La llegada al Parque Nacional Bosencheve no está marcada por señalamientos de bienvenida ni casetas de control. Más bien está acompañada por todos los indicios de un poblado rural: casas, iglesias, escuelas, canchas deportivas, tienditas, un centro del IMSS y muchas parcelas con cultivos. Todo está dentro del polígono que delimita al Parque Nacional. En total hay 34 localidades que se ubican en el interior del parque de Bosencheve. Según datos del 2020 del Inegi, suman casi 30 000 personas —personas que requieren infraestructura y actividad económica que no siempre son compatibles con la conservación—.
Pero esta población no habita el parque de forma ilegal. Al contrario, su presencia está contemplada en las leyes mexicanas. La mayoría vive en los ejidos y comunidades que ocupan 84 % del parque. Ubicado entre el Estado de México y Michoacán, Bosencheve fue declarado Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas en 1940. La intención era “conservar de manera permanente los bosques que cubren los terrenos accidentados de la región”, pero hoy casi 65 % del parque tiene un uso de suelo agrícola. Así lo revela un análisis de los datos de Uso de Suelo y Vegetación más recientes del Inegi. Esto es fácil de apreciar en imágenes satelitales, donde los manchones marrones de las parcelas predominan sobre el verde.
Bosencheve no es un caso aislado. De hecho, 41 de las 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que tiene México poseen más de una cuarta parte cubierta por agricultura y asentamientos humanos. Algunas incluso albergan centros urbanos completos (o casi completos) de tamaños considerables. Por ejemplo, Ciudad del Carmen, Campeche (191 238 habitantes); Orizaba, Veracruz (120 500); Huauchinango, Puebla (58 957); Río Blanco, Veracruz (41 588); Valle de Bravo, Estado de México (24 167); y Tepoztlán, Morelos (14 719).
Aunque la ley mexicana prohíbe fundar nuevos centros de población al interior de ANPs, hay pocos mecanismos para limitar el crecimiento urbano de poblados que ya existían cuando se creó el área. Sacarlos del ANP tampoco es una opción. Como explica Roberto de la Maza, experto en derecho ambiental, ello requeriría hacer un nuevo decreto de Área Natural Protegida, lo cual pondría al ANP en riesgo. Por ello, la ley que regula las ANPs contempla que pueden existir subzonas de asentamientos humanos.
Millones de mexicanos viven al interior de Áreas Naturales Protegidas sin siquiera saberlo. Y como en Bosencheve, no todo se trata de invasiones ilegales. Si bien los usos de suelo agrícolas y urbanos equivalen a poco más del 3 % de la superficie total de las 192 ANP terrestres que tiene México, esta cantidad ha aumentado desde 1992, y podría continuar creciendo. Su distribución lo hace claro: sólo 17 de las ANP están libres de actividad agrícola y urbana.
La importancia de las ANPs
Celia Pigueron Wirz, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático en el Instituto de Ecología y Cambio Climático (Inecc), explica que estas zonas protegidas proveen servicios ambientales como la estabilización de la temperatura, la regulación de plagas, la provisión de oxígeno y la captura de carbono. Además, menciona que son clave para la adaptación al cambio climático. “Los suelos en buen estado absorben y amortiguan inundaciones, y los manglares y barreras arrecifales reducen la fuerza de tormentas y huracanes”, explicó.
Las ANPs están reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la legislación más importante en materia ambiental del país. Ahí se definen como zonas “en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas”.
Existen seis tipos de ANPs. Las que mayor superficie protegen en México son las Reservas de la biosfera. Las que más áreas individuales protegen son los Parques nacionales. Las más laxas son las Áreas de protección de recursos naturales (APRN) y las Áreas de protección de flora y fauna (APFF). Las más restrictivas —que suelen dedicarse a espacios muy chicos, como playas— son los Monumentos naturales y Santuarios.
