Entusiasmado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este 24 de septiembre —el último “Martes de Salud” de las mañaneras del expresidente López Obrador— que su administración había contratado ya a 3101 médicos cubanos que están laborando en 329 municipios de veintitrés estados de la República. Es posible que su vehemencia buscara ocultar el hecho de que la contratación de estos médicos viola la Ley General de Profesiones de México y los derechos humanos y laborales de estos trabajadores de la salud, y contribuye a consolidar una práctica que la ONU y el Parlamento Europeo han definido como “trata de personas” y “esclavitud moderna”.
Ésta no es una historia nueva. Empezó con la pandemia de covid-19, cuando los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Veracruz contrataron a varios cientos de trabajadores de las Misiones Médicas cubanas para apoyar en la respuesta a la contingencia sanitaria. El chasco fue mayúsculo: los médicos que llegaron no contaban con la capacitación requerida y, por esa razón, se involucraron en tareas muy menores. Su trabajo fue totalmente irrelevante. Un cirujano del Hospital General de Balbuena de la Ciudad de México declaró en una entrevista para Radio Televisión Martí que los médicos cubanos habían ganado mucho más que los médicos mexicanos, pero no habían hecho nada: “Se quedaban todo el día en el área de consulta externa y sólo daban vueltas por el hospital”. El gobierno mexicano le pagó 6.2 millones de dólares al dictador Díaz-Canel y no recibió absolutamente nada a cambio.
Las Misiones Médicas tienen una trayectoria controvertida, por decir lo menos. Fueron, en sus inicios, una iniciativa que tenía propósitos humanitarios y geopolíticos, pero desde hace varias décadas se transformaron en una empresa comercial con prácticas laborales execrables. Se calcula que más de la mitad de los médicos de Cuba —no menos de 35 000— trabajan en estas misiones en alrededor de 70 países de Asia, África, América Latina e incluso Europa. Hoy hay en Qatar 475 médicos cubanos trabajando en un hospital de Doha. En Venezuela llegó a haber 20 000 médicos cubanos y en Brasil, en tiempos de Dilma Rouseff, alrededor de 15 000, en el programa Mais Médicos. Estas misiones generan más divisas que el azúcar, el tabaco, el níquel, el turismo y las remesas: 3628 millones de dólares en 2018, según el conocido economista cubano Carmelo Mesa-Lago.
Estas brigadas se convirtieron en uno de los salvavidas de un país que se está yendo a pique y que es testigo de uno de los éxodos más dramáticos de la historia reciente. De acuerdo con El País, 850 000 migrantes cubanos han llegado a Estados Unidos en los últimos dos años, en lo que se considera la diáspora más grande en la historia de Cuba. Los migrantes cubanos, jóvenes en su gran mayoría, huyen de la pobreza y la opresión. En la isla escasean la luz, el agua, los alimentos básicos y, sobre todo, la libertad, y hasta las más discretas muestras de inconformidad se castigan con años en prisión. Cuba, de hecho, es el país con más presos políticos de todo el continente americano; lo ha sido desde hace muchísimo tiempo.
La situación de las Misiones Médicas se complicó con la llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil en 2018. Al poco tiempo de ser electo, envió un tuit en el que proponía ciertas condiciones para la permanencia de los médicos cubanos en territorio brasileño. En aquel tuit señaló:
Condicionamos la continuidad del programa Mais Médicos a la aplicación de un test de capacitación, el pago del sueldo íntegro a los profesionales cubanos, hoy en día destinado en su mayor parte a la dictadura, y a la libertad de traer a sus familias.
Por supuesto que el gobierno de la isla rechazó la oferta del novel presidente sudamericano y canceló el acuerdo con Brasil. De la noche a la mañana, se quedaron sin empleo 15 000 médicos cubanos. Esto le generó enormes problemas de acceso a divisas al régimen de Díaz-Canel, que empezó a buscar, desesperadamente, nuevos espacios para las brigadas.
Muchos anticiparon que el siguiente gran capítulo de las Misiones Médicas se montaría en México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, añejo simpatizante de la feroz tiranía cubana. Un primer y modesto intento se echó a andar durante la pandemia, pero el verdadero montaje de este magno capítulo lo está protagonizando ahora el director general del IMSS, albergando a un enorme y creciente contingente de trabajadores de la salud cubanos que laboran en condiciones de esclavitud. Esta iniciativa cuenta con la venia explícita de la presidenta de México, quien en julio pasado, en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, anunció que los médicos cubanos seguirían trabajando en nuestro país durante su administración. Lamentablemente, ni Claudia Sheinbaum ni el Ministerio de Exteriores de Cuba informaron sobre lo que se le pagaría al gobierno de Díaz-Canel por estos servicios, y sobre lo que cada médico cubano recibiría. Esa información está reservada, como ya es costumbre.
