El primer cambio de trascendencia para la investigación científica y tecnológica en 2024 ocurrió cuando Claudia Sheinbaum Pardo presentó a quienes formarían parte de su gabinete. El 20 de junio, la hoy presidenta electa adelantó la creación de una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que encabezará Rosaura Ruiz Gutiérrez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fuera la primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), entre otros importantes cargos. De este modo el dilema entre continuidad o cambio tuvo su primera respuesta en este sector.
Las primeras reacciones ante el surgimiento de la nueva dependencia han sido en su mayoría positivas, incluso las que provienen de los sectores más críticos a la política de ciencia del actual gobierno. Por ejemplo, en un reportaje de Israel Sánchez publicado en Reforma, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, expresidentas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., se manifestaron optimistas por la elevación del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt)1 al rango de Secretaría de Estado. Algunos dirigentes del grupo Prociencia.Mx, una organización de científicos y académicos —críticos con la política del Conacyt de la “cuarta transformación”—, como David Romero, expresaron su beneplácito por la creación de la nueva instancia y por el nombramiento de Rosaura Ruiz al frente de la nueva dependencia. Otros como José Franco y Antonio Lazcano fueron más cautos y, si bien consideraron este cambio como una señal positiva, expresaron sus reservas sobre los beneficios de una Secretaría de Estado.
En efecto, desde hace varios años hay una discusión sobre la pertinencia de una Secretaría de Ciencia. La primera vez que yo escuché la propuesta fue hace más de treinta años. Recuerdo que el argumento principal contra esta idea era entonces que contribuiría muy poco al avance científico y significaría más burocracia. Pero a pesar de todo, con el paso del tiempo, la iniciativa siguió viva y ha formado parte constante del debate en los medios académico, científico y político.
Evolución de la gobernanza
El concepto de gobernanza cuenta con muy variadas acepciones, una de las más apropiadas para el tema que nos ocupa es la que ofreció en su momento la Comisión de gobernanza global de la Organización de las Naciones Unidas, pues destaca la participación y la cooperación en la toma de decisiones. Describe a la gobernanza pública como “la suma de las múltiples formas en las que los individuos y las instituciones, públicas y privadas gestionan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el cual se acomodan la diversidad de intereses y se adoptan decisiones cooperativas”.2
Ante las múltiples evidencias de la importancia de la ciencia para el desarrollo económico y social de las naciones, desde los inicios del siglo XX cobraba fuerza en México la idea de contar con un organismo que estructurara y diera impulso a la ciencia y la tecnología. La comunidad científica era muy pequeña pero —como ocurre ahora— ha impulsado en todo momento iniciativas ante gobiernos muy poco informados y con escaso interés en incorporar estos elementos en las políticas públicas.
Desde 1927 surgieron propuestas, como la de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, sobre la necesidad de contar con un Comité Permanente para promover las investigaciones científicas en México, pero no fue sino hasta 1935 que un gobierno, el encabezado por Lázaro Cárdenas, tomó la decisión de crear un organismo relacionado con estos fines: el Consejo Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica (CNESIC). En 1942, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se crea la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC). En 1950, en el gobierno de Miguel Alemán, se funda el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC) y en 1970, durante el gobierno de Luis Echeverría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).3 Durante todo este periodo creció el peso del sector de ciencia y tecnología, con la creación de nuevas instituciones de investigación y el aumento del número de investigadores de alto nivel con presencia mediática. Este proceso cobró un mayor impulso a partir de la creación del Conacyt.
Salvo el caso del CNESIC, creado por iniciativa del cardenismo para enfrentar problemas con la universidad,4 el resto de las iniciativas fueron impulsadas por los propios investigadores. Ante el arribo de un nuevo gobierno, la comunidad científica y sus aliados en el sector privado y en algunos espacios gubernamentales han propuesto a los candidatos en las elecciones presidenciales nuevos modelos para la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). En 2006, por ejemplo, con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, circulaba la idea de proponer al nuevo mandatario la creación de una Secretaría de Ciencia, pero en ese entonces aún predominaba en el medio científico la noción de que más que ventajas esta modalidad significaría mayor burocracia.5
Luego del triunfo de Enrique Peña Nieto, el presidente electo recibió un documento, elaborado por más de sesenta instituciones académicas científicas y empresariales y coordinado por la UNAM6 en el que se propone la creación de una Secretaría de Estado con dos posibles modalidades: a) una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), o bien, b) una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
A cada una de estas modalidades se les asigna roles específicos. La misión de la Secretaría de CTI, de acuerdo con el documento, incluiría la definición y conducción de la política nacional en estas materias, la integración, manejo y distribución del presupuesto, la coordinación del sistema nacional de CTI y su integración, su vinculación internacional y la articulación con otros sectores, entre ellos los tres niveles del gobierno y especialmente con el sistema de educación superior.
