El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año (PPEF 2022) prevé un aumento respecto al año previo de 10 557 millones para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), con lo que se alcanzarían 113 277 millones de pesos. Un incremento de recursos para estas actividades será siempre una buena noticia, especialmente cuando durante la primera mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo crecimiento, y el gasto federal en estas áreas se mantuvo estancado en un nivel incluso inferior a 2018, el peor año del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Surgen sin embargo varias interrogantes sobre la magnitud real de este incremento y si esta modificación implicaría un cambio favorable en la política de ciencia de la actual administración.
El gasto total para CTI es el resultado de la suma de dos fuentes: los recursos fiscales y los recursos propios. Los primeros representan la aportación gubernamental directa la cual será, si los legisladores no disponen otra cosa, de 93 544 millones en 2022; los 19 733 millones restantes son los recursos que aportan las instituciones públicas donde se realiza la investigación. En el PPEF 2022 las dos fuentes experimentan un crecimiento aunque, como puede apreciarse, la aportación mayoritaria proviene de los recursos fiscales (83 %), pero también es interesante observar cuáles son las instituciones de investigación que captan recursos que contribuyen con el gasto pues de ellas pueden obtenerse lecciones importantes.1
Ilustración: Ricardo Figueroa
Pero, ¿cuál es la magnitud real del crecimiento de los recursos fiscales? Apenas se dio a conocer el PPEF 2022, el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Fabian Rosales, publicó en su cuenta de twitter un breve análisis de las características de las asignaciones a CTI para el año próximo. Considerando el impacto de la inflación (realizando el ajuste a precios constantes base 2013), el incremento para el próximo año sería de 4 % en términos reales, lo que representa un cambio importante después de la caída experimentada en 2021 (-1.6 %). Se trataría del mayor presupuesto asignado en el periodo del presidente López Obrador, sin embargo —y esto lo digo yo—, sigue manteniendo los niveles del gasto de hace ocho o nueve años.
Rosales advierte un hecho muy interesante, pues a pesar del incremento citado, los recursos para CTI en 2022 representan apenas 1.3 % del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es el nivel más bajo en los últimos diez años y el mismo de 2019 (en el arranque de la llamada Cuarta Transformación), por lo que puede afirmarse que el gasto proyectado para CTI como porcentaje del PEF el próximo año se mantiene estancado. ¿Cómo explicar entonces un incremento de recursos en términos reales si el porcentaje del PEF para CTI no crece? La respuesta es muy simple: lo que ocurre es que el gasto previsto para 2022, de aproximadamente 7.1 billones de pesos, es mayor en 793 000 millones al del año previo. En otras palabras, crece el dinero que puede ser gastado, pero el interés gubernamental en la ciencia no experimenta variación alguna.
Sobre el aumento en el gasto total en el PPEF 2022, algunos analistas políticos y expertos en temas económicos como Jorge Castañeda y Carlos Urzúa estiman que en el multicitado proyecto se ha sobrestimado el crecimiento económico para 2022, en particular la magnitud del Producto Interno Bruto (4.1 %), entre otros indicadores (inflación, tasas de interés y producción de petróleo), de tal manera que si las predicciones de la Secretaría de Hacienda fallan, en el transcurso del próximo año se tendrían que hacer ajustes a la baja en las asignaciones presupuestales a diferentes áreas, o bien, contratar más deuda, aunque el presidente diga que no lo hará. En síntesis, el incremento proyectado del presupuesto a CTI se puede escurrir entre los dedos.
Hay otros elementos de duda, pues como reza el refrán: “La burra no era arisca pero a palos la hicieron”. Durante los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador, el presupuesto para CTI ha sufrido continuas reducciones después de haber sido aprobado. Se ha tomado el dinero originalmente destinado a la investigación para apoyar a los programas sociales o para fortalecer a Petróleos Mexicanos. La política de “Austeridad Republicana” , por su parte, también ha servido para justificar recortes intermitentes al gasto en ciencia. Ante estos ajustes no hay defensa alguna, pues aunque parezca increíble, por primera vez en la historia, quien dirige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, lejos de oponerse, justifica y celebra los recortes a los recursos para la ciencia y la tecnología.
Pero lo que realmente demuestra que en realidad no hay un incremento de los recursos para CTI es la desaparición de 109 fideicomisos decretada en abril de 2020. Del total de estos instrumentos, 91 se relacionaban con actividades de investigación a través de los Fondos Mixtos y Sectoriales del Conacyt y de los Centros Públicos de Investigación coordinados por el mismo Consejo, los cuales concentraban en 2019 poco más de 24 000 millones de pesos. La justificación para su extinción, además de la opacidad y corrupción nunca demostradas, fue que el dinero se utilizaría para enfrentar la pandemia. Así el aumento en los recursos previsto en el PPEF 2020 no llega ni a la mitad de lo que se le quitó.
El presidente López Obrador y los miembros de su gabinete que apoyaron con ahínco la cancelación de los fideicomisos aseguraron en su momento que los beneficiarios y destinatarios finales de los recursos los seguirían recibiendo, pero ahora integrados en el Presupuesto de Egresos. Pero esto no ocurrió. Un solo ejemplo: desapareció el Fondo Sectorial del Conacyt con la Secretaría de Energía, que servía en parte para apoyar a estudiantes mexicanos al extranjero; luego de su desaparición, lejos de hacer llegar esos recursos a los beneficiarios —como aseguró el presidente—, se abandonó a su suerte a los jóvenes que realizan estudios en el Reino Unido.
Por las razones anteriores se puede afirmar con certeza que a pesar del incremento en 4 % que aparece en el PPEF 2020, y que algunos tratarán de festinar como un logro, la realidad es que no hay un aumento efectivo del presupuesto para CTI al iniciarse la segunda mitad del sexenio, lo que revela que persiste el escaso (o casi nulo) interés de la actual administración por el desarrollo de CTI en México.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
1 92 % de los recursos propios provienen de cinco dependencias: la Secretaría de Energía, principalmente por las aportaciones del Instituto Mexicano del Petróleo; el Conacyt, por los ingresos de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales y del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec); la Comisión Federal de Electricidad —aunque la fuente no se especifica en el Proyecto— cuenta con el Instituto de Investigaciones Eléctricas; Educación Pública, por los ingresos generados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, y finalmente la Secretaría de Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano.