Como los líderes fascistas y dictadores militares del pasado siglo, Donald Trump es un incendiario que se disfraza de bombero. Sus llamados a la violencia contra sus enemigos han llegado a nuevos niveles y ya no se limitan a recitar el libreto de mentiras fascistas. En esta nueva etapa de su gobierno, Trump está convirtiendo a las mentiras en realidad al fomentar el caos mientras dice defender el orden. La represión en la ciudad de Portland es el ejemplo más reciente y el más sugestivo de este nuevo orden que Trump pretende establecer. Después de afirmar falsamente que las ciudades norteamericanas eran el escenario apocalíptico de la revolución, en el contexto de las protestas contra la brutalidad y el racismo policial, Trump desató el aparato represivo de tal manera que las protestas produjeron nuevas imágenes violentas. Esto sucede el contexto de una pandemia y una campaña electoral que han puesto en evidencia la combinación de racismo, violencia y negación de la realidad que ahora definen al trumpismo y que requieren preguntas históricas más precisas a las que surgieron durante la campaña de 2016. Ante la potencial ruptura del orden legal, en caso de que Trump y sus seguidores más radicales rechacen los resultados de los comicios de noviembre, podemos ahora preguntar si finalmente el ocupante de la Casa Blanca está en vías de convertirse en una dictadura.
¿Podemos hablar de una metamorfosis dictatorial que transformaría la democracia en un nuevo tipo de sistema? De entrada se puede decir que lo que estamos viendo no es típico de regímenes democráticos, ni siquiera los de corte populista más polarizantes. Trump se está comportando cada vez más como un aspirante a dictador.
Ilustración: Jonathan Rosas
Ciertamente, todavía no tiene los poderes de un dictador y no puede usar la violencia a discreción usando instituciones estatales o paraestatales, como Adolfo Hitler con las SA o los regímenes de facto en América del Sur en los 60 y los 70 con las fuerzas armadas y sus satélites paramilitares. Pero, como en esos casos, Trump está creando condiciones que legitimizan la violencia y desarrollando instrumentos dentro del aparato estatal y a su vez coordinando su accionar con redes de seguidores que le permitirían desatar la violencia sobre sus adversarios sin necesidad de atenerse a las leyes. El despliegue de fuerzas del Department of Homeland Security (creado después de los ataques de septiembre de 2001 e incluyendo la Border Patrol) y otras fuerzas federales en Washington DC y Portland no tenía el objeto de calmar las calles de esas ciudades sino lo contrario: espolear los ánimos, creando víctimas y confrontaciones que sirvieran para “templar el ánimo”, o la paranoia, de los agentes gubernamentales, por un lado, y atraer más ciudadanos a los espacios públicos para protestar contra esas mismas acciones.
Esos despliegues de uniformados sin identificación clara, en camuflaje y fuertemente armados, cuentan con el apoyo, a veces sólo implícito, de las fuerzas locales de policía. En Portland éstas ciertamente usaban las mismas tácticas contra las multitudes, hasta que un juez les obligó a limitar el uso del gas lacrimógeno. Gracias a un marco legal creado para luchar contra el terrorismo internacional y para detener inmigrantes que no son tratados como plenos sujetos de derecho, las fuerzas federales podían hacer detenciones con menos restricciones que las locales. Los policías locales, igual que los federales, actuaban bajo la creencia de que el impulso del movimiento Black Lives Matter hacía de los uniformados un blanco de ataques violentos. Uno de los oficiales que ha presentado esta opinión con más énfasis es Ed Mullins, dirigente sindical de la policía de Nueva York, quien en una carta de junio pasado pidió al jefe de la policía “ayuda externa” para lidiar con “los anarquistas que se han apropiado de la ciudad”. Cuando da entrevistas a la televisión, Mullins deja ver detrás de su escritorio una taza con el logotipo de QAnon. Según el Huffington Post “los teóricos de la conspiración de QAnon se aferran a la fantasía autoritaria de que un día, muy pronto, Trump va a usar las fuerzas armadas para arrestar, poner en prisión y tal vez ejecutar a sus oponentes”. Después de las fuerzas policiales, el siguiente círculo alrededor del despliegue de fuerzas federales de Trump, son grupos de civiles armados que se movilizan, a veces víctimas de un engaño, para supuestamente defender sus ciudades y sus barrios. Estas milicias comparten la paranoia de Trump, Michael Flynn (su ex consejero de seguridad nacional), Mullins y algunos sectores de los medios de comunicación ven a esas amenazas, generalmente ficticias, como justificante del uso de la violencia. Así, de a poco, la ideología es convertida en realidad por los creyentes, como los que fueron nutridos de mentiras por los dictadores del siglo XX. La “realidad” en esos casos es una versión distorsionada de los hechos cuya seducción se debe a una superficial pero pegajosa lógica que la hace refractaria a la evidencia.
