El nuevo consenso

Es evidente que México experimenta un cambio de época. La restauración del autoritarismo en el sistema político es su signo más visible. Sin embargo, este es apenas uno de los componentes del nuevo consenso social, sustentado tanto en raíces históricas como en tendencias globales. Un consenso con profundas implicaciones en los valores, principios, motivaciones y aspiraciones de la sociedad mexicana.

En el sistema político, el nuevo autoritarismo no es una regresión al régimen posrevolucionario. No obedece a la seducción del encanto autoritario ni a la nostalgia de las mayorías por un presidencialismo mitológico. El desencanto democrático tampoco es suficiente para explicarlo. Nuestro mundo, nuestro país y nuestra sociedad son mucho más complejos que los del siglo pasado.

El viejo consenso

El nuevo régimen aún no toma su forma definitiva, ni se han establecido las reglas que ordenarán sus dinámicas internas en el largo plazo. Sin embargo, hasta ahora, se ha hablado más de sus similitudes con el régimen de la posrevolución que de sus diferencias. Y me parece importante visibilizarlas.

El referente ideológico del PRI era la Revolución mexicana: el acontecimiento fundacional del México contemporáneo, ni más ni menos. El partido era el heredero legítimo de la revolución: el responsable de defender sus causas y concretar sus aspiraciones. El desafío, entonces, era darles significado concreto a esas abstracciones. Y hacerlo a través de instituciones que garantizaran la viabilidad.

Morena, en cambio, se define a partir del neoliberalismo al que afirma enfrentar. Su referente ideológico es esencialmente negativo y su programa político esencialmente destructivo. El partido es ahora el vengador legítimo del pueblo.¹ Por eso no queda claro lo que se pretende hacer una vez destruido ese sistema, además de incrementar la concentración del poder…

El régimen de la posrevolución se sostuvo por una serie de pactos que garantizaron la gobernabilidad del país, la estabilidad del partido y la legitimidad del Estado. La subordinación de liderazgos regionales y organizaciones políticas a un partido único. Las relaciones entre civiles y militares; entre la Federación y los estados; entre el gobierno y los sectores productivos. Los distintos modelos de desarrollo nacional. El control gubernamental de actividades ilícitas de alto impacto, como el trasiego de drogas. Todo eso se ordenó a través de grandes pactos, con la Presidencia como garante fundamental y el partido como espacio de intermediación entre sectores, grupos e intereses diversos, incluso contradictorios.

Ese régimen instrumentalizó las elecciones para mantener el control del Estado. El régimen de la transición hizo de las elecciones el proceso legitimador por excelencia: la decisión entre premiar o castigar. En el nuevo autoritarismo, las elecciones son un fin en sí mismo. Todo el Estado se reduce a un simple instrumento para ganar las elecciones. Pasamos de una razón de Estado autoritaria a una racionalidad burocrática limitada. Y de ahí al criterio mayoritario: sólo es válido lo que las mayorías reconocen como tal. Las minorías no tienen razón, ni legitimidad alguna.

Los gobiernos de la transición se enfrentaron a la incapacidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La violencia se salió de control, la desigualdad se redujo muy poco; la autonomía de las autoridades locales y sus alternancias comenzaron a dificultar los acuerdos. Y se descubrieron, como nunca, las limitaciones del mitológico poder presidencial. Hacía falta experiencia, capacidad, oficio político; pero había una clara intención de atender los problemas, de ofrecer soluciones.

El régimen de la posrevolución gobernó hasta que no pudo más. El régimen de la transición intentó gobernar lo mejor que pudo, con resultados contrastantes. El autoritarismo obradorista ya ni siquiera se preocupa por intentarlo. El Estado ha renunciado sin ningún pudor a sus responsabilidades más esenciales.

El ejemplo más claro es la ausencia de una estrategia ante la creciente pérdida de gobernabilidad. Un tercio del país está controlado por organizaciones armadas que imponen a las autoridades formales, establecen sus propias normas, cobran impuestos y hacen diplomacia con organizaciones transnacionales. Una realidad más cercana a la guerra civil que a la delincuencia, que los gobiernos deciden simplemente ignorar.