También existen ANP estatales y hay un tipo de área orientada a personas, organizaciones o comunidades que quieren dedicar predios privados a la conservación. Estas últimas se conocen como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Pero cuando la gente habla de ANP, suele referirse a las 232 áreas manejadas por la CONANP, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Casi todos los países del mundo tienen una figura análoga a las ANP de México. De hecho, la organización Protected Planet estima que más del 16 % de la superficie terrestre del planeta está protegida por categorías similares. Pero las de México tienen una diferencia con las de muchos países que puede ayudar a explicar la presencia de agricultura y asentamientos humanos: en México el gobierno no es dueño de la superficie donde se ubican las áreas protegidas.
Esto no es Yellowstone
La gente suele asociar la idea de un área protegida con los parques nacionales de Estados Unidos. Estos crearon un esquema de conservación que entre académicos se conoce como “modelo Yellowstone” o “modelo fortaleza”. Consiste en expropiar grandes pedazos de tierra, expulsar a los habitantes originales y limitar el acceso al área para fines recreativos.
Este es el modelo dominante en Estados Unidos, donde el gobierno federal es dueño del 95 % de la superficie manejada por el National Park Service (el análogo más cercano a la CONANP). Desde 1872, año en que Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional, el modelo al que dio origen ha sido criticado como colonialista por expulsar a poblaciones indígenas de tierras que han habitado y cuidado durante siglos.
Más aún, se critica que muchos países (sobre todo aquellos en vías de desarrollo) no se pueden dar el lujo de sacrificar grandes porciones de su territorio —que muchas veces ya están densamente pobladas— a la conservación de la naturaleza.
Por ello, muchos países han adoptado modelos más flexibles que toman en cuenta el la presencia humana. Uno de ellos es México, donde al menos 54 % de la superficie de las ANPs terrestres es de propiedad social (pertenece a ejidos y comunidades), según datos geoespaciales del Registro Agrario Nacional.
Es probable que del restante 46 % sólo una parte pequeña sea propiedad del gobierno federal. Así lo sugiere una base de datos incompleta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), donde se observa que los terrenos del gobierno federal dentro de ANP son muy limitados.
Esto se debe en parte a que la LGEEPA no requiere que los decretos presidenciales que crean nuevas ANP vengan acompañados de una expropiación o compra de tierras. La ley sólo establece que “los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques” se sujeten a las reglas que las regulen.
Conservación con características mexicanas
Aunque el primer Parque Nacional de México, Desierto de los Leones, fue decretado en 1917 por Venustiano Carranza, ese decreto fue un caso aislado que no se repitió hasta casi 20 años después, en el periodo de Lázaro Cárdenas. Al michoacano se le recuerda por la expropiación petrolera, pero una parte importante de su legado también son los parques nacionales. En su sexenio, México pasó de tener un sólo Parque Nacional a tener 40.
Aunque los primeros 14 parques nacionales decretados por Cárdenas sí vinieron acompañados de expropiaciones, su estrategia cambió en 1937. Como apunta la historiadora ambiental Emily Wakild en su libro Parques Revolucionarios, continuar con ese esquema era política y económicamente insostenible. México seguía recuperándose de una violenta revolución que tuvo como preocupación central el reparto de tierras agrícolas y Cárdenas no podía quitar a los campesinos lo que la revolución les acababa de dar.
Fue por esto que los decretos de parques nacionales pasaron de asegurar que la conservación forestal no podía “obtenerse de una manera eficaz si prevalecen los intereses privados vinculados en la propiedad comunal o ejidal o de particulares”, como establece el del Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl (1935), a decir que los terrenos «quedan en posesión de sus respectivos dueños», como dice el del Parque Nacional La Malinche (1938).
Fue de esta forma que muchas de las primeras áreas protegidas de México fueron decretadas sobre tierras ejidales y comunales. Los presidentes que siguieron a Cárdenas mantuvieron su política.
Esto se acentuó en los años setenta, cuando la Unesco promovió la creación de un nuevo tipo de área protegida llamada Reserva de la Biosfera. Las Reservas de la Biosfera tuvieron gran aceptación en México.
Construyendo imaginarios
Eugenio Fernández Vázquez es asesor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), da clases de política ambiental en la Universidad Iberoamericana y dirige La Cigarra, editorial que publicó Parques Revolucionarios. También escribe ensayos, es coautor de dos libros ilustrados para niños e hizo su tesis de maestría en la London School of Economics sobre la integración de políticas ambientales y agropecuarias.
Para él, la presencia de gente en áreas naturales no es, por sí sola, problemática. Como evidencia, diferentes pueblos indígenas de México han habitado en espacios naturales por siglos sin destruirlos. Entre ellos, mencionó a la selva Lacandona y al desierto de San Luis Potosí, donde mayas y wixárikas han habitado respectivamente.
“Si tenemos naturaleza hoy en día, al mismo tiempo que esos lugares han estado llenos de gente, pues es porque a lo mejor esa gente hacía algo. El gran problema no es la gente, el gran problema es el capitalismo, sobre todo este capitalismo expansivo”, señaló, refiriéndose a casos como el de la contaminación del río Sonora por Grupo México o del río Lerma por fábricas de jabón.
Un dato que apoya la postura de Eugenio es que, aunque al menos 54 % de la superficie de las ANP terrestres está en manos de ejidos y comunidades, sólo un poco más del 3 % de éstas tiene un uso de suelo agrícola o de asentamientos humanos. A pesar de su rechazo a la expulsión y a las prohibiciones draconianas, Fernández Vázquez sí consideró que el gobierno debe tomar un rol activo en el manejo de las áreas protegidas.
“Decir que está bien que haya gente y comunidades al interior de áreas naturales protegidas, no quiere decir que no haya que gobernarlas y no quiere decir que no haya que conservarlas y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera”. Para él, una de las tareas fundamentales del gobierno es ayudar a las comunidades que habitan en ANP a construir nuevos imaginarios y a formar una relación distinta con el medio ambiente.
Alternativas productivas y agroecología
Marco Antonio Castro Martínez es un biólogo que lleva 18 años trabajando en la CONANP, donde actualmente es director de la región Centro y Eje Neovolcánico. Ésta supervisa 42 áreas protegidas que incluyen lugares como el Desierto de los Leones, el Iztaccíhuatl y Popocatépetl, La Malinche y la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. Esta área es donde se ubican la mayoría de los parques decretados por Cárdenas, entre ellos Bosencheve.
Según relató, la estrategia institucional actual se enfoca en orientar las actividades de los ejidos, comunidades y pequeños propietarios que viven en estas ANP hacia la conservación. Esto incluye dar recursos y capacitación a los pobladores para que formen brigadas contra incendios y grupos de vigilancia y monitoreo.
“¿Qué es lo que hacen? Es justamente estar vigilando que todo esté bien, checar que la fauna esté presente, checar que no haya ilícitos”, explicó. Como ejemplo, mencionó el caso de la Reserva de la Biósfera Sierra Tecuani, en Guerrero, donde los habitantes locales han ayudado a monitorear las poblaciones de jaguares usando cámaras trampa.
También financian emprendimientos sustentables, como el centro ecoturístico Jardín Botánico Helia Bravos Hollis, que se ubica en la Reserva de la Biosfera Tehuacán de Cuicatlán en el estado de Puebla. Su objetivo es que los pobladores de las ANP no tengan que recurrir a la destrucción de la naturaleza para poder generar ingresos.
“Se les apoya en generar alternativas productivas, como el desarrollo de artesanías o la parte gastronómica. Incluso ya hemos incidido en cuestiones más cosméticas, donde con la materia prima de la naturaleza que tienen ahí, ellos pueden ofrecer otros productos”. Castro Martínez opinó que la agricultura sí es compatible con la conservación en áreas protegidas. Entre sus argumentos, destacó que cuando se tienen cultivos que requieren agua constante a lo largo del año, entonces se requiere una zona forestal que provea agua.
«Desde la agricultura también puedes hacer la conservación», señaló, diciendo que han impulsado el uso de maíces criollos y la «agroecología», que incluye métodos de sembrado tradicionales como el de la milpa. También dejó claro que no están propiciando la agricultura intensiva de monocultivos, aunque ésta sí está presente al interior de algunas ANP —sobre todo en la región norte del país—. De igual manera, promueven el uso de herbicidas y abonos orgánicos en vez de agroquímicos y desincentivan ciertos cultivos, como la papa, que puede contribuir a la erosión de suelos.
Tanto Eugenio como Marco Antonio opinaron que, ante una CONANP empobrecida por recortes presupuestales, estos habitantes son la mejor línea de defensa que las ANP del país tienen. De hecho, el director regional aseguró que en muchos casos los pobladores costean proyectos de conservación de su propio bolsillo.
Un problema persistente
Pese a las buenas intenciones de la CONANP, hay un dato que no se puede negar: el área de asentamientos humanos y agricultura dentro de ANP se ha mantenido en crecimiento. Desde 1992 (el año más antiguo del que se tienen datos) hasta 2018 (el año más reciente) el área con uso de suelo agrícola creció de 267 000 hectáreas a 344 000. Esto sólo contando las ANP terrestres decretadas antes de 1993, para evitar distorsiones.
Este incremento del 30 % podría ser todavía mayor, dado que muchas áreas que aparecían como agrícolas en la base de datos de Uso de Suelo y Vegetación del Inegi en 1992 cambiaron a asentamientos humanos en 2018.
Los propios programas de manejo de muchas ANPs hacen referencia al crecimiento de las poblaciones a su interior y a los consecuentes cambios de uso de suelo como preocupaciones centrales. Por ejemplo, el de la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno expresa que: «Durante la última década los poblados, las propiedades privadas y los ejidos ubicados dentro de la Reserva han presentado un crecimiento irregular y se han formado nuevos asentamientos contraviniendo lo establecido en el decreto de creación de la misma. De igual forma se encuentran ranchos que constantemente están abriendo áreas de cultivo».
Los programas de manejo de Calakmul, Cascadas de Agua Azul y de decenas de otras áreas expresan quejas similares. Además de los cambios a los ecosistemas que acompañan la presencia humana, tener gente viviendo en parques trae otras complejidades, como que las medidas de conservación se tienen que negociar con los habitantes. Un ejemplo de esto se vio en 2025, cuando el Nevado de Toluca permaneció cerrado durante tres meses por un desacuerdo entre ejidatarios y la CONANP, que quería impedir el acceso de vehículos a ciertas zonas del ANP.
De regreso a Bosencheve
El impacto de tener asentamientos humanos y agricultura en un ANP se puede ver claramente en Bosencheve. de Puerto Lengua de Vaca quien prefirió mantenerse anónimo, expresó su preocupación por la escasez de agua en las lagunas de la zona.
El poblador contó que los dos cuerpos de agua de Bosencheve, Laguna Verde y Laguna Seca, se han estado quedando sin agua en los últimos años debido a una plaga de tule —una planta acuática que consume mucha agua—. “Ahí hay muchos sembradores de papa que siembran arriba. Sus fertilizantes fueron los que ayudaron a que se reprodujera más por lo mismo de que cuando llueve se baja toda el agua hacia la laguna”.
La presencia de plantas acuáticas puede apreciarse claramente en tomas aéreas de las lagunas.
Otra habitante de Bosencheve, entrevistada mientras pastoreaba a sus ovejas a un lado de las lagunas, agregó que en la zona llueve menos que hace 10 o 15 años. Ella asoció esto con la pérdida de bosque. «Se supone que entre más árboles haya más llaman el agua,» comentó.
