El periodista Jaime Barrera permanece desaparecido hasta este momento, más de 24 horas después de que fue privado de su libertad por varios sujetos que lo esperaban en el estacionamiento de su trabajo. La planeación cuidadosa, el despliegue de fuerza para secuestrarlo, el abandono de su vehículo en un sitio distante y la incertidumbre actual de su paradero llevan a sospechar lo peor.
Cualquiera que sea el desenlace, lo sucedido es, por sí mismo, muy grave: es un mensaje inequívoco de que nadie en Jalisco está a salvo de una violencia que, hasta hoy, parecía respetar a periodistas de alto perfil. Lo sucedido echa por tierra esta imagen. Es el fin de un mito, de un entendido o, más bien, de un deseo de inmunidad que hoy parece ilusorio, considerando que en los últimos años el mapa de la violencia contra los periodistas ha ido cambiando con frecuencia.
No es que Jalisco fuera hasta ahora un lugar seguro para el ejercicio de esta profesión, pero los casos de violencia criminal eran contados y focalizados en periodistas que trabajan fuera de la capital. De los 32 periodistas desaparecidos en México desde 2003, según el computo de Artículo 19, ninguno ocurrió en Jalisco y el último asesinato registrado en la entidad ocurrió en 2017. Tampoco se ha sabido de amenazas públicas o abiertas en contra de ninguno de ellos, aunque las amenazas en privado, las intimidaciones, las agresiones directas, como la cometida contra la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta y otros periodistas fuera de la capital, han sido frecuentes.
En los últimos años, los mayores riesgos para la libertad de expresión en Jalisco provinieron, por paradójico que parezca, del poder público, incluso de actores privados, pero no de grupos criminales, como bien ha documentado desde hace unos años el Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara.
Lo sucedido ayer sin duda erosionará las condiciones para ejercer la libertad de expresión en Jalisco y, en cierta medida, en todo el país. Lo hemos visto en otros estados: las agresiones contra periodistas suelen provocar zonas de silencio más grandes, autocensura y desmovilización del gremio. En Veracruz la libertad de expresión no se ha recuperado del todo después de los asesinatos de Regina Martínez y de Rubén Espinoza.
La desaparición de Jaime Barrera es también un punto de inflexión en cuanto al perfil de las personas desaparecidas. Jalisco es un foco muy activo de desaparición de personas: según cifras oficiales hasta el pasado 29 de febrero, de 14,556 personas no se sabe hoy ni su suerte ni paradero. Sin embargo, entre ellas, al menos desde la reciente oleada asociada a la guerra de Calderón contra bandas criminales, sería muy difícil encontrar a alguien con el reconocimiento público que tiene Jaime Barrera. Su desaparición dinamita la falsa creencia de que hay clases o grupos sociales a salvo del problema, una cruda lección de realidad para toda la sociedad jalisciense sobre el verdadero alcance del crimen organizado, no solo para el gremio periodístico.
Si bien cualquier desaparición debe ser objeto de investigación expedita y eficaz, en el caso de una persona periodista se deben extremar las medidas para su pronta localización: si se calla a una de ellas, se silencia a multitudes. En periodo electoral, esto es más urgente todavía porque el ejercicio de la democracia requiere de un periodismo libre de amenazas y agresiones. Hacemos votos por la pronta localización con vida del periodista Jaime Barrera.
Jorge Ramírez Plascencia
Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la misma universidad.
Celia del Palacio Montiel
Profesora-Investigadora de la Universidad de Guadalajara. Coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la misma universidad.