El 7 de enero de 2020 CNN publicó una nota titulada Un virus misterioso está poniendo nerviosa a China (y al resto de Asia). No es el SARS ¿qué es? En el artículo se hablaba de “59 casos de neumonía viral desconocida en la ciudad de Wuhan, en el centro de China”. Fuera de Asia el resto del mundo prestó poca atención. El 13 de enero de 2020 Tailandia confirmó su primer infectado con lo que ya se comenzaba a llamar en la comunidad científica SARS-CoV-2. Dos días más tarde Japón confirmó su primer caso. Para el día 19 había a nivel mundial 282 casos confirmados. Para finales de enero, Wuhan, con una población de 11 millones, ya estaba bajo confinamiento y se había confirmado el primer caso en Estados Unidos.
El covid llegó a México el 27 de febrero de 2020, al menos de manera oficial, vía un hombre italiano de 35 años residente en la capital. Al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, y la capacidad para hacerle frente”. También anunció que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tendría conferencias diarias para informar a la población de la enfermedad y evitar “una psicosis colectiva de miedo”. A pesar de que para el 29 de febrero ya habían muerto 2930 personas en distintos países, López Obrador dijo que el virus no era “algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”.
Falsa sensación de seguridad
El 11 de marzo después de más de 118 000 casos confirmados en 114 naciones y 4291 muertes conocidas, la OMS declaró al covid una pandemia. Días más tarde, cuando la atención del país estaba centrada en qué decían o callaban las autoridades, el tabasqueño recomendó a la ciudadanía traer consigo un amuleto religioso llamado detente para prevenir el coronavirus. Tras enseñarlo, recitó: “Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. El presidente recomendó a millones de mexicanos refugiarse en la superstición.
El 19 de marzo el Consejo de Salubridad General de México reconoció la enfermedad como una “grave de atención prioritaria”. El día 23, el gobierno federal implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se extendió hasta el 30 de mayo, e incluyó la suspensión de actividades públicas y privadas no esenciales. Un día antes del inicio de la Jornada, López Obrador subió un video a redes sociales desde un restaurante en Oaxaca, pidiendo a los mexicanos que “no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (…) Yo les voy a decir cuando no salgan”. Sin embargo, la contradicción entre el anuncio del gobierno sobre la Jornada que iniciaría horas más tarde, y la declaración presidencial instando a “no dejar de salir”, generó confusión y críticas.
Para el 31 de mayo, con la Jornada concluida y la reapertura de negocios en marcha, los contagios confirmados a nivel global alcanzaban los 5.9 millones, mientras que las muertes sumaban 401 000. En México la falta de pruebas para la detección del covid nublaba el tamaño real de los contagios y las muertes ligadas a estos. Para finales de mayo, las cifras oficiales reportaban 120 229 contagios y 19 598 muertes: una letalidad de 16.3 %. La baja aplicación de pruebas fue una decisión deliberada. López-Gatell dijo que no se realizarían pruebas masivas como en otros países, ya que “no tiene sentido hacer prueba tras prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darán un resultado negativo”. En respuesta, el exsecretario de Salud Julio Frenk dijo: “Eso es preocupante porque significa que no tenemos una idea completa de la magnitud de la propagación de la enfermedad”.
A partir de abril, el uso de cubrebocas se convirtió en la principal medida, después del aislamiento, para reducir los contagios. El 3 de abril, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos usar mascarillas de tela. Para junio, la OMS instaba a los gobiernos del mundo a promover las mascarillas de grado médico en trabajadores del sector salud, personas con síntomas y de 60 años o más, entre otras. México decidió dar sus propias recomendaciones, al grado que López-Gatell desdeñó el uso de cubrebocas diciendo que “dan una falsa sensación de seguridad”. El presidente dijo a finales de abril: “No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell)”, a pesar de que tenía más de 60 años y un historial de males cardiacos.
El presidente pudo haber dado un ejemplo de liderazgo llamando al uso masivo de cubrebocas. Decidió no hacerlo. No se puso un cubrebocas en público hasta diciembre de 2020, cuando ya se habían disparado los contagios, y a los pocos días de haber dicho que “el cubrebocas no es indispensable”. En enero de 2021 dio positivo a covid, lo que no le impidió participar, sin cubrebocas y con síntomas, en actos públicos horas antes del anuncio. Para febrero, el presidente seguía resistiéndose a recomendar el uso masivo de mascarillas.
Costos de no gastar
Para agosto de 2020 la economía ya resentía el efecto de los cierres totales o parciales. Ese mes, el Inegi reportó una caída anual del PIB del 18.7 % en términos reales para el segundo trimestre, una contracción que superó con creces el 7.7 % registrado en el mismo periodo de 2009, durante la crisis financiera internacional. Para evitar la quiebra de empresas —lo que habría dejado a millones de trabajadores sin empleo y frenado la recuperación—, diversos gobiernos implementaron apoyos monetarios directos que funcionaron como “ingresos” temporales, permitiéndoles resistir los meses más críticos de 2020 sin cerrar definitivamente. Además, se otorgaron prórrogas y descuentos fiscales para aliviar la carga de los negocios.
