En los últimos días de marzo de 2024, comenzaron a circular diversos reportes sobre la posible presencia de agua contaminada en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. La preocupación primero viajó por los chats de vecinos de condominios y colonias, después por diversas redes sociales, para al fin llegar a los canales oficiales del gobierno de la ciudad de México y, en específico, del Sistema de Aguas de la capital (Sacmex). Los reportes señalaban un olor similar al de la gasolina en el agua, así como una sensación aceitosa al tacto. Si bien no todos los vecinos lo percibieron, o no todos lo externaron, la duda dio paso a la certeza, al menos entre quienes continúan viéndose afectados por esta crisis.
La respuesta inicial del gobierno desestimó los testimonios. En un reporte publicado el 2 de abril del 2024, Sacmex afirmó que se había hecho una una revisión exhaustiva de los pozos que abastecen a la zona afectada, que incluye a las colonias Nápoles, Del Valle, Narvarte y Santa María Nonoalco, entre otras, y no se había encontrado ninguna fuente de contaminación. El día 8 de abril, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció que había un problema de contaminación, pero descartó riesgo de explosiones. Fue hasta el 10 de abril que se informó que la fuente del problema era el pozo Alfonso XIII, localizado no en la alcaldía Benito Juárez, sino en la colindante Álvaro Obregón. Al reconocer el problema, inició una operación de respuesta, que incluyó el abastecimiento de agua mediante pipas y garrafones, centros de atención en varios parques de la zona afectada y la toma de muestras de agua contaminada como primer paso para determinar la naturaleza del problema.
Aquí, quiero sugerir cuatro elementos para comprender esta crisis. Primero, que la crisis por el agua contaminada surge en el contexto de un problema más extenso en la disponibilidad y el acceso a agua suficiente, limpia y de calidad en la ciudad de México. Segundo, que la particular visibilidad de la crisis del agua contaminada se explica por la confluencia de hidrocarburos y clase. Tercero, que la respuesta gubernamental busca hacer de la ignorancia y lo desconocido una herramienta ante la emergente organización vecinal. Cuarto, que este uso político de la ignorancia tiene un efecto paradójico: desactiva de manera parcial las demandas vecinales, pero con un alto costo a la idea y práctica del Estado como un ente capaz de administrar las infraestructuras como bien público. En la coyuntura política presente, esta paradoja agudiza las contradicciones y polarizaciones que marcan la realidad mexicana.
En primera instancia debemos considerar las condiciones más amplias de la ecología política del agua en CDMX. Éstas se caracterizan por una profunda desigualdad con una geografía concreta, donde ciertas alcaldías y colonias más pobres tienen peor acceso al agua, tanto en cuestión de cantidad como de calidad. A su vez, hay que notar la insostenibilidad de la lógica de abastecimiento de agua, que se debe tanto a los efectos concretos del cambio climático —la sequía es un claro ejemplo—, como al acaparamiento de los recursos hídricos que sostienen ciertos actores político-económicos en todo el territorio mexicano. Por último, e íntimamente ligada a las anteriores dos, debemos reconocer la fragilidad de los sistemas infraestructurales que requerimos para vivir, que incluyen a la naturaleza misma, desde los cuerpos de agua superficiales hasta los acuíferos subterráneos, todos forjados por la acción humana en el territorio.
En este contexto, sugiero que hay dos procesos que nos ayudan a comprender por qué la crisis del agua en la Benito Juárez adquirió tal visibilidad. La primera es que la gravedad del problema —una posible contaminación por hidrocarburos— exige particular atención. Esta forma de contaminación puede no sólo tener efectos graves en la salud de quienes habitan la alcaldía Benito Juárez, sino que representaría un problema mayor para la ciudad si es que las sustancias encontradas, y negadas por las autoridades, llegaran a contaminar el acuífero del Valle. La segunda es que la visibilidad de la crisis debe entenderse como resultado de la capacidad que tienen los habitantes de esta alcaldía, una de las más acaudaladas de la ciudad, de presionar tanto al gobierno como a los medios de comunicación en la búsqueda de soluciones y respuestas.
