Especialistas de la violencia

“Toda la población se puede beneficiar de una ley de justicia transicional y una justicia de paz para que el pueblo de México por fin viva con la paz y tranquilidad que se merece.” Estas palabras podrían decirse en la tribuna de algún congreso local o desde el templete de una plaza en una campaña política. Se podrían encontrar como conclusión en un boletín de prensa del gobierno o en un oficio de alguna fiscalía estatal. En realidad, son de un representante del Cartel del Noroeste en un video cuyo formato se ha vuelto común en los últimos años: un grupo de hombres con pasamontañas, equipo policial táctico y armamento militar rodean en semicírculo al hombre que lee el comunicado. Es una respuesta a la petición de las Madres Buscadoras de Sonora por una tregua entre carteles para encontrar a sus familiares desaparecidos.

El comunicado va dirigido al presidente López Obrador. Tal vez por eso salta entre registros formales y coloquiales y entre lugares de enunciación que resultan contradictorios. “La violencia se ha apoderado del país,” se queja un hombre rodeado de un comando con lanzagranadas. “Ante todo, somos mexicanos y padres de familia", dice con las siglas del cartel estampadas en el pecho. Concluye enviando un cordial saludo al “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” no sin antes solicitar certeza jurídica acordada entre representantes legales de los carteles y el gobierno para garantizar los acuerdos de paz. El video muestra a un grupo de hombres armados que se identifican como padres de familia preocupados por los niveles de violencia en el país y que exigen garantías jurídicas entre organizaciones ilegales. Es un retrato de la confusión que reina en el México contemporáneo donde se han difuminado los límites entre gobierno y grupos criminales, legalidad e ilegalidad.

Desconocemos la identidad de los hombres. En el video se observa el despliegue de armamento, la ansiedad por no demostrar debilidad incluso pidiendo paz, la búsqueda de interlocución directa con el gobierno federal y la temeridad de reconocerse como miembros de un cartel. Sin identificarlos, ni saber mucho sobre ellos se podría sugerir que son especialistas de la violencia. Este término, cada vez más común en las ciencias sociales mexicanas, sirve para dar sentido a la violencia en el país sin asumir una relación dicotómica entre agentes del gobierno y criminales. El término se refiere a personas que tienen conocimientos técnicos, relaciones políticas y el temperamento necesario para ejercer la violencia como forma de ganarse la vida: sicarios, policías preventivos, porros, cadeneros, judiciales, golpeadores, guardaespaldas, guardias de seguridad, militares.

La atención reciente a los especialistas de la violencia refleja un consenso emergente sobre la forma de estudiar y entender la violencia en México. Es una visión desarrollada a lo largo de tres décadas donde la violencia ha estado en el centro de la agenda de las ciencias sociales, el periodismo y la discusión pública. Esta mirada se sitúa en un contexto donde es claro que el Estado de derecho se ha revelado como una figura retórica que oculta la interdependencia entre gobierno y grupos criminales.

Tres libros de diferentes disciplinas publicados en los últimos dos años reflejan que hay un nuevo consenso. Los tres explican la violencia a nivel nacional sin perder de vista la diversidad de las dinámicas regionales y estatales que le dan forma. Se concentran en describir la interacción entre Estado y grupos criminales sin asumir que éstos se pueden distinguir claramente. Y por último, señalan que la violencia requiere de cierta técnica y ésta se reconoce en el tipo de armamento, así como el entrenamiento y conocimiento necesario para usarlas.

Desde la ciencia política, Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México de Guillermo Trejo y Sandra Ley describe cómo la alternancia electoral a nivel estatal que comenzó en la década de 1990 promovió el reemplazo de las policías judiciales estatales dejando fuera a muchos especialistas de la violencia. A su vez, la llegada de una nueva clase generó incertidumbre para los cárteles, quienes dependían de viejos arreglos de protección, lo que los motivó a desarrollar sus propias milicias privadas para proteger sus negocios y diversificar sus actividades criminales. El tejido social rasgado del antropólogo Claudio Lomnitz describe un nuevo tipo de Estado producto de la liberalización y la militarización. Este nuevo Estado ejerce mucha soberanía a través del ejército y la figura presidencial pero sus aparatos de seguridad y justicia son incapaces de administrar la violencia. Su funcionamiento se puede resumir en la frase: “Mucha soberanía y poca administración”. Historia mínima de la violencia en México de Pablo Piccato describe los cambios en las justificaciones y los medios de la violencia desde la Revolución: las justificaciones más ideológicas a principios del siglo XX se volvieron instrumentales.

A pesar de las diferencias disciplinarias, estos libros comparten una mirada y una narrativa histórica sobre la violencia en México centrada en quienes la ejercen. Los especialistas de la violencia a principios del siglo XX surgieron de las filas de los ejércitos revolucionarios trabajando como pistoleros de caciques regionales, encargándose de controlar conflictos agrarios, huelgas sindicales y movimientos campesinos. En este periodo había un control de los medios de la violencia disperso en las manos de la nueva clase política que emergió de la Revolución. Para Lomnitz, el Estado posrevolucionario no ejercía un monopolio sobre la violencia sino que dependía de los caciques para regularla. El Estado gobernaba a través de una serie de intermediarios que determinaban su acción para castigar o dejar impunes ciertos delitos en lo que el sociólogo Fernando Escalante ha llamado “la desobediencia selectiva de la ley”.

