En los últimos años, la Cámara de Diputados ha visto desfilar perfiles heterogéneos, muchos de ellos sin oficio político ni interés genuino en representar las demandas de sus electores en los trabajos de cada comisión. Desde el 2018 hemos visto pasar por los pasillos de San Lázaro a personajes como Ernesto D’Alessio, Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco. Su presencia muestra una tendencia clara: el carisma pesa más que la preparación. Desde hace tiempo, los partidos han optado por candidatos mediáticos como estrategia para aumentar su incidencia en las urnas. Estas figuras se convierten en anclas electorales, útiles no por sus propuestas, sino por su popularidad.
La mediocridad en la clase política no es exclusiva de Morena, pero en los últimos días son sus cuadros los que más han captado la atención pública, en especial por casos como el de Cuauhtémoc Blanco, quién fue acusado por Nidia Fabiola Blanco, su media hermana, de intento de violación. A raíz de esta denuncia, en febrero, la Fiscalía de Morelos solicitó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Sin embargo, no fue hasta el 25 de marzo que la Comisión presentó ante el pleno un dictamen a modo, cuya aprobación —en palabras de Germán Martínez— significaba “darle a la carpeta vulgar carpetazo y a la mujer criminal portazo”. Hugo Eric Flores presidente de la comisión responsable fue quien hizo la primera intervención desde la tribuna y dijo—con un lenguaje leguleyo y cantinflesco—que la carpeta estaba mal integrada y que era motivo suficiente para evitar el desafuero del diputado señalado. Pocos fueron los que alzaron la voz al interior del partido mayoritario, pues del total de los integrantes de la bancada sólo 25 votaron contra el dictamen.
Entre vivas al derecho y consignas de apoyo al futbolista con licencia, 291 diputados refrendaron que la justicia no se imparte por igual. Sentimiento compartido por las miles de víctimas que ha dejado la ola de violencia en México. La jornada del 25 de marzo no sólo provoca lástima por la ridiculización de la clase política, sino también demuestra que los acuerdos políticos están por encima de los problemas sociales que vive el país. Basta con escuchar las declaraciones de Cecilia Flores, madre buscadora, quien con justa indignación señala que el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, cuando se desempeñaba en la Secretaría de Gobernación, le pidió que dejara de buscar a sus hijos a cambio de otorgarle seguridad.
Es evidente la desconexión entre los legisladores y su electorado. La centralización autoritaria a la que se ha sometido el partido en el poder, junto con el férreo control de los coordinadores parlamentarios, vació de contenido la figura del representante popular. Al grado que la mayoría de los legisladores actúan como portavoces de las cúpulas y no de sus distritos. Su lealtad no está con el electorado, sino con quienes reparten candidaturas y favores. Así, la representación es ya una simulación: los acuerdos se cocinan en lo alto, se aprueban sin debate, y los intereses ciudadanos quedan muchas veces en el olvido.
La costumbre de “seguir línea” es una tendencia que por desgracia sigue siendo una práctica constante en el quehacer legislativo. En México estamos acostumbrados a premiar la obediencia y a deshonrar el disenso. El 25 de marzo, varios diputados –algunos ingenuos y otros muy cínicos– quisieron justificar el sentido de su voto a favor del dictamen. Edmund Burke, en su Discurso a los electores de Bristol, señalaba que los representantes debían regirse no por los intereses particulares de sus votantes, sino por el interés general de la nación. Los representantes del PRI fueron los que repitieron hasta el cansancio esa lógica, aunque con el disfraz de la hipocresía, pues al votar a favor de un dictamen que le ofrece impunidad a un presunto violador, no apelaban al interés general para que en México se integren bien las carpetas de investigación, sino que propugnaban un acuerdo con el grupo mayoritario para garantizar que su líder nacional,“Alito”, no fuera el segundo en la picota.
La permanencia de Cuauhtémoc Blanco en los debates nacionalkes ya no provoca indignación, sino una mezcla de sorpresa y desaliento. Resulta difícil defender la dignidad de una Cámara que cada vez se parece más a un teatro de ópera bufa que a un recinto legislativo. El rechazo al desafuero de Blanco no sólo deslegitima a los diputados que votaron a su favor; es una acción que erosiona la autoridad del Poder Legislativo y compromete la coherencia de un movimiento que presume de abanderar las causas feministas. Defender a un personaje con múltiples señalamientos—incluyendo casos de violencia de género—contradice todo discurso progresista, la pregunta es ¿por qué Claudia Sheinbaum está dispuesta a pagar ese costo político?
La defensa a Cuauhtémoc Blanco nos hace preguntar por el tipo de acuerdos o compromisos que ciertos grupos políticos adquirieron con el exfutbolista, pues resulta ilógico que Morena esté dispuesta a cargar con el desprestigio mediático y la indiferencia a las víctimas que esperan respaldo de un sistema de justicia inoperante. En un país como el nuestro donde abundan los advenedizos, perfiles como el de Cuauhtémoc Blanco son el común denominador de nuestra clase política. Rostros y trayectorias que lejos de inspirar confianza encarnan una mezcla de fama, poder e impunidad que hacen que se debilite, más de lo que ya está, nuestra incipiente democracia.
Anayeli Muñoz Moreno, una de las diputadas que votó por el desafuero de Blanco exhibió en su discurso la trágica epopeya del ídolo del club América, quien transitó “de la gloria a la vergüenza nacional”. Un personaje que pasó de la cancha a la curul, de levantar al país en un Mundial a arrastrar su nombre por los pasillos de la política más turbia. Su caída es más estrepitosa, porque lleva el sello de la cobardía y la aversión a enfrentar la justicia sin nada en su favor más que los hechos.
La lección para eliminar los resabios de este trago amargo en la política mexicana hay que transformar a las fiscalías y dotar de mayor capacidad de agencia a la policía y la burocracia de nivel de calle que son las personas que más cargas administrativas enfrentan en su día a día. Los diputados, en lugar de poner excusas sobre las insuficiencias de la fiscalía de Morelos para elaborar una carpeta de investigación, deberían considerar que, según el Inegi, cada agente del Ministerio Público carga con 290 carpetas de investigación. Además, de recursos y prestaciones precarias para el tipo de responsabilidades que tienen.
Hasta el momento a la Cuarta Transformación no parece importarle mucho atender el problema de la impunidad y el acceso a la justicia. El caso de Cuauhtémoc Blanco mostró la incapacidad como deterioro ético y moral de la clase política. Si seguimos por ese camino, el Estado pasará a convertirse en un miembro ausente e ilegítimo para resguardar el orden social. Un ente ajeno, aislado e indiferente ante la ciudadanía. El panorama hacia el futuro no es alentador. Los proyectos impulsados por esta administración —como la reforma judicial— no apuntan a construir instituciones más sólidas y equitativas. Por el contrario, parecen diseñados para ampliar la discrecionalidad del poder, erosionar las reglas del juego y eliminar cualquier garantía de piso parejo.
Albrecht Mohrhardt Doger
Estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en El Colegio de México