Durante las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, Estados Unidos hizo del poder marítimo un instrumento central de su política exterior en el hemisferio occidental. A esa práctica se la conoció como gunboat diplomacy: la diplomacia de las cañoneras. Buques de guerra anclados frente a puertos estratégicos ejercían una coerción visible pero limitada: su sola presencia apuraba negociaciones y forzaba desenlaces favorables a Washington sin guerra formal ni ocupación del territorio.
El punto de inflexión fue 1898. La guerra hispanoamericana por Cuba señaló el tránsito de Estados Unidos hacia una potencia marítima con capacidad de proyección regional. A partir de entonces —y hasta la década de 1930— la diplomacia de las cañoneras se volvió un método recurrente. El Caribe y Centroamérica ofrecían condiciones favorables: Estados con finanzas frágiles, sistemas políticos inestables y economías dependientes del comercio naval podían ser presionados desde el mar sin cruzar fronteras terrestres ni movilizar ejércitos numerosos.
Los objetivos solían ser acotados: pagos de deudas, asegurar políticas aduaneras, proteger inversiones privadas, obtener tratados ventajosos y estabilizar gobiernos vulnerables en momentos críticos. La lógica era consistente: imponer resoluciones puntuales allí donde el acceso a crédito, comercio y reconocimiento internacional resultaba decisivo para la supervivencia del gobierno presionado.
Venezuela, entre 1902–1903, ofrece un ejemplo. El bloqueo naval impuesto por Gran Bretaña, Alemania e Italia —y la intervención diplomática de Estados Unidos en la negociación— obligó al gobierno venezolano a aceptar un esquema de reclamaciones y pago preferencial de deudas. El conflicto se resolvió sin ocupación territorial y consolidó el papel estadunidense como árbitro hemisférico.
En Cuba, el mecanismo adoptó una forma institucionalizada. La Enmienda Platt (1901) condicionó el reconocimiento estadunidense de la soberanía cubana a que la constitución estipulara su derecho a intervenir en la isla. Los hechos de 1906–1909 y 1912 respondieron a crisis políticas y disputas electorales, así como a una insurrección racializada que el Estado cubano no lograba contener. La cañonera operó como garante externo de un arreglo inmediato. El efecto fue estabilidad en el corto plazo; el saldo de largo plazo, una soberanía estructuralmente limitada.
Nicaragua muestra otra variante. Entre 1912 y 1933, la presencia intermitente de marines –respaldada por el control de puertos y costas– sostuvo a aliados, influyó en procesos electorales y contuvo resistencias internas. La intervención estabilizó gobiernos, pero erosionó su autonomía, politizó a la Guardia Nacional y estrechó la competencia política. La insurgencia encabezada por Sandino cristalizó esa brecha: el orden impuesto desde fuera no logró traducirse en legitimidad interna.
Haití (1915–1934) y la República Dominicana (1916–1924) fueron el punto de quiebre, el momento en que el método de la diplomacia de las cañoneras dejó de funcionar. En ambos casos, la presión naval ya no bastó para inducir decisiones puntuales sin derivar en ocupaciones prolongadas. Los desembarcos de tropas dieron paso a gobiernos militares que controlaron aduanas, centralizaron finanzas públicas, reformaron constituciones y reorganizaron las fuerzas armadas locales. Se consiguió orden administrativo, pero al precio de resistencias violentas y nacionalismo antiocupación. Ahí la cañonera fracasó como método de negociación coercitiva.
Esa experiencia clarificó sus condiciones de posibilidad. La diplomacia de las cañoneras dependía de que el Estado presionado conservara cierta autonomía y capacidad de ejecución. Cuando eso se agotaba —por colapso fiscal, guerra interna o autoridades débiles— la coerción limitada perdía eficacia y empujaba a un escalamiento oneroso. El límite del método no era temporal; era estructural.
Desde los años veinte, la combinación de movimientos nacionalistas, el desgaste de las ocupaciones y el aumento de los costos domésticos redujo la utilidad de la diplomacia de las cañoneras. Con Franklin D. Roosevelt, la Política del Buen Vecino impulsó un viraje. La influencia hemisférica se mantuvo, pero cambió de gramática. Entre 1934 y 1990, el poder estadunidense se ejerció sobre todo mediante presión económica y financiera, influencia diplomática y comercial y, en momentos críticos, con intervenciones encubiertas que alteraron regímenes sin implicar ocupación: Guatemala en 1954 y Chile en 1973 fueron la orilla más filosa de ese repertorio. Durante ese periodo, el uso explícito de la fuerza a gran escala fue excepcional (por ejemplo, República Dominicana en 1965 o Granada en 1983). Panamá, en 1989-1990, había sido la última intervención unilateral estadunidense en América Latina y el Caribe: una operación orientada a capturar a Manuel Noriega y controlar el territorio de inmediato, no a obtener concesiones mediante presión naval.
El paréntesis que se abrió entonces se cerró ahora, treinta y seis años después, en Venezuela. Luego de aplicar sanciones, aislamiento diplomático y presión económica sin resultados decisivos, Estados Unidos recurrió de nuevo al uso abierto de la fuerza. La operación incluyó un despliegue naval en el Caribe, control de embarcaciones y, finalmente, una incursión relámpago que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
El vínculo histórico con la diplomacia de las cañoneras reside en la premisa compartida: inducir obediencia sin desatar una guerra ni asumir la administración directa del territorio. La operación en Venezuela reactiva esa lógica. Captura al dictador para redefinir los términos de la supervivencia de la dictadura y realinear sus incentivos internos, pero sin comprometerse —al menos por ahora— con una ocupación militar ni con un proyecto explícito de transición política.
La reaparición de la diplomacia de las cañoneras en el siglo XXI sugiere menos un retorno al pasado que una recomposición del repertorio hegemónico. El dato inquietante no es tanto que la coerción persista; es la fragilidad de los mecanismos que durante décadas volvieron innecesaria su exhibición descarada.
Carlos Bravo Regidor
Analista político. Su libro más reciente es Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto (México, Gatopardo/Grano de Sal, 2025).