La ciencia en la nueva realidad política

Una virtud —quizás la única— del procedimiento emprendido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) fue exponer la versión más reciente del Anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Para llegar a este punto, se ha recorrido un camino muy accidentado, como lo muestra el enorme retraso que este proceso ha tenido antes de llegar a esta etapa, que por cierto no es la última. Tendrá que pasar todavía el examen del impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda y luego por el filtro de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, donde tendrán que abrir un espacio —grande— entre sus responsabilidades para corregir y levantar el nivel de un documento de baja calidad que no se puede convertir en una iniciativa presidencial tal y como está. En otras palabras, además del retraso que ya ha experimentado, todavía falta un buen trecho para que alguna de las dos Cámaras del Congreso reciba la iniciativa, la discuta y, si es el caso, se apruebe.

Hay además otros factores que incluso podrían impedir que el Anteproyecto impulsado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, pueda avanzar por el camino descrito: luego de los resultados de la consulta sobre la revocación de mandato y el rechazo en el Congreso a la reforma a la ley eléctrica, ambas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las condiciones políticas del país han cambiado. Pero antes de examinar los efectos de este cambio sobre la política de ciencia tecnología e innovación (CTI), veamos primero algunos aspectos que hacen indeseable el Anteproyecto de Ley.

El Anteproyecto

Autonomía y libertad de investigación. En el documento se afirma que se respetarán la libertad de investigación y la autonomía de las universidades públicas, lo cual es falso, como se puede comprobar con el examen de varios de sus artículos. Por ejemplo, la investigación, formación y divulgación serán apoyadas, sí, pero bajo algunos principios, entre los que se encuentra el de “precaución” (art. 6). De este modo, la autoridad competente (no se especifica cuál) vigilará que se observen las limitaciones que imponga el principio precautorio, por motivos de seguridad, salud, responsabilidad ética social y ambiental, entre otros. El principio precautorio es una especie de dogma no bien definido que ha servido a la directora del Conacyt para establecer barreras a la investigación en algunos campos del conocimiento como en la biotecnología.

Agenda Nacional. En las versiones previas al actual Anteproyecto, un lugar destacado lo ocupaba la idea de una “Agenda de Estado” conforme a la cual se realizarían la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación financiadas por el Estado, y para cuyo cumplimiento se destinarían todos los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo. En el documento actual se le bautiza como “Agenda Nacional” (art. 11). Esta agenda, como todo lo demás, será propuesta por la dirección del nuevo Conacyt, que ahora se llamaría Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt), luego de una consulta (de apariencia como a las que ya nos tiene acostumbrados la directora Álvarez-Buylla). Una vez que haya sido elaborada la agenda, no queda claro qué instancia la aprobará, por lo que muy probablemente quedará al gusto de sus creadores. Lo mismo puede decirse del Programa Especial —una importante política a la que deben sujetarse todas las Secretarías de Estado y las dependencias del gobierno federal que realizan actividades de CTI con fondos públicos— que también será elaborado por el Conahcyt.

Pronaces. Los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) serán implementados por el Cohnacyt y sus lineamientos de operación serán definidos por dicho organismo (art. 45 y 46). Son un ejemplo de asignación directa y discrecional de recursos para el desarrollo de proyectos de interés de la dirección de este Consejo y para apoyar a científicos afines a la dirección general, como ha ocurrido actualmente con proyectos en los que han participado un exmarido, un excuñado y algún adulador del presidente. El problema con los Pronaces es que serán utilizados, junto con la Agenda Nacional, como el marco en el que deberán desarrollarse el resto de las acciones en este sector.

El gasto. En cuanto al presupuesto, no hay una meta, pero sí un cambio respecto a la versión anterior del Anteproyecto. Antes se hablaba de un “presupuesto consolidado”, lo que significaba que todo el gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología se integraría en un solo paquete que quedaría en manos del Conahcyt. Ahora se habla de un principio de “progresividad y no regresión” que significa que no se reducirá y si es posible crecerá cada año. ¿En qué magnitud? Nadie lo sabe.

Ante el rechazo que tuvo su propuesta inicial por las Secretarías de Estado que manejan el gasto en CTI, así como en la comunidad científica, se adopta ahora un tono más modesto, señalando que el presupuesto federal se distribuirá “preferentemente” (no de forma obligatoria) a través del Ramo 38 (que es el que corresponde ahora a los programas del Conacyt). En otras palabras: pasamos de la exigencia altanera a “lo que sea su voluntad”, pero en definitiva no hay metas presupuestarias claras para el desarrollo científico a largo plazo (art. 20 y 21).

