Sí: es pregunta. La afirmación no deja de escucharse. “¡Fue el Estado!”. La acusación se ha instalado rápidamente en los clamores de estos días y de maneras distintas: se dice en las protestas, en las marchas; lo dicen periodistas, académicos, líderes de organizaciones civiles en la radio, televisión y prensa escrita; se repite sin parar en las redes sociales. Se trata, pues, de una aseveración muy común y (muchas veces) vehemente en la opinión pública. No es cualquier cosa. “¡Fue el Estado!” ¿Qué significa esto exactamente? La respuesta depende de qué entiendan por “Estado” quienes aseguran esto (y como son muchos, es probable que sean ideas distintas).
Para algunos que sostienen la acusación, decir “Fue el Estado” es sinónimo de “Fue crimen de Estado”. María Amparo Casar ya explicó en su columna en el Excélsior que Ayotzinapa no es un crimen de Estado porque no satisface sus características: no se trata de destrucción masiva e indiscriminada en la que participan todas las órdenes de gobierno y que intenta justificarse como necesaria para alcanzar un bien mayor; además, se busca construir a las víctimas como escoria.
Sin embargo, no todos los que sostienen la acusación quieren decir que se trata de un crimen de Estado. Todo apunta a que la mayoría sí se refiere al gobierno (insisto, sin indicar, necesariamente, que fue un crimen de Estado). Es decir, por “Estado” entienden gobierno. Culpan al gobierno, al gobierno federal en particular y (muchos) a Enrique Peña Nieto. ¿El gobierno federal es responsable de las desapariciones? Directamente no: ellos no secuestraron a los normalistas. ¿El gobierno federal está completamente exento de responsabilidad? No, pero debe atribuírsele únicamente lo que le corresponde. Bajo una lectura muy estricta y simplista, la falta de seguridad en México es responsabilidad completa del gobierno, porque está incumpliendo una de sus obligaciones constitucionales (la más importante, tal vez): garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, una perspectiva como esta no es útil para empezar a entender el problema. La inseguridad en México es estructural y vieja, muy compleja: ni Enrique Peña ni ningún otro ser humano puede desaparecer el problema de inseguridad en tres días (y muy probablemente, tampoco en un sexenio). Acusar al gobierno federal o al presidente de un delito que no cometió ayuda poco.
Aclarar que el gobierno federal no es directamente responsable de los sucesos de Ayotzinapa es importante por una razón práctica. Los objetivos son resolver el caso y encontrar las opciones que nos lleven a la paz en México. Mucha de la energía política que se ha movilizado se está gastando (desperdiciando) en imputar al gobierno federal un crimen que no cometió. Mantener la narrativa “Fue el Estado” sólo enturbia nuestra discusión pública y marca líneas de acción que poco o nada pueden contribuir a avanzar en los objetivos principales. Esas líneas de acción son, por ejemplo, ocupar tiempo y esfuerzo en el hecho mismo de continuar la acusación o intentar probar el la autoría del delito. Sería infinitamente más útil y conveniente usar esa energía, por ejemplo, para exigir al gobierno mismo que termine de resolver el caso correctamente o exigir también diseño e implementación de políticas de seguridad que lleven a solucionar la crisis de seguridad.
Quienes dicen “¡Fue el Estado!” plantean una pregunta muy importante. Tal vez sí fue el Estado, pero no únicamente uno de sus componentes: el gobierno federal. Tomemos una de las definiciones más útiles de Estado. Un ente jurídico-político que se compone de tres elementos: territorio, población y gobierno (la definición de Jellinek que nos enseñan en la preparatoria, pues). Es útil por ser acertada y simple (las definiciones más sofisticadas la suponen ―incluida la de Weber, favorita de muchos). Tal vez algunos que afirman “¡Fue el Estado!” se refieran a esta definición, en la que participamos población y gobierno. Esto resulta (o resultaría) mucho más atinado e interesante. ¿Somos todos responsables? ¿Nunca haber participado para reducir la inseguridad nos hace responsables de la desaparición de los normalistas? Tal vez. Vivimos esta crisis desde hace lustros. Hay miles de desapariciones cada año: ¿cómo hemos ayudado a mejorar la situación?
Conmino a que cada quien haga (hagamos) lo que esté en sus posibilidades para que resolver esta situación tan grave: marchar, gritar, escribir, participar en iniciativas ciudadanas, propuestas de política, trabajar en el gobierno, en asociaciones civiles. Lo que se considere necesario y esté en las manos. ¿Exigir al gobierno que garantice nuestra seguridad es sensato? Por supuesto. ¿Culpar directamente al gobierno (o al presidente) por un crimen que no cometió es sensato? ¿Ayuda en algo? Me parece que no.
Eduardo Alamillo es estudiante de Política y Administracion Pública en El Colegio de México.
Pertinente y acertada aclaración; pero percibo que ni a los que organizan las manifestaciones y menos a los encapuchados les va a interesar.
En cambio, quienes si tienen reales motivos para el dolor podrían reflexionar, que en efecto, el Estado en su parte de autoridad falló por no darle seguridad a los dueños de los autobuses de los que se apoderan los estudiantes cada vez que necesitan transporte. Como también falló el Estado por tolerar que una persona comprometida con la delincuencia estuviera de alcalde.