Entre las medidas adoptadas por México estuvieron el “adelantar ocho meses los pagos de las pensiones de vejez y discapacidad; acelerar los procesos de adquisiciones (de medicamentos, e insumos médicos) y devolución del IVA; y otorgar préstamos a empresas y trabajadores tanto del sector formal como del informal”. Sin embargo, cuando más se necesitaba la intervención del gobierno, el Ejecutivo gastó muy por debajo de sus posibilidades. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), “México y Uganda fueron los países que otorgaron el menor estímulo contracíclico para limitar el impacto del cierre de actividades económicas” durante 2020.
Indolencia
El “ahorro” del gobierno se reflejó también en la salud. Para 2020 se había planeado un gasto en salud equivalente a 2.9 % del PIB —aunque a finales de 2019 nadie podía prever la crisis que se avecinaba—. No obstante, pese al alto número de contagios y fallecimientos causados por el virus durante 2020, para 2021 la administración morenista redujo el peso del presupuesto del sector con relación al PIB, llevándolo al 2.6 %.
Entre 2018 y 2022 la población sin acceso a servicios de salud se disparó, pasando de 16.2 % a 39.1 %. La desaparición del Seguro Popular en 2019 también hizo que México llegara peor preparado a la pandemia unos meses después. El Seguro era un “mecanismo de financiamiento (…) para cubrir el gasto en salud de personas que no tenían acceso a la seguridad social por carecer de un contrato formal de trabajo asalariado”. En 2018, antes de ser eliminado por López Obrador, el programa tenía 54 millones de afiliados.
El gobierno fue responsable de la falta de equipamiento y disponibilidad de camas hospitalarias en los meses más duros de la crisis. Por ejemplo, “el crecimiento de camas hospitalarias en el país fue menor en año de pandemia (2020) que en años anteriores. En 2019 creció 9.6 %, y en 2020 sólo 8.8 %”. Para la obtención de respiradores mecánicos, útiles para pacientes afectados, el gobierno también reaccionó tarde: “México comenzó a concretar sus primeras adquisiciones de respiradores a finales de marzo (de 2020) y la mayoría de las compras sucedieron hasta abril y mayo, a diferencia de Costa Rica, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, que empezaron a comprar desde febrero y principios de marzo”.
El desabasto de medicamentos, iniciado desde 2019 —derivado de cambios en la adquisición de medicamentos para “eliminar la corrupción”—, se agravó por el coronavirus. En el último año de Enrique Peña Nieto se dejaron sin surtir 953 919 recetas médicas en las instituciones públicas de salud, 0.4 % del total; esta proporción creció en 2019, el primer año obradorista, a 1.8 %. Para 2020, ya con la pandemia, el dato volvió a aumentar a 5.9 %, y en 2021 se llegó a 8.7 %. Entre diciembre de 2018 y hasta finales de 2022, se acumularon 44.9 millones de recetas sin surtir.
Los recortes presupuestales provocaron la falta de insumos básicos en hospitales justo antes de la pandemia, ya que “desde el primer año del sexenio (2019) hubo un recorte de 82 % para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud”. Ya entre 2021 y 2022 Morena retiró 157 mil millones de pesos de los fondos destinados al sector salud, derivando en la suspensión de pagos para tratamientos de cáncer adulto e infantil, enfermedades congénitas y trasplantes. Pero no todo fue recorte, también hubo gasto mal ejercido. Entre 2019 y 2020, “6 millones de bebés y de niñas y niños de hasta 6 años no fueron vacunados” contra enfermedades como difteria, hepatitis B o sarampión. Ello, a pesar de que “AMLO gastó 24 % más en la compra de vacunas en 2019, que Peña Nieto en 2018”, pero consiguió menos dosis. Desde antes de la pandemia, el sistema de salud estaba en los huesos.
A contrarreloj
Para finales de 2020 la discusión mundial se tornaba hacia las vacunas. La principal teoría era la inmunidad de rebaño: cuando una proporción amplia de la ciudadanía adquiere protección frente a una enfermedad, su capacidad de propagarse se reduce. En ese contexto, incluso las personas no inmunizadas quedan indirectamente protegidas, pues el riesgo de brotes es mínimo.
Desde enero de 2020 comenzó la carrera global por una vacuna. Un año después, el 4 de enero de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó en México el uso de emergencia de la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. El 2 de febrero, la dependencia hizo lo mismo con la Sputnik V, del gobierno ruso, y el 11, con Sinovac y CanSino, del chino. A partir de febrero, la vacunación se abrió a personas de 60 o más años y al resto del personal de salud, y después a otros grupos etarios de forma progresiva. El gobierno mexicano anunció a inicios de 2021 que, para finales de ese año, su propia vacuna llamada Patria estaría disponible. Sin embargo, para marzo de 2025, aún no estaba siendo aplicada.
Después de vacunar con Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca, el gobierno mexicano pasó a priorizar otras fórmulas. Por ejemplo, Sputnik V y Abdala, esta última elaborada por el gobierno de Cuba, fueron las predilectas durante las campañas de refuerzo de vacunación en 2023 —fórmulas que no contaban con la aprobación de la OMS para uso de emergencia—. Aunque la vacuna Patria fracasó debido a su retraso y la posterior preferencia del gobierno por Sputnik V y Abdala resultó cuestionable, México logró buenos resultados en cuanto a la vacunación. Además, López Obrador utilizó el peso de su imagen para promoverla —a diferencia de su postura con el cubrebocas—. En abril de 2021, el presidente recibió en televisión la primera dosis de Oxford-AstraZeneca. Para enero de 2022, 83.3 millones de mexicanos habían sido vacunados y 93 % contaba con el esquema completo.
La vacunación fue un factor crucial para atenuar los efectos del virus, redujo el riesgo de ser hospitalizado y previno que se saturasen los sistemas de salud. Según un estudio de 2022 en The Lancet, las vacunas evitaron 19.8 millones de muertes en 185 países entre el 8 de diciembre de 2020 y el 8 de diciembre de 2021.
Evaluaciones
En mayo de 2023 la OMS levantó la emergencia por la pandemia, y distintas voces nacionales e internacionales evaluaron el papel de las autoridades mexicanas. Con respecto al primer año de la pandemia, un estudio de 2021 del Instituto Lowy —Covid Performance Index— analizó las respuestas de 98 países considerando seis variables: casos confirmados, muertes confirmadas, casos por cada millón de personas, muertes por cada millón, pruebas por cada mil habitantes, y casos confirmados en proporción a pruebas aplicadas. Brasil ocupó el último lugar. En penúltimo estaba México.
En 2023, el Instituto de Ciencias de la Salud Global (ICSG) de la Universidad de California en San Francisco concluyó que México presentó varias deficiencias en cómo condujo la emergencia: una falta de precaución inicial frente al virus y una incapacidad para comunicar el riesgo. Decisiones financieras antes de la pandemia afectaron la respuesta nacional. “Para 2020, el presupuesto de salud per cápita acumuló una pérdida del 26.4 % en relación con su máximo de 2015”, y en enero de 2020 hubo recortes salariales al personal público de salud. Asimismo, una política restrictiva de pruebas limitó la detección y control del covid —a marzo de 2021, México ocupaba el lugar 155 en pruebas por millón de personas—. Según el ICSG, el sistema de salud no fue preparado ni abastecido de manera correcta, poniendo en riesgo a los trabajadores sanitarios y contribuyendo a su mortalidad.
Por último, la alta prevalencia de obesidad y diabetes incrementó la mortalidad. Esto reafirma que desde el inicio de la pandemia cualquier error iba a costar más vidas en México que en otros países. Por eso el país tuvo “43 % más de muertes en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación con 2018-2019”, mientras que el incremento promedio de ese exceso de muertes para los otros países fue de 17 %.
Post Mortem
En 2024, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del covid en México —un grupo de investigadores y profesionales de la salud— publicó sus conclusiones. Entre 2020 y el final de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, se registraron 808 619 muertes en exceso en México. De estas, “casi cuatro de cada diez sucedieron por fallas en la gestión gubernamental”. Esto colocó al país como el cuarto con mayor mortalidad entre más de 130 naciones con más de cinco millones de habitantes, sólo mejor que Ecuador, Bolivia y el último lugar, Perú, países con muchos menos recursos que México. Según la Comisión, una gestión gubernamental distinta podría haber evitado 224 000 muertes.
El balance es inevitable. La pandemia fue una tragedia mundial y una prueba para los Estados de previsión, liderazgo y respeto por la evidencia. En México, esa prueba se enfrentó improvisando, negando y con una peligrosa mezcla de austeridad dogmática y superstición pública. El virus no distinguía ideologías, pero sí castigó la falta de preparación, las fallas estructurales y la confusión en el mando. Hoy sabemos que cientos de miles de muertes no eran inevitables. Y así se cierra el círculo de aquella escena que marcó el tono del momento: mientras el mundo buscaba vacunas, datos y coordinación institucional, el jefe del Estado mexicano sacaba de su cartera un amuleto.
Alonso Tamez Vélez
Maestro en Comunicación Política por University of Glasgow, y en Política y Comunicación por London School of Economics. Secretario Técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado