Durante mucho tiempo fue posible imaginar casi cualquier transformación política en México (la alternancia, la democratización, incluso el fin de un partido hegemónico) y, sin embargo, seguía siendo difícil imaginar a una mujer ejerciendo el poder en la cúspide del Estado. Esa paradoja revela algo más profundo que una simple ausencia estadística: muestra hasta qué punto la política fue pensada, organizada y narrada durante décadas como un espacio masculino en el que las mujeres podían aparecer, pero rara vez gobernar.
Quienes crecimos en las décadas de los noventa y los dos mil, una generación politizada, vimos cómo el sistema político mexicano e internacional comenzaba a transformarse. El levantamiento zapatista obligó a mirar realidades que habían permanecido invisibles; la crisis económica sacudió certezas; la pérdida de la mayoría legislativa del partido dominante en 1994 y la alternancia presidencial del 2000 parecían abrir un nuevo ciclo democrático. Sin embargo, incluso en ese momento de ruptura histórica, el poder femenino seguía siendo una excepción difícil de imaginar. Existían mujeres influyentes, pero casi siempre se les percibía como excepciones que debían adoptar códigos de liderazgo profundamente masculinizados para ser tomadas en serio.
Durante años se normalizó una idea muy concreta que se traducía en la creencia de que las mujeres que llegaban a posiciones de poder lo hacían gracias a la protección de un hombre, por vínculos familiares o por rumores que buscaban explicar su ascenso en términos personales antes que profesionales. También se normalizó la sexualización constante, la sospecha sobre la vida privada y la insinuación permanente de que el poder femenino debía tener alguna explicación ajena al mérito. Lo inquietante de esa normalización es que, muchas veces, no solo era reproducida por el sistema político, sino también interiorizada por quienes aspiraban a formar parte de él.
La experiencia de entrar a una campaña política por primera vez suele ser reveladora porque cada paso es un reto. Para muchas mujeres jóvenes que llegan con entusiasmo y preparación académica, el descubrimiento inicial no es necesariamente un rechazo explícito, sino una forma más sutil de relegación. Sus ideas rara vez se discuten con la misma seriedad; las tareas asignadas tienden a ubicarlas en roles secundarios; el entorno masculino convierte su presencia en objeto de competencia o comentario antes que en una aportación estratégica. Lo que en un primer momento puede parecer parte del ambiente político termina revelando una estructura más profunda donde los espacios de decisión (los cuartos de guerra, las cúpulas partidistas, los círculos donde realmente se definen las campañas) siguen estando dominados por hombres.
Ese patrón no se limita al acceso al poder; también define la manera en que se evalúa el liderazgo. En política, la figura del líder sigue asociada a rasgos que históricamente han sido considerados masculinos: agresividad, control, seguridad incuestionable. Cuando un hombre encarna esas características, se interpreta como autoridad; cuando una mujer lo hace, con frecuencia se percibe como dureza excesiva o ambición desmedida. Del mismo modo, gestos que humanizan a los hombres —mostrarse con la familia, hablar de la vida privada— tienden a encasillar a las mujeres en el ámbito doméstico, como si su liderazgo necesitara justificarse constantemente frente a expectativas contradictorias.
Aun así, el panorama ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas. Las cuotas de género primero y, posteriormente, la legislación de paridad modificó la arquitectura institucional del poder político mexicano. Lo que durante años fue un acceso excepcional comenzó a convertirse en un derecho garantizado con las leyes de paridad en todo. La presencia de más mujeres en los congresos, en los gobiernos locales y, finalmente, en la presidencia de la República no solo alteró las cifras de representación; también empezó a modificar la forma en que se concibe la política misma, lo cual impacta directamente en el imaginario colectivo sobre lo que una mujer puede o no hacer.
Ese cambio tiene consecuencias profundas. Durante mucho tiempo, la política fue diseñada desde una visión de Estado que ignoraba experiencias cotidianas fundamentales para más de la mitad de la población: la seguridad en los espacios públicos, las condiciones del transporte, la distribución del tiempo de cuidados, la relación entre trabajo y vida familiar.
La incorporación de más mujeres no significa que exista una única agenda femenina ni que todas compartan las mismas posiciones ideológicas, pero sí introduce perspectivas que antes quedaban fuera del debate central.
Sin embargo, el acceso al poder sigue teniendo costos desiguales. Para muchas mujeres que participan en política, el precio no solo se paga en desgaste profesional, sino también en el ámbito personal: el escrutinio sobre la vida privada es más intenso, el cuestionamiento moral es más frecuente y las responsabilidades domésticas continúan recayendo desproporcionadamente sobre ellas. A ello se suma la violencia política de género, que puede adoptar formas físicas, digitales o simbólicas e impacta en la salud mental y en la estabilidad familiar.
Frente a ese panorama, el cambio más importante quizá no sea únicamente institucional, sino cultural. Cada vez resulta más evidente que no existe una única manera legítima de ejercer el liderazgo político. La política ya no requiere reproducir un molde único para ser eficaz. Una mujer puede construir liderazgo desde la maternidad, desde la experiencia profesional, desde la vida comunitaria o desde cualquier otra trayectoria personal sin que ello invalide su capacidad de gobernar.
El poder político contemporáneo comienza a entenderse de manera más plural y más horizontal. Redes de colaboración entre mujeres, iniciativas legislativas compartidas y espacios de formación colectiva muestran que la política también puede construirse desde la cooperación, no solo desde la competencia. Ese cambio no elimina las tensiones ni las resistencias, pero sí abre una posibilidad histórica en donde el sistema político cuenta con la presencia de las mujeres, ya no se trata de una excepción que necesita explicarse, sino una parte natural de la vida democrática.
La política, al final, es una tarea que nunca termina. Cada generación identifica nuevas injusticias, cuestiona los paradigmas que parecían inamovibles y redefine los límites de lo posible. En ese proceso, el avance de las mujeres en la vida pública no es únicamente una conquista sectorial, sino un cambio de paradigma que transforma la manera misma en que se ejerce el poder.
Alejandra López Martínez
Politóloga especializada en comunicación política