En este sentido, las continuidades y similitudes del gobierno de Trump no son con los regímenes fascistas de índole genocida pero con las dictaduras latinoamericanas más recientes que reprimían a sus ciudadanos como si la oposición política a sus líderes fuera un acto de guerra. Aunque esta fuera una premisa falsa, la militarización de la política tenía antecedentes fascistas. En los años 70, la junta militar argentina llamaba a estas formas de represión política una “guerra sucia” en la misma forma en que los nazis de Alemania antes habían llamado al genocidio “la solución final del problema judío”. Las maniobras con el lenguaje servían para legitimar hechos que de otra forma eran difíciles de defender en su ilegalidad y violencia. La junta desplegó a las fuerzas armadas para responder a lo que, en su visión, era una amenaza existencial a la nación misma. Pero el recurso político al asesinato, la tortura y la desaparición ya había sido utilizado desde al menos tres años antes del golpe de 1976 por grupos paramilitares neofascistas. Las golpizas de los miembros de la SA contra comunistas y judíos en Alemania eran al mismo tiempo una forma de propaganda y reclutamiento y un argumento para demostrar que el estado de derecho no servía para nada. Los medios, por supuesto, eran desproporcionados ante un “problema” que era mayormente ficticio en Alemania, de la misma manera que no había una “guerra” en Argentina ni hay actualmente una ruptura del orden en Portland. Pero la violencia creaba la “realidad” que fascistas y dictadores tenían que remediar.
En cualquier caso, debemos apuntar una distinción esencial entre Trump y sus predecesores autoritarios. Estos discursos y métodos de represión son típicos de los gobiernos dictatoriales, tanto en los fascistas como en aquellos inspirados por el fascismo, pero en el caso de los Estados Unidos todavía enfrentan un obstáculo en el orden legal. Además de arrestar ciudadanos ilegalmente, como se hizo en Portland, esas dictaduras los detenían indefinidamente en campos de concentración, los torturaban y los asesinaban en masa. Trump usa herramientas dictatoriales dentro de un sistema democrático. Sus fuerzas represivas fueron bien llamadas “stormtroopers” por la presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi. Pero en la Alemania nazi igual que en Argentina el estado se convirtió en un actor terrorista, subvirtiendo o ignorando la ley sin necesidad de cambiarla en el papel. Las fuerzas represivas actuaban fuera de la ley aún cuando eran fuerzas del Estado que actuaban de manera secreta. Estos estados llevaron adelante una represión extrema. Los intentos de Trump son tímidos en comparación por lo que podríamos calificarlo como un aspirante a dictador fascista pero todavía no un fascista en el poder.
El daño a la democracia ya es suficiente, sin embargo. A pesar de imitar a Hitler, Mussolini e incluso a los generales sudamericanos, Trump es un líder débil. Si pudiera hacerlo establecería un régimen fascista, pero por el momento carece del movimiento social, el poder por encima de la ley y la disciplina ideológica para intentarlo. En el contexto actual de los Estados Unidos no puede lograrlo pero parece intentarlo diariamente diseminando mentiras, enjaulando inmigrantes y reprimiendo protestas callejeras. Lo más peligroso es su uso de fuerzas del gobierno federal activadas por la paranoia racial, más el apoyo tácito pero activo de otras agencias uniformadas y de grupos extremistas, todo con el fin de crear más violencia ilegal y vengativa. A medida que la complejidad de este asalto a la democracia se vuelve más evidente, la respuesta aparece más simple: defender el orden constitucional antes de que la democracia pueda ser socavada desde adentro.
Federico Finchelstein y Pablo Piccato.