El pasado 10 de febrero lanzamos la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, en un contexto donde conocer cuántas fosas clandestinas hay en México es una tarea que se enfrenta constantemente al silencio y a la contradicción. La plataforma no solo es un ejercicio estadístico, sino un esfuerzo por dar nombre y lugar a una realidad que muchas veces las instituciones prefieren omitir. En este escenario, la labor de este proyecto se vuelve fundamental para contrastar lo que las autoridades reportan frente a lo que sociedad civil, personas de colectivos de búsqueda y periodistas documentamos día con día.
Por medio de la colaboración entre Artículo 19, el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana y Data Cívica, se han logrado unificar criterios para observar fuentes oficiales y no oficiales en un mismo sitio. Bajo esta alianza, la herramienta agrupa las cifras de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales junto con un monitoreo constante de notas de prensa.
¿Por qué hacer la Plataforma Ciudadana de Fosas?
A pesar de que el artículo 48 de la Ley General en materia de desaparición contempla la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, a casi 10 años de la promulgación de la Ley, en México todavía no existe un registro público, confiable y completo sobre hallazgos de fosas clandestinas. Aunado a lo anterior, en 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó el sitio “Mapa de hallazgos de fosas clandestinas”, el cual ofrecía un panorama a nivel nacional, estatal y municipal sobre estos hallazgos. En 2024, dicho mapa fue retirado sin explicación alguna, lo que nos deja nuevamente sin ningún tipo de información pública.
Además, un ejercicio que realizamos en 2023 daba cuenta de que los datos del mapa, alimentados por la FGR y la fiscalías estatales, tenían inconsistencias graves. A modo de ejemplo, las fiscalías de Sonora, Baja California y Nuevo León nos reportaron más fosas a nosotras vía transparencia que lo que reportaron a la misma CNB. Por ello, esfuerzos como la Plataforma son relevantes, ya que el contraste de distintas fuentes nos permite observar los huecos que existen en el país respecto al registro de fosas clandestinas.
En este sentido, las notas de prensa han servido como un termómetro alterno que permite capturar hallazgos que muchas veces tardan en aparecer (o no aparecen jamás) en los registros oficiales. Además, comparar diversas fuentes de información constituye un recurso de suma importancia porque nos permite observar que ninguna fuente por sí sola ofrece el panorama completo.
La actualización de los datos al cierre de 2024 confirma que la brecha entre las fuentes oficiales y los registros de prensa persiste como un obstáculo para conocer la verdad sobre el panorama forense en México. Al observar la tendencia de los últimos años, queda claro que los cambios abruptos en las cifras muchas veces responden más a la voluntad de transparencia o a la precariedad metodológica de las instituciones, más que a una disminución real de los hallazgos en el territorio.
Entonces, ¿quién tiene la cifra correcta?
La fotografía general desde 2006 hasta 2024 revela una contradicción profunda, donde las fiscalías locales concentran el mayor volumen de reportes, mientras que la FGR mantiene registros mucho menores. En este panorama, las notas de prensa se han consolidado como el recurso que mejor acompaña la tendencia de las fiscalías estatales, evidenciando que la federación parece operar bajo una métrica distinta o, en el peor de los casos, con una desconexión despreocupate de lo que ocurre en los estados.
Tan sólo en 2024, en medios de comunicación se localizaron 585 hallazgos de fosas, mientras que las fiscalías locales reportaron un total de 786 fosas, comparado con 18 fosas por la FGR. Como se observa en la siguiente gráfica, mientras que las fiscalías estatales y la prensa reportan hallazgos a la alza, la FGR reporta hallazgos a la baja.
Además, al sistematizar los datos de la FGR, observamos que el problema no es solo que esta reporte menos hallazgos de fosas clandestinas que las fiscalías locales, sino que sus propias cifras carecen de consistencia interna. Como ejercicio de transparencia, en 2023 y 2024 solicitamos los hallazgos de fosas y cuerpos reportados entre 2013 y 2022. Al comparar las respuestas que la institución entregó vía solicitudes de información en ambos años, podemos notar que la contradicción es absoluta.
