El hombre en el banquillo de los acusados del juzgado federal de Brooklyn, Nueva York, es Genaro García Luna, el “superpolicía” que entre 2006 y 2012 encabezó la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de México. “Al mismo tiempo, tenía un segundo trabajo”, declaró el fiscal asistente Philip Pilmar durante sus argumentos iniciales el pasado 23 de enero. “Un trabajo más sucio y mejor remunerado”.
Los cargos, según el texto de la acusación penal emitida en 2020: García Luna y dos cómplices cercanos “protegieron al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”. Según los fiscales estadunidenses, el antiguo secretario de Seguridad y sus dos coacusados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, accedieron a “no interferir con los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa […] la mayoría de los cuales estaban destinados a Estados Unidos”. Los tres hombres habrían proporcionado a la organización criminal “información sensible sobre operaciones policiales contra el Cártel de Sinaloa” y arrestado a “traficantes rivales” en lugar de miembros de la banda sinaloense.
“El acusado”, dijo Pilmar en el juzgado, “era supuestamente la persona encargada de combatir al Cártel de Sinaloa. La realidad, sin embargo, es que era su colaborador más valioso”.
De 54 años de edad, García Luna es hasta la fecha el funcionario de seguridad mexicano de mayor rango que ha enfrentado un juicio en Estados Unidos. La sala donde se desarrolla su proceso es la misma en la que se decidió la suerte del hombre que, según los fiscales estadunidenses, conspiró con el exsecretario de Seguridad: Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las autoridades estadunidenses no alegan que García Luna haya trabajado directamente con Guzmán, pero el hecho es que el Chapo fue la cabeza del Cártel de Sinaloa durante años. En 2019, después de que un jurado declarara culpable al capo, el juez a cargo del caso sentenció a Guzmán a prisión de por vida más treinta años adicionales. Ahora, el destino de García Luna también está en las manos de un jurado neoyorquino. La cuestión es si la evidencia presentada por la fiscalía bastará para convencer a sus integrantes de la culpabilidad del policía.
Como sucede en todos los juicios penales en Estados Unidos, la culpabilidad o inocencia de García Luna será determinada por un grupo de doce ciudadanos ordinarios, todos residentes de Brooklyn, quienes no podrán condenar al policía a menos de que concuerden unánimemente en que la fiscalía ha probado la veracidad de las acusaciones “más allá de toda duda razonable”. El jurado tiene la obligación de atenerse únicamente a la evidencia presentada durante el juicio —la cual puede incluir pruebas documentales o circunstanciales, así como declaraciones orales de testigos que juran decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad— y de no permitir que la opinión pública influya en su veredicto, por lo que sus miembros tienen prohibido seguir la cobertura del caso en los medios de comunicación.
En el caso de García Luna, el juez que preside sobre el proceso, Brian Cogan, ha decidió que los miembros en el jurado permanecerán anónimos y serán parcialmente aislados del mundo exterior —y de la prensa— durante la duración del juicio: si bien tendrán permitido irse a casa por las noches, no podrán dejar el juzgado durante el día.
El abogado defensor de García Luna, César de Castro, declaró en sus argumentos iniciales el 23 de enero que la evidencia de la fiscalía es más bien endeble. “No hay dinero”, dijo. “No hay fotos. No hay videos. No hay correos electrónicos. No hay mensajes de texto. [No hay] evidencia creíble, confiable o plausible de que el señor García Luna haya ayudado al cártel”. El caso, continuó de Castro, “se trata, en realidad, de que la fiscalía carece de pruebas objetivas. Este hombre, quien representaba la cara de la guerra contra las drogas, ha sido abandonado”.
En efecto: durante una visita a Washington en enero de 2008, García Luna presentó su visión —y la de su jefe, el presidente Felipe Calderón— de cómo combatir al crimen organizado a políticos, periodistas, funcionarios y académicos estadunidenses. Si bien les advirtió que la violencia que se había apoderado de México continuaría por al menos varios años, y posiblemente incluso se recrudecería, el entonces secretario de Seguridad convenció a muchos en Estados Unidos de apoyar las iniciativas de Calderón, todo mientras les reprochaba la laxitud de las leyes estadunidenses que regulan la venta y portación de armas de fuego. En palabras de Davy Aguilera, el funcionario del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego a cargo de México, quien en julio de 2008 concedió una entrevista al New York Times para un artículo titulado “La larga guerra de García Luna”, el entonces secretario de Seguridad “causó una fuerte impresión” en el Distrito de Columbia.