Conforme los políticos regionales llegaron a puestos nacionales sus pistoleros y guardaespaldas subieron en el escalafón de los cuerpos policiales. Piccato describe cómo el presidente Miguel Alemán llegó a la Ciudad de México con sus propios pistoleros veracruzanos que terminaron como agentes de la policía política en la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Los pistoleros se volvieron policías con autorización oficial para controlar negocios ilegales como burdeles, casinos y trasiego de drogas a cambio de una tajada en las ganancias. Además, instalaron técnicas pistoleras como la intimidación y la amenaza en el centro de corporaciones policiales. La Guerra Sucia en los sesenta implicó una expansión del brazo represivo del Estado y la violencia se volvió menos discreta justificada por el anticomunismo y la criminalización de grupos guerrilleros. También se continuó centralizando en fuerzas federales como policías preventivas, judiciales y el Ejército que no reprimían mediante asesinatos selectivos y amenazas personales como los pistoleros, sino que realizaban arrestos masivos que incluían tortura y desapariciones. En los setenta, el esfuerzo contrainsurgente se unió con el antinarcótico y, según Trejo y Ley, los especialistas de la violencia al servicio de fuerzas federales desplazaron a los caciques sobre todo en regiones productoras de droga. Piccato demuestra cómo las figuras que controlaban a los especialistas de la violencia pasan de ser caciques como Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí y Manuel Parra en Veracruz a agentes estatales que se enriquecían a partir del control de mercados ilegales como Arturo Durazo en la Policía del Distrito Federal y Miguel Nazar en la DFS.

Hasta la Guerra Sucia, la mayoría de los especialistas de la violencia seguían empleados formalmente por el Estado y obedecían lo que Lomnitz llama una cadena de mando impersonal y sensible al control político. En los setenta, esto comenzó a cambiar con el trasiego de cocaína que expandió los ingresos de los carteles. Antes de esto, los agentes del Estado protegían a los narcotraficantes, pero a veces también robaban su mercancía y los extorsionaban con impunidad. Poco a poco, los especialistas de la violencia empleados por el Estado recibían sobornos permanentes de los grupos criminales. Esto cambió radicalmente la relación de fuerza entre la clase política y los grupos criminales pues los especialistas de la violencia comenzaron a ser menos sensibles al control de la clase política.

En los ochenta, la distinción entre narcotraficantes y policía se volvió más tenue, se complicó saber para quién trabajan realmente los especialistas de la violencia. Cuando se desbandó la DFS, por ejemplo, algunos agentes se emplearon en las policías judiciales estatales y otros en el narcotráfico llevándose los contactos entre sí y las técnicas de contrainsurgencia como tortura, desapariciones, manejo de armas e información política. Piccato ofrece algunos ejemplos de este desplazamiento entre agencias gubernamentales y organizaciones criminales: Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue judicial y guardaespaldas del gobernador en Sinaloa; Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, empezó como madrina de la judicial federal; Esparragoza Moreno, líder del Cártel de Sinaloa, surgió de las filas de la DFS. Esta confusión provocó lo que Lomnitz llama “el extrañamiento del Estado”: la nueva clase política de los noventa desconoció a sus corporaciones policiales porque comenzaban a perder el control a través de la cadena de mando y no comprendían el tipo de orden social que generaban mediante arreglos corruptos.

En la década de los noventa hubo alternancia partidista en los estados. Los tres libros coinciden en que el cambio electoral desestabilizó arreglos previos lo que motivó disputas entre grupos del crimen organizado que con frecuencia emplearon fuerzas estatales. En otras palabras, la transición democrática fue causa o por lo menos agravante de la violencia. Para Trejo y Ley, el cambio en los mandos de las fiscalías estatales incluidas las policías creó incertidumbre entre grupos del crimen organizado lo que los motivó a contratar milicias privadas que después emplearon para expandirse a otros negocios extractivos. Piccato coincide en que en la democracia aumentó los peligros del narcotráfico pues la protección dejó de estar garantizada. Lomnitz sugiere adicionalmente que las iniciativas de la nueva clase política para depurar corporaciones policiales aumentaron el mercado informal de especialistas de la violencia que se podían unir a grupos criminales y fomentaron la subversión de policías que todavía trabajaban para la clase política.

Con la transición democrática comienza una nueva etapa donde gran parte de los especialistas de la violencia ya no trabajaban para el Estado sino que se volvieron empleados del crimen organizado en lo que Trejo y Ley llaman milicias privadas y Lomnitz los brazos armados de la economía informal organizada. Con especialistas de la violencia a su disposición, los grupos criminales expandieron el negocio del narcotráfico a otras actividades que dependen del control territorial como narcomenudeo, extorsión y tráfico humano. Eso promueve, según Trejo y Ley, que busquen ejercer un control directo sobre gobiernos locales lo que los motiva a asesinar candidatos a puestos de elección popular. El control territorial y la violencia política caracterizan el momento actual del conflicto armado en México inaugurado por grupos criminales como Los Zetas que emplean especialistas de la violencia con formación militar. Es un momento donde la violencia, como dice Piccato, no se caracteriza por su precisión sino por su exceso.

