilícitos contra el derecho de autor que empañan no solo la trayectoria moral, sino, hay que repetirlo, la trayectoria artística del premiado. La propuesta de retirar el premio resulta lógica para quienes consideran paradójico que se premie a un autor severamente cuestionado en su autoría, a un creador con un probado historial de atentados contra la integridad de la creación. En este sentido, cabe recordar que la noción de autonomía de la literatura, a la que apelan los firmantes de la carta, esa que aparta la creación literaria de los imperativos de la política o de la moral religiosa, de ninguna manera implica un estado de excepción para el creador, ni un fuero para los delitos intelectuales.

Ante asuntos tan significativos que involucran las esferas de la creación, la ética profesional y las políticas culturales es bienvenido el debate abierto y la diversidad de puntos de vista. Desgraciadamente, las teorías de la conspiración y las simplificaciones que predominan en esta carta ayudan poco a la riqueza de la discusión. Ojalá, si la firma no es un mero compromiso amistoso o una deuda, pudiera conocerse, fuera de la camisa de fuerza de un pronunciamiento gregario,  la opinión de estas personalidades sobre el acto del plagio y sobre los vastos temas de moral pública, integridad artística y creatividad literaria que ha planteado este polémico premio.

Armando González Torres. Poeta y ensayista.