La otra propuesta apunta a la integración total de la ciencia con la educación, pero no toda la educación, específicamente la educación superior, lo cual resulta entendible pues es el sector en el que se realiza la mayor parte de la investigación en el país. Además de las funciones señaladas en la primera modalidad, a esta secretaría correspondería coordinar a las Instituciones de Educación Superior sin menoscabo de su autonomía, impulsar la descentralización y crear un sistema nacional de becas.
Se trata de propuestas muy vinculadas a la educación en ambas modalidades. En la primera se buscaría una coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en la que habría poca capacidad de decisión. En el segundo caso se podría trabajar sin intermediarios con las instituciones de educación superior, y además se tendría el control y manejo del presupuesto para investigación de este sector, que representa la proporción más alta del gasto federal en ciencia y tecnología.
Seis años después, como lo recuerda Julia Tagüeña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió también un documento, que es una actualización del anterior, también avalado por numerosas instituciones de los sectores público, privado y sectores del gobierno,7 en el que se plantean tres caminos posibles: a) crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, b) crear un órgano constitucional autónomo, y c) fortalecer al Conacyt.
La permanencia de la idea de una nueva secretaría muestra que ésta ya había echado raíces en la mayoría de las instituciones que elaboraron el documento. Una diferencia respecto a lo presentado a Peña Nieto es que no se hace tanto énfasis en la unidad de las políticas de la ciencia y la educación superior. Pero aparece una novedad: la propuesta de un órgano constitucional autónomo, que significaría colocar al desarrollo científico y su administración en una ruta transexenal con altos márgenes de autonomía.
Ninguno de estos documentos recibió atención por parte de Peña o López Obrador en el tema de la gobernanza.8
Propuestas para Sheinbaum
Antes de las elecciones del 2 de junio de 2024, tanto Claudia Sheinbaum como el resto de los candidatos a la presidencia recibieron propuestas para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. Dichas expresiones provinieron de distintos sectores, pero principalmente de la comunidad científica a través de sus organizaciones o de investigadores independientes. La mayoría de estos planteamientos están publicados, e incluyen invariablemente críticas al modelo de gobernanza de la ciencia durante el gobierno del presidente López Obrador. No dudo que también existan opiniones y análisis favorables a la administración saliente, pero no están publicados o no han sido suficientemente difundidos. En lo personal no conozco ninguno, con excepción del torrente de autoalabanzas de la directora del Conahcyt, Elena Álvarez-Buylla, en los meses previos a dejar el cargo.
Dentro de esta diversidad, el libro publicado este año por la Academia Mexicana de Ciencias reúne a diversas organizaciones y autores quienes analizan desde distintos ángulos el tema de la gobernanza, que es el que ahora nos ocupa. Me detengo en algunos de ellos.
El artículo de la autoría de la AMC es interesante pues más que profundizar en alguna propuesta, fija su postura sobre el modelo de gobernanza expresado en la Ley de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación aprobada el 28 de abril de 2023 —día al que se ha denominado el “viernes negro”. Dicho modelo no es considerado idóneo por la Academia por varias razones, entre ellas: a) El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es complejo, involucra a distintos actores y no es equivalente al diseño institucional del Conahcyt por lo que este organismo, si bien es un elemento central del sistema, no debe ser el único; b) la diferenciación entre instituciones públicas y privadas, y c) el abandono de la vinculación e innovación entre la academia y el sector productivo.
El primer punto es muy relevante, pues como se señala en el documento, el Sistema de CTI tiene una base constitucional e involucra a la Federación, las entidades federativas, los municipios y los sectores académico, social y privado. En términos de la gobernanza el Conacyt, con o sin h, no puede ser el centro de todo.
En otro capítulo, el grupo Prociencia.MX, que agrupa a científicos y académicos de diversas instituciones y estados de la República, lanza directamente la propuesta de crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con dos agencias federales ejecutoras especializadas: una en las políticas para la investigación científica, humanística y tecnológica y la otra para las políticas de innovación. Su propuesta incluye además la creación de Secretarías de CTI en los estados.