Esto no quiere decir que las demandas hechas por los afectados sean menores, sino que su visibilidad se debe, al menos en parte, a esta capacidad, que está ligada a su posición de clase. Es decir, la crisis afectó a quienes históricamente habían gozado de un acceso suficiente a agua de calidad, a quienes tenían los recursos (monetarios y de otras índoles) para visibilizar con rapidez este problema por medios jurídicos o mediáticos y a quienes vieron afectada su vida cotidiana por la presencia de una serie de sustancias que podrían poner en riesgo su salud y la de la ciudad en general. Es entonces el entrecruzamiento de hidrocarburos y clase, en el contexto de una crisis amplia del agua en la Ciudad de México, que pone a este proceso en el centro de la discusión pública.
La atención pública implicó la respuesta que bosquejé arriba. En visitas a los parques Alfonso Esparza Otero, San Lorenzo y la plaza José Clemente Orozco observé la presencia de la Marina, las plantas purificadoras de agua propiedad de esa institución, del Ejército y de Coca Cola-FEMSA; el repartimiento de garrafones; las pipas de agua, y mares de chalecos guindas, presencia simultánea del gobierno y del partido que gobierna. Algunos vecinos visitaban la zona, aunque los números disminuyeron en tanto la crisis avanzó y el sistema de abastecimiento mediante pipas adquirió un ritmo que minimizó el impacto inicial del problema.
Esta respuesta inicial dio paso a una que buscaba ya no responder al problema, sino desactivarlo o, al menos, diluirlo. Una demanda vecinal concreta fue, y continúa siendo, una explicación clara y concreta sobre qué causó el problema. Para dar esa explicación, Sacmex recolectó muestras de agua en los días tempranos de la crisis. En juntas vecinales escuché explicaciones en las que se reconocía la presencia de contaminantes derivados de hidrocarburos en el agua. En el parque Alfonso Esperanza Otero, trabajadores del gobierno podían dar resultados a pruebas hechas a muestras de agua que sugerían lo mismo. Sin embargo, el 8 de mayo de 2024, Sacmex declaró la información relativa a estas pruebas como reservada. Del reconocimiento localizado de la naturaleza del problema, se pasó al uso de la ignorancia producida de forma deliberada como una herramienta política.
La razón dada por el gobierno de la CDMX es que la información está reservada porque hay una investigación sobre un potencial sabotaje en la red. Sobre esta posibilidad se sabe poco. Sabemos que Sacmex de hecho interpuso la demanda el día 19 de abril, pero poco más. Ante la ausencia de claridad en este proceso, y con la reserva de información como única pista, una interpretación es que el sabotaje como hipótesis y la información reservada buscan volver el argumento vecinal sobre la contaminación un objeto de duda, imposible de corroborar oficialmente. La duda desplaza la solución del problema y la vuelve parte de un cálculo político-electoral que encuentra menor riesgo en este uso táctico de lo desconocido que en afrontar las consecuencias de la contaminación y sus potenciales causas.
Si bien el cálculo podría desplazar el problema a un futuro en el cual una nueva administración esté a cargo del gobierno de Ciudad de México, esto puede tener al menos dos consecuencias. La primera, en el corto plazo, es que ocultar los datos puede alimentar las dinámicas de polarización que caracterizan la coyuntura político-electoral en México, cuyas líneas de fractura pasan necesariamente por la alcaldía Benito Juárez. La segunda, en un mediano y largo plazo, la producción deliberada de duda e ignorancia puede debilitar la práctica e idea del Estado como aquella institución que produce y administra lo público por medio de ciertas infraestructuras que posibilitan la vida en la ciudad y fuera de ella. En un contexto en el cual la profundización de lógicas de austeridad, aunadas a procesos de cambio climático, anuncian ya la crisis de esta noción, movilizar la ignorancia como estrategia puede tener un costo más alto que las ganancias obtenidas en la temporada electoral.
Alejandro de Coss
Profesor investigador de Geografía Urbana en la Universidad de Edimburgo. Su trabajo explora las políticas infraestructurales del agua en Ciudad de México.