En las elecciones del domingo 2 de junio de 2024, millones de mexicanas y mexicanos decidieron reforzar mayoritariamente el voto de confianza otorgado a la coalición política encabezada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para gobernar el país por segundo sexenio consecutivo. Esto, que la presidenta electa Claudia Scheinbaum ha denominado “el segundo piso de la transformación”, ofrece diversos elementos para el análisis político.
En primer lugar, debe destacarse la proporción de votos y el margen de victoria alcanzado por la exjefa de Gobierno de Ciudad de México. En un mundo en el que los oficialismos tienen probabilidades mínimas de reelegirse en el poder (desde 2019 sólo lo han logrado cinco de veintitrés gobiernos en América Latina), una victoria electoral en la que la candidata oficialista obtiene seis de cada diez votos emitidos, y saca una diferencia de más de treinta puntos por sobre su inmediata perseguidora, es una realidad que merece ser explicada y entendida retrospectivamente. En segundo término, que las ciudadanas y los ciudadanos hayan otorgado un apoyo electoral abrumador que genera condiciones legislativas favorables para que la coalición gobernante transforme estructuralmente los cimientos institucionales del Estado mexicano, es una realidad cuyas implicaciones futuras (riesgos y oportunidades) deben ser problematizadas.
La disputa previa y la confirmación del rumbo
Si alguien leía profusamente las redes sociales durante el último mes de la campaña electoral en México, podía identificar una polarización creciente. Partidarios de ambas coaliciones con perspectivas de triunfo intercambiaban diatribas pero también argumentos —elementales en su mayoría— respecto de las ventajas y desventajas de uno u otro resultado electoral. Esto iba acompañado de otro fenómeno, sobreestimado por la dinámica de y por quienes participan en las redes sociales: la percepción de que el voto opositor —y por tanto las probabilidades de su candidata Xóchitl Gálvez— iban en aumento. Si a ello le sumamos la difusión de cifras de ciertas encuestas —cuyas notas metodológicas no ofrecían un alta confiabilidad— que ubicaban a Gálvez a pocos puntos porcentuales de Scheinbaum, la percepción entre los votantes de Gálvez de que “cada voto cuenta” fue creciendo. Por tanto, la participación electoral y la movilización de votantes opositores resultaría determinante para su suerte. Si analizamos los niveles de participación electoral, vemos que en los distritos urbanos más grandes este discurso fue efectivo pero en términos nacionales, no. En promedio, el nivel de participación del 61 % de la lista nominal fue menor al de las dos elecciones presidenciales previas de 2012 y 2018.
Entre los sectores opositores, los argumentos dominantes para sostener la candidatura de Xóchitl Gálvez eran fundamentalmente de dos tipos: en primer término, el peligro de la autocracia, encarnado en el estilo personalista de López Obrador, así como en el carácter jerárquico y centralizado del proceso de toma de decisiones. En cierto sector de la sociedad civil este peligro se veía reforzado por el creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas como un actor burocrático central en el gobierno de López Obrador, incluso en detrimento de las demandas a favor del reconocimiento de los derechos humanos de sectores victimizados por el Estado mexicano, quienes en 2018 veían en la candidatura de AMLO una esperanza posible de reparación. Por otro lado, el peligro de una economía política clientelar a través de la cual el gobierno destina cada año recursos ingentes a la provisión de apoyos sociales (becas, asignaciones y transferencias) a sectores desfavorecidos, que además de limitar la inversión y aumentar las expectativas inflacionarias, fortalecen la dependencia (de millones de personas) de las transferencias gubernamentales, obstaculizando los incentivos individuales para progresar en función del mérito y el esfuerzo. Como resultado de estos dos factores, el control político desde arriba se refuerza, la rendición de cuentas se debilita y la autocracia se vuelve más probable.
