Estamos frente a una crisis de representación en México, sin duda. Esta crisis tiene varias capas y la más grave de ellas no es la llamada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sino la falta de representación de los partidos políticos, encarnada en los legisladores, frente a sus electores.
Desde que el TEPJF resolvió la validez de la integración de la Cámara de Diputados en 2024, la sobrerrepresentación ha estado en el centro del debate: ¿acaso con 58 % de los votos es legítimo contar con 73 % de las curules?
Sin embargo, las reglas electorales de integración del Senado se han soslayado en el debate. Con 57 % de los votos, la coalición del régimen obtuvo 65 % de los escaños. En ese cuerpo legislativo también ocurre una distorsión de la representación, sólo que no hay límites de sobrerrepresentación que deban verificarse. Lo anterior responde a una naturaleza distinta: su representación está ligada al pacto federal originario, donde lo que importa es el equilibrio entre las partes; cada entidad tiene tres escaños (32 × 3 = 96) y se complementa con 32 senadores de representación proporcional. Parecería entonces que las reglas funcionan, tanto que en el Senado la mayoría calificada de dos tercios no se alcanzó. Esto no es una casualidad. Por ello, merece la pena revisar el diseño institucional del Senado en su integración para comprenderlo a cabalidad.
Pero la raíz del problema apunta a otro lugar: los partidos políticos, en particular aquellos opositores al régimen, si es que tenían entre sus objetivos ser un freno a un poder omnímodo de alteración de la Carta Magna y participar en la deliberación legislativa. Este debería ser el centro del debate: ¿cuál fue la irresponsabilidad de los partidos?
El control absoluto que del Poder Legislativo tiene la coalición gobernante se debe a la falta de responsabilidad de los partidos políticos, sus cúpulas y candidatos. Por un lado, dirigencias partidistas con estrategias políticas y electorales que costaron, al menos, un par de escaños. Por otro lado, candidatos sin el menor sentido de pertenencia o adhesión al partido y sin ninguna responsabilidad frente a su electorado, o con un entendimiento de la representación desligado del votante. Para decirlo claro: el fenómeno llamado transfuguismo.
El problema de fondo
La integración del Poder Legislativo planteó un dilema aparente: ¿es legítimo que una fuerza política (la coalición en el poder, una sola visión) tenga control para modificar la Constitución, anulando en los hechos la pluralidad política de la sociedad mexicana? La respuesta parece obvia: no. Y por eso la discusión sobre las reglas, que es importante, pero no urgente.
El problema radica en otro lugar. Si la alianza PT-PVEM-Morena logró contar con 73 % de los diputados, pero en el Senado se quedó en 65 %, no tenía capacidad de reforma constitucional.
La buena noticia es que el modelo funciona, pues había un dique de tres senadores para garantizar que las reformas constitucionales fueran discutidas y consensuadas.
Ese dique implosionó un día antes de rendir protesta, cuando los dos únicos senadores del PRD, Araceli Saucedo, de Michoacán, y José Sabino Herrera, de Tabasco anunciaron su incorporación al grupo parlamentario de Morena. Días después, el 10 y 11 de septiembre, con la votación de la reforma al Poder Judicial, en las horas aciagas de la discusión, la ausencia de Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (senador por Campeche), parecía poner fin al trance; pero el voto decisivo llegó con el salto de Miguel Ángel Yunes, del PAN, senador por Veracruz.
Todos los partidos de oposición contribuyeron al desastre. El PRI no figuró en un primer momento, aunque hubo rumores; pero un par de meses después se concretó el brinco: Cynthia López Castro —senadora por la Ciudad de México— se incorporó a Morena.
Los cuatro tránsfugas a Morena fueron candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD. Esto es, en sus entidades llegaron al Senado por ser la segunda preferencia política. ¿Dónde quedó la representación del 36.2 % de los chilangos, del 32.2 % de los michoacanos, del 13.6 % de los tabasqueños y del 28.6 % de los veracruzanos? ¿Cómo entienden la representación los legisladores? Con su decisión personalísima anularon la decisión de casi cuatro millones de mexicanos que no coincidían con la propuesta político-electoral de la coalición en el poder. ¿Cómo decidieron las candidaturas las cúpulas de los partidos? ¿Qué compromiso es exigible dentro y fuera de los partidos?
La discusión actual debería centrarse en los mecanismos que los partidos políticos van a establecer en su interior, que no dependen de una reforma electoral, para garantizar a sus votantes que habrá congruencia entre lo que ofrecen al pedir el voto y su actividad legislativa. Es más que disciplina partidista: es un paso anterior, que entiendan y asuman lo que conlleva la representación.
Integración del Senado: ¿un diseño blindado?
El Senado se conforma por 128 miembros: tres senadores por entidad elegidos por voto directo y 32 de una lista nacional de representación proporcional (RP). En cada entidad, el partido o coalición más votada obtiene dos lugares (64 en total) y el segundo lugar accede a un escaño (32), mientras que los 32 plurinominales se reparten con proporcionalidad pura entre todos los partidos con más del 3% de la votación.
Así, por diseño, el Senado parecería estar blindado frente a que una fuerza política controle dos terceras partes y cuente con poder de reforma constitucional. Si una fuerza política gana todas las entidades, tendría la mitad del Senado (64 escaños de mayoría relativa) y, en automático, la oposición una cuarta parte (32 escaños).
El quid yace en la representación proporcional. Para alcanzar dos terceras partes (86 senadores) del Senado, la fuerza política dominante requeriría 22 de los 32 senadores posibles de RP. Para que eso ocurriera, necesitaría 69 % de los votos en todo el país. Es decir, es aritméticamente posible, pero en sí mismo exige más que los dos tercios (66 %) requeridos para la reforma constitucional; de darse, el mandato ciudadano sería claro.