El 23 de enero, tras los argumentos iniciales, la fiscalía llamó al estrado a sus primeros testigos: una sarta variopinta de criminales, mentirosos y manipuladores. El tipo de personajes, en fin, que terminan involucrados en una guerra que, de acuerdo a las Naciones Unidas, ha cobrado al menos 360 000 vidas desde que García Luna asumió el mando de la Secretaría de Seguridad en 2006. En los seis años en los que el acusado estuvo al mando del aparato policial del Estado mexicano, la tasa nacional de homicidios aumentó en casi 150 %, pasando de 10 000 muertes en 2006 a 26 000 en 2012.
Cabe la posibilidad de que la fiscalía simplemente tenga demasiada evidencia que presentar. En agosto de 2022, de Castro, el abogado de García Luna, solicitó la intervención del juez Cogan, quien también presidió el juicio del Chapo, alegando que la parte acusadora había presentado miles de páginas de documentos y más de 5000 horas de grabaciones de audio, una cantidad de evidencia que de Castro calificó como “voluminosa”. El juez accedió a posponer el inicio del juicio de octubre a noviembre para que la defensa tuviera tiempo de examinar la evidencia con detenimiento.
Si bien en épocas recientes muchos fiscales estadunidenses han adoptado la práctica de presentar montañas de evidencia al inicio de casos de crimen organizado o terrorismo, la defensa de García Luna argumentó que, incluso tras el aplazamiento del juicio, la cantidad de información que las autoridades habían ofrecido como prueba de sus acusaciones era tan vasta que revisarla de forma adecuada resultaba casi imposible. “Es posible que la defensa no tenga tiempo de prepararse antes de enero de 2023”, de Castro declaró ante el juez, argumentando que muchas de las grabaciones tendrían que ser traducidas al inglés.
Al parecer Cogan estuvo de acuerdo. En una órden judicial presentada por escrito en agosto de 2022, el juez dijo que había escuchado uno de los audios presentados por la fiscalía y descubierto que era francamente incomprensible. “Habiendo escuchado la grabación”, escribió Cogan, “esta Corte se descubre francamente incapaz de entender nada de lo que se dice, pues el audio es de muy mala calidad. Por lo mismo, quien sea que haya hecho la transcripción tendrá que convencer a la Corte de que posee habilidades de escucha de las que esta Corte carece”.
La voz en el audio en cuestión es la de García Luna. A decir de la fiscalía, tras su arresto y subsecuente encarcelamiento en 2019, el acusado habría conversado con el prisionero de la celda de junto, quien García Luna, alegaron las autoridades, creía capaz de ayudarle a intimidar o incluso asesinar a posibles testigos dispuestos a declarar en su contra. El problema, al menos para el acusado, era que el otro prisionero era un testigo cooperante del gobierno estadunidense.
Los fiscales, escribió el juez Cogan, planeaban usar las casi quinientas horas de audio para probar que García Luna había demostrado tener “un estado de ánimo culpable”, así como para ilustrar “los pasos que estaba dispuesto a tomar para ocultar sus actividades criminales”. La conversación de García Luna y el otro prisionero, sin embargo, no demostraba en sentido estricto que el exsecretario de Seguridad hubiera en efecto sido un aliado del Cártel de Sinaloa. En el sistema penal de Estados Unidos, los fiscales tienen la obligación de enfocar sus esfuerzos en demostrar la veracidad de los cargos, y deben abstenerse de atacar el carácter moral del acusado con alegaciones que, en sentido estricto, no tienen una relación directa con las acusaciones sobre las que el jurado debe decidir.
“Si un jurado escucha que un acusado ha amenazado de muerte a los testigos del caso”, declaró Cogan, “existe el riesgo de que sus miembros concedan más peso a esas alegaciones que a la evidencia que sugiere que el acusado en efecto participó en el crimen que se le imputa”.