Desde el búnker de la candidata oficialista, el discurso era el opuesto. La redistribución del ingreso y de oportunidades se presentaba como una deuda histórica frente a la cual el gobierno de la 4T fue, desde la alternancia, el único interesado en comenzar a saldarla. Por ello, los programas sociales para adultos mayores, jóvenes sin empleo, y estudiantes —la mayor parte de los cuales adoptaron una lógica universalista para el grupo social al que estaban dirigidos— son y seguirán siendo la columna vertebral del proyecto gobernante. Adicionalmente, desde la narrativa oficial, se ha tratado de demostrar que dicho gasto no ha afectado la inversión pública. Proyectos de gran envergadura como el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transoceánico iniciaron durante el gobierno de López Obrador y están terminados o próximos a concluirse. Se estima que su impacto será decisivo para una inserción internacional menos dependiente, y especialmente para el desarrollo de zonas del país habitualmente olvidadas, como la región Sur-Sureste.
Si uno tuviera que sintetizar las propuestas de las dos coaliciones dominantes en una suerte de dicotomía narrativa, lo que se dirimía en las elecciones del pasado domingo era: por un lado, la defensa del modelo institucional de la transición encarnado en el célebre Pacto por México y plasmado en las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto; por el otro, una transformación nacional y popular del régimen político, que ubica a las mayorías menos favorecidas —pero también al gran empresariado radicado en México, uno de los beneficiarios ocultos del actual sexenio— en el centro de la política gubernamental.
Ante esta disyuntiva, el 60 % de quienes acudieron a votar el 2J optaron por la segunda alternativa. En un país donde la violencia del crimen organizado no ha disminuido, y en el cual los niveles de impunidad no han descendido en comparación con sexenios anteriores, la mayor parte de los electores valoran que ahora el gobierno fortalece la soberanía, y se preocupa por el bienestar de las mayorías menos privilegiadas. Aproximadamente, un 70 % de la población ha visto mejorar sus ingresos, y más de 5 millones de personas han salido de la pobreza, gracias a la política de recuperación del salario mínimo y a los programas sociales del gobierno.
Por ello, con las casillas ya cerradas (y luego del conteo definitivo realizado a partir del miércoles 5, por el Instituto Nacional Electoral) podemos llegar a una primera conclusión: esta elección fue básicamente un plebiscito sobre el gobierno de López Obrador. Si bien hay sectores del progresismo esperanzados en la sintonía fina que puede introducir Claudia Scheinbaum en la construcción del segundo piso de la 4T, el 60 % de imagen positiva del presidente se tradujo el domingo de forma casi perfecta en el porcentaje de votos que respaldó la candidatura de Sheinbaum. El México de 2024 reafirma la decisión de 2018. Nada de todo lo que debe seguir siendo corregido (la violencia que no ha cesado, la debilidad estatal para proveer bienes y servicios públicos de calidad, o los niveles de impunidad) es nuevo, sino que estaba presente antes de este sexenio. Y mucho de lo que la gente valora (la mejora de las condiciones salariales de la clase trabajadora, la extensión e institucionalización de los programas sociales, el combate a la corrupción, la cercanía del presidente con la ciudadanía, y especialmente con los sectores populares, y la promoción del desarrollo nacional a partir de estrategias centradas en la protección de la soberanía sobre los recursos estratégicos de la nación) son condiciones que estaban ausentes antes de 2018. Como consecuencia de ello, para seis de cada diez electores el saldo es positivo y el rumbo debe mantenerse.
El segundo piso de la 4T. ¿Más preguntas que respuestas?
Si uno escucha nuevamente los debates presidenciales, o analiza los discursos de Sheinbaum durante la campaña, nota que su narrativa es de una clara continuidad. Si bien esto pudiera ser lo lógico desde el punto de vista de la estrategia electoral, el segundo piso de la cuarta transformación supone algo más que “seguir haciendo lo mismo” en muchas áreas de la administración y la política pública. Por tanto, es relevante preguntarse ¿cómo abordará la nueva presidenta aquellos desafíos frente a los cuales el primer piso de la 4T no ha podido, no ha sabido o no ha querido responder?
Si hablamos de incidencia delictiva, los datos duros indican que uno de los principales problemas públicos cuya complejidad ha quedado de manifiesto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la violencia e inseguridad generada por las organizaciones del crimen organizado. Ni la creación de la Guardia Nacional ni la militarización de la seguridad pública han demostrado resultados suficientes. ¿Podrá Sheinbaum extender a nivel nacional los mismos resultados positivos (si bien cuestionados) que presume en Ciudad de México? ¿Es trasladable la situación de la capital del país (asiento de las autoridades nacionales y fuerzas de seguridad) a territorios inhóspitos donde la presencia territorial y sobre todo funcional del Estado es mínima? ¿Se mantendrá la estrategia de “abrazos no balazos”, que en ocasiones parece una claudicación frente a la delincuencia, o su política será más proactiva? ¿Qué deben esperar en materia de justicia las familias de las víctimas de violencia estatal, desplazamiento o desaparición forzada, de la nueva jefa de Estado?
Las mismas preguntas pudieran extenderse a los ámbitos de la educación o la salud. ¿Es el nuevo IMSS-Bienestar un esquema de gobernanza adecuado para gestionar la salud pública con apego a criterios de cobertura suficiente, oportunidad y calidad en la atención? ¿Cómo hará el nuevo gobierno para producir un salto cualitativo que permita mejoras significativas en la provisión de una educación pública que revierta el estancamiento generado por la pandemia de covid-19? ¿Seguirán todos los esfuerzos centrados en la entrega de becas como principal instrumento de política pública, o por el contrario el “segundo piso de la transformación” redundará en procesos de fortalecimiento de una institucionalidad social orientada a atender las raíces de los problemas, a partir de teorías de cambio en las que la evidencia y la experiencia de los usuarios jueguen un papel fundamental?
Hacia el futuro inmediato, las primeras movidas del aún presidente López Obrador en el tablero de ajedrez resultante de los resultados electorales generaron inquietud. La posibilidad de que la distribución partidista de los senadores plurinominales dé a su coalición la mayoría calificada en ambas Cámaras, amplió las perspectivas de que el llamado Plan C fuera promulgado en el Legislativo antes de la asunción de la nueva presidenta. Dado que el nuevo Congreso entrará en funciones un mes antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta, López Obrador se ha embarcado en una carrera contrarreloj para poder terminar su obra: transformar todo el andamiaje institucional derivado de la transición y eliminar los controles (electorales y judiciales) que pudiera servir de balance y contrapeso al ejercicio del poder.
Sin embargo, todo aquel que busca los límites, acaba por encontrarlos. Los grandes jugadores financieros expresaron su desacuerdo con las ambiciones del Poder Ejecutivo. La depreciación persistente del peso frente al dólar y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores son señales inequívocas de que, en el capitalismo democrático, cuando el control del poder se dificulta desde adentro, ocurre desde afuera. Ya desde la sociedad civil, ya desde los mercados. En una democracia, entendida como un régimen político en el que los ciudadanos eligen a sus autoridades y estas últimas son responsables de sus decisiones, arrasar con los mecanismos de rendición de cuentas le permite al gobierno evitar dicha responsabilidad, pero ello atenta contra los derechos y libertades que garantizaron, en su tiempo, el acceso democrático de las mayorías al gobierno del Estado. Quienes hoy están en la oposición quieren seguir contando con tal posibilidad.
Finalmente, con un Estado que asumirá la gestión de múltiples y crecientes demandas sociales, la estabilidad macroeconómica será fundamental. ¿Cuáles serán las principales fuentes de financiamiento desde las que obtendrá el gobierno los recursos para hacerles frente? ¿Avalará Claudia un avance contra las instituciones de control que genere turbulencias en la economía, y por tanto en las finanzas públicas? ¿Será, como se esperaba durante el sexenio de López Obrador, el momento de una reforma fiscal progresiva que optimice la capacidad recaudatoria del Estado mexicano, amplíe la justicia distributiva, y equilibre las cuentas fiscales, o por el contrario el crecimiento del gasto será cubierto con deuda y una mayor austeridad, elemento que en el largo plazo significaría una pesada loza para el bolsillo de todos los contribuyentes?
¿Podrá despegarse la nueva presidenta de su mentor y antiguo jefe político para construir un pedestal propio? ¿Validará el pueblo que plebiscitó a AMLO votando a Claudia una estrategia de ese tipo? ¿Hará la nueva presidenta de la necesidad, virtud? Las respuestas deberán llegar antes del inicio del nuevo mandato. Al igual que en los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural es posterior al inicio de la competencia, y los distintos jugadores ya están buscando sus propias medallas.
Jose del Tronco Paganelli
Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México