La degradación institucional ha alcanzado prácticamente todas las áreas y sus efectos son cada vez más notorios en los servicios esenciales: salud, seguridad o educación. Pero también en el funcionamiento de los poderes, que poco a poco dejan de ejercer sus facultades constitucionales; en la actuación parcial de las autoridades electorales; en la impotencia o la parálisis que enfrentan los órganos autónomos; en el abandono de actividades estratégicas como las inversiones en el sector energético.

¿Cómo llegamos aquí?

La transición democrática representó la culminación de un largo proceso de apertura política, modernización económica y construcción institucional. El nuevo autoritarismo es la culminación de un proceso mucho más breve de degradación política, estancamiento económico y agotamiento institucional. El primero se cristalizó con la alternancia del 2000, el segundo lo hace con la consolidación transexenal del obradorismo.

La clave está en entender que ambos —democracia y nuevo régimen— son el resultado de un proceso histórico. Y reconocer que, mucho antes de su aval mayoritario, sus desenlaces se gestaron, definieron y legitimaron al interior del propio sistema político. No pretendo negar la importancia de otros factores, grupos y actores que incidieron en dichos procesos: la sociedad civil, la élite empresarial, la intelectualidad y los medios masivos de comunicación. La generación de líderes que se comprometió con la modernización del país —y del mundo— en los últimos años del siglo XX no fue un Deus ex machina.

La sociedad mexicana de fin de siglo era una sociedad dinámica, educada, ambiciosa en el mejor de los sentidos. Un amplio sector —quizá no mayoritario, pero sí con mucha incidencia— encontró nuevas formas de organización y participación para trascender los límites de un sistema que se había agotado. Esa sociedad aceleró los procesos de apertura política y modernización económica y le dio legitimidad al último pacto del régimen posrevolucionario: la transición democrática.

Es bien conocida la historia de la generación relegada por el proyecto modernizador: ese grupo de políticos nacionalistas y estatistas que, tras décadas de altibajos, regresaron al poder de la mano de Morena para ocupar posiciones en dependencias con abundantes recursos financieros o como responsables del control de actividades estratégicas, o bien, como operadores políticos de las reformas obradoristas.

En cambio, poco se ha escrito sobre la otra generación perdida de la transición democrática: esos jóvenes —tecnócratas en ascenso o políticos en formación— que vieron interrumpidas sus aspiraciones por la derrota del PRI en la elección presidencial de 2000. Refugiados en la política local, las empresas de consultoría o los recintos parlamentarios, regresaron al gobierno federal en 2012, plenamente conscientes de que el poder es efímero. No estaban dispuestos a perder el tiempo, ni a desperdiciar la oportunidad de usar los recursos públicos como recursos personales.

Sería injusto omitir la inexperiencia de funcionarios de los gobiernos panistas, o ignorar los gabinetes federales armados a partir de cuotas —ni siquiera partidistas, sino de un solo grupo— o, peor aún, equipos integrados con los viejos compañeros de clase que nunca habían tenido responsabilidades comparables.

Esa fue una de las grandes contradicciones de los gobiernos de la transición: funcionarios de primer nivel con experiencia transexenal compartían espacios con personajes recién llegados de alguna próspera capital provinciana —de no más de medio millón de habitantes. La tecnocracia más comprometida, el linaje más digno y el malogrado intento de profesionalizar la burocracia se mimetizaron con una nobleza de Estado ostentosa, ignorante y déspota. Los mandos de la administración pública bien podían ser especialistas con reconocidas credenciales académicas o familiares de algún político local sin ningún mérito, ni la intención de adquirirlo o simularlo.

Las élites emanadas o beneficiadas por la transición se convencieron a sí mismas de haber alcanzado el fin de la historia. Y con esa convicción estiraron la liga hasta reventarla. En el fondo, quizá la aspiración democrática liberal fue demasiado costosa y fueron cada vez menos los que estuvieron dispuestos a pagar un precio cada vez más alto.

El consenso modernizador, democrático y liberal nunca fue mayoritario y duró muy poco. En realidad, las élites nunca se adaptaron al México de la transición, más bien aprendieron a seguir jugando con nuevas reglas. En lugar de profundizar los cambios que habían permitido al país llegar hasta ese punto, se preocuparon por aprovechar los espacios y las oportunidades que abría el nuevo sistema. No buscaron fundar su legitimidad en un consenso de largo aliento, de abajo hacia arriba. Se bastaron a sí mismas, legitimadas por el simple reconocimiento mutuo.