En otro apartado, Brenda Valderrama y sus colaboradores añaden a la propuesta de Prociencia.MX, la idea que había sido planteada desde 2012 de crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que implicaría incorporar en la nueva dependencia una parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP): la actual Subsecretaría de Educación Superior y asumir sus funciones.
Raúl Rojas, por su parte, propone observar algunas experiencias internacionales y crear en México un organismo autónomo del tipo del Consejo Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRS), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), la sociedad Max Planck en Alemania, o los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Estados Unidos. De acuerdo con esta idea, en el caso de México, un sistema nacional con autonomía y personalidad jurídica propia coordinaría las actividades de centros de investigación financiados por el Estado, comenzando por los Centros Públicos de Investigación del Conacyt, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y los Institutos de Investigación de la UNAM, entre otros.
Enrique Cabrero Mendoza examina en su artículo las ventajas y desventajas de los tres modelos de gobernanza planteados hasta ese momento: el primero, que tradicionalmente se denominaba “Fortalecimiento del Conacyt”, lleva en este análisis comparativo el nombre de “Rescate del Conacyt”. El segundo es la creación de la secretaría de CTI y el tercero la creación de un organismo constitucional autónomo que Cabrero denomina ahora “Fundación de CTI”.
Los cambios de denominación no son irrelevantes, pues luego del periodo en el que Elena Álvarez-Buylla ha sido directora el Conacyt éste ha quedado prácticamente en ruinas, por lo que se justifica hablar de rescate. Por su parte la Fundación de CTI es un modelo que antes tenía como puntos de referencia a los organismos autónomos del tipo del INAI o el INE, ahora los sigue teniendo, aunque aparecen nuevos puntos de referencia como la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos.
En la comparación que hace Cabrero, la Secretaría de Ciencia tiene el nivel de autonomía más bajo respecto a los otros modelos (incluso respecto al rescate del Conacyt), el menor nivel de profesionalización —es decir, de su capacidad para propiciar un servicio profesional de carrera— y un horizonte presupuestal apenas de corto (anual) y mediano plazos (un sexenio). Por otra parte, tiene un peso político alto pero un riesgo de politización también elevado.
El modelo mejor calificado en todos los parámetros es la creación del organismo autónomo, que ahora es algo muy difícil de materializar si tomamos en cuenta que el objetivo del presidente López Obrador es acabar con los organismos autónomos para lo cual ha enviado una iniciativa de Ley al Congreso que ha sido respaldada abiertamente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. De esta manera, a menos que ocurriera algo extraordinario, añadir en el país un órgano con autonomía no es factible. Pero como dice Raúl Rojas, nada impide soñar con lo que ahora es imposible.
Así sólo quedaban en el ambiente dos propuestas viables: rescatar al Conacyt o crear una Secretaría de Estado. Claudia Sheinbaum y su equipo científico conocen muy bien el desarrollo histórico de las propuestas sobre la gobernanza en este sector y optó por la creación de una secretaría, por lo que hasta aquí vamos en la evolución de la gobernanza del Sistema de CTI.
¿Una de educación y otra de ciencia?
La decisión de Claudia Sheinbaum fue crear una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pero cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, realizó un movimiento en sentido muy diferente al actual.
Como se recordará, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tenían gran presencia en la mayoría de las entidades federativas y en el entonces Distrito Federal, los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Con la finalidad de dar mayor impulso a la ciencia local, algunos fueron elevados al rango de Secretarías. Tomo como ejemplo dos: Morelos y la capital del país. Cuando llegó Morena, en Morelos todo se vino abajo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco desapareció de un plumazo la Secretaría de Ciencia en esa entidad. Por el contrario, en la Ciudad de México Sheinbaum fusionó esa dependencia con la de educación, con la finalidad de tener las dos tareas estrechamente vinculadas. Así nació la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la CDMX, cuya titular fue precisamente Rosaura Ruiz Gutiérrez.
La creación de una Secretaría encargada específicamente de la Ciencia revela adicionalmente una contradicción respecto a las ideas planteadas por Sheinbaum antes de las elecciones del 2 de junio. Ella y su equipo habían diseñado una estrategia que tendría como hilo conductor a la educación: se partiría desde el nivel básico, incluiría a la media superior hasta el posgrado para arribar a la investigación y la innovación para convertir a México —de acuerdo con este discurso— en “una potencia científica y tecnológica”. Esta idea fue desarrollada durante los Diálogos por la Transformación por Juan Ramón de la Fuente y Rosaura Ruiz. Por lo anterior, resulta poco comprensible la idea de mantener por separado una secretaría encargada de la educación y otra de la ciencia.