El argumento que se está utilizando ahora para justificar esta decisión es que los médicos mexicanos no quieren trabajar en las zonas más apartadas de nuestro territorio, a donde están llegando los trabajadores cubanos. La justificación parece impecable: ¿quién puede oponerse al arribo de médicos familiares y especialistas a las desamparadas clínicas y abandonados hospitales rurales del IMSS-Bienestar? Pero el problema no es ese, sino las condiciones en las que estos médicos operarán. Lo que no se ha abordado en las notas de prensa de los recientes anuncios del director del IMSS son los dos graves problemas que representa la contratación de los trabajadores cubanos: la violación de la Ley General de Profesiones de México y la violación de los derechos humanos y laborales de los médicos antillanos.
En primer lugar, para poder ejercer en nuestro país, los médicos y enfermeras cubanos —como los médicos y enfermeras de cualquier país— estarían obligados a revalidar sus títulos y obtener una cédula profesional. Los médicos especialistas, además, tendrían que revalidar la certificación de su especialidad. Este es un proceso complicado que suele tomar varios años. Es muy probable que los médicos cubanos no hayan pasado por este proceso, que fue condonado durante la pandemia bajo el amparo de la declaración de emergencia sanitaria, que ya no está vigente. Acostumbradas como están a pasar por encima de la ley, no sorprendería que las actuales autoridades de la 4T hayan encontrado la manera de superar este escollo.
El segundo y más grave problema es la violación de los derechos de los trabajadores de la salud de las misiones. El comercio de servicios personales de salud es un fenómeno global. No tiene nada de impugnable el que Cuba rente su excedente de médicos y enfermeras a otros países. Lo hacen desde hace décadas India, Filipinas y Malasia, que exportan miles de médicos y enfermeras a Europa y Estados Unidos. El problema son las condiciones de explotación que imperan en las Misiones Médicas cubanas, sobre las que existe, desde hace años, una enorme cantidad de información.
La exportación de médicos cubanos a Brasil es el caso que mejor se ha documentado. El gobierno de Dilma Rouseff le pagaba a los médicos cubanos que trabajan en Mais Médicos un salario mensual de 4400 dólares. Sin embargo, los médicos sólo recibían 1000 dólares al mes, 600 de los cuales se les depositaban en cuentas en Cuba a las que tenían acceso hasta que regresaban a su país al final de su misión. El resto, 3400 dólares mensuales, se lo apropiaba el gobierno cubano en un acto que legalmente se define como “retención indebida de salario” y que se tipifica como delito penal en todo el mundo. Hoy en Qatar, los médicos cubanos que trabajan en Doha reciben por su trabajo mil dólares al mes, que representan el 10 % de su salario. El 90 % restante se lo queda el gobierno de Cuba.
Además de la violación de sus derechos laborales, están las prohibiciones y la vigilancia continua, que representan una clara violación de sus derechos humanos. A los médicos y enfermeras de las misiones se les impide viajar con su familia; se les embarga el pasaporte durante el tiempo de su misión; se les prohíbe conducir un automóvil y viajar fuera de su jurisdicción, y no se les permite hablar ni con periodistas ni con diplomáticos. El colmo es que los miembros de estas misiones tienen la obligación de reportar a sus superiores hasta sus relaciones amorosas. Agentes de seguridad del gobierno cubano llamados “jurídicos” son los responsables de garantizar la adhesión a estas reglas, y las faltas se castigan con penas que van desde amonestaciones y el decomiso de una parte del salario hasta la expulsión de la misión y el retorno a la isla.
Recientemente, los gobiernos cubano y brasileño, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fueron acusados por un grupo de médicos cubanos exiliados de tráfico de personas, y demandados en cortes brasileñas y estadunidenses. La OPS apoyó a Cuba en la contratación de los médicos cubanos en Brasil, por lo que los demandantes alegaron que esta organización “conspiró” con los gobiernos de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada. La ONU también denunció el trabajo en estas misiones en una relatoría en la que se señala que las condiciones laborales reportadas podrían considerarse “trabajo forzoso”, que constituye una forma contemporánea de esclavitud. Lo mismo hizo en 2021 la Unión Europea. En la “Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba”, dicho parlamento condenó:
[…] las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas.