Hasta el momento, los miembros del jurado han oído mucho sobre el negocio de la droga y sobre las capacidades logísticas del Cártel de Sinaloa, pero muy poco sobre los hechos del supuesto papel de García Luna en la operación criminal. Existe el riesgo de que la decisión de la fiscalía de presentar una enorme cantidad de evidencia termine por favorecer al acusado. “Presentar pruebas duplicadas no tiene caso”, Shira Scheindlin, una jueza en retiro que presidió muchos casos de narcotráfico durante su larga carrera en el juzgado federal de Manhattan, me dijo en una entrevista. “Si haces eso, corres el riesgo de contradecirte. No necesitas que cuatro personas distintas declaren lo mismo. Siempre es mejor limitarse a presentar la evidencia esencial para probar el caso”. La “aversión al riesgo” de muchos fiscales, añadió Scheindlin, los lleva a presentar más y más evidencia, incluso cuando resulta contraproducente.
El año pasado, la fiscalía solicitó a la Corte que le permitiera presentar evidencia que, a su parecer, probaría que García Luna y sus subordinados acosaban e intimidan a periodistas de forma rutinaria. “Estas alegaciones apelan a las políticas de derechos humanos del gobierno estadunidense”, Jan-Albert Hootsen, el representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, me dijo en una entrevista. La fiscalía, Hootsen sugirió, busca pintar a García Luna como un hombre que rompió sus promesas al gobierno de Estados Unidos. Presentar evidencia de que García Luna atacaba a periodistas y reporteros, me dijo Hootsen, podría ayudar a mostrar al acusado como “un monstruo”. Y en efecto: el juez Cogan declaró que la fiscalía no podría presentar tal evidencia a menos que lograra demostrar “que el señor García Luna estuvo involucrado directamente” en esos supuestos actos de intimidación. De otra suerte, Cogan siguió, tales pruebas serían “prejuiciosas”, pues no constituían prueba de que García Luna conspiró con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas a Estados Unidos.
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¿Quiénes eran los contactos de García Luna dentro del Cártel de Sinaloa? ¿Quién lo corrompió? ¿Quiénes eran sus enemigos? Poco después del fin del juicio del Chapo, una persona con conocimiento del caso me dijo que su cliente nunca se había interesado mucho en García Luna. No se preocupaba por él. Se interesaba más en corromper a policías municipales y estatales, a quienes el fiscal Pilmar ha tachado de “mercenarios armados” al servicio del cártel. Además, el Chapo nunca se encargó personalmente de sobornar a los enemigos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con investigaciones publicadas en la prensa mexicana durante la primera década del presente siglo, que después fueron corroboradas por testigos en el juicio del Chapo, esa labor solía recaer en los hermanos Beltrán Leyva, quienes en ese entonces trabajaban para el Cártel de Sinaloa.
El 23 de enero, Sergio Villareal Barragán, alias “el Grande”, testificó contra García Luna. El Grande, un oficial de la policía judicial de Coahuila, entró en el negocio de la droga a principios de los noventa, cuando fue cooptado primero por el Cártel de Juárez y más tarde por el de Sinaloa. El Grande declaró ante el jurado que corromper a García Luna fue “la mejor inversión [que el Cártel de Sinaloa] pudo haber hecho con su dinero”. “No teníamos ningún tipo de problemas”. El testigo también declaró que, en varias ocasiones, presenció cómo García Luna aceptaba sobornos mensuales de un millón de dólares por parte del Cártel de Sinaloa, dinero que habría sido reunido por los hermanos Beltrán Leyva.
Gracias en parte a los trabajos de inteligencia de la Administración de Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Grande fue arrestado en Puebla en septiembre de 2010, en un operativo en el que participaron más de treinta marinos. Poco menos de un año antes, en diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina mataron a Arturo Beltrán Leyva en una redada similar. Uno de los marinos involucrados en el tiroteo de más de dos horas, Melquisedec Angulo Córdova, resultó muerto. El presidente Calderón lo declaró inmediatamente un héroe nacional. Pocos días después, los sicarios de los Beltrán Leyva atacaron la casa de la familia del marino caído, en el estado de Tabasco, y asesinaron a la madre, la tía y a los hermanos del héroe. Sólo una hermana sobrevivió.
