El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, nos sorprendió esta semana con una decisión. Mediante decreto publicado el 20 de julio, puso fin a una estructura burocrática peculiar, mediante la cual el poder sindical de la Sección 22 ejercía dominio laboral, administrativo, académico y de certificación en el ámbito educativo oaxaqueño. Esa estructura era el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). De ahí que su reestructuración radical sea, independientemente de los desarrollos por venir, un parteaguas en la vida política de la entidad.
¿Como entender que un simple acto de gobierno en el que una dependencia educativa se reestructura tenga los efectos de un sismo, combinados con los de una especie de estado de sitio? De principio hemos de visualizarlo como un evento desencadenante a través del cual la Sección 22 se enfrenta de golpe, y sin haberlo previsto en su justa dimensión, con el poder del Estado y esto, en un terreno que suponía suyo sin serlo: el de la institucionalidad sobre la que descansa todo el andamiaje de autoridades educativas.
Se había llegado a una situación límite. A través del IEEPO, la entidad sindical decidía todo lo importante: los términos de las convocatorias de ingreso a la docencia, los cambios de plaza, los ascensos, el nombramiento de directores, supervisores y un largo etcétera. Dueños de la protesta callejera y al mismo tiempo de oficinas, expedientes y trámites, desafiantes ante todo lineamiento o norma emanada de la autoridad educativa federal, su dominio en la educación básica de Oaxaca era omnipresente.
Unos días antes, el gobernador Cué se había presentado en la ciudad de México a un diálogo con la segunda comisión de la Comisión Permanente para analizar conjuntamente con senadores y diputados la problemática educativa y sindical de la entidad. Pintó ante los legisladores una situación que no parecía tener salida; en un momento dado puso en claro que en términos de fuerza, los elementos policíacos con los que contaba como gobernador, carecían, por su número y su preparación, de la capacidad de contener acciones del magisterio tales como tomas de instalaciones y otras similares. El mensaje era claro: sin el apoyo decidido de la Federación, los reclamos que le dirigían por no haber puesto en orden al magisterio eran vanos. Visto de manera retrospectiva, en ese mensaje estaba contenida la señal que, sin embargo pasó desapercibida hasta a los observadores más avezados. No se estaba ante un impasse; la operación Oaxaca ya estaba en marcha.
¿Por qué, en la perspectiva gubernamental, convino correr los riesgos de iniciar esa operación? Yo pienso que debe haber habido diversas razones, pero un incentivo fuerte pudo ser el reconocer que el desafío de la CNTE contra la reforma educativa y de manera más puntual contra la evaluación, no solamente no amainaba, sino que encontraba eco en contingentes magisteriales usualmente disciplinados.
Los recursos que han sostenido al poder sindical del magisterio oaxaqueño son de dos tipos: los provenientes de la movilización y los provenientes del control institucional tanto de la sección misma como de la administración educativa. Una parte sustantiva de los recursos institucionales han sido neutralizados con la reestructuración del IEEPO y el congelamiento de las cuentas bancarias.
Su capacidad de movilización, en cambio, aún no se pone a prueba. Desde el gobierno se han tomado acciones para limitarla empezando por la restricción de los recursos económicos disponibles. Otra vertiente, ésta de doble filo, consiste en la vía jurídica que inicia con las demandas penales contra algunos de los dirigentes y que neutraliza o radicaliza en proporciones difíciles de prever. Pero la interrogante de mayor peso es ¿hasta dónde alcanza el apoyo del magisterio oaxaqueño y de sus aliados ante un contexto en el que se muestra la voluntad estatal de utilizar en su contra todos sus recursos, incluidos el uso de la fuerza pública?
La apuesta gubernamental consiste en el desistimiento de una parte de los contingentes habituales en las protestas. El descontento latente de grupos de maestros con los métodos coercitivos utilizados por sus líderes, la presencia de la fuerza pública, complementada con una fuerte afluencia de recursos federales para la educación, pueden actuar en este sentido. Pero existe otra dimensión que obra en sentido inverso y que solamente se aprecia cuando se conoce la historia de lo que fue la insurgencia magisterial en Oaxaca.
