Se suele decir que México es el país en el que no pasa nada, y si pasa, tampoco. A lo largo de nuestra historia, la reiteración de agravios sin consecuencias ha generado una cultura del desencanto, donde la injusticia ya no sorprende y el abuso es parte del paisaje. Conjugado con la posverdad, este escenario se vuelve aún más corrosivo, pues la sospecha constante erosiona toda posibilidad de indignación sostenida. En ese entorno, incluso las atrocidades más graves se olvidan entre el escepticismo y la esperanza de que cada semana un escándalo todavía mayor apague al anterior.
No hace falta recurrir a los archivos del pasado reciente; tan sólo en estas últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión vertiginosa de eventos que, por su gravedad, deberían haber sacudido la conciencia colectiva. Pero nunca es suficiente, siempre hay que dar el beneficio de la duda y esperar a que alguien más “confirme”, “investigue” o “aclare” lo ya confirmado, investigado y aclarado.
La reacción social parece cada vez más apagada. Lo que antes podía desatar protestas, hoy queda en meras quejas aisladas o tendencias fugaces en redes. No es culpa de una ideología, o acaso del gobierno en turno. Lo que hoy presenciamos es el triunfo de una forma de nihilismo social; una sensación extendida de que nada tiene sentido, de que ninguna denuncia transforma y de que, incluso, las verdades más incómodas han dejado de perturbar como para alterar el curso de las cosas. Es un descreimiento radical que se filtra en cada “así es México”.
No pretendo esbozar aquí una teoría general sobre nuestra falta de indignación, pero sí señalar, a partir de dos ejemplos recientes, cómo su debilitamiento puede rastrearse en las propias dinámicas que estos acontecimientos ponen en evidencia. En ellos es posible identificar algunas de las razones que explican este desgaste emocional y cívico: una combinación entre la saturación informativa y la normalización del abuso de poder.
Saturación informativa y el papel de los medios
Vivimos en tiempos de “fatiga del escándalo”. Como advierte el sociólogo Silvio Waisbord, una exposición constante a casos de corrupción e impunidad termina por insensibilizar. Cuando cada día hay una nueva tragedia, lo que antes habría generado protestas se asume como normal. El exceso de escándalos, paradójicamente, ya no moviliza; desgasta, agota, satura, produciéndose un efecto de anestesia moral, donde la ciudadanía sobreestimulada por la indignación diaria, termina desentendiendose.
En México, este fenómeno se agrava por el papel que han jugado los medios de comunicación. Durante décadas, muchos de ellos han actuado como correa de transmisión del poder, más que como fiscalizadores del mismo. En lugar de generar contrapeso, han contribuido a la desinformación, al encubrimiento o la banalización del escándalo. Esto desactiva emocionalmente a un auditorio que ya no sabe en quién confiar, qué creer o por qué indignarse.
El reciente caso de TelevisaLeaks, revelado por Carmen Aristegui y su equipo, ofrece una radiografía brutal del sistema. Las filtraciones no sólo evidencian vínculos turbios entre figuras del poder judicial, abogados influyentes y medios de comunicación; también muestran cómo la justicia ha sido usada como herramienta de presión y beneficio personal. Abogados del poder, mitómanos, que jamás han procurado la justicia, aparecen ahora expuestos en sus propias tramas.
Qué bueno que los desenmascaren y exhiban por tantas trampas y bajezas: esa es la función esencial de un periodismo comprometido en democracia. Sus labores no son menores en romper el cerco de impunidad, porque ese cerco no sólo lo construyen los operadores judiciales o los políticos de turno, sino también los pseudoperiodistas que venden sus plumas al mejor postor. Voceros disfrazados de analistas, guionistas de la desinformación, profesionales del disimulo. Encubren, intoxican el debate público, desacreditan a quien denuncia y erosionan la ya frágil capacidad de la sociedad para reaccionar colectivamente.
En esta vorágine, la saturación informativa es aliada de la impunidad. Si todo es escándalo, entonces nada escandaliza. Si cada revelación queda sin consecuencias, la ciudadanía aprende que la indignación es inútil. La salida no es más información, sino información con sentido, rigor y ética. Periodismo que informe, incomode y confronte.
No resulta casualidad que desde que se destapó el escándalo de la televisora muy pocos medios lo replicaron, o que en la misma conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum —un espacio que presume apertura y combate frontal a la corrupción— el tema ni siquiera haya sido mencionado. Ese silencio ensordecedor es parte del ciclo que invita a que los medios callen y el poder evada, emitiendo un mensaje muy claro: hay personajes intocables y estructuras demasiado enredadas en la lógica del régimen como para ser exhibidas.
Normalización del abuso de poder e impunidad
En paralelo, opera otro proceso igualmente corrosivo para la falta de indignación. En México, la reiteración de violencias institucionales, atropellos legales y crímenes de Estado sin consecuencias ha generado una cultura donde lo intolerable se perpetúa desde la propia legalidad.
La reciente muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, un niño de 13 años, durante un campamento militar en Morelos, es un caso revelador. Según reportó el periódico El País (precisamente el 30 de abril de 2025), el menor falleció tras haber sido sometido a condiciones extremas y abusos físicos en la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc. El cuerpo de Erick presentaba signos de violencia. Su madre lo denunció; otros padres, también. Más de veinte testimonios de menores apuntan a maltratos sistemáticos. Y sin embargo, ni el escándalo ha detonado un debate público, ni las autoridades han asumido responsabilidades claras.
Erick no debió morir. Pero en México, cuando la violencia se administra desde la autoridad militar, el aparato político tiende a retraerse. La militarización, en este sentido, no sólo mata: también encubre. Se reproduce un patrón conocido: el poder agrede, la sociedad denuncia, el Estado minimiza y la justicia nunca llega.
Este episodio encuentra un reflejo estremecedor en la película Heroico (David Zonana, 2023), un retrato ficcional —basado en testimonios reales— del interior del Heroico Colegio Militar. La cinta muestra con crudeza cómo los cadetes son sometidos a castigos físicos, humillaciones, lealtades forzadas y pactos de silencio. La violencia entendida como una pedagogía del poder. Así, el honor militar, lejos del mito, se construye sobre estructuras autoritarias que legitiman la crueldad como formación.
En esa misma línea está el caso de Erick. La escuela no contaba con autorización oficial para realizar el campamento, según reconoció la Secretaría de Educación Pública. Las fiscalías de Morelos y Ciudad de México abrieron investigaciones; pero, hasta ahora, no hay detenidos, no hay dimisiones, sólo sellos de clausura en un lugar que no debió siquiera estar abierto. La impunidad, una vez más, se camufla en negligencia deliberada.
El asesinato de un menor en un entorno institucionalizado debería haber provocado una conmoción pública. Pero en el México contemporáneo, donde la acumulación de agravios es constante y la respuesta política es evasiva, lo intolerable se vuelve efímero.
A manera de conclusión es importante destacar que la normalización del abuso en este país forma parte de una lógica más amplia que instruye en la violencia y permite su repetición.
Lo más alarmante no es únicamente que existan quienes ejercen el poder para dañar; lo es también la existencia de un entramado dispuesto a respaldarlos, justificar sus actos y garantizar su impunidad. Frente a esa estructura, la respuesta social parece cada vez más contenida. Y eso es lo que inquieta con mayor fuerza: incluso ante lo más atroz, todo continúa sin indignarnos.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en El Colegio de México y el ITAM.