En sus notas semanales en el periódico Milenio, el director general del IMSS, politólogo de profesión, presume de haberse convertido en un gran conocedor del tema de los sistemas de salud. Nos ilustra sobre sus orígenes, su evolución y su futuro. Igual discute el papel de la Declaración de Alma Ata en la conformación de la atención primaria a la salud que las aportaciones del doctor Salvador Allende, el canciller Otto von Bismarck y el barón William Beveridge a la protección social en salud. De los sistemas de salud de los países nórdicos nos habla con voz de experto. Sin embargo, lo que no parece conocer es que en este campo hay un dilatado consenso sobre el hecho de que la atención de la salud debe acompañarse, siempre, de un respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de los pacientes y los prestadores de servicios. La búsqueda de mejores condiciones de salud no autoriza la violación de estos derechos. En el caso que aquí se discute, este consenso nos indica que la ampliación del acceso de la población más pobre de este país a servicios de salud esenciales y de especialidad no justifica, bajo ningún parámetro, la violación de los derechos humanos y laborales de los médicos y enfermeras cubanos.
Por último, está el tema de las razones profundas de la decisión de contratar a este nuevo contingente: apoyar a la dictadura caribeña y aliarse con ella en tareas de seguridad nacional. Es obvio que uno de los propósitos de este acuerdo es ayudar financieramente al gobierno de Díaz-Canel. El presidente López Obrador estuvo empeñado en subsidiar a la dictadura cubana durante toda su administración. Lo hizo contratando a médicos cubanos durante la pandemia, comprándole a Cuba vacunas Abdala contra covid-19 y firmando un acuerdo millonario para formar residentes en los alicaídos hospitales cubanos. Hace unos meses, además, un informe del Instituto de Energía de la Universidad de Texas reveló que, entre 2023 y el primer bimestre de 2024, el gobierno de López Obrador envió a Cuba 7.4 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 537 millones de dólares. Es obvio que Cuba no cuenta con los recursos para pagar por esos envíos, así que se trata muy posiblemente de otro regalo, que se hace cuando el déficit fiscal de este año en México alcanza el 6 % del PIB.
El otro gravísimo problema es la asesoría cubana en materia de inteligencia, disfrazada de apoyo en salud. Se sabe, por ejemplo, que varios de los supuestos médicos que vinieron a trabajar durante la pandemia eran en realidad miembros del aparato de seguridad del gobierno cubano. Los más obvios, pero no los únicos, son los famosos “jurídicos”. Según un reciente informe de la agencia Reuters, estos siniestros personajes, que llegaron a Venezuela a finales de los años noventa del siglo pasado, ya controlan la administración pública venezolana y amplios sectores de su servicio de inteligencia, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Queremos que esa experiencia se repita en suelo mexicano?
Por donde quiera que se le vea, la llegada de esta nueva tropa de médicos cubanos a nuestro país es una pésima noticia. Su impacto en las condiciones de salud de la población mexicana de las áreas rurales será marginal. El costo en términos de la violación de los derechos humanos de estos trabajadores de la salud, en cambio, será enorme. El prestigio de las autoridades de salud mexicanas quedará por los suelos. La soberanía nacional, además, se verá mermada. No hay nada que celebrar.
Octavio Gómez Dantés
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública
Este artículo expresa puntos de vista personales y no refleja la posición de la institución donde trabaja.
No creo que sea correcto decir que India, Filipinas y Malasia "exportan" médicos y enfermeras a EEUU y Europa. Se trata de "fuga de cerebros", pérdida del talento nacional. EL estado,la sociedad y la economía de India, Filipinas y Malasia han invertido mucho en la formación de su personal sanitario, pero quienes se quedan con los profesionistas son Europa y EEUU. Argentina con Milei va a perder mucho talento, y lo peor es que su ataque a la educación pública impedirá que se pueda suplir a los que se vayan.
En cuanto a diásporas, hay más puertorriqueños viviendo en EEUU que en Puerto Rico, (país que se declaro en quiebra hace pocos años). Quizá haya más puertorriqueños en Nueva York que en San Juan.
EEUU debería terminar con el embargo y además permitir que su población viaje a Cuba por atención médica asequible, como ya ocurre con el turismo medico a México y Canadá.