El arco histórico de la violencia en México centrado en sus especialistas y compartido por los tres libros traza a grandes rasgos cuatro momentos: 1) después de la Revolución, cuando la violencia estaba dispersa en distintas regiones del país y quienes ejercían su control eran las clases políticas locales, sobre todo caciques, con ayuda de pistoleros; 2) la centralización de la violencia vía fuerzas federales controladas por una clase política agrupada en torno al partido único que controlaba mercados ilegales mediante el mando de jefes policiales; 3) la pérdida paulatina de poder de la clase política sobre los aparatos de seguridad; el despido de policías que son empleados por organizaciones criminales y que usarán su experiencia previa en corporaciones militares y policiales para dirigirlas, y 4) la formación de milicias privadas donde el crimen organizado emplea especialistas de la violencia para desarrollar mercados extractivos basados en el control territorial como narcomenudeo, extorsión y tráfico humano.

Esta forma de narrar la violencia en México no da por sentada la distinción entre fuerzas estatales y organizaciones criminales como supone la retórica de la llamada Guerra contra las drogas sino que reconoce que esa violencia se ejerce y se regula interactivamente entre especialistas de la violencia con lealtades encontradas y a veces simultáneas. Los especialistas de la violencia no podrían existir sin esa interacción entre el crimen y el Estado dado que ejercer la violencia de forma rutinaria requiere inmunidad frente a las leyes que buscan impedirla. La inmunidad es el lenguaje en el que se establece la interacción entre los especialistas de la violencia y el Estado que hace un reclamo aparente sobre el monopolio de la principal técnica de trabajo de esos profesionales. En este sentido, la asignación de inmunidad frente a la procuración de justicia fue esencial para la consolidación del Estado mexicano en el siglo XX y continúa siendo central en la forma de regular la violencia en el siglo XXI. De ahí que ningún partido político en el gobierno federal haya garantizado la autonomía real de las fiscalías.

Los tres libros proponen un vocabulario metafórico para hablar de la interacción entre fuerzas estatales y especialistas de la violencia mediante la asignación de inmunidad: Trejo y Ley hablan de la “zona gris de la criminalidad”, un ecosistema articulado por los especialistas de la violencia donde los grupos criminales y el Estado coexisten y cooperan; Piccato retoma la frase del teórico marxista Carlos Pereyra sobre “el diálogo terrífico con la violencia oficial” para hablar de la forma en que grupos clandestinos provocan al Estado para demostrar su oposición porque es su único referente; para Lomnitz, la noción de mimesis articula la imitación recurrente entre el Estado y los grupos criminales: mientras el Estado busca comprobar su poder soberano mediante el uso ilegal de la violencia, los grupos criminales se representan a sí mismos como organizaciones burocráticas con un reclamo a la soberanía estatal.

Estos tres libros ejemplifican un consenso emergente sobre la violencia en México que está mejor preparado que la antigua retórica de la Guerra contra las drogas para entender casos tan confusos como el video del Cartel del Noroeste. La insistencia sobre la interdependencia entre fuerzas estatales y organizaciones criminales permite comprender cómo en muchas regiones y para muchas personas no ha tenido validez la distinción entre gobierno y delincuencia, legalidad e ilegalidad. El desvanecimiento de estos binomios se origina en que los especialistas de la violencia operan en una zona gris, un diálogo terrífico, una mimesis con el Estado. Las décadas de recambio de los intermediarios de la violencia entre lealtades con gobiernos y grupos criminales tiene como consecuencia lógica la invalidación del lenguaje normativo del Estado de derecho que pretende distinguirse del crimen y prescribir la diferencia entre lo legal y lo ilegal.

Las ciencias sociales mexicanas han respondido a este desdibujamiento de categorías básicas de nuestro sentido común con un nuevo lenguaje metafórico que nos acerca más a la comprensión de la violencia. Ahora, hace falta traducir ese lenguaje en políticas públicas que ya no tenga como fundamento el vocabulario de la llamada Guerra contra las drogas con estrategias fundamentadas en el uso abrumador de la fuerza estatal como ejecuciones, enfrentamientos y encarcelamiento masivo.

Las políticas públicas consecuentes con el consenso emergente sobre la violencia deberían preguntarse cómo desmovilizar a los especialistas de la violencia, lo que requeriría despojarlos de su inmunidad. Avanzar de una lógica bélica centrada en enfrentamiento, la fuerza abrumadora y la ocupación territorial a una de posconflicto centrada en desarme, desmovilización y responsabilización pasa necesariamente por la justicia. Es decir, por la profesionalización administrativa de las fiscalías estatales y el reconocimiento de la autonomía ministerial.

Esteban Salmón
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Estudiante del doctorado en Antropología en la Universidad de Stanford.