Después de la negativa de la Cámara de Diputados para autorizar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la revocación de mandato este 2022, nuevamente surge a colación la discusión sobre el costo de la organización de las elecciones. En este texto damos cuenta de los datos presupuestales y, sobre todo, nos referimos a las recomendaciones que hicimos en 2017 cuando esta discusión salió a flote. Todos los montos están deflactados a precios de 2021. Los presupuestos son a partir de los Presupuestos de Egresos de la Federación, las Cuentas Públicas, y lo que reportó el INE en su gasto anual ante el Consejo General (es decir: no todos los disponibles).

Primero, sobre el costo de la organización de un proceso electoral, el INE informó que la revocación de mandato —bajo los parámetros constitucionales y número de casillas de un proceso electoral federal ordinario— costaría 3830 millones de pesos. Se ha argumentado que esto es excesivo; sin embargo, este monto corresponde al presupuesto para organizar un proceso. Por ejemplo, en 2006 la elección federal costó 4518 millones; en 2009 fueron 3 478 millones; en 2012 fueron 3551 millones; y en 2015 fueron 2989 millones. El monto de la consulta es esencialmente similar al de otros procesos electorales federales.
Segundo, si se compara al INE con otros órganos autónomos, este es el segundo en gasto; siendo el primero el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo presupuesto representa el 0.93% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022. El presupuesto del INE para 2022 representa el 0.28% del PEF. En su conjunto, los órganos autónomos no representan más allá del 1.85% del PEF de 2022. Por ejemplo, todos los ramos administrativos del gobierno federal equivalen al 21.36% en 2022.
Tercero, el gasto electoral y el gasto en partidos políticos ha disminuido en los últimos años. La gráfica 1 muestra que el gasto que decreció fue el de campañas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya no pagan por pautas de radio y televisión a medios de comunicación desde que en su lugar se usan los tiempos del Estado. Pero si ha crecido el gasto operativo del INE (antes Instituto Federal Electoral).
Gráfica 1. Gasto electoral por año desde 1998 hasta 2022

Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación
Cuarto, como se puede ver en la gráfica 2, si vemos el presupuesto por proyecto (para los años disponibles), se puede notar que los rubros que han crecido son los de fiscalización, actualización del padrón electoral, vinculación con los organismos públicos locales electorales (OPLEs) y organización de procesos electorales locales. Esto se debe a que las reformas electorales que han sucedido después de cada elección federal han adicionado nuevas tareas al INE. En particular, asumir la organización de las elecciones locales. Pero incluso con estos incrementos, el gasto electoral está concentrado en la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales de elector. Queramos o no, esta tarea ha sido una especie de medida alternativa para tener una identificación nacional que el gobierno federal sigue sin poder producir.
Gráfica 2. Presupuesto del IFE/INE y prerrogativas de los partidos politicos

Quinto, claramente el presupuesto en salarios ha sido un tema recurrente, y efectivamente es de los rubros en los que más se gasta. Pero esto se debe a que el INE ha contratado a más personal permanente para cumplir las funciones que hemos descrito arriba. Como se puede comparar entre la gráfica 2 y 3, el presupuesto en servicios personales (salarios) ha crecido en paralelo a las nuevas funciones del INE. Era de esperarse. En cambio, el gasto en servicios generales y obras ha disminuido a lo largo de los años. Esto se debe a que el IFE/INE ha dedicado parte importante de su presupuesto a la compra de inmuebles para reducir el gasto en rentas.
Sexto, la gráfica 4 confirma dos tendencias del gasto operativo del INE. La primera es que el INE ha ahorrado dinero al gastar menos en oficinas centrales, y que una parte esencial de ese gasto ha ido en las oficinas distritales. Esto resulta lógico: ese gasto es para las oficinas donde se atiende a la ciudadanía en los procesos electorales y para expedir las credenciales de elector. El aumento y disminución que coincide cronológicamente con los procesos electorales se debe a la renta de bodegas para el material electoral. Notemos, pues, que el INE hoy tiene más funciones con sus nuevas atribuciones, pero que el gasto en oficinas se mantuvo igual. Es decir: el INE ha ubicado a cada vez más funcionarios electorales en un número constante de oficinas.
Gráfica 3. Gasto del IFE/INE por rubro funcional