Los partidos políticos son un gran ejemplo. El diseño legal e institucional que pretendía darle certidumbre al pluralismo inauguró rentables mercados negros, que han permitido la subsistencia de fuerzas políticas como el Partido Verde. Los partidos nunca se tomaron en serio la necesidad de adaptarse a las elecciones competitivas, prefirieron rentar a los operadores priistas devenidos en mercenarios electorales.

En la construcción de acuerdos para la aprobación de reformas, el componente transaccional se fue haciendo cada vez más grande. En lugar de negociar concesiones políticas concretas o espacios de incidencia reales, las fuerzas políticas se acostumbraron a la conveniencia y la inmediatez de las transacciones financieras. Conseguir los votos de las minorías se hizo mucho más sencillo: era suficiente concederles un par de cambios insignificantes en la redacción de las propuestas junto con un par de maletas llenas de efectivo. Si el régimen posrevolucionario fue la etapa de los pactos impuestos, el régimen de la transición fue la etapa de las transacciones cómodas.

El éxito de la élite empresarial nacional, a diferencia de las locales, siempre ha dependido en gran medida de quedar bien con el gobierno en turno. Quizá les resultó mucho más cómodo regresar a negociar al escritorio presidencial, sin la necesidad de sortear obstáculos legales. Para qué desgastarse en simular licitaciones o litigar asuntos, si basta con ofrecer la cantidad suficiente a la persona correcta.

El nuevo consenso: un vacío político

Los optimistas celebran el nuevo consenso como un retorno de la ideología: la política recuperando la República ante el evidente fracaso de una burocracia arrogante. En realidad, una de las características esenciales del nuevo consenso es la ausencia de ideologías bien definidas, suplantadas por consignas poderosas o reivindicaciones esencialistas.

El nuevo consenso niega la política. Entiende el ejercicio del poder como algo necesariamente excluyente. Enaltece como virtudes la obediencia, la sumisión, los brazos caídos o el silencio cómplice. La militancia partidista es un ejercicio cada vez más sectario y violento, casi tribal. No sólo en las filas del oficialismo, el dogma político generalizado parece ser “o estás conmigo, o estás contra mí”.

El proyecto de la democracia liberal fue, ante todo, una ambiciosa apuesta civilizatoria. El nuevo consenso acusa su rotundo fracaso. La sociedad es menos dinámica; está más politizada, pero es más ignorante. Es una sociedad atomizada, sin referentes, profundamente intolerante.

La desigualdad es el gran pendiente histórico de nuestro país. Es la tragedia nacional que ni la revolución ni la democracia lograron resolver. La realidad social ha mantenido vigente la exigencia de abatirla durante al menos un siglo. Esa lucha no es nueva. Lo que sí es nuevo es que se haya convertido en la única exigencia social mayoritaria con verdadero potencial político. Y la forma en que se expresa: no como una reivindicación positiva, sino con ánimo de venganza.

El poder de la propaganda política oficial descansa sobre la percepción de que, por primera vez en mucho tiempo, se está reduciendo la desigualdad. Es lo único que logra convocar, movilizar y comprometer a un amplio sector social. Ni siquiera la violencia desmedida genera un rechazo tan generalizado como la desigualdad. La sociedad puede acostumbrarse a muchas cosas, admitir e incluso validar muchas otras. Si tengo más dinero, no importa más nada.

En el paternalismo del viejo régimen, el Estado era responsable de todo lo bueno o malo. La democracia liberal hizo de la responsabilidad compartida uno de sus dogmas. Estado, mercado, sociedad, personas: todos somos responsables de todo. En el nuevo consenso, nadie parece estar dispuesto a hacerse responsable de nada.

El gran problema es que renunciar a la responsabilidad es renunciar también a la libertad. Y cuando la mayoría decide renunciar a sus libertades, el panorama se ensombrece para todos.

Francisco Morales Pineda
Asesor parlamentario

¹ “Movimiento Regeneración Nacional surgió con el propósito de acabar con este sistema de oprobio, con la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, Declaración de principios del partido.