Después de las cuotas de género, ¿qué?

Yo no soy feminista. No lo soy por dos razones: por ignorancia y por tradición. La primera me viene de la segunda: deliberadamente me alejé durante muchos años de los temas de género porque soy la tercera generación de una familia de mujeres feministas con severas críticas sobre los roles sociales y activas manifestaciones en la praxis de sus postulados ideológicos. De esas mujeres me enorgullezco, pero no compartí, durante mucho tiempo, la mirada que le sostienen al rostro del mundo.

El tiempo suaviza las cosas y flexibiliza las posturas. Hoy sigo sin ser feminista, pero ya dejé de ser una militante en contra y doy oportunidad a las preguntas que se cuelan entre mis convicciones. Por esa razón acepté dar una charla en el Congreso de Jalisco para conmemorar los 60 años del voto femenino. Unos años antes habría declinado el honor para no recibir golpes de alguna convencida feminista ofendida por mis atrevimientos.

Parte de esa charla la recupero ahora, en un segundo esfuerzo por reflexionar sobre la participación de la mujer en la política, ahora que esa participación parece concentrarse en una vía: las cuotas en los espacios legislativos. Ahora resulta que la batalla es para asegurar que las mujeres del PRI, del PAN y del PRD puedan tener una curul.

Del voto al hecho

El voto femenino implicó una extensión de derechos ciudadanos, y si hubiese habido democracia, ese paso habría significado la ampliación de la cobertura democrática en el país. Pero no fue así porque se reconoció este derecho en 1953, en el marco de un sistema político de partido dominante.

Las mujeres comenzaron a votar en espacios regionales, después en elecciones federales, y su voto valía exactamente igual que el del del hombre: casi nada. Ese sufragio era nominal, estaba lejos de ser protegido por instituciones autónomas, no se hablaba de garantías electorales, no existían partidos competitivos y la libertad política era un bonito tema retórico para los extraordinarios oradores del PRI.

Mi abuela pudo votar, pero nunca pudo elegir. De qué les servía votar, a ella o a mi abuelo, o a mi madre o a mis tíos, si la papeleta era basura, si no había opciones partidistas viables, o si alguien se robaba las urnas.

Un paso estaba dado, pero pero no servía para nada. Faltaba construir el sistema en el que ese voto femenino tuviera algún valor como herramienta de participación.

En 1977 se asomaron algunos rayos por las rendijas del sistema político. En ese año se abrió la puerta institucional a los partidos de oposición y dos años después las mujeres participaron en la elección de diputados federales del PAN, del Partido Comunista, del PARM, del Partido Socialista y del Partido Demócrata Mexicano. También se dio la elección de una joven diputada que sería la primera mujer en presidir la Cámara baja: la priista tlaxcalteca Beatriz Paredes.

En 1996 se amplió el espectro y se le dio un mayor valor al voto femenino, masculino, indígena, rural y urbano. Ese año se eliminó la participación del secretario de gobernación en el IFE y se blindó la independencia del organismo electoral. Ese mismo año comenzó también el peregrinaje de las acciones afirmativas: para romper la inercia de las candidaturas casi exclusivamente masculinas, se modificó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para obligar a los partidos a postular por lo menos a 30 por ciento de mujeres para los cargos legislativos. Ahí, en esa medida se puede ubicar el inicio de la confusión. Ahí arrancó la separación entre la extensión de derechos políticos sin adjetivos y los derechos políticos de la mujer. Ahí comenzó algo que se puede convertir hoy en la protección a la clase política de falda.

La mujer política

Es verdad que aún hay pocas mujeres que toman decisiones en el sector público de los estados, en México y en el planeta, a pesar de que en los últimos 10 años el avance fue exponencial. Se calcula que de 18 mil cargos públicos que hay en Latinoamérica, sólo dos mil están hoy en manos de mujeres. La cosa se complica mucho para cargos ejecutivos, pues son unipersonales y no se manda en el votante, pero para espacios legislativos se ha construido un andamiaje legal que intenta garantizar que haya falda-pantalón-falda-pantalón en las curules.

El camino ha sido retorcido: la ley de 1996 obligaba a postular candidatas y los partidos las ponían como suplentes. En 2002 la norma obligó a que la cuota femenina se cubriera en candidaturas propietarias, para 2008 se aumentó la cuota a 40 por ciento y entonces nos topamos con las famosas Juanitas, que más tardaban en rendir protesta que en dejar la curul a sus maridos, líderes, jefes o colegas de partido.

En octubre de este año, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para que todos los partidos estuvieran obligados a presentar, sin excepciones, una mitad de candidatos hombres y una mitad de candidatos mujeres. No puedo estar en contra de eso, pero esta propuesta y las conquistas previas sobre paridad para los cargos públicos, tienen alcances acotados y contribuyen a la confusión que mencioné arriba.  Podríamos rebasar el número de 166 alcaldesas en los dos mil 456 municipios del país y llegar a tener mil, o dos mil presidentas municipales. ¿Cómo cambiaría la calidad democrática o la dinámica de la participación política femenina, representada por más de 30 millones de ciudadanas, si tuviésemos 2 mil alcaldesas? No sería inocuo, pero tener más diputadas, más alcaldesas o más gobernadoras sólo porque sí, porque no hay, no debe ser el objetivo. El objetivo es garantizar que las mujeres que quieran ser diputadas, alcaldesas o gobernadoras no se topen con una barrera de entrada que convierta su trabajo político, su conocimiento y sus aspiraciones profesionales en la burla de sus compañeros de partido.

