La mañana del 10 de septiembre de 2024, durante la discusión en el Senado de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andres Manuel López Obrador —que había sido llevada al pleno con prisas por la bancada de Morena para que fuera votada durante el interregno cuando el tabasqueño coincidiría con una nueva legislatura, en la que el oficialismo controlaba la Cámara de Diputados pero no así el Senado—, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) tomó la tribuna. Estaban presentes cuatro de los cinco senadores que conforman este grupo: el coordinador Clemente Castañeda, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio Riojas y Amalia García. Frente a ellos, una aplastante mayoría de senadores oficialistas, conformada todavía por 85 integrantes, los observaba con desdén.
Castañeda, quien lucía preocupado, tomó la palabra. Con voz firme, pero cargada de incertidumbre, notificó que el senador Daniel Barreda, su compañero de bancada y representante de Campeche, se encontraba detenido e incomunicado. Su partido y cercanos desconocían su paradero. Horas antes, desde su cuenta de X, el antiguo candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maynez, denunció que durante la madrugada las autoridades habían detenido al padre del senador, así como a Paul Arce, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Campeche. “Esto ya es una locura”, sentenció Álvarez Maynez.
Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, se puso de pie con la actitud de quien se sabe más allá del bien y del mal y con una sonrisa que delataba confianza. Sin titubeos, desmintió que el senador Barreda estuviera detenido y afirmó con certeza que había hablado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y con las autoridades de la Fiscalía del estado. Aseguró que Barreda estaba en Ciudad de México, por lo que no había motivo para suspender la sesión.
Castañeda reviró al coordinador de Morena y exigió pruebas. Adán Augusto sacó su teléfono y, para sorpresa de muchos, realizó una llamada, que aseguró era con el propio senador Barreda. Tras unos momentos, se dirigió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y le ofreció el teléfono. Noroña —y nadie más— confirmó que, en efecto, Barreda se había puesto al teléfono para constatar que estaba bien, que era falso que estuviera detenido, lo que permitió continuar con la sesión.
Entre la incertidumbre sobre el paradero de Barreda, al Senado llegaron Miguel Ángel Yunes Linares, antiguo gobernador panista de Veracruz, y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por el mismo estado y miembro del mismo partido. El padre, quien enfrenta acusaciones de corrupción y, a decir de la periodista Lydia Cacho, tiene alegados vínculos con políticos acusados de pederastia y abuso sexual de menores de edad, había sido uno de los más acerrimos críticos del presidente López Obrador, a quien en el pasado tildó de “loco”. Sin embargo, al entrar al recinto, fue recibido con aplausos por la bancada oficialista. Adán Augusto lo saludó con un fuerte abrazo, y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, le dio unas amistosas palmadas en la espalda.
Los Yunes habían sellado un acuerdo con el oficialismo: apoyar la reforma judicial a cambio de inmunidad ante las investigaciones penales que la Fiscalía ha abierto en su contra. Yunes hijo solicitó licencia, alegando problemas en la espalda, lo que permitió que su padre, su suplente, tomase su lugar en el Senado. Con una sinceridad digna de un San Agustín que ha experimentado una súbita conversión a la fé en los designios de la Providencia Presidencial —tan conmovedora que este cronista, quien a estas alturas se creía incapaz de volver creer que algún político mexicano aún fuera capaz de aquella cosa tan cursi que, en un remoto pasado y en trópicos menos tristes, fue alguna vez conocido como “convicciones”, sintió como se le ponía la piel chinita— Yunes Linares pronunció un discurso en favor de la reforma judicial que apenas unos meses atrás había criticado con tanta dureza.
En pleno debate, protagonizó un tenso y vergonzoso intercambio con Marko Cortés —ese digno heredero de Maquío, o aunque sea del sinarquismo más ramplón, que funge como dirigente del Partido Acción Nacional; el cual, recordará el lector desocupado o la lectora atenta, es o era elpartido de Yunes— que generó carcajadas entre los senadores oficialistas y frustración entre los panistas.
Poco después, Alejandro “Alito” Moreno, otro honorable político, digno heredero del General Cárdenas, o al menos con la altura moral de algún achichincle de Don José “El Perro de la Colina” López Portillo, estalló en quejas tras enterarse de un sorpresivo cambio en el dictamen del INE que había validado su intento de reelección como dirigente de lo que alguna vez fue el Partido Revolucionario Institucional. Horas antes, el dictamen le era favorable, pero de repente, sin previo aviso, el INE revocó su decisión.
“Esto es una injusticia, pero primero muerto que votar esa reforma que es una locura y que destruye el sistema judicial del país”, gritó ante los medios, señalando que todo había sido planeado para presionarlo.