El rumor de que los Beltrán Leyva habían “secuestrado” a García Luna en Morelos con la intención de corromperlo comenzó a circular en México en 2001, poco después de que el futuro secretario de Seguridad asumiera el mando de la Agencia Federal de Investigación. El rumor, sin embargo, quedó en rumor. Cuando García Luna asumió el mando de la Secretaría en 2006 y presidió sobre la captura o la muerte de varios de los hermanos Beltrán Leyva, muchos periodistas y críticos de la guerra contra las drogas, al menos los que preferían la evidencia dura a las habladurías, quedaron convencidos de que los rumores eran infundados. Algunos, sin embargo, siguieron sospechando.
A decir del Grande, García Luna continuó reuniéndose con los Beltrán Leyva al mismo tiempo que Calderón elogiaba sus esfuerzos en la guerra contra las drogas. Durante su tiempo al mando de la Secretaría, García Luna declaró que el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico sería temporal. “En siete años”, afirmó en 2011, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en el marco de una conferencia de seguridad, “comenzaremos a ver una reducción en la violencia”, pero el Ejército podría regresar a sus cuarteles en tan poco como tres años. El Estado, declaró, no cedería ante el crimen.
Más tarde, algunos críticos de García Luna dirían que su insistencia en sacar a las Fuerzas Armadas de las calles era en realidad un intento de concentrar aún más poder en la policía, y por lo tanto en sus propias manos. En una carta abierta publicada en Reforma en 2012, Edgar Valdez Villareal, el capo conocido como la Barbie, afirmó que él personalmente había sobornado a García Luna y a otros respetados policías federales, algunos de los cuales, se descubrió más adelante, en efecto habían sido corrompidos por la organización de los Beltrán Leyva, que por entonces se había escindido del Cártel de Sinaloa. La Barbie, por su parte, resultó ser informante de la DEA. Es probable que testifiqué en el juicio contra García Luna.
En el juzgado de Brooklyn, el Grande también declaró que Arturo Beltrán Leyva habría grabado algunas de sus reuniones con funcionarios corruptos, incluyendo a García Luna. A decir de la defensa del exsecretario, los fiscales estadunidenses no tienen en su posesión ninguno de estos audios. Resulta difícil creer que García Luna, quien durante su periodo al mando del aparato de seguridad pública del Estado construyó un verdadero imperio de espionaje a lo largo y ancho de México, hubiera sido tan descuidado como para reunirse personalmente con Beltrán Leyva sin asumir que sus conversaciones con el capo serían grabadas. Es mucho más probable que hubiera enviado un mensajero.
Muchos más testigos declararán en el juicio de García Luna. Muchos más enemigos: García Luna se hizo de muchos adversarios durante su paso por la función pública. Uno de ellos, Óscar Nava Valencia, alias “el Lobo”, dijo el 30 de enero que en varias ocasiones le entregó dinero a García Luna. Inmediatamente después, el testigo aclaró que, en diciembre de 2022, tras haber relatado sus supuestos encuentros con García Luna a los fiscales de Brooklyn, había sentido la necesidad de retractar su testimonio y afirmar que no conocía al exsecretario. El Lobo —un capo que alguna vez trabajó para el Chapo y llegó incluso a liderar su propia organización, el Cártel del Milenio— dijo temer por su seguridad y la de su familia. Pero luego volvió a cambiar de opinión y decidió testificar de todos modos.
“¿Qué mejor venganza”, de Castro preguntó a los miembros del jurado, “que enterrar al hombre que lideró la guerra contra los cárteles?”
Pero García Luna también hizo muchos amigos. Durante los argumentos iniciales, su abogado defensor mostró al jurado fotografías en las que el acusado posa junto a sus aliados en la guerra contra las drogas: Hillary Clinton, Barack Obama, el antiguo director del FBI, Robert Mueller, y dos antiguos jefes de la CIA, Leon Panetta y Michael Morell. La intención era clara: pintar a García Luna como “uno de los buenos”.
Estos antiguos conocidos de García Luna no rendirán testimonio durante su juicio. Pero, a juzgar por lo flojo de la evidencia que la fiscalía ha presentado hasta el momento —en particular la aparente ausencia de grabaciones de audio— , es posible que García Luna será juzgado con base en poco más que el carácter de la gente de la que se rodeó.
Malcolm Beith
Periodista independiente basado en Washington. Es autor The Last Narco: Inside the Hunt for El Chapo, the World’s Most Wanted Drug Lord (Grove, 2010) y cubrió el juicio del Chapo Guzmán para nexos.
Traducción del inglés de Nicolás Medina Mora