Con estos antecedentes no hay manera de entender la separación de las dos secretarías a nivel federal, aunque sí hay bases para proponer que el distanciamiento entre la educación y la ciencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum podría explicarse como producto de una intromisión externa, lo que se confirmó con el nombramiento de quien será el futuro titular de la SEP.
Mario Delgado
El entusiasmo inicial que provocó el nombramiento de Rosaura Ruiz como titular de la nueva Secretaría se vino abajo rápidamente con el anuncio de que el actual presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, quedaría al frente de la Secretaría de Educación Pública.
Estos nombramientos revelan que en la conformación del gabinete legal se han tomado decisiones contradictorias. La SEP es, desde luego, una pieza clave de la política educativa, pero además lo es de la política de ciencia y tecnología. La razón, como ya hemos visto, es que concentra la mayor proporción del gasto del gobierno federal en estas áreas, el cual se ejerce a través de las instituciones de educación superior públicas en las que se realiza la mayor parte de la investigación en el país.
Lo contradictorio es que Claudia Sheinbaum y su equipo habían diseñado una estrategia que tendría como hilo conductor a la educación. Esta idea queda rota con el nombramiento de Mario Delgado, quien no participó en la construcción de esa estrategia y cuya experiencia y habilidades se han expresado principalmente en territorios alejados del ámbito educativo.
Algo tan contradictorio sólo puede explicarse porque la decisión sobre el nombramiento de Delgado fue tomada no por Claudia Sheinbaum, sino por alguien con mayor autoridad que ella. No pudo ser otro que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas motivaciones para colocar ahí a Delgado son muy distintas al impulso de la educación y la ciencia.
La designación de Mario Delgado tuvo expresiones de rechazo en prácticamente todos los sectores, tanto en los grupos de oposición como en el interior de su propio movimiento. Por ejemplo, días antes de que se diera a conocer su nombramiento, el periódico oficialista La Jornada publicó el 24 de junio en su Rayuela la siguiente advertencia en referencia a Delgado: “¿Quién es ese hombre que coordinó con Claudio X González la aprobación de la reforma educativa de Peña Nieto en el Senado? No se vaya a estar pensando en él para dirigir la educación de este país”. En el mismo diario el periodista Julio Hernández López criticó la designación del presidente de Morena, y señaló que los nombramientos en esa Secretaría se hacían en pago por servicios políticos o electorales.
Del mismo modo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los sindicatos más poderosos del gremio de los maestros, expresó su rechazo a la designación de Delgado: “Representa un retroceso a la educación pública en México y una ofensa al magisterio”. Fue lo que establecieron como punto de partida de sus futuras negociaciones.
Como respuesta, el futuro secretario de Educación mandó a hacer un desplegado (que puede verse aquí) “pidiendo” las firmas de apoyo a su nombramiento de rectores o directores de instituciones de educación superior. Consiguió las de 28 rectores de universidades públicas, un encargado de despacho (Universidad de Sinaloa) y al director general del Instituto Politécnico Nacional. Esto muestra a Delgado de cuerpo entero, pues sus procedimientos se sustentan no en ideas sobre el futuro de la educación, sino en las artes de la política —lo que se denomina la “grilla”— y, ojo, en la presión sobre rectores de universidades públicas, lo cual es un aviso para lo que puede venir.
En ese comunicado, más que las presencias llaman la atención las ausencias, como la de los rectores de las Universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y muchas otras importantes instituciones de educación superior en el país. Bueno, ni la Rosario Castellanos o de la Salud están ahí, lo cual es muy significativo.
Como sea, el proyecto educativo de Sheinbaum y su vinculación con la ciencia queda seriamente dañado o sufrirá un retraso de varios años.
La expresión de dos visiones
Las actividades de la futura secretaria Rosaura Ruiz se desarrollan con intensidad. Recientemente participó junto con su equipo de trabajo en la reunión pública de transición con funcionarios del Conahcyt encabezados por Elena Álvarez Buylla. Una sesión que resultó muy reveladora de las concepciones que tienen las dos biólogas sobre el futuro de la ciencia en México.
Sin emplear esta vez el término neoliberal, pues quizás no lo consideró apropiado ante quienes participarían en ese encuentro, Elena Álvarez-Buylla Roces expresó su rechazo a lo que denominó “ciencia hegemónica y colonizadora” y a las tecnologías que ella juzga como no pertinentes (léase biotecnología). Insistió en su discurso en la inclusión de las humanidades y de todas las epistemias, incluidas las de las culturas originarias. Desde su perspectiva ideológica hizo la crítica a las administraciones anteriores mezclándola con los ya infaltables autoelogios.
Desde el inicio de la larga sesión, Álvarez Buylla fijó su postura a favor de la continuidad. Interpretó el resultado de las elecciones presidenciales como una manifestación contundente del pueblo de México a favor de la continuidad y la consolidación. Consideró prometedor que Claudia Sheinbaum sea una científica para seguir adelante con la transformación tomando como base lo avanzado en el Conahcyt.
Continuidad y consolidación son los caminos que observa esta funcionaria. La continuidad es fácil de entender: sin dar muchas vueltas quiere decir más de lo mismo. Más complicado resulta contar con el significado que se da al término consolidación. En su mensaje, la aún directora el Conahcyt aclaró lo que significa para ella:
Me satisface saber que este transformado Conahcyt, seguirá el rumbo de la consolidación sobre cimientos fuertes que, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos construido para el bien de nuestro querido México.
Así, consolidación quiere decir edificar sobre los cimientos creados por ella. Es un llamado a construir en este sector el segundo piso… de Elena Álvarez-Buylla.
Por su parte, Rosaura Ruiz insistió desde el principio en cambiar el formato de la sesión que originalmente consistiría en las presentaciones de los responsables de las direcciones y otras áreas del Conahcyt; la modificación, con la finalidad de que ella y los integrantes del equipo que la acompañaban pudieran hacer comentarios y formular preguntas o incluso interrumpir —como ocurrió en algunos momentos— para aclarar datos en cada intervención. Con ello quien será la titular de la nueva Secretaría de Estado tomó el control de la reunión.
Rosaura Ruiz dio un giro conceptual a lo dicho por Álvarez-Buylla pues, en lugar de referirse a la consolidación, habló de continuidad y cambios. Dijo que Claudia Sheinbaum va a continuar con un segundo piso de la transformación, pero que también ha señalado que es importante saber cómo está todo, qué hay que seguir y qué hay que modificar, algo que es consustancial a cualquier gobierno, puntualizó.
A partir de ahí, lo que siguió fue un bombardeo de preguntas y aclaraciones por parte de la futura secretaria de Estado y su equipo sobre gran variedad de temas. Me detengo en algunos intercambios entre la administración saliente y la entrante.
Rosaura Ruiz insistió en que hay cosas que se pueden mejorar. Se refirió a las quejas de investigadores sobre algunos programas de cómputo del Consejo como Rizoma: una plataforma en la que los estudiantes e investigadores ingresan sus currículos y solicitudes para concursar por becas o ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, entre otros servicios, que invariablemente falla.
Relató que integrantes de la comunidad científica la han buscado, entre ellos los investigadores y las investigadoras por México (antes cátedras Conacyt), quienes le han informado de algunas personas que han sido suspendidas y que consideran importante saber si hay algo que se pueda corregir. También se refirió al sindicato de este conjunto de investigadores que tienen demandas que es necesario revisar. Resaltó la importancia de que se diera información sobre las denuncias o acusaciones que pudiera haber; “yo quisiera saber cuáles son y las razones por la que se ha suspendido a alguna persona que ahora puede estar en litigio”, dijo.
Hubo otras preguntas incómodas. La todavía directora del Conahcyt señaló en varias ocasiones la corrupción que había en algunos de los ya extintos fideicomisos. Rosaura Ruiz preguntó si se estaban investigando y si en algún momento habría acusados. La respuesta fue que en muchas transferencias de recursos era difícil hacer una demanda, pues pudieron ser legales pero moralmente ilegítimas. Rosaura Ruiz dijo que si el uso de recursos estaba dentro de la ley, pues era legal. Y dijo a su interlocutora que había que diferenciar entre lo inmoral y lo ilegal para poder identificar lo que realmente se puede calificar de corrupción.
Sobre la vacuna “Patria”, Rosaura dijo que el futuro secretario de Salud, David Kersenovich, ha dicho que los casos de covid están en aumento y que hay vacunar. E insistió en saber si ya se tienen los 24 millones de dosis que se habían informado:
“¿Los podemos anunciar?”, preguntó Rosaura.
“Los vamos a tener”, contestó Álvarez Buylla.
“ ¿Cuándo?”, replicó Ruiz.
Este intercambio da una idea del tono que alcanzó en algunos momentos la reunión.
Los integrantes del equipo de transición de Ruiz hicieron preguntas muy relevantes sobre distintos temas como los ventiladores mecánicos que se construyeron durante la pandemia, cuántos se han utilizado, cuántos se encuentran en operación actualmente, dónde se utilizan, dónde se usan más y dónde menos.
Aunque los comunicados del Conachcyt quieran mostrar otra cosa, la reunión de transición fue una derrota para Elena Álvarez-Buylla, pues se demostró que el Consejo no es el territorio idílico que ella había planteado, sino que tiene numerosos fallas que deben corregirse y hay preguntas que deben responderse. Al final cedió por completo el control de esa sesión y de las próximas, pues como ella misma terminó por aceptar, el proceso de transición se hará… “como lo decida la doctora Rosaura Ruiz” .
Elementos para la discusión
En la evolución de la gobernanza del sistema de CTI en México hemos llegado a una Secretaría de Ciencia. Su creación ha sido muy accidentada pues no era el objetivo original de Claudia Sheinbaum y su equipo científico, que buscaban conjuntar la educación con la ciencia. La intromisión del presidente López Obrador en la conformación del gabinete de la presidenta electa, en particular con el nombramiento del titular de la SEP, rompió con el propósito inicial. Por ahora no queda más remedio que actuar sobre esta realidad.
A pesar de todo, la creación de la Secretaría de Ciencia puede traer cambios muy positivos. El más importante sería la obligada derogación de la Ley de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación9 y la elaboración de una nueva Ley acorde con la nueva Secretaría de Estado, la cual, ahora sí, cuente con la opinión —y, en consecuencia, el respaldo— de quienes integran el Sistema Nacional de CTI.
Con respecto a la relación con la SEP, sólo se ven dos caminos: forzar a Mario Delgado a entrar al aro, una ruta que parece muy desgastante y poco confiable, pues quien lo llevó a ese puesto no es la presidenta electa; o bien, darle la vuelta y reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir las funciones de la SEP relacionadas con la educación superior a la Secretaría de Ciencia.10
Las Universidades Rosario Castellanos y de la Salud, que se convertirán en nacionales, son los proyectos emblemáticos de Sheinbaum para la educación superior. Logró rescatarlas de la intromisión presidencial y dejarlas al cuidado de la titular de la Secretaría de Ciencia, Rosaura Ruiz. Pero no tiene ningún sentido tener a estas universidades en un lado, y en otra parte al conjunto de instituciones de educación superior.
La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación quizás no es el modelo ideal de gobernanza, pero podría acarrear avances significativos para la ciencia en nuestro país. Aún no lo sabemos.
Lo que sí es seguro es que es algo mucho mejor que lo que actualmente se tiene.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
1 En este texto se anota Conacyt o Conahcyt, si los hechos que se describen son previos o posteriores al 28 de abril de 2023, fecha en la que el Congreso aprobó la nueva Ley de ciencia agregando una h al nombre original de este Consejo.
2 Comisión sobre la Gobernanza Global, Our global neighborhood: The report of the Commission on Global Governance, Oxford University Press, 1995
3 En este recorrido consulté el libro conmemorativo de los diez años del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C: Rosalba Casas y cols., Construyendo el diálogo entre los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. México, FCCyT, 2013; y la serie de artículos de Roberto Rodríguez Gómez: “El gobierno de la ciencia en México” publicada en Campus Milenio y reunidos por el PUEES/UNAM.
4 Riquelme Alcántar, G. M. L., “El Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica: expresión de la política educativa cardenista”, Perfiles Educativos, 31(124), 2009
5 Incluso Juan Ramón de la Fuente quien forma parte del futuro gabinete de Sheinbaum, siendo rector de la UNAM, se oponía en aquél momento a la idea de una nueva Secretaría al considerar que lo mejor era fortalecer al Conacyt, crear nuevas instituciones científicas y evitar que la burocracia consumiera los pocos recursos disponibles. Ante contextos diferentes, con el paso del tiempo, muchos investigadores fueron cambiando su visión a este respecto.
6 Varios autores, Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012
7 Varios autores, Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
8 Roberto Rodríguez Gómez ha publicado una serie de artículos que examinan distintas propuestas para la creación de una secretaría incluidos los documentos ya citados.
9 Tal vez la Suprema Corte de Justicia actúe antes y la declare inconstitucional, pero esto aún no lo sabemos.
10 Al respecto puede verse el artículo de Mario Maldonado publicado en El Universal el 29 de julio.