Diez razones por las que no votaré en la elección judicial

Me encantaría pensar que a unos días de que se realice la primera elección del Poder Judicial en la historia de México existe un amplio debate respecto a sus alcances; que la ciudadanía está discutiendo álgidamente quiénes serán los próximos impartidores de justicia; que los medios de comunicación han esclarecido los riesgos de un cambio de esta magnitud; que en las universidades se han multiplicado los foros donde se reflexiona sobre el modelo de justicia por construir…

Pero no. Lejos de una deliberación pública robusta, lo que domina es la confusión y la apatía. Y es que, para muchos, la idea de poder elegir jueces se presenta como una simple extensión de la voluntad popular.

Bajo ese entendido, lo más preocupante es que una parte de la discusión ha sido capturada por una supuesta lógica plebiscitaria: por un lado, quienes invitan a votar entendiendo la participación como un acto histórico, republicano o democrático; por el otro, quienes rechazan de forma tajante ser parte de este experimento, argumentando una validación cómplice de un proceso que compromete la integridad jurisdiccional.

Ambos grupos, aunque se asumen como antagónicos, se parecen bastante: se parapetan en una supuesta superioridad moral que bloquea matices y reduce el debate a ideologías. Lo que predomina es una confrontación binaria donde razonar se torna sospechoso.

De ahí que este no pretende ser un artículo más para descalificar a quienes optan por abstenerse, ni señalar como ingenuos a quienes deciden participar. Mucho menos ofrece un listado de perfiles que merecerían llegar a ocupar un cargo (como si esto no estuviera condicionado por lógicas sesgadas y cuotas de poder). Pretender que el debate pase por evaluar nombres específicos es una forma de desviar la atención del problema estructural: el diseño institucional defectuoso, la falta de garantías y la captura del proceso por intereses partidistas.

A estas alturas, me parece inútil intentar convencer a alguien sobre la pertinencia de ejercer, o no, un derecho político en este contexto. Para mí, la cuestión ya no es votar o no votar, sino advertir la banalización del acto mismo: la carga simbólica que se impone a una acción individual en un sistema de responsabilidades colectivas.

Pretender que marcar unas cuantas casillas enmienda décadas de déficits en materia de justicia es una soberana ingenuidad. ¡Cuánta razón tenía Nino al advertir que difícilmente puede hablarse de deliberación cuando se espera que decisiones de enorme complejidad se resuelvan con un simple “sí” o “no” en las urnas!

Que cada uno asuma su decisión con responsabilidad y, sobre todo, con plena conciencia de lo que está validando con ella. Por mi parte tengo claro que no contribuiré, aunque sea mínimamente, a un proceso que considero viciado. Mi negativa antes que una renuncia política, es una forma congruente de ejercer mis derechos; de ahí que, a continuación, divididas en cuatro categorías (pragmáticas, de principios, democráticas y personales), expongo diez razones en las que justifico por qué me resulta más responsable no votar que sí hacerlo.

Razones pragmáticas

• No voto porque al no respetar las reglas del juego, tampoco se respeta el juego mismo. La elección judicial no sólo está mal diseñada: ha sido construida sobre la marcha, con parches improvisados y decisiones que contradicen principios básicos del Derecho. Las reglas han cambiado durante el proceso, se han emitido convocatorias contradictorias y los requisitos para las candidaturas han variado según el comité de origen. Esta falta de uniformidad, además de reflejar una mala técnica legislativa, pone en evidencia una voluntad por manipular el procedimiento a conveniencia del poder en turno.
• No voto porque el principio de transparencia ha sido trastocado, convirtiendo al proceso electoral en un espacio opaco. El sistema electoral mexicano, con todos sus defectos, fue capaz de construir una arquitectura de vigilancia mutua: partidos, autoridades y ciudadanos supervisaban cada paso. Hoy, esa arquitectura ha sido desmantelada. Y es que desde los años noventa, los ciudadanos en México han sido garantes del proceso electoral mediante el escrutinio público. Ahora no habrá actas públicas en las casillas, ni sábanas pegadas en las puertas, ni datos inmediatos accesibles. Tampoco se implementará PREP o conteo rápido.
• No voto porque no todos los votos valdrán lo mismo. La geografía electoral fue distorsionada hasta lo absurdo. El número de votos que cada persona podrá emitir dependerá de la demarcación judicial en la que vive, no del principio de igualdad ciudadana. En la práctica, se ha producido una sobrerrepresentación de algunas zonas y un silenciamiento de otras. Además, la imposición de la paridad sobre el elector —y no sobre los órganos de nominación— también limita la libertad del sufragio. Esta disparidad entre votantes rompe el principio democrático de “una persona, un voto”.
• No voto porque no existe un cauce legal confiable para impugnar la elección. El voto está huérfano de garantías. Desde hace tiempo el Tribunal Electoral ha adoptado una patética actitud condescendiente con el poder. Como lo dijo un querido maestro, se ha convertido en un “defensor de oficio del oficialismo”. Ha desechado quejas relevantes sin argumentaciones sólidas, bajo el pretexto de que no es posible restituir derechos en el tiempo restante. A ello se suma que la Sala Superior permitió la intervención de autoridades en la promoción del voto y negó a los candidatos el acceso a medios como radio y televisión.