Si este es el diseño, ¿cómo es posible que la fuerza ganadora (la coalición del régimen: PT-PVEM-Morena) contara con 83 senadores, equivalentes a 65 % de la Cámara y a tan sólo tres de la mayoría calificada? Aquí no hay reglas de sobrerrepresentación ni trasvase de votos que valga. Esta distorsión se explica por dos razones: primero, porque la coalición en el poder compitió por separado en 12 entidades y en Chiapas y Oaxaca obtuvo los dos primeros lugares; y segundo, porque la oposición no constituyó un solo bloque —Movimiento Ciudadano participó en solitario— y PAN-PRI-PRD dejaron fuera de la coalición dos entidades, error garrafal e incomprensible.
Los resultados electorales
Más allá de las personas, también hubo un error de estrategia partidista. Si revisamos los resultados, resulta que en las dos únicas entidades en que no se aliaron PAN-PRI-PRD perdieron dos escaños.
- En Guanajuato, el PAN quedó en segundo lugar con 39.4 %, a sólo cuatro puntos de la coalición ganadora PT-PVEM-Morena (43.3 %), cuando los votos del PRI y del PRD sumaron 6.9 %. De haberse aliado, el primer sitio les habría dado dos escaños y no uno, como ocurrió.
- En Oaxaca, donde la alianza del régimen se dividió y se quedó con los tres escaños (47.9 % de votos para Morena y 12.8 % para el PVEM), agregados PAN-PRI-PRD recibieron 15 % de las preferencias, una simpatía exigua para un estado durante décadas priista, pero suficiente para ocupar el segundo lugar. Otro escaño perdido.
¿Qué valoración hicieron las dirigencias para tomar esta decisión? ¿Acaso Guanajuato es un bastión más sólido para el PAN que Querétaro, donde sí hubo alianza? En Guanajuato también se eligió la gubernatura: el PAN —en coalición con el PRD y el PRI— ganó con 51.2 % de las preferencias. Aún más inexplicable la decisión de estos partidos de no aliarse para el Senado. Por separado obtuvieron 39.4 % (PAN), 5.9 % (PRI) y 0.9 % (PRD), es decir, 46.3 % de los votos, lejos de la votación de la gobernadora, pero suficiente para ser la primera fuerza. ¿Dieron Oaxaca por perdido antes de hacer campaña? ¿La política local venció a la estrategia nacional? ¿No anticiparon lo dividido que quedaría el Congreso?
Cinco senadores, en lugar de tres, habrían sido una contención más robusta y difícil de vencer.
Aunado a lo anterior, los partidos de oposición nos han quedado a deber una explicación de lo que ocurrió durante la campaña en el despliegue territorial que efectuaron. Sólo en dos de las nueve entidades que gobernaba la oposición en junio de 2024 la coalición PAN-PRI-PRD consiguió el triunfo: Aguascalientes y Querétaro, ambos con gobierno panista.
En las siete restantes, la alianza del régimen (PT-PVEM-Morena) ganó con resultados sorprendentes.
Llama la atención que en entidades con una identificación partidista histórica como Chihuahua y Durango, la alianza del régimen sea fuerza mayoritaria.
El caso de Yucatán se entiende mejor con la postulación de un cuadro panista a la gubernatura y la realineación de fuerzas en el estado. Además del cambio de gobierno, ganaron la elección al Senado con la misma fuerza.
De igual forma, son casos de estudio Jalisco y Guanajuato, donde los electores dividieron el voto, tanto que Movimiento Ciudadano, al refrendar la gubernatura, no pudo conseguir ni un senador del estado y quedó en tercer lugar. ¿Se trata de un votante sofisticado o de negociaciones de grupos políticos locales?
¿Qué sigue?
Frente a la concentración del poder que estamos viviendo, el primer objetivo debería ser frenar la capacidad de reforma constitucional, y eso se puede conseguir con las reglas actuales en la siguiente integración del Senado en 2030. No hay reforma electoral posible que revierta el equilibrio de fuerzas en 2027 para desandar lo andado.
Abrir la caja de Pandora puede dejar a los partidos sin recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones, no sólo por un menor financiamiento público, sino por una modificación en los tiempos del Estado destinados al proceso electoral. Ya vimos una disminución, sin base constitucional, de la mitad de este tiempo de propaganda en la elección judicial. Sabemos que la industria ha abogado por este tema desde siempre y que, en el sexenio pasado, López Obrador ya les concedió una reducción en los tiempos fiscales. La difusión en radio y televisión es vital para toda campaña electoral.
Más que insistir en modificar o anular las reglas actuales de sobrerrepresentación o mejorar el diseño de integración del Congreso, se requiere atender la crisis de representación de los partidos de oposición. Se les debe exigir actuar conforme a sus documentos básicos (principios, programa de acción y estatutos) y plataformas electorales, y asegurarse de que las personas postuladas estén comprometidas con esa visión con la que piden el voto. Hay una responsabilidad de las dirigencias partidistas. Rendir cuentas es ofrecer soluciones que dependen únicamente de sus propios partidos: ¿cuáles serán las reglas de selección de candidatos y de coalición electoral que inhiban el transfuguismo? ¿Cómo llevarán a cabo sus estrategias políticas para que la oferta nacional a los votantes esté alineada con el trabajo electoral en lo local?
Desde la sociedad debemos exigir a los partidos mecanismos que ayuden a construir confianza y credibilidad, poniendo el foco de atención en su responsabilidad y en sus futuras decisiones.
El problema que tenemos hoy en México no se resolverá ni con una mejor interpretación de la norma ni con mejores reglas, mientras sigamos con partidos de “oposición” que confunden diálogo con connivencia.
Paola Mendoza Mejía
Especialista en temas político-electorales. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid.