En el apartado sobre educación de su ensayo “¿Qué falló? ¿Qué sigue? México 1990-2023”, Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva argumentan, entre otras cosas, que al menos desde el plano de los datos salariales, el estancamiento en el aumento de la productividad no fue una consecuencia directa de que “las empresas no encontraron a trabajadores con las habilidades requeridas para innovar o adoptar nuevas tecnologías” sino un efecto del mercado laboral y de la segmentación formal-informal de la economía mexicana en el período abordado. “Lo anterior —concluyen los autores— no implica que la calidad de la educación sea la adecuada […, sino] que, más allá de casos anecdóticos, no hay evidencia sistemática que indique que […] las empresas no se desarrollaron porque no encontraron a trabajadores con la escolaridad y las habilidades requeridas”.
Más allá de esos datos y de la noción de “calidad” que utilizan —sobre la que la literatura académica en el campo de la investigación educativa no ha llegado a una definición concluyente—, este texto pretende complementar, en una perspectiva más integral y compleja, el análisis de la vinculación entre el universo de la educación superior, la economía y los mercados laborales de suerte que pueda comprenderse con más precisión cómo ha venido cambiando el paradigma y cuáles son algunos de sus principales desafíos.
Partamos de que no se trata solamente de los indicadores en términos de deserción, pérdidas de aprendizaje, costos socioemocionales y contracción económica y del empleo, sino también, más relevante, de que desde hace años el modelo tradicional de provisión de estudios superiores ha venido cambiando de manera irreversible. Por tanto, todos los actores involucrados en el sistema tendrán que afrontar los dilemas que suponen las distintas revoluciones y crisis —tecnológicas, económicas, migración, inseguridad, violencia, fragmentación social y polarización política, entre otras— y ser mucho más creativos para inventar el nuevo paradigma educativo y acelerar la transición hacia lo que demandará en las próximas décadas.
Dónde estamos
Diversos estudios e investigaciones presentados durante la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la Unesco hicieron un ejercicio importante para recuperar la información más actualizada en la materia, incorporar una visión sobre los efectos de la pandemia, ofrecer algunas respuestas de política y plantear distintas recomendaciones para enfrentar —con una mirada incluyente y representativa— los retos académicos, tecnológicos, financieros y de gobernanza, internacionalización y movilidad para la educación superior y la ciencia en México y en América Latina. Veamos.
Desde hace por lo menos treinta años la matrícula global de educación superior ha venido creciendo de manera sistemática hasta unos 235 millones de personas y se estima que en 2040, antes de descontar el efecto de la pandemia, podría llegar a 549 millones. Siguiendo esta tendencia, Iberoamérica aumentó a 33 millones de estudiantes, con una tasa bruta de matrícula de 52 %, lo que quiere decir que —como región— se ha instalado ya en la fase que Martin Trow definía como de universalización de la educación superior. En el caso de México, hoy tenemos casi 5.2 millones de alumnos en este nivel y una cobertura de 43.5 %.
Ahora bien, a pesar del estancamiento económico, la expansión de la educación superior probablemente seguirá creciendo. En las actuales condiciones económicas y calculando conservadoramente la tasa de crecimiento de esa matrícula en 1 % anual, podría tomarle al menos dos décadas a la región alcanzar el promedio actual de los países de la OCDE, que es de 75.6 %. ¿Es una mala noticia? No necesariamente: si se interpretan bien las señales, permitirá liberar energía, foco y recursos para poner ahora mayor exigencia en mejorar logros de aprendizaje, habilidades y competencias, impulsar las nuevas disciplinas, la formación del posgrado, la investigación aplicada, y la producción y transferencia de conocimiento de alto nivel e impacto económico y social.
Otro dato positivo tiene que ver con la inclusión. Hoy, el 55 % de la matrícula de educación superior en Latinoamérica lo forman mujeres, el 33 % de los estudiantes procede de familias ubicadas en los tres quintiles más bajos por ingreso y un 10 % del más bajo, es decir, los más pobres de la región. Muy probablemente son los primeros en sus familias en llegar a la universidad. Finalmente, la tasa de retorno anualizada de la educación superior, según el Banco Mundial, es de 16 % en América Latina y el Caribe, ligeramente más alta que el promedio global de todas las economías y la tercera más alta entre las seis regiones geográficas consideradas, aunque en algunas de ellas se viene estrechando como en el caso de México. Todas estas son, en general, buenas noticias.
Sin embargo, cuando se contrasta esta fotografía con otros indicadores relevantes para analizar el impacto de la educación superior, entonces la imagen aparece más matizada. Por efecto del avance de las nuevas tecnologías, las brechas formativas en competencias y habilidades y la automatización, así como por el envejecimiento demográfico, el incremento de flujos migratorios y desde luego la pandemia y sus efectos sobre la economía, las trayectorias profesionales y laborales de los egresados se observan más complejas. Por ejemplo, la tasa de desocupación juvenil en América Latina y el Caribe llegó en 2021 al 24 %, y en el grupo específico de 15-24 años a casi 46 %, de acuerdo con un estudio de la CEPAL. Para el caso de México, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (Julio, 2021), cuando todavía presentaba de manera separada los datos desagregados por nivel de instrucción entre media superior y superior, el porcentaje de desocupados que declaraba tener educación superior era de 31.3 %.
La pregunta relevante es ¿por qué, mientras crecía la matrícula universitaria, también aumentó el desempleo en ese grupo específico? La respuesta educativa reside posiblemente en que el modelo de crecimiento de la educación superior creó fuertes incentivos para ampliar esa matrícula en carreras tradicionales (entre ellos, rapidez para abrirlas, laxitud en el ingreso estudiantil a ciertas disciplinas y la asignación presupuestal asociada al aumento de alumnos en el caso de las instituciones públicas). La respuesta económica parece ser, según Levy y López-Calva, que como “la inmensa mayoría de las empresas del país son muy pequeñas e informales, y que la informalidad empresarial aumentó” no requerían “muchos ingenieros o técnicos en computación” ni mucho menos contadores o abogados. De ser así, la combinación de ambos factores ayudaría a entender el desequilibrio entre la creciente oferta del egreso de licenciatura (unos 500 000 jóvenes anuales) y la demanda del mercado laboral, como veremos más adelante, pero conviene ir más allá.
Los retos: ¿es la educación, es la economía o son ambas?
Las explicaciones a esas tendencias y claroscuros son múltiples y pueden estar tanto por el lado de la oferta de egreso, de la demanda laboral, de la informalidad económica o de las brechas en los perfiles curriculares (o en una combinación de todo lo anterior), pero parece claro que la “promesa del título” ya no es automática o, al menos, no para todos ni para cualquier campo de conocimiento, institución o sector laboral, y esto no es algo que suceda sólo en la región latinoamericana. Aunque por razones muy distintas, la proporción de personas que en Estados Unidos cree que un grado de cuatro años (college) ya no vale el tiempo ni el dinero invertido es de 56 % según una encuesta de The Wall Street Journal (marzo, 2023); diez años atrás era 40 %. Y probablemente una de las razones en nuestro caso es que la estructura, orientación, calidad, duración o pertinencia de los programas universitarios tradicionales demandan pasar a un nivel más alto de exigencia para responder a las necesidades cambiantes de economías relativamente más diversificadas como las que se presentan ya en algunos países —Brasil o México, por ejemplo— o bien para contribuir a la solución de los problemas que Rafael Reif, el antiguo presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha llamado super complejos —cambio climático, ciudades, energía o ciencias de la salud— que no tienen una sola respuesta correcta ni una línea de meta clara; donde hay múltiples partes y actores interesados y prioridades opuestas, o carecen de un liderazgo único facultado para resolverlos, y así producir consecuencias positivas en el crecimiento real y la mejora de las condiciones de vida. En suma, las disonancias entre educación superior, productividad e informalidad parecen más difusas de lo que los datos sugieren.
La otra cara de la cuestión tiene que ver, precisamente, con la complejidad (y las ineficiencias) de las economías. Las universidades no funcionan en el vacío sino dentro de un ecosistema que recibe y aprovecha (o no) lo que producen —talento, investigación y conocimiento— para crear un círculo virtuoso entre educación, economía e innovación. En este triángulo, el balance no luce por ahora prometedor. Si bien, como hemos visto, la expansión del sistema de educación superior es mayor que el promedio mundial y la matrícula crece al igual que la oferta, también es cierto que América Latina ha padecido un estancamiento económico y productivo prolongado. Por un lado, la región ha tenido un crecimiento promedio de sólo 0.8 % (2014-2023), menos de la mitad del 2 % promedio de los años ochenta; es decir, esta será una segunda década pérdida. Por otro, un estudio reciente de la consultora McKinsey mostró que desde principios de la década de 1980 la tasa de crecimiento de la productividad ha sido en promedio de sólo 0.4 % anual, una quinta parte del promedio en las economías en desarrollo a nivel mundial, y representa apenas el 38 % de la productividad promedio de la zona OCDE. Como consecuencia, mientras que las economías emergentes comparables de Asia y Europa del Este han experimentado un rápido crecimiento económico real per cápita, en América Latina sigue siendo mediocre, más del 50 % del empleo es informal y apenas un 5 % de sus establecimientos económicos son empresas grandes, como lo citan Levy y López-Calva, que son por cierto las que atraen talento de más alto nivel educativo.
En el mejor de los casos, podría estarse presentando una paradoja cruel: que las buenas universidades estén formando un capital humano de excelencia para las economías equivocadas. O, dicho con una metáfora: es como fabricar un vehículo de la mayor calidad, sofisticación, lujo, modernidad y precio para ciudades que no tienen carreteras y autopistas o están en pésimo estado.
Nuestras universidades: concentración de matrícula, empleabilidad, habilidades y competencias, y competitividad
Ahora bien, ¿la universidad asegura el éxito para los egresados? No. El tiempo en el cual la mera posesión de un grado o título era probablemente el pasaporte para todo lo demás, se acabó. Por un lado, la tasa de retorno que ofrezca en el futuro dependerá de la especialidad cursada, la calidad y reputación de la institución educativa y desde luego el desempeño, talento y capacidad del egresado. Pero, por otro, será decisivo el grado de absorción de este capital humano que muestren las economías nacionales, el cual estará sujeto ciertamente a sus niveles de productividad, innovación y diversificación. En este aspecto, la región tiene enormes desafíos. El Bloomberg Innovation Index 2021, por ejemplo, arrojó que entre las sesenta economías más innovadoras del planeta, de la región sólo aparecen Brasil, Argentina y Chile en las posiciones 46, 51 y 54, respectivamente. Por su parte, el Global Innovation Index de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que clasifica 132 países y economías en ochenta indicadores relacionados, reporta que en 2021 se presentaron 19.8 millones de solicitudes de patentes, registro de marcas y diseños industriales. De ellos, Asia representó el 68.4 %; América Latina, en cambio, supuso únicamente el 1.1 %.
En segundo lugar, aunque no hay datos agregados sobre empleabilidad de los egresados universitarios para el conjunto de la región, un informe de la OEI (2019) mostró que el desempleo juvenil en América Latina era ya de 19.8 %. Las hipótesis al respecto son varias, desde luego. Unas sugieren, como ya se dijo, que hay un exceso de oferta de egresados y una alta concentración en áreas tradicionales del conocimiento (55 % están en ciencias sociales, artes, humanidades y administración, contra 25 % en el promedio OCDE) que el mercado laboral no puede absorber; véase como mero dato que hoy en México se calcula que hay entre 255 000 y 387 000 personas que estudian derecho y existen 2553 escuelas o universidades autorizadas para impartir dicha carrera. Otras plantean que existen brechas de perfiles y calidad que dificultan contratarlos, lo cual es una respuesta que reiteradamente ofrecen los empleadores. Y alguna más, como lo mencionan Levy y López-Calva, que el tamaño de las empresas o su improductividad e informalidad constituyen una barrera para la contratación. Lo más probable es que sea una combinación de todas esas causas a las que ahora hay que añadir, por un lado, la contracción económica, y, por otro, que la recuperación del empleo posiblemente se dará más rápidamente entre egresados no universitarios (formación profesional, por ejemplo) y en sectores económicos de bajo valor agregado.
En tercer lugar, muchos de los egresados que logran entrar al mercado laboral lo hacen con brechas importantes de habilidades y competencias que las empresas deben subsanar con el consecuente impacto sobre sus costos, y esto no es meramente “anecdótico”. Por ejemplo, 7 de cada 10 de empresas (según OCDE, World Economic Forum y Manpower) identifica falta de personal calificado como una “restricción significativa” y 75 % de las empresas consultadas para otro reporte de la OEI (2020) dijeron que tenían que instrumentar programas de re-skilling o up-skilling que son complejos y costosos.
Gráfico 1. Brechas en perfiles, habilidades y competencias que dificultan empleabilidad
Frente a ese panorama, es muy orientador lo que dicen los empleadores porque ofrece pistas del tejido laboral en el que se tienen que mover los egresados. Por ejemplo, en una encuesta aplicada en 2020, 33 empresas multinacionales de capital iberoamericano declararon que los perfiles más difíciles de encontrar son ingenieros en sistemas, tecnologías digitales, analistas de datos, programadores, especialistas en ciberseguridad y en transformación digital; en cambio, los más fáciles de contratar son los administrativos, financieros, comerciales y legales. Y otro estudio de la OCDE (2015) mostró que ocho de cada diez nuevos empleos se ubicaban ya en áreas de punta como tecnólogos manufactureros, expertos en TICs, desarrollo urbano, big data, salud, biotecnología o robótica. De hecho, el reporte de Manpower para el cuarto trimestre de 2023 calcula que restando el porcentaje de los empleadores que prevén reducir plantilla, el 36 % sí tiene previsto contratar en esas áreas, donde la concentración de disciplinas es menor, pero de ese universo el 69 % de los empleadores mexicanos dice que enfrentan dificultades para encontrar el talento que necesitan y con las habilidades requeridas.
En suma, este abanico de variables sugiere que mientras la economía, la productividad y la formalidad logran crecer algún día, es urgente el diseño, la formulación y la ejecución de un nuevo modelo de educación superior que reconozca las nuevas tendencias y áreas de oportunidad.
La mutación del modelo educativo
Para afrontar ese panorama, hay que empezar por ser realistas y tratar de imaginar el futuro. La educación del mañana tenderá a dar mayor flexibilidad y atención a las características personales del alumno; a desarrollar las inteligencias múltiples de cada uno; fomentar las habilidades para trabajar en equipo y comunicarse en ambientes laborales crecientemente tecnificados; formar destrezas más o menos bien desarrolladas y un grado importante de iniciativa y creatividad personales.
Será una educación adquirida a toda hora y en cualquier lugar, dentro o fuera de las aulas, de manera presencial y a distancia, e impulsará microcredenciales y microcertificaciones a la medida de las particularidades e intereses del individuo. Probablemente las carreras universitarias serán menos especializadas y más bien van a combinar contenidos de diferentes disciplinas para acomodarse a necesidades sociales y productivas más flexibles y complejas o a la solución de problemas multidisciplinarios como el medioambiente, el agua, el funcionamiento de las ciudades, la energía y las ciencias de la vida. Los grados escolares convencionales serán meras referencias formales, pues la gente cambiará de área de conocimiento y de trabajo varias veces durante su vida útil y requerirá, por lo tanto, aprender a lo largo de toda ella.
En suma, las diversas crisis, revoluciones y áreas de oportunidad no han hecho sino confirmar la mutación de un modelo, y si las universidades quieren navegar —y, de hecho, sobrevivir— con éxito en un siglo XXI tan desafiante, la comunidad educativa entera deberá promover cambios estructurales y sistémicos profundos para insertarse y competir en la sociedad futura, que será una sociedad del conocimiento.
Como puede advertirse, la agenda es muy compleja y su abordaje no será fácil ni rápido desde el punto de vista político, económico e institucional. Pero si México y la región quieren participar de manera más potente, productiva, justa, incluyente y competitiva en la economía global deberán hacerlo con una arquitectura educativa, pública y privada, mucho más innovadora, disruptiva y sofisticada.
Otto Granados Roldán
Consultor internacional en gestión y políticas educativas. Ha sido Secretario de Educación Pública de México.