Razones de principios

• No voto porque la elección popular no es el método idóneo para elegir jueces. En democracia, la legitimidad judicial no se funda en la popularidad, sino en la imparcialidad, la formación técnica y el compromiso con el Derecho. Elegir a los jueces por voto confunde los fines del sistema de justicia con los de la representación política. Un juez no debe reflejar la voluntad de las mayorías, antes bien debe someterse a la legalidad incluso contra ellas. No creo en un diseño que politiza el sistema de justicia al erosionar su base de origen.
• No voto porque la elección no mejorará el sistema de justicia. Pensar que la elección directa resolverá los males estructurales del Poder Judicial es ingenuo. Los problemas de acceso, corrupción, impunidad o burocratización no se resuelven cambiando el mecanismo de selección. Transformar el nombramiento de los jueces en un espectáculo electoral es otra oportunidad perdida por hacer bien las cosas con la justicia en México.
• No voto porque los jueces no deben hacer política. Que los jueces incidan en lo político no significa que deban convertirse en operadores políticos. Si algo exige la judicatura es una distancia crítica frente a los poderes y no subordinación al cálculo electoral. Pedirle a un juez que haga campaña, que construya una base de apoyos o que seduzca al electorado es pedirle que renuncie a lo que lo define: el criterio jurídico como fuente de autoridad. La crítica a que “los jueces ya hacen política” no justifica institucionalizar la politiquería judicial. Es crucial tener en cuenta que el Derecho es uno de los pocos mecanismos que sirve para limitar la política.

Razones democráticas

• No voto porque la democracia no puede fundarse en mentiras. El discurso oficial presenta la elección judicial como un avance histórico, como si más participación equivaliera automáticamente a más democracia. Pero detrás de esa narrativa se esconde una concentración del poder disfrazada de consulta popular. Participar en ese montaje no es contribuir a la democracia, es prestarse a su paulatina degradación simbólica.
• No voto porque una vez que se elijan los nuevos jueces seguiremos tratando de incidir. La participación democrática no se reduce al acto de votar. También implica deliberar, exigir rendición de cuentas, señalar procesos viciados y las simulaciones del poder. Votar sin garantías mínimas no es un deber cívico, o acaso un acto de madurez, es pura resignación. En cambio, no votar puede ser una forma activa de preservar el valor de lo que significa el voto y la defensa de este que tanto nos ha costado como país.

Razones personales

• No voto porque ser juez en este contexto político será muy distinto que en el pasado. La democracia, entendida como régimen de garantías, se ve sustituida por un espectáculo donde las instituciones se transforman no para mejora, sino para reforzar un proyecto político. Quién haya estudiado las nuevas leyes secundarias (con temas como el Tribunal de Disciplina, la desaparición de las Salas en la Corte, las cuestiones de austeridad o la llamada reforma de “supremacía constitucional”), sabe de lo que hablo. Por eso, aunque me gustó una editorial de Gabriela Warkentin que afirma que: «Uno de los pocos resquicios de disidencia y de decencia sea nombrar en una boleta a quienes representan todo lo bueno que se está perdiendo», no puedo más contrargumentar que lo mejor que le puede pasar a esas personas que buscan un puesto judicial es perder y entender que, precisamente, por su integridad no serán juzgadores en este contexto político tan viciado.

Siendo realista, el problema de fondo con la justicia en México no es una cuestión pragmática, de principios, democrática, o acaso personal, que se pueda resolver votando. Que vote o que se abstenga quien quiera hacerlo. Si al final del día, cuando llegue agosto y protesten su cargo todos los nuevos funcionarios, este lamentable experimento sirvió para interesar a más personas en estos temas, algo habremos ganado. Si no, habrá que seguir intentándolo, aunque de preferencia, la próxima vez, no a costa de dinamitar caprichosamente todo el sistema de justicia.

*Agradezco a la profesora María Marván Laborde y al profesor Julio Ríos Figueroa por sus valiosas ideas para la construcción de este artículo. Está demás decir que todo lo aquí plasmado es exclusivamente responsabilidad mía.

Juan Jesús Garza Onofre

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.