La impresión de la pastora es correcta. Los alrededores de las lagunas sí han recibido menos lluvia desde 1975. Datos de una estación climatológica cercana muestran que en los últimos cincuenta años, la precipitación anual de la zona ha bajado de 1 212 milímetros a 340.
Aunque imágenes satelitales muestran que la superficie boscosa de Bosencheve se ha mantenido más o menos estable desde 1985 (incluso mostrando incrementos en algunas zonas), el poblador de Puerto Lengua de Vaca mencionó que sí se han derribado árboles.
Irónicamente, una de las causantes fue el propio gobierno federal. De acuerdo con el entrevistado, el gobierno de Enrique Peña Nieto cortó tres mil árboles y secó dos manantiales para construir un tramo de la carretera Toluca-Zitácuaro en 2016. Pero así como la presencia humana ha tenido efectos negativos en Bosencheve, también se cuentan algunos impactos positivos.
El poblador de Puerto Lengua de Vaca compartió que en 2012 su comunidad organizó una reforestación en la que se sembraron 12 000 pinos. En 2024 plantaron otros cinco mil árboles —principalmente oyameles—. Al menos una de estas reforestaciones se llevó a cabo con donaciones de Probosque, un organismo público del Estado de México dedicado a “lograr el desarrollo forestal sustentable”.
Este contraste entre los pobladores (y actores gubernamentales) de Bosencheve que dañan el medio ambiente y los que lo protegen plantea una interrogante. ¿Qué más puede hacer el gobierno para impedir los efectos negativos de tener parques poblados y para maximizar los positivos?
Parques de papel: cuando no se aplica la ley
Roberto de la Maza Hernández es un abogado especializado en derecho ambiental. Su consultora, VoBo Política Ambiental, se dedica a asesorar a organismos del gobierno y a legisladores cuando quieren diseñar programas o leyes relacionados con el medio ambiente.
“Mi día a día es el análisis de nuestro marco jurídico ambiental y te puedo decir sin miedo a equivocarme que los problemas ambientales de este país, la mayor parte, no están en nuestra normatividad, no están en las leyes, están en la aplicación”, comentó. Para él, estas fallas en la aplicación están relacionadas con dos problemas.
El primero es la falta de presupuesto. El total aprobado para la CONANP en el año fiscal 2025 fue de poco más de mil millones de pesos. Para poner este número en perspectiva, el presupuesto del Departamento de Parques y Recreación de solamente la ciudad de Nueva York fue de 618 millones de dólares en el mismo periodo —es decir, diez veces mayor—. El presupuesto que la Ciudad de México asignó para “Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación” en 2025 fue de 558 000 000 de pesos —más de la mitad de lo que la CONANP tuvo para manejar áreas que cubren 11 % de la superficie terrestre del país y 23 % de sus mares—.
Desde 2016, el presupuesto de la CONANP se ha recortado prácticamente todos los años en términos reales. Esto a pesar de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue en el que más ANPs se han decretado en la historia, con la creación de 49 nuevas áreas.
El segundo problema mencionado por Roberto es que los mexicanos no se toman las ANP en serio: “La gente no entiende que un área natural protegida es un instrumento excepcional. Tú utilizas las áreas protegidas para salvaguardar cosas extraordinarias, no para resolver cualquier problema”.
Un tercer problema que impide que se aplique la ley dentro de las ANP es que muchísimas áreas protegidas no cuentan con un programa de manejo. Esto es muy grave porque la ley sólo contempla cuatro prohibiciones que aplican por igual a todas las ANP: no se pueden fundar nuevos centros de población, no se pueden dar concesiones mineras o de hidrocarburos y no se puede introducir especies exóticas invasoras.
Más allá de esto, lo que se puede o no hacer dentro de un ANP depende casi exclusivamente del programa de manejo de cada área. Estos documentos establecen la zonificación y las reglas que gobiernan un ANP, así como su plan de conservación.
Como apunta Pilar Jacobo Enciso, directora de conservación de la WWF en México, “cuando un ANP se crea tendrías que tener muy claro para qué se creó y qué tienes que hacer para conservarla. Si no tienes este instrumento que te permite asegurar que estés cumpliendo el objetivo del área protegida, creo que sí es un vacío muy grande. Aparte es un instrumento legal, no un folleto. Sí tiene un peso legal el programa de manejo y es como tu escudo protector número uno”.
A pesar de la importancia de este instrumento, actualmente 94 de las 232 ANPs que tiene México carecen de programa de manejo, o sea 40 %. Y aunque 46 de estas fueron decretadas entre 2023 y 2024, casi todas las demás fueron decretadas antes de 1992, entre ellas Bosencheve. Además, de los 138 programas de manejo que sí existen, 45 ya tienen quince años o más, por lo que pueden estar desactualizados.
Fue por esto que en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 26, dirigida al Secretario de Medio Ambiente, donde resaltó que la falta de programas de manejo vulnera los derechos a un medio ambiente sano y a la seguridad jurídica.
Un último problema de las ANP, resaltado por Pilar Jacobo, es la falta de coordinación entre diferentes partes del gobierno. Ella expresó que le gustaría ver una mayor alineación entre la CONANP, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y los gobiernos municipales a la hora de diseñar sus programas y estrategias.
Esta falla de cooperación se expresa en subsidios que promueven la expansión de la agricultura, que la Sader otorga a habitantes de ANP. También se manifiesta en casos como el del Tren Maya, que cruza siete áreas protegidas diferentes, y que trajo consigo la construcción del Hotel Tren Maya Calakmul, un establecimiento de 144 recámaras en medio del corazón de la Reserva de la Biosfera Calakmul.
Un futuro más verde
Es cierto que tener parques poblados trae mayores complejidades, que la CONANP necesita mucho más presupuesto, que algunos gobernantes y ciudadanos no se toman las ANPs en serio, que hace falta redactar programas de manejo, y que necesita haber más cooperación entre diferentes niveles del gobierno en torno a las ANPs.
Aun así, la CONANP continúa trabajando con lo que tiene para mantener la integridad de las Áreas Naturales Protegidas de México. 2025 ha sido uno de los años en los que más programas de manejo se han publicado (se han redactado 11). Marco Antonio también comentó que en su dirección regional ya se están formulando muchos de los 25 programas de manejo que faltan, y que varios de ellos incluyen estrategias para recuperar zonas perdidas a la agricultura.
Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha promovido y atendido miles de denuncias por cambios de uso de suelo al interior de Áreas Naturales Protegidas. La CONANP también ha peleado (y ganado) dos batallas legales que escalaron hasta la Suprema Corte. Las dos fueron en contra de municipios quintanarroenses: el de Solidaridad (que quería extender su desarrollo urbano hacia el interior del Parque Nacional Tulum), y el de Lázaro Cárdenas (que quería invalidar el Programa de Manejo de Yum Balam).
Más aún, José Alberto Gallardo, quien se ha especializado en estudiar la deforestación en la región sureste de México, realizó un estudio en el que concluyó que las ANPs, a pesar de sus imperfecciones, sí son efectivas en detener la deforestación “No son perfectas, pero si uno compara lo que ocurre dentro de un de una ANP contra lo que ocurre fuera de una ANP, tienen una efectividad de alrededor del 80 %. Esto es muy variable. Hay ANP que son casi perfectas, como la de Bonampak, que en un periodo de 20 a 25 años no perdió un solo árbol, y hay otras que por distintos procesos sociales, pues su efectividad cae muchísimo, no dan 60-70 %”.
A pesar de los problemas que aquejan a las ANPs, es mejor tenerlas así, con imperfecciones, a no tenerlas, pues son el modelo más cercano que tenemos en este país a una ordenación territorial más o menos adecuada.
Pablo Ríos-Camarena
Periodista egresado de la Universidad Iberoamericana. Creador del canal de YouTube UmbralMX