No deseo que el IMSS-Bienestar fracase: es lo peor que podría suceder a las mexicanas y los mexicanos que hoy no cuentan con cobertura pública de salud.
Por desgracia, puedo afirmar con toda certeza que fracasará.
A lo largo de muchas décadas, nuestro país había venido construyendo un sistema de salud con limitaciones y vicios pero también con bondades y conquistas. Y a partir del inicio de este siglo había inaugurado un mecanismo para dar cobertura de salud a todas las mujeres y todos los hombres cuyo empleo —o falta de éste— no les permite acceder a la seguridad social.
El esfuerzo inició con un piloto. Un estudio a profundidad en cinco estados de la República permitió evaluar qué funcionaba y qué no antes de echar a andar el proceso con un periodo amplio de escucha y una discusión plural y de fondo. El resultado fueron las modificaciones a la Ley General de Salud que dieron vida al Seguro Popular.
Esa institución permitió un avance importante en la cobertura a 53 millones de mexicanas y mexicanos, con la atención del 100% de las necesidades de primer nivel —es decir, la consulta básica—, de más del 90% de las de segundo nivel —internamientos sencillos como los derivados de un parto o una apendicitis— y, con el correr de los años, hasta el 80% de las enfermedades de alto costo conocidas como catastróficas, agrupadas en 66 padecimientos que pueden requerir atención de alta especialidad, y cuya nómina fue integrándose de manera incremental: primero el cáncer cérvico uterino —que a principios de este siglo era el que más prevalecía entre las mujeres, población objetivo primario del Seguro Popular—, después el cáncer de mama, la leucemia linfoblástica aguda infantil, todos los cánceres en menores de 18 años, el cáncer testicular, de próstata, el de ovario, etcétera. Esta construcción por etapas obedecía a la necesidad de ir estudiando las capacidades médicas para poder brindar una verdadera atención nacional. Así, se buscó construir un catálogo claro y específico de padecimientos a atender, lo que redundó en exigibilidad y compromiso; lo mismo con los estudios actuariales, indispensables para asegurar recursos no sólo para atender tal o cual enfermedad en un momento dado, sino para garantizar su cobertura en las siguientes décadas.
Uno de los primeros actos de este gobierno fue la desaparición del Seguro Popular. El sistema de salud mexicano está lejos de ser perfecto, y el Seguro Popular tampoco lo fue. También es cierto, sin embargo, que acaso haya sido la política más estudiada, más evaluada y más sustentada en investigación en la historia del Estado mexicano. Se sabía qué había que hacer, qué había que corregir y qué había que cambiar en definitiva. Toda esa evidencia, todo ese bagaje de experiencias, fue sustituido por una frase coqueta y un par de ocurrencias.
En lugar del Seguro Popular, el gobierno creó el Instituto de Salud para el Bienestar, o Insabi, institución sin pies ni cabeza que nunca logró tener reglas claras ni generar mecanismos de certidumbre. Jamás existió un cuadro de padecimientos cubiertos: en su lugar, la retórica del “todo para todos”, que en la práctica se traducía en un nada para nadie.
El Seguro Popular operaba a partir de reglas muy puntuales: establecía la obligatoriedad del Estado a aportar la misma cantidad de recursos que dedica a los derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, generaba mecanismos para sustituir la aportación del patrón con recursos públicos, contemplaba una pequeña cuota a cubrir por parte de los derechohabientes según su nivel socioeconómico, equivalente a la que ponen todos los afiliados al IMSS o al ISSSTE y dotada de un margen muy amplio que llegaba hasta cero para ciertos niveles de ingreso.
El Insabi, en cambio, jamás tuvo mecanismos claros y certeros. No, de entrada, en su relación con los estados de la República que, a lo largo de cuarenta años de descentralización de los servicios de salud, habían devenido expertos en su operación. Esto se vio sustituido por incertidumbre: nunca fue posible determinar con certeza quién era responsable de qué, cómo y cuándo llegarían los recursos para brindar atención. Dejaron de existir la cartilla, el padrón de afiliados, las consultas obligatorias preventivas para conocer el perfil epidemiológico de los derechohabientes y así poder hacer una planeación presupuestal y médica.
Los tristes resultados están a la vista: según datos de medición de pobreza publicados por Coneval, 15 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 habían declarado contar con un mecanismo para atender y financiar su salud declararon ya no tenerlo en 2020. Las cifras se acumulan: 40 millones de consultas de primer nivel y 7 millones y medio de consultas de alta especialidad menos, 1.3 millones de mastografías menos, 1. 6 millones de papanicolaous menos. En cuatro años la esperanza de vida al nacer en México disminuyó y 3000 niñas y niños enfermos de cáncer fallecieron por falta de medicamentos. El gasto de bolsillo —es decir lo que cada ciudadana o ciudadano debe financiar de su peculio para atender la salud— se vio incrementado en un 40%. 64% de todos los mexicanos que no tienen acceso a seguridad social tuvieron que atenderse por medios privados. Tan claro es el fracaso que el propio gobierno lo reconoce al decidir la desaparición de su propia creación.
Ahora el partido en el gobierno ha decidido sustituir el Insabi por el IMSS-Bienestar, que acusa exactamente los mismos vicios: falta de reglas, falta de especificaciones respecto a los padecimientos a cubrir, falta de padrón de beneficiarios.
Más aún, el IMSS-Bienestar no es sino un programa que inició en los años 70 como IMSS Coplamar —y que después llevó los nombres de IMSS Solidaridad, IMSS Progresa, IMSS Oportunidades e IMSS Prospera— y que hasta ahora sólo debía servir a una población rural muy acotada, presente en diecinueve estados de la República, y eso sólo en primer y segundo niveles de atención. Ahora se le solicita atender a cerca de 60 millones de personas, en su mayoría habitantes de zonas urbanas y semiurbanas, y que contemple el tercer nivel de atención, es decir la alta especialidad.
IMSS-Bienestar es un programa muy noble; sin embargo, carece de la experiencia o las capacidades técnicas para lograr esos cometidos. Si sumamos a ello tanto la ausencia de un presupuesto dedicado como la premura de la decisión, tendremos que las modificaciones a la Ley General de Salud promovidas por el gobierno —a través de sus mayorías en las Cámaras, que hacen las veces de oficialía de partes— están llamadas a redundar en un nuevo fracaso.
En su afán por congraciarse con el presidente de la República, los directivos del IMSS distraerán recursos técnicos y monetarios del régimen ordinario, tiempo y esfuerzo de sus directivos y su personal. Difícilmente lograrán sacar adelante el capricho presidencial; en el intento, sin embargo, descuidarán la ya de por sí mermada atención que merecen los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desastre total.
Ojalá el fracaso quedara limitado al ridículo político o aun al dispendio de los más de 500 millones de pesos asignados al Insabi (a saber cuánto de ellos en la contratación de médicos cubanos y otras fantasías sobreideologizadas). Lo grave es que esta mezcla de frivolidad, obcecación y mala administración volverá a repercutir en la pérdida de salud y bienestar.
Lo que está en juego son vidas humanas.
Salomón Chertorivski
Economista y exsecretario de Salud. Diputado federal por Movimiento Ciudadano.