Asimismo, fue inoperante el Estado porque su Ministerio Público es ineficaz para investigar los delitos cometidos en Iguala, Cocula y solo dios sabrá en dónde más.
En síntesis: el Estado como autoridad está fallando, pero también la ciudadanía en virtud de que forma parte del Estado, que en este caso es la parte que corresponde a los padres y maestros de la Normal de Ayotzinapa, quienes no externaron reproche alguno cuando los muchachos lo mismo bloqueaban carreteras que se apoderaban de autobuses. Nunca consideraron que quienes recurren a la violencia no están exentos de que ellos también puedan ser víctima de la misma.
Tienen razón los protestantes: el Estado es el culpable.
Evidentemente no lo hace porque, quizá, ese no es su objetivo. Juzgar la aportación de un texto en función de lo que te gustaría que dijera (y no dice) sí me parece un punto de vista muy pobre.
Lo que en realidad quieren decir con «fue el Estado» es «Fue Peña Nieto, hay que derrocarlo y poner en su lugar a AMLO». No hay que olvidar que una de las primeras apariciones de esta frase fue en la Cámara de Diputados cuando una legisladora (jejejé) del changarro de López exhibió la frase en tribuna (por cierto ¿el Congreso de la Unión no es parte del Estado?). La estrategia es clara: generar caos para lograr la caída del gobierno y apoderarse de esa manera de la recámara de Juárez para el santo niño de Macuspana, conseguir por la mala lo que NUNCA le dará la gente en las urnas.
Eduardo:
Comparto mucho tu punto de vista. Decir y mantener vivo el grito de «fue el estado» priva de sentido al movimiento. Las marchas deben tener una propuesta. En mi opinión, protestar y marchar por estar inconforme no genera soluciones, solo presión. Curiosamente trabajo cerca del ángel y para terminar te comparto lo que un bolero me dijo: «llevo 25 años aquí; siempre es lo mismo. Gritan e insultan al presidente y nada cambia. Los políticos son unos corruptos, pero nosotros somos los que votamos por ellos».
Tomar el concepto de Crimen de Estado desde un punto de vista filosófico histórico jurídico no es el caso. Creo que se debe observar desde otro punto de vista: Cuál es el concepto que la gente común y corriente tiene del término Estado, e, indudablemente, es el que denomina como la autoridad que rige en el orden Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los tres niveles de gobierno, es decir Federal, Estatal y Municipal. Para la mayoría de la población ese «Estado»ha dejado de lado su más importante función, casi se podría decir su razón de ser: dar seguridad a la población, ya que sin esto no puede funcionar ningún grupo humano, es volver al estado primitivo. Ya ese «Estado» lleva ocho años de guerra o lucha contra el crimen con resultados nulos o muy parciales, la delincuencia sigue operando en casi todo el territorio, los secuestros y cobros de piso, las desapariciones forzadas, el trasiego de droga, etc. La pregunta que surge es ¿por qué? Puede ser por corrupción, ineficiencia, indolencia, omisión, incapacidad, complicidad con el crimen, impunidad y otros más que se quieran. Y esa es razón de la vox populi de considerar Ayotzinapa como Crimen de Estado. si no les gusta Crimen de Estado, pónganle Crimen de Estadito . El cansancio, el hartazgo de un Estado que no cumplen con su función básica merece perores calificativos que el de la discusión, y no hay que escudarse en definiciones jurídicas abstractas para eximir al Estado Mexicano (dejando a un lado territorio y población) del juicio popular.
De acuerdo contigo Alamillo, creo que al decir «fue el Estado» se oscurecen los matices de responsabilidad personal. Hay muho desarrollo en la delimitación de la responsabilidad del Estado en el derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos, pero dudo mucho que quien pregona «fue el Estado» tenga esa definición tan técnica, formalista y limitada en mente; fuera del estrecho ámbito de la discusión jurídica el concepto es poco conocido y aceptado. La lucha sería más útil, en mi opinión, si se dice: esta persona es responsable de tal cosa y aquella persona es responsable de esta otra cosa, en vez de imputarle todo a una entidad conceptual cuya definición no es precisa ni universalmente aceptada. Sin duda, la demanda perdería algo de impacto si la hacemos compleja, pero se ganaría precisión y claridad, elementos esenciales para obtener los resultados que se quieren.
Karl Marx: El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no el cómo.
Max Weber, en 1919, define el Estado moderno como una «asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”.3 Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. Tendremos más definiciones incluida «EL mito del Estado » Pero entonces que se llama todo ese manejo de la información y desinformación que hacen las autoridades, que se llama la participación de las policías, , Presidente municipal etc. etc, que se llama un procurador que trata de justificar , un presidente de la república que trata de ignorar. Tal vez es un crimen desde el estado.