En 2023, la FGR proporcionó bases de datos con desgloses detallados que permitían conocer no sólo el número de fosas, sino también de cuerpos y restos óseos. Sin embargo, en la respuesta entregada para la actualización de 2024, la institución dio un paso atrás en la transparencia, eliminando los desgloses y presentando sólo totales de fosas que desmienten sus propios registros previos. Como muestra la gráfica anterior, hay años donde la cifra cayó drásticamente, como 2014, que pasó de 101 a sólo 8 fosas reportadas. En otros casos, como 2019 o 2022, aparecieron decenas de hallazgos que la propia fiscalía no había reconocido apenas un año antes.
¿Y qué ocurre con las fiscalías locales?
La realidad sobre los hallazgos en el territorio se fragmenta aún más según el criterio de cada entidad. Al poner la lupa exclusivamente en lo reportado por las fiscalías locales durante 2024, se revelan concentraciones donde la presencia de fosas no es una anomalía, sino una constante reportada por las propias autoridades estatales.
Como se observa en la figura anterior, el caso de Sonora destaca por encima de cualquier otra entidad, donde por segundo año consecutivo encabeza la lista nacional, pasando de 143 fosas en 2023 a 174 en 2024. Este patrón de alta incidencia se confirma en la frontera norte y el noroeste con Baja California (91), Coahuila (61) y Chihuahua (57), consolidando a la región como la zona de hallazgos masivos más visibles en los registros oficiales. Pero estas cifras son apenas la superficie de un sistema fracturado donde la falta de una metodología homologada permite que cada fiscalía gestione la información a su conveniencia.
En Ciudad de México, por ejemplo, la fiscalía pasó de reportar once enterramientos ilegales en 2023 a declarar cero fosas en 2024, borrando cualquier continuidad estadística mediante la ambigüedad de los conceptos. Otras entidades optan por la simulación o la omisión, como Durango, quien remite a enlaces de información inexistentes o desactualizados, mientras que la fiscalía de Hidalgo se declara incompetente bajo el argumento de que no existe un tipo penal específico para las fosas. Incluso en estados con alto volumen de hallazgos, como Jalisco o Coahuila, la falta de categorías comunes para registrar segmentos o fragmentos combustionados impide conocer la dimensión más humana de la tragedia: el número real de víctimas.
Todavía más preocupante son aquellos casos donde la prensa reporta un número considerable de fosas clandestinas y las fiscalías locales se niegan a entregar información o a aceptar que existen hallazgos en su entidad. Por ejemplo, entre 2023 y 2024, Guanajuato fue la segunda entidad con más fosas clandestinas reportadas por medios de comunicación, con al menos 91 hallazgos, mientras que la fiscalía reportó 39 fosas entre ambos años.
Otro caso es el de Quintana Roo, en el cual existen diferencias relevantes entre lo que se reporta en medios y lo que reporta la fiscalía. Entre 2006 y 2024, los medios reportaron 27 fosas con 61 cuerpos de personas exhumadas. En cambio, la FGR sólo reportó dos fosas sin precisar el número de cuerpos y la fiscalía local reportó tres fosas con seis cuerpos.
Esta disparidad es, en última instancia, una representación de la desigualdad ante la verdad. Mientras entidades como Campeche comienzan a omitir variables críticas que antes sí entregaban, como el sexo de las personas exhumadas, la posibilidad de construir un registro nacional fiable se desvanece.
La dispersión de criterios y la negativa a entregar bases de datos completas demuestran que el derecho a saber cuántas fosas existen sigue dependiendo de la voluntad política de cada fiscalía y no de una obligación de transparencia efectiva. Cuando las cifras cambian de forma tan arbitraria dependiendo del momento en que se preguntan, la estadística deja de ser una herramienta de verdad para transformarse en un obstáculo. Contar en la incertidumbre significa, en este contexto, enfrentarse a un Estado que borra y reescribe su propia memoria institucional, dejando la carga de la certeza únicamente en las manos de quienes buscan.
Pamela Benítez
Analista de datos en Data Cívica
Andrea Horcasitas
Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México