El gobierno de coalición como solución

Durante gran parte del Siglo XXI el modelo presidencial tendió a ejercer una hegemonía sobre los otros poderes públicos, lo cual resultó poco favorable para el Estado de derecho y para la democracia. Esta presencia excesiva del presidente mermo la división de poderes, y la posibilidad de desarrollar una verdadera deliberación política.

En diversos sistemas en los que se tendió a un hiperpresidencialismo, en los últimos años se ha pensado en configurar diseños que aminoren el poder exacerbado del ejecutivo, y de esta forma generar una convergencia plural y armoniosa de todos los poderes y voluntades existentes en la sociedad. Una de las fórmulas que recurrentemente se han referido para buscar reducir tal hegemonía y tender hacia una verdadera vigencia del equilibrio de poderes, es la inclusión del gobierno de coalición y la ratificación de los miembros del gabinete.

Si bien estos esquemas pudieran tener un fin legítimo, es importante señalar que las figuras antes mencionadas son ajenas al sistema presidencial, ya que tienen su origen en modelos parlamentarios, lo cual lejos de fortalecer al sistema político pudiera generarle una disfuncionalidad. 

Aunado a la presencia desmesurada del Poder ejecutivo, ha surgido otra problemática en aquellos sistemas en donde la alternancia política ha traído una conformación plural de los órganos de representación política. Es recurrente que el electorado decida diferenciar su voto en las elecciones entre distintas opciones partidistas, trayendo como resultado que no se consoliden mayorías absolutas, lo que implica que el ejecutivo tenga dificultades para tener gobernabilidad, puesto que la funcionalidad y eficacia de la gestión gubernamental se basará en los consensos que pueda alcanzar.

 Ante esta situación, varios sectores políticos y académicos se han pronunciado por virar hacia un modelo más parlamentario y menos presidencial, que permita la construcción de acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo, y por ende garanticé la referida gobernabilidad.

Fue a partir del 1997 cuando por primera ocasión un presidente, en ese entonces Ernesto Zedillo, tuvo que gobernar sin una mayoría absoluta de su partido en el Congreso de la unión, lo que implicó se recurriera a mecanismos  como el diálogo y el consenso con la oposición, para conseguir acuerdos políticos. Esta problemática se agudizaría en el año 2000, con la llegada a la presidencia del Partido Acción Nacional, cuando el gobierno y el legislativo frecuentemente cayeron en una falta de comunicación y diálogo legislativo.

En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos relativo a la más reciente reforma constitucional en materia política y electoral promulgada el 31 de enero del presente, se expuso que con el fin de buscar una mayor y mejor coordinación entre los distintos órganos de poder, cuya relación se había visto debilitada en tiempo reciente por la dispersión del sistema  político, resultaba necesario el establecimiento de responsabilidades compartidas, en las que se incentivara la negociación y la toma de decisiones por consenso.

En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas, se resaltó las cualidades que d se han enarbolado, principalmente en algunos regímenes presidenciales latinoamericanos, en los que se han incorporado controles políticos tendientes a favorecer las coaliciones gubernamentales.

La razón por la cual el Poder reformador incluyó a los gobiernos de coalición y la ratificación de nombramientos en la estructura constitucional mexicana, es hacer corresponsables a los órganos de poder, en específico el Poder ejecutivo y Poder legislativo, de la toma decisiones políticas efectuadas ante la sociedad. De ahí que la justificación de estos nuevos controles políticos sea crear una legitimidad compartida, sin que existan responsabilidades diferenciadas entre ambos. 

Las coaliciones gubernamentales así como pueden corresponsabilizar a los órganos de poderes en sus actuaciones de forma simétrica, también operan como un catalizador de legitimación política, en la medida que los actos emitidos de manera conjunta entre los partidos que integran la coalición buscarán proyectar una percepción positiva ante la opinión pública, en la medida de que existan beneficios directos a nivel social. 