Porque el «Estado» se obstina entonces en darnos respuestas poco veraces?, porque detrás de sus respuestas existen abismos de incredulidad por parte de muchos?, Porque sino es culpa directa de ellos, es decir «ellos no cometieron el crimen», obstaculizan con teorías al vapor y respuestas rápidas? Si el estado no fue, tampoco está ayudando. El estado no ha favorecido a la verdad, ni tampoco creo que la esté buscando.
Excelente nota, Eduardo Alamillo, imparcial, objetiva y con altura de miras. Mi sincero reconocimiento.
¿Crimen de Estado?
Entre tantas consignas que se han enderezado alrededor de los homicidios y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, ha proliferado la afirmación de que se trata de “un crimen de Estado”; “fue el Estado” escriben en mantas y alegan en pronunciamientos.
Calificar de crimen de Estado a tan abominables hechos, lejos de esclarecerlos o situarlos en su dimensión concreta y específica, los desvirtúa y relativiza, propicia una lectura errónea, más bien de orden e interés político de facción, grupo o partido. E incluso soslaya y deja en un segundo plano a los responsables de la comisión de tan graves delitos.
Porque, en efecto, el Estado es un concepto jurídico-político, es decir, una entidad abstracta; culpar al Estado es no culpar a nadie y a todos. Dicha entidad jurídica y política por definición comprende varios elementos esenciales, a saber, la población, el territorio, un orden jurídico constitucional, un gobierno y el poder soberano, que conjuntamente “materializan” y dan vida a ese fenómeno llamado Estado.
En el caso del Estado mexicano, como otros –aunque no todos- , el titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, ostenta, de manera exclusiva y excluyente, la doble calidad legal de ser jefe de Estado y jefe de Gobierno, al mismo tiempo. En otros regímenes, como los parlamentarios, existen diferenciada y separadamente las figuras de jefe de Estado y jefe de Gobierno. Así es que, para los fines que nos ocupa, queda claro quién es en México el jefe de Estado: No es ningún alcalde, gobernador, ministro de la Suprema Corte, ni quien preside las cámaras de diputados o senadores.
Ahora bien, quien materializa al Estado, quien lo “encarna”, quien le confiere “voluntad política”, capacidad de actuar, de realización en hechos políticos concretos y específicos, es nada menos que el gobierno en su conjunto presidido por el titular del Poder Ejecutivo, junto a los demás órganos del Estado, a saber, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Todos los cuales conforman al Estado, que se integra además con la población, el territorio y el orden jurídico, como ha quedado dicho.
En teoría política y práctica jurisdiccional del Derecho Internacional, en las distintas cortes internacionales de justicia, o cortes “ad hoc” como los Tribunales de Nuremberg, se acuñó el término jurídico “crimen de Estado” para designar el homicidio, masacre y desaparición forzosa de individuos y grupos específicos, planeados, organizados y perpetrados de manera intencional, deliberada y sistemática por gobiernos nacionales, casi siempre en connivencia con los otros órganos del Estado como el Judicial y Legislativo, con el fin de reprimir, suprimir o exterminar a un grupo de personas, considerados y calificados de antemano como enemigos públicos, a los que tildan de terroristas, contrarrevolucionarios, reaccionarios, e incluso bajo connotaciones racistas o nacionalistas.
Algunos de los casos más conocidos en la historia reciente de crímenes de Estado son: el exterminio de judíos en la Alemania nazi, los cometidos por el Terror desatado por Stalin en la Unión Soviética en que perecieron asesinados millones de personas y otras tantas confinadas a campos de concentración y exterminio conocidos como Gulag, en la China de Mao, en los campos de reeducación de los Kmer Rouge de Camboya, o el intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda en 1994. También han sido calificados así, los asesinatos cometidos por las juntas militares argentinas en la llamada “guerra sucia”, particularmente durante los regímenes de Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri entre 1976 y 1982.
Como sostiene María Amparo Casar, siempre debemos ser cuidadosos con el lenguaje, en particular ante hechos y situaciones graves y delicadas. Los conceptos y las palabras no son neutros, tienen consecuencias, propician o inhiben reacciones.A las cosas hay que llamarlas por su nombre para no confundir y estar en mejor posición de valorar, juzgar y corregir.
Así pues, constituye un error, un despropósito y hasta una perversión calificar los delitos del caso Ayotzinapa como “crímenes de Estado” y culpar de ellos al presidente de la República. Están plenamente identificados los autores materiales e intelectuales: el ex alcalde de una población de tercer orden como es Iguala, su esposa, su jefe de policía, elementos de esta corporación, coludidos con miembros del crimen organizado local, quienes deben responder por sus hechos y ser juzgados con todo el rigor de la ley.
http://bordejuridico.com/fueelestado-respuesta-de-santiago-corcuera-a-maria-amparo-casar/
Gracias por compartir la apreciación jurídica de Crimen de Estado y diferenciarla de lo que muchos confunden con crimen de lesa humanidad.
Está claro que no fue un crimen de Estado, sino una masacre en la que están involucrados representantes de ese Estado. Lo que toca ahora es que el gobierno federal depure todas las responsabilidades y ponga a los culpables ante la justicia y, que esta, sea ejemplar conforme a derecho.
Y desde luego, la sociedad civil debe seguir en la calle exigiendo seguridad.