Ya entrada la madrugada del 11 de septiembre, tras una pausa forzada por la irrupción de manifestantes en el pleno del Senado en protesta contra la reforma, Yunes padre, en un nuevo giro, pidió licencia para que su hijo, recuperado por un milagro del Niño Santo de la Cristiada de su dolencia gravísima, pudiera regresar al Senado. El propósito era obvio: que Yunez Márquez diera el voto que faltaba para que el oficialismo lograra aprobar la reforma. Así sucedió. Con un voto comprado a cambio de una promesa de impunidad para un político acusado de corrupción y cosas peores, y con la ausencia misteriosa de un senador opositor, la reforma se aprobó.
Los días 10 y 11 de septiembre de 2024 pasarán a la historia como el punto en que un nuevo régimen autoritario nació. La pregunta es: ¿cómo llegamos hasta aquí?
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Desde el comienzo del sexenio de López Obrador, el oficialismo emprendió una cruzada para conquistar las instituciones. Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2019, un año después de que López Obrador llegara a la Presidencia, el Senado de la República eligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con 76 votos a favor. Su nombramiento estuvo marcado por la acusación de fraude por parte de la oposición, especialmente de los senadores del PAN y del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes argumentaron que el conteo oficial de votos no coincidía con la cantidad de votos emitidos. Según sus cálculos, se habían emitido 116 votos y no 114, como se reportó de forma oficial, lo que indicaba que dos votos habían sido “robados” o “desaparecidos”.
La elección de Piedra también fue objeto de críticas debido a su afiliación previa con Morena. Muchos de sus detractores señalaron que su cercanía con el Ejecutivo ponía en duda la autonomía de la CNDH, que por definición debería ser un órgano independiente. Esta preocupación fue expresada no sólo por senadores opositores, sino también por activistas y expertos en derechos humanos, entre ellos el poeta Javier Sicilia, quienes señalaron que el proceso de selección carecía de transparencia y legitimidad.
El 16 de septiembre de 2024, cinco años después de esa advertencia, la CNDH de Piedra Ibarra publicó un comunicado en el que afirmaba que no presentaría ninguna acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial, “toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio”.
Otro ejemplo. Guadalupe Taddei fue designada presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) el 3 de abril de 2023. Su nombramiento fue criticado por su relación familiar con figuras vinculadas a Morena. Su primo, Jorge Luis Taddei Bringas, fue nombrado en 2018 como delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora. En 2022, el hijo de Jorge Luis, Pablo Daniel Taddei Arriola, asumió el cargo de director de LitioMx, la empresa estatal responsable de la explotación del litio en México. Ivana Celeste Taddei Arriola, hermana de Pablo, fue electa diputada local en Sonora por Morena en 2021, donde lideró la Comisión de Hacienda en el Congreso estatal. Jorge Carlos Taddei Arriola, también hijo de Jorge Luis, ocupó un puesto en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
El 18 de septiembre de 2024, Emeequis publicó que el hijo de Guadalupe Taddei, Luis Rogelio Piñeda Taddei, trabaja con la ministra lopezobradorista Yasmin Esquivel, famosa en todo el mundo por su innovadora tesis de licenciatura y su originalisima disertación doctoral. Según Emeequis, Piñeda Taddei asumió el cargo sin cumplir con los requisitos establecidos en el catálogo de puestos de la SCJN, que exige al menos dos años de experiencia profesional para el puesto, ya que su cédula profesional fue expedida apenas en 2024.
El 23 de agosto de 2024, el INE validó la sobrerrepresentación de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, compuesta por Morena, el Partido del Trabajo (ese defensor de medidas socialistas tales como cobrarle un poco más de impuestos a los capitalistas malvados que suelen ir a cenar a Palacio Nacional) y el Partido Verde Ecologista de México (ese baluarte de la defensa de los animalitos y los arbolitos), lo que para muchos opositores fue muestra de un sesgo a favor del oficialismo1. Más importante aún: como ya vimos, el 10 de septiembre de 2024, durante el debate de la reforma al Poder Judicial, el INE cambió el dictamen sobre la reelección de don “Alito” Moreno, Benemérito de Campeche y ancien élevée de la célebre Academia de Estudios sobre la Ética en Política de Atlacomulco. ¿Por qué se tomaría una decisión de esta naturaleza justo cuando el principal afectado debía emitir su voto sobre dicha reforma?
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El ejercicio del poder durante los últimos seis años se caracterizó también por la cooptación de opositores y líderes regionales, así como por la forja de alianzas indecibles con organizaciones criminales. Hidalgo es uno de los ejemplos más claros de cooptación. Ahí está el caso de Adelfa Zúñiga Fuentes, exalcaldesa priista de El Arenal, quien dejó las filas de su partido y se unió a Morena. Tales movimientos se replicaron en otros municipios, donde familias y grupos políticos que antes controlaban el PRI en el estado migraron a Morena. Tal fue el caso del clan de Sosa Castelán, el cual, tras cuatro décadas en el PRI y breves alianzas con el PAN, opera desde 2018 bajo la bandera morenista. Tan fue clara la cooptación que el exgobernador priista, Omar Fayad, fue designado embajador ante Noruega por López Obrador después de las elecciones de 2021.
Algo similar se dio en Veracruz. Tras las elecciones presidenciales de 2018, Morena logró captar a varios exmiembros del PRI y PRD que buscaban continuar sus trayectorias políticas en un partido con mayor proyección y, dicen las malas lenguas, capacidad de protegerlos ante posibles investigaciones penales. El caso de Veracruz es emblemático por obvias razones: la joya en la corona de la cooptación de caciques opositores fueron los dos Yunes.
El proceso de cooptación que describo ocurre mediante una combinación de incentivos y amenazas que buscan asegurar lealtad. Primero, los emisarios del oficialismo le prometen a sus adversarios impunidad frente a posibles investigaciones en su contra, así como, en algunos casos, la posibilidad de ocupar cargos clave en la administración pública, con la protección e influencia que ello conlleva. Segundo, les ofrecen la oportunidad de obtener candidaturas a puestos de elección popular y, con ello, su permanencia en el ámbito político bajo las siglas de Morena o del Partido Verde. Si las promesas no son suficientes para meterles el miedo de Dios, el oficialismo recurre a la amenaza de procesarlos por delitos. Así, dicen las malas lenguas, ocurrió con los Yunes.
Pero es probable que el mayor ejemplo de las alianzas indecibles sea el caso de Sergio Carmona, llamado “Rey del Huachicol”, quien fue asesinado de forma misteriosa en 2021. Una investigación del sitio web de noticias Código Magenta detalló el papel central que este empresario tamaulipeco jugaba en una red de financiamiento ilegal que, a decir de esta investigación, habría apoyado campañas de Morena en varios estados, incluyendo Tamaulipas, Sonora, Baja California y Sinaloa.2 Según Código Magenta, Carmona utilizó su fortuna, obtenida gracias al contrabando de hidrocarburos, para financiar carreras políticas de miembros de un partido que, a falta del prometido rescate a Pemex o al menos de una refinería capaz de refinar, se sigue jactando de haber terminado con el huachicol.
Unos de los alegados mecanismos con los Carmona lavaba el dinero manchado de gasolina robada fue el uso de contratos gubernamentales y la evasión de impuestos a través de una maraña de empresas. Entre las más destacadas están Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, que recibieron asignaciones directas del gobierno por más de 1500 millones de pesos. La investigación de Código Magenta sugiere que este dinero fue desviado a las campañas de varios miembros de Morena mediante donaciones no fiscalizadas, una práctica que facilitó el ascenso de varios políticos oficialistas en las elecciones de 2021.
La investigación también revela la supuesta participación en este esquema de varias figuras clave de la nomenklatura morenista. La ahora senadora Olga Sosa Ruiz, cercana al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es mencionada como uno de los enlaces de Carmona con el partido. Además, se señala a Erasmo González, quien fuera presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, como otro de los beneficiarios del apoyo logístico y financiero del empresario. En uno de los episodios más llamativos del caso, González y el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, fueron sorprendidos disfrutando del uso de vehículos de lujo propiedad de las empresas de Carmona.
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A lo largo de este sexenio, por si fuera poco, el oficialismo usó a las instituciones del Estado —en particular a las fiscalías y a los servicios de inteligencia financiera— para intimidar a los opositores y beneficiar a sus aliados. Un ejemplo es el caso de Pablo Gómez quien, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dirigido investigaciones a medios críticos del gobierno, como Latinus, y a figuras como Carlos Loret de Mola y María Amparo Casar. Su predecesor, el galante Santiago Nieto, cayó en desgracia luego de que al presidente no le gustó nada su boda de cuento de hadas en la Hermana República de Guatemala y ahora enfrenta acusaciones de corrupción, pero no sin antes extorsionar a Eduardo Medina Mora para forzarlo a renunciar a la SCJN.