El gobierno de coalición busca la unificación de opiniones y posturas políticas en colisión o fragmentadas. En esquemas parlamentarios o semi- parlamentarios, han sido de suma utilidad cuando hay una pluralidad de posiciones en las que se dificulta la configuración de acuerdos, por lo que a través de estos medios de control se propicia la concertación, y por ende, la gobernabilidad.

Efectivamente estos modelos posibilitan que ante la pluralidad de posturas, se construyan acuerdos comunes, pero también tienden a uniformar las identidades de los partidos políticos, lo cual resulta eficaz en cuanto hace a la gobernabilidad, pero merma de alguna forma la función opositora de estos, pues se encuentran obligados a impulsar los temas establecidos en la agenda de la coalición.

Estos controles de carácter político actúan en dos sentidos; por una parte como mecanismos de defensa recíproca, para evitar posibles excesos de los órganos de poder en sus actuaciones, y por otra, como mecanismos de interacción que buscan solventar las necesidades sociales, así como garantizar la gobernabilidad política.

La eficacia en la utilización de mecanismos de control político como la coalición y la ratificación de nombramientos, radica en el uso óptimo de la negociación, ya que esta condiciona la obtención de resultados positivos.

La negociación es el instrumento que permite la construcción de una identidad homogénea entre la diversidad y pluralidad partidista y política, mediante la creación de un programa de gobierno único y una agenda legislativa común. 

Si los elementos mencionados anteriormente se implementan de forma adecuada, será viable que el gobierno de coaliciónn genere estabilidad y funcionalidad entre los órganos de poder, derivando necesariamente en una gobernabilidad política.

Ahora bien, si la negociación no funciona, y no se materializan los compromisos vertidos en la agenda única, lejos de traducirse en un beneficio social, así como en una mejora de la dinámica constitucional y legislativa, se convertirán en simples discursos y buenas intenciones. 

Se debe advertir, que si bien el Poder revisor al justificar la inclusión de estas figuras en el texto constitucional hizo referencia a los resultados positivos que han tenido en otros sistema presidenciales (latinoamericanos) en donde existe un multipartidismo, se debe tener en cuenta que la concertación es la única forma de dar cauce efectivo a estos medios, por lo que la dependencia a la habilidad del Ejecutivo para crear consensos resulta clave, pues de lo contrario, la parálisis legislativa que se busca eliminar con estas figuras aparecerá de nueva cuenta.

En el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia político- electoral, se estableció que el supuesto normativo que prevé la posibilidad de integrar un gobierno de coalición entrará en vigor a partir del siguiente periodo presidencial, es decir hasta al 1º de diciembre de 2018. El texto constitucional reformado prevé que con independencia de que el titular del Ejecutivo federal opte por una coalición de gobierno, el Senado de la república deberá llevar a cabo la ratificación de los nombramientos efectuados, ya que este control es autónomo a la coalición.

La ratificación de los miembros del gabinete es un control político que ha mostrado ser eficaz en otros sistemas constitucionales, pues permite que se lleve a cabo un diálogo real entre el Poder ejecutivo y legislativo, teniendo como finalidad que los cargos de las Secretarias de la Administración pública federal sean ocupados por perfiles más idóneos, y de esta forma exista una mejor funcionalidad en la gestión y operación gubernamental.

Al igual que ocurre con el gobierno de coalición, una de las ventajas que de la figura de ratificación de los miembros del gabinete, es que se establece una corresponsabilidad entre el Poder ejecutivo y el Poder legislativo, ya que la designación del servidor público es asumida por ambos poderes, con lo que se presume que la idoneidad de las personas que ocuparán los cargos respectivos, cumplen con los requisitos constitucionales previstos, así como con las expectativas sociales. Veremos en su aplicación los alcances reales de estos mecanismos de control político.

Marcos del Rosario Rodríguez es investigador del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1) y Secretario de Tesis del TEPJF.