Para decirlo pronto, y desde la perspectiva de una parte mayoritaria del magisterio oaxaqueño, la historia de la Sección 22 como núcleo duro de la CNTE es una historia de éxitos que ocupa más de dos décadas. Sus dirigentes históricos, habiendo ya conseguido su pleno reconocimiento como Comité Seccional del SNTE, lograron también, en mayo de 1992, bajo el gobernador Heladio Ramírez, un decreto que puso las bases para su control sobre la administración de la educación básica en la entidad. A esto siguieron año con año nuevas demandas, nuevas movilizaciones y negociaciones y también nuevos beneficios. Estabilidad laboral, mejores sueldos y reglas que de ser acatadas aseguraban a maestras y maestros ventajas y privilegios de diversa índole. Todo esto fue construyendo complicidades, pero también un fuerte sentido de pertenencia y lazos de solidaridad.
Los docentes, con ingresos estables en un estado en que el 80% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, constituyen una capa social privilegiada. A partir de esta condición, tomarán decisiones individuales en un sentido o en otro, decisiones difíciles en que los intereses se mezclan con valores y con sentimientos y que en conjunto definen el rumbo de toda acción colectiva.
Aurora Loyo es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Estimada maestra Aurora Loyo no sólo la sección 22 copó la estructura de la institución educativa, casi estoy seguro que en todos los estados el SNTE impone funcionarios. La venta de plazas, los ascensos; las comisiones sindicales; los préstamos para vivienda y corto plazo se obtienen por cercanías y fidelidades a los dirigentes sindicales en todos los sindicatos de la burocracia. Por lo que ojalá que junto a la iniciativa de desaparecer el IEEPO en Oaxaca se revise la legislación laboral que rige a los trabajadores al servicio del Estado, Apartado B del Artículo 123 y la específica de los trabajadores de la SEP. En la que se sustenta las comisiones y el descuento de las cuotas como obligaciones de los titulares de las dependencias; no sólo los dirigentes de las secciones que pertenecen a la CNTE cobran su salario de maestros sin dar clases, toda la estructura del SNTE y demás sindicatos de la burocracia opera de esta manera bajo el Artículo 43, Fracción VIII del Apartado B. Son obligaciones de los titulares: Conceder licencia a sus trabajadores, sin menos cabo a sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos:
a) Para desempeño de comisiones sindicales.
b) Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otra comisión, en dependencias diferentes a la de su adscripción.
c) Para desempeñar cargos de elección popular.
En cuanto a las cuotas la fracción IX del Articulo 43 del Apartado B es la que obliga a los titulares a: Hacer descuentos, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten a los términos de esta Ley.
Con esto se daría un golpe al sindicalismo corporativo y se avanza en la democracia sindical que urge.
Pues clase. Privilegiada no creo que sea. Los sueldos son los más bajos de México. Y la realidad social de Oaxaca no se conoce si no caminam
En el nombre del progreso y el desarrollo cultural a través de la educación, las organizaciones sindicales han desmantelado cualquier posibilidad de diálogo, orden y trabajo.
Es evidente que el sector educativo no es el único rehén de estos grupos que buscan bajo el argumento de mejoras sociales como lo es el sector educativo, el beneficio propio, particular y de grupo. Las demandas puestas sobre la mesa solo sirven de escudo para obligar a las instituciones a doblegar su razón de ser y convertirse en blancos y objetivos del desacato a la ley, del abuso de la protesta a la violencia, del reclamo al acto criminal.
En tanto el estado permite la continuidad de células de poder que buscan eternizar su existencia, los sectores y grupos sociales que están detrás de la violencia, y abuso de la inconformidad escudado en los derechos que defienden, serán las víctimas colaterales sin voy ni existencia.