En el caso de Loret de Mola, la UIF confirmó que desde 2021 investiga a Latinus, el medio de comunicación en el que éste participa, por posibles operaciones de lavado de dinero. Aunque Gómez subrayó en varias ocasiones que la investigación no incluye directamente al periodista ni a otros colaboradores de Latinus, como Víctor “Brozo el Payaso Tenebroso” Trujillo, Loret ha denunciado que la investigación forma parte de una campaña intimidatoria en su contra por su postura crítica hacia el gobierno de López Obrador. En lo que respecta a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ha denunciado presuntas investigaciones de la UIF en su contra, lo que ha llevado a la organización a acusar al gobierno de utilizar esta institución para amedrentar a críticos y opositores.
Por otra parte, Layda Sansores, la digna y proba gobernadora morenista de Campeche, expuso conversaciones privadas de figuras políticas en su programa de YouTube, Mártes del Jaguar, entre ellas “Alito” Moreno y el entonces senador —y, cabe mencionar, correligionario suyo— Ricardo Monreal. Este último interpuso una denuncia en contra de Sansores ante la Fiscalía General de la República, acusándola de espionaje y difusión de comunicaciones privadas. Sansores también fue señalada en los medios por su supuesta operación de un centro de espionaje ilegal en complicidad con Renato Sales, entonces fiscal de Campeche. El dúo campechano habría usado tecnología israelí avanzada para interceptar mensajes privados. El fiscal Renato Sales terminó renunciando, pero Sansores ahí sigue, rugiendo como jaguar.
En tanto, un reportaje de Televisa reveló que Arturo Zaldívar, ese hombre honorable que merece una defensa shakesperiana declamada por algún antiguo romano inocente de cualquier ironía, y que alguna vez fue ministro de la Suprema Corte, presionaba a jueces para emitir sentencias favorables al gobierno. Según este informe, Zaldívar actuó bajo la consigna de fortalecer los intereses del gobierno en turno, lo que pone en duda la imparcialidad de las decisiones judiciales durante su paso por la presidencia de la Corte. Repudiado por sus colegas y por buena parte de su gremio, Zaldívar se unió a la campaña de Claudia Sheinbaum como vocero y se convirtió en uno de los principales impulsores de la reforma del mismo Poder Judicial que alguna vez defendió a capa y espada.
En la capital, por poner otro ejemplo, la fiscal Ernestina Godoy fue señalada de emplear tácticas de espionaje en contra de opositores al gobierno morenista. Según un reportaje del New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría intervenido líneas telefónicas de al menos catorce figuras políticas entre 2021 y 2023, entre ellos Santiago Taboada, entonces alcalde panista de Benito Juárez, y la senadora panista Lilly Téllez.
Así se fue consolidando un esquema de presión dirigido a críticos y opositores. Aquellos que no cedían ante las expectativas del régimen, o que eran considerados adversarios irreconciliables, se convirtieron en el punto de mira de las instituciones de procuración de justicia, transformadas en herramientas de control. Este sistema no sólo marginó a quienes no tenían cabida en la coalición gobernante, sino que además ejerció una sutil, pero constante, intimidación para neutralizar cualquier disidencia o resistencia. Después, dejó las sutilezas de lado y fomentó sin ningún pudor un ambiente de miedo y lealtades forzadas.
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Días antes de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, el senador emecista Daniel Barreda ya había recibido amenazas. Le advirtieron que su padre sería detenido si no votaba a favor de la reforma o al menos se ausentaba de la sesión. A pesar de estas presiones, Barreda se mantuvo firme en su postura de votar en contra. Por eso su ausencia la mañana del 10 de septiembre generó alarma. Nadie en Movimiento Ciudadano lograba contactarlo, y las versiones sobre su paradero eran contradictorias: algunos decían que estaba en el Senado, dispuesto a pactar con el Partido Verde; otros aseguraban que se ocultaba en algún lugar de Ciudad de México. No faltaron rumores de que había negociado con Adán Augusto para pactar un amago de desaparición.
Horas más tarde, Juan Zavala, secretario general de MC, e Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de diputados federales del partido, informaron desde Campeche que el padre de Barreda sí había sido detenido, junto con el coordinador de la bancada de MC en Campeche, y que el senador Barreda se encontraba con ellos. Por si esto fuera poco, la casa del padre de Barreda estaba custodiada por la Guardia Nacional. Antes de que se votara la reforma, tanto el padre como el coordinador fueron liberados y Barreda reapareció. Pero para entonces ya no tenía posibilidad alguna de llegar a tiempo al Senado.