Lo he visto cientos de veces como periodista. He visto cómo se relega a una candidata en las decisiones de su propia campaña. He visto cómo se mandan mujeres a distritos perdidos, he visto la hostilidad machista.

Tengo un ejemplo muy reciente de ello en la Ciudad de México. La ex diputada local, ahora senadora Alejandra Barrales, intentó ser la candidata del PRD a la jefatura de gobierno. Me salto la cantidad de improperios absurdos que escuché sobre ella porque en su juventud fue sobrecargo, lo que denotaba no sólo una visión machista sino clasista sobre su trayectoria posterior. Salto eso y no me paro a defender su calidad como política, o sus credenciales profesionales. Voy a la parte final, la que me sorprendió. Barrales no ganó la candidatura perredista y, por un par de días, no apareció en público. He visto eso decenas de veces y nunca había escuchado que esa actitud de reclusión, de reacomodo de piezas, de negociación de cargos de consolación o de preparación para la venganza, fuera calificado de “berrinche de vieja”. Esa frase estuvo en labios de decenas de políticos de la ciudad de izquierda, del perredismo progresista, en donde hay machos como los mejores.

La hostilidad y el menosprecio se viven también como una loza encima del ejercicio del cargo. Una vez que las mujeres logran la representación, se topan con el muro del ejercicio del poder. Si son diputadas, o no tienen cabida o la tienen poca en las comisiones legislativas más relevantes o enfrentan una cultura política que las margina de las decisiones.

Por eso tener más diputadas por tenerlas no es suficiente. Hay que poner cuñas en todo el camino: proporcionar herramientas para hacer más competitivas a las candidatas, garantizar que no haya barreras de acceso a los espacios de representación, generar nuevas dinámicas de vida política partidista y acción gubernamental y cambiar el marco en el que gobiernan las mujeres y los muchos hombres que forman parte de la clase política de este país.

¿Más y mejores diputadas? ¿Eso es todo?

Hay dos ámbitos que se confunden: el reconocimiento de los derechos político- electorales de las mujeres y el registro de la participación de las mujeres en los cargos públicos. Los dos son importantes, pero sólo uno es condición para mejorar la calidad democrática: el primero.

La participación política no se limita a los partidos, las alcaldías mexicanas y las curules. Porque, ¿qué es la política? La política es la posibilidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño de la identidad colectiva, en la construcción de la frontera con el otro y sí, también es la posibilidad de buscar, ejercer, cuestionar y/o mantener el poder, pero eso se hace también sin curul, y si me apuran, se hace mejor, pues democracia es de mayor calidad si hay diversidad de espacios de participación.

Pienso, ahora que se cumplieron 40 años del golpe de estado en Chile que derivó en una dictadura militar, en la participación que tuvieron las chilenas en ese episodio de la vida política de ese país. Las abogadas de la Vicaría de la Solidaridad interpusieron durante 30 años recursos judiciales uno tras otro para solicitar presentación de responsables en casos como el de la Caravana de la Muerte. Esas abogadas cambiaron el curso de la historia chilena al lograr finalmente el desafuero del ex dictador.

Pienso en la participación de las periodistas del diario El Mercurio, haciendo su papel en el bando contrario, justificando las acciones de Augusto Pinochet contra universitarios en aras de proteger al país de la grave amenaza que veían en el comunismo.

Pienso en las católicas por el derecho a decidir en México, o en las activistas de ProVida en Guanajuato, que buscan incidir (en sentidos opuestos) no sólo en espacios de moral privada, sino en disposiciones legislativas estatales.

Pienso en la periodista Alejandra Xanic, que se metió entre los pasillos del poder y las llamadas de atención ciudadanas para alertar sobre una situación de riesgo de explosión en Guadalajara en el fatídico abril de 1992. Su participación fue uno de los pilares más robustos de la alternancia en ese estado.

Y pienso en todos esos espacios vacíos de la inteligencia femenina desde los cuales se puede hacer política profesional: los bancos de México, las empresas de cabildeo, las empresas de consultorías, las direcciones de periódicos,  las organizaciones sindicales, el ejército, los organismos públicos descentralizados, las presidencias de colegios profesionales (de ingenieros, arquitectos, abogados), las rectorías de las universidades, las carteras de organismos financieros centrales, la diplomacia, la dirección de hospitales civiles, la representación de organismos internacionales de toda índole en México.

Y en esos espacios no hay cuota ni podrá haber, porque no es un derecho ser directora, consultora, rectora, banquera, empresaria, militar o periodista, como quieren hacernos creer que sí lo es el ser diputada. Y para todos estos espacios hay batallones preparados, listos para tener participación directa en la toma de decisiones gubernamentales, partidistas y legislativas, por vías públicas y  no públicas.

Un ciudadano mexicano no debe enfrentar barreras ajenas a su capacidad para desempeñarse profesionalmente en política. Pero hay que preguntarnos si las barreras que ponen los políticos de partido a sus colegas mujeres, políticas de partido, son las barreras que inhiben la participación política de las mexicanas.