Gráfica 4. Gasto en oficinas del IFE/INE

Fuente: Presupuestos de Egresos de la Federación
Sexto, es cierto que hay un rubro donde sí ha crecido el gasto electoral: en las prerrogativas de los partidos políticos nacionales en elecciones locales. La gráfica 5 lo deja claro. En 2015, después de la reforma electoral de 2013, los partidos políticos incrementaron su gasto en campañas. Es decir, parte importante del gasto federal destinado a elecciones federales se fue al ámbito local, y este gastó sale de las tesorerías de los gobiernos locales.
Gráfica 5. Prerrogativas locales de los partidos políticos

Séptimo. En un argumento muy recurrido, se ha comparado el gasto electoral de México con el de otros países del mundo. Se ha compartido una tabla comparando el presupuesto del INE en 2021 (26 000 millones de pesos) y el de otros países. Sin embargo, el gasto en credenciales de elector es en promedio de 30% del presupuesto del INE, lo cual implica que, sin ese gasto, el presupuesto del INE —para ser comparable con otros organismos electorales del mundo que no expiden credenciales— debería hacerse con aproximadamente 18 000 millones de pesos. Lo cual tendría que ser al menos 870 millones de dólares norteamericanos y no 1318 como no está en la tabla.
Octavo, incluso esta última comparación es injusta, pues el análisis excluyó a Brasil (que tiene más población que México) e incluyó a países con menor población que México. México tiene un padrón de 93 millones de habitantes en enero de 2022. El segundo país que reporta la tabla, Colombia, tiene 38.8 millones de potenciales electores. Si hacemos la comparación entre ambos per cápita y sin gasto en credenciales de elector, la brecha entre ambos países se cierra. México gastaría per cápita 9.3 millones de dólares y Colombia de 6.4 millones de dólares. En Brasil en 2018 las elecciones costaron 520 millones de dólares, lo cual con un padrón de 148 millones de votantes sería de un total de 3.5 millones de dólares per cápita. La diferencia es que las elecciones en Brasil se organizan con casilla electrónica. Lo importante, en todo caso, es que México tiene gasto electoral local, en fiscalización, y monitoreo de medios.
Noveno, todo este análisis tiene que pasar por una reflexión sobre el hecho de que el gasto refleja los requerimientos constitucionales y legales del INE. Entre otras cosas, el Instituto tiene la obligación legal de garantizar la confiabilidad de las elecciones, tener un padrón con credenciales, fiscalizar, monitorear medios, difundir cultura cívica y organizar procesos electorales locales. Lo que es más: hasta el momento el INE ha cumplido con todas estas obligaciones —desde la impresión y distribución de credenciales y boletas electorales, materiales hasta los procesos de organización, tales como la capacitación y cómputo de los votos— siguiendo estándares destacables de confianza e integridad electoral que otros países no tienen.
Finalmente, si se desea ahorrar en el gasto electoral, hay lugares dónde se puede cortar: las prerrogativas de los partidos en lo local, por ejemplo, o la introducción de urnas electrónicas. Sin embargo, ambas posibilidades, al igual que el gasto electoral en general, merecen análisis justos y minuciosos. En cambio, los recortes generalizados al presupuesto electoral pueden dañar la calidad de los procesos que garantizan su confiabilidad. Igualmente, los recortes afectan a las condiciones generales de trabajo de los funcionarios electorales. Si debemos pensar en el dinero que se gasta en elecciones, sería mejor que pensaramos en el dinero que se usa de manera ilícita para fines electorales sin que pueda ser fiscalizado por el INE. Dado el tamaño del gasto electoral en México con respecto al presupuesto, es francamente mínimo lo que se ahorraría.
Raúl Zepeda Gil
Politólogo por la UNAM y El Colegio de México
Roberto Vargas Pineda
Economista por la UNAM
Edwin Ramírez Lemus
Politólogo por la UNAM