El 18 de septiembre, el senador Barreda celebró una conferencia de prensa. Con seriedad y nerviosismo, relató cómo su madre le llamó a las cuatro de la mañana para avisarle sobre la detención de su padre. A las seis de la mañana viajó a Campeche y fue a la Sala de Juicios Orales, donde le informaron que, si se retiraba de allí, su padre sería procesado. Barreda negó de forma tajante haber hablado con Adán Augusto o Noroña durante la votación.
“Durante casi doce horas estuve incomunicado”, dijo el senador. “No me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario”.
Barreda no dejó dudas: Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña mintieron sin pudor en pleno Senado.
Sobre la traición de los Yunes, no había tanto misterio. Ricardo Raphael anticipó días antes que Yunes Linares había pactado su voto a favor de la Reforma en una comida, a cambio de que desaparecieran las carpetas de investigación en contra suya y de su hijo (esta información fue confirmada por el periodista Zedryk Raziel. Con ese voto asegurado, la pregunta que surge es: ¿por qué montar la burda operación en contra de Barreda? ¿Y por qué el cambio repentino en el dictamen del INE sobre la reelección de “Alito” Moreno?
La respuesta es más sencilla de lo que parece: fue una simple demostración de poder. No sólo hacia afuera, sino también hacia adentro de la coalición oficialista, donde se esconden los principales poderes de veto del nuevo régimen. El vínculo entre los Yunes y Morena se remonta a Ricardo Monreal, ahora coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, quien operó las elecciones en Veracruz en 2021. En ese entonces, Monreal logró un acuerdo con los Yunes para respetarse mutuamente y repartirse algunas posiciones estratégicas. Fue Monreal quien facilitó el entendimiento entre Adán Augusto López y los Yunes, así como quien abrió la puerta para la negociación que Raphael relató en su columna.
Compartir el mérito de un triunfo en el Senado, sin embargo, no emocionaba a Adán Augusto López. Conocido por su gusto por los reflectores y por su vanagloria ante su supuesta fama de “gran operador político”, no podía permitirse que otros se llevaran el crédito por la maniobra tan elegante con la que se aprobó la reforma. Por eso montó un espectáculo digno de una mala novela sobre algún mafioso siciliano: arrinconó a un opositor utilizando las instituciones del Estado, incluyendo a la Guardia Nacional; fingió una conversación telefónica con Barreda: y operó el cambio del dictamen en el INE cuando no consiguió llegar a un acuerdo con “Alito” Moreno.
La personalidad autoritaria se manifiesta, muchas veces, en actos teatrales cuyo principal objetivo es inflar el propio ego. Adán Augusto López culminó su representación teatral con una risa burlona al emitir su voto, el cual dedicó “al escapista Barreda”. Días después, López aparecería sonriente en una foto junto a Yunes Márquez y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la reunión con Yunes fue solo “una cortesía”.
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Así fue como llegamos al triste momento que vivimos. Fueron seis años en los que se cimentaron las bases de un nuevo régimen autoritario. Aunque todavía falta conocer sus particularidades, los rasgos esenciales ya están claros: la única voluntad que prevalece es la de la coalición dominante y ésta debe imponerse a toda costa. Para lograrlo, el oficialismo cuenta con tres herramientas clave: la captura de las instituciones, concretada con la reforma al Poder Judicial; la cooptación de caciques y la formación de alianzas con líderes criminales a cambio de promesas de impunidad; y el uso arbitrario del aparato de procuración de justicia para intimidar a los opositores.
El poder de las urnas le otorgó al oficialismo el impulso final necesario para instaurar esta nueva forma de dominación. A partir de ahora, cualquiera que desee participar en la política será invitado a unirse al nuevo poder bajo condiciones específicas. Negarse a hacerlo será un riesgo que pocos querrán asumir. En este nuevo esquema las elecciones importan poco.
¿Qué podemos hacer al respecto? Por el momento, dejar testimonio de la época que vivimos y contar la historia de lo que ocurrió el 10 y el 11 de septiembre de 2024: la muerte del viejo régimen y el nacimiento de un régimen autoritario.
Hugo Garciamarín
Doctor en ciencias políticas por la UNAM
1 Debo manifestar que en mi opinión el problema de la sobrerrepresentación no se corrigió cuando había una correlación de fuerzas para hacerlo y no había razones para esperar que se hiciera en esta ocasión. Al respecto sugiero revisar el texto de Nicolás Medina Mora disponible en este enlace.
2 Sobre Sinaloa se debe anotar el conflicto que se vive hoy día tras el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el supuesto secuestro y posterior detención de Ismael, el Mayo Zambada. Éste último señaló que el gobernador de Morena, Rubén Rocha, y los hijos del Chapo Guzmán estaban detrás de su secuestro y del asesinato de Cuén.