Respecto a los mecanismos de fomento y apoyo a los proyectos de investigación, se establecen dos modalidades: la convocatoria abierta y la asignación por encargo del Estado (art. 33). La segunda asegura la discrecionalidad en la asignación de los recursos a proyectos del agrado de la dirección del Consejo Nacional, como lo vimos para el caso de los Pronaces.

Es interesante notar lo que se piensa sobre la asignación de recursos para realizar estudios de posgrado, pues se afirma que se apoyará a los posgrados enfocados a la formación de los profesionales que el país requiere para la gestión de asuntos estratégicos o prioritarios (lo cual suena a Pronaces) y a los temas de interés público nacional o de atención indispensable que contemple la Agenda Nacional. Esto niega por completo la libertad de cátedra, pues entre los elementos indispensables para determinar el otorgamiento de becas, los programas de posgrado deberán orientarse al estudio, investigación y resolución de problemáticas nacionales identificadas en la Agenda Nacional (art. 38).

Gobernanza. Desaparece el órgano máximo de decisión en el Sistema, el Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en la legislación vigente encabeza el presidente de la República y está integrado por secretarios de Estado, así como representantes de investigadores y empresas, entre otros. Lo que quedaría en su lugar es el poder concentrado en el Conahcyt, que estará acompañado por una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Estado, pero no por sus titulares, sino por representantes con rango de subsecretarios, quienes a su vez pueden enviar a sus suplentes con nivel de directores generales o equivalente (art. 63). Es decir: hay una caída en el nivel de la gobernanza que favorece el control por parte de la dirección del Consejo Nacional, pues no es lo mismo alzarle la voz a un secretario de Estado que a un director general o su equivalente. Desde luego, no existe representación de los investigadores o del sector privado. La única ocasión en la que se verá por ahí al presidente de la República será en una sesión anual en la que la dirección general presentaría el informe del estado que guardan la ciencia, tecnología e innovación en el país.

La Junta de Gobierno la presidirá quien ocupe la dirección general del Conahcyt, a la que por cierto el Anteproyecto se refiere como presidenta (art. 63). Esto significa que la autora, Álvarez-Buylla, se refiere a sí misma, pues no hay manera de saber si en el futuro será otra mujer quien encabece el Consejo Nacional. Lo anterior demuestra adicionalmente el carácter cortoplacista del documento.

El Órgano Consultivo. El Consejo Nacional contará con un Órgano Interno Consultivo. La idea aquí es borrar toda huella de lo que fuera el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. Sus recomendaciones no tendrán carácter vinculante, no tendrán personalidad jurídica, tampoco personal propio bajo sus órdenes ni podrán adquirir bienes (art. 29). La dirección del Conahcyt podrá recurrir a otros grupos o modalidades de asesoría, por lo que el nuevo órgano consultivo puede quedar, como es la moda, en calidad de florero.

A este órgano consultivo se le considera autónomo sólo de palabra. Aquí puede verse lo que entiende la creadora del Anteproyecto por autonomía: esta instancia tendrá un coordinador que será designado por la Junta de Gobierno a propuesta de la dirección del Conahcyt y un secretario técnico nombrado directamente por la dirección del Consejo Nacional (art. 68), además de que todas sus actividades serán acordadas conjuntamente con la dirección del Consejo Nacional (art. 69). ¡Vaya autonomía!

El SNI. Algo que parece broma es que, al referirse al Sistema Nacional de Investigadores, el anteproyecto señala que, en los procesos de evaluación, se considerará el comportamiento ético de los solicitantes (art. 40). Esto es una burla, considerando que el SNI recientemente otorgó el más alto nivel al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ha sido acusado de plagio.

Sector privado. En el artículo 40 se establece que el SNI apoyará económicamente a los investigadores del sector público, y no a los del sector privado. Esto es un acto completamente discriminatorio, aunque (generosamente) se buscará que las instituciones particulares otorguen estímulos económicos similares a sus investigadores, siempre que cuenten con el reconocimiento del SNI oficial. Se trata de un absurdo: las universidades y otras instituciones privadas, despreciadas a lo largo de todo el documento, no tendrían por qué seguir los lineamientos de una institución que los excluye para estimular el trabajo de sus científicos.

El papel que se asigna a los particulares puede verse con claridad cuando se define lo que entiende la directora del Conacyt por “independencia científica y tecnológica”, pues se afirma que la rectoría sobre estas actividades será sin la intervención de empresas del sector privado, al que se reconoce su existencia sólo en los casos en los que apoye y otorgue recursos a los proyectos definidos por el gobierno. En otras palabras: se le pide a la iniciativa privada que asuma una función meramente altruista.

Innovación. Habrá un “Programa Nacional de Innovación” que, desde luego, será establecido, coordinado y conducido por el Conahcyt, teniendo como base los Pronaces. No puede uno más que sonreír. Se trata de pretender, de manera forzada, que se cumple con el compromiso del presidente López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo y en las cien promesas que hizo al inicio de su gobierno, entre las cuales se encuentra el Plan Nacional de Innovación, del cual, por cierto, el presidente ha dicho reiteradamente —y falsamente— que es uno de los compromisos ya cumplidos.

Centros públicos. Sin duda es la parte más amplia del Anteproyecto. Un cambio importante respecto a la propuesta anterior de Álvarez-Buylla es que en la versión previa, los directores de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) serían designados por el presidente de la República. En la nueva versión la designación estará a cargo de la dirección del Conahcyt (art. 89). También hay un cambio sustancial en las causales para que un director sea removido, pues se agrega una que puede significar cualquier cosa: “El incumplimiento de las bases y fines de la política pública” (art. 90), con lo que estos directivos pueden ser cesados a propuesta de la dirección del Consejo Nacional en cualquier momento.

A pesar de tratarse de los mismos redactores, los cambios en este capítulo entre una versión y otra pueden explicarse por una adecuación ante el movimiento de protesta y resistencia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y por la búsqueda de Álvarez-Buylla de ejercer de una vez por todas un control absoluto sobre ellos.

El descuido. Un ejemplo del descuido en la elaboración del Anteproyecto puede verse en el artículo 33, pues se afirma que se garantizará el acceso universal a becas para quienes cursan posgrados de maestría o doctorado en ciencias y humanidades, pero también en “las disciplinas creativas”. Uno tiene que suponer que el texto se refiere a las artes, pero es incluso en ese caso un error: implica que las ciencias y las humanidades no son disciplinas creativas, cuando en realidad es uno de sus principales atributos.

Otro ejemplo es cuando se señala que el Programa Especial de CTI deberá contener las proyecciones de las estrategias y acciones para el desarrollo de la política pública con una perspectiva de por lo menos veinte años (Art.16), aunque antes se afirma que la vigencia de dicho Programa no excederá el periodo constitucional de la Presidencia de la República (Art.15).

¿Pasará el filtro de la Conamer? En mi opinión sí, pues esta Comisión ha actuado consistentemente en complicidad con Álvarez-Buylla, quien ha hecho creer a esta y otras dependencias que lo que ella dice es la voz del presidente López Obrador. ¿Pasará el filtro de la Secretaría de Hacienda? El gasto no representa problema, pues ya ha sido motivo de múltiples ajustes: se eliminaron los fideicomisos y Álvarez-Buylla ha mostrado con creces que está dispuesta a sacrificar presupuestalmente a ese sector para favorecer otros programas gubernamentales. Pero no necesariamente será lo mismo si se consideran no sólo los aspectos presupuestarios, sino también la nueva realidad política del país, que tendrá que ser analizada obligatoriamente por los secretarios de Estado, la Consejería Jurídica y el propio presidente antes de llegar al Congreso.

La nueva realidad política

Revocación de mandato. En la consulta para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsada por el propio titular del Ejecutivo y su partido, participaron 16.5 millones personas de un padrón electoral integrado por casi 93 millones de ciudadanos (datos del INE). La abstención fue por lo tanto del 82.2 %. Todas las razones que se han propuesto para explicar el predominio del ausentismo —la influencia de los llamados de la oposición a no participar, los efectos de la instalación de un número menor de casillas que las dispuestas en procesos anteriores, o que se trató de un ejercicio que no resultó atractivo para la población— son difíciles de demostrar. Como quiera que sea, se puede afirmar que el triunfador en la jornada del 10 de abril fue el abstencionismo. Esto a pesar de que el presidente y su gobierno pusieron todo su empeño en convencer a la población de acudir a las urnas, empleando incluso procedimientos presuntamente ilegales (como lo ilustran las denuncias interpuestas ante las autoridades electorales). Pese a un triunfalismo inicial, los resultados no fueron buenos para el presidente y su partido. A esta conclusión han llegado no sólo miembros de la oposición, sino también algunos destacados integrantes de Morena.

Aunque este tema ha sido tratado de forma abundante por numerosos analistas, conviene observarlo desde diferentes perspectivas, en este caso para tratar de entender qué nos puede decir, aun indirectamente, respecto a la ciencia. En la consulta realizada el Domingo de Ramos, los resultados fueron los siguientes: a favor de que el presidente continuara en el cargo votaron 15.2 millones personas; el promedio nacional fue en este caso del 91.9 %. Por la opción de que López Obrador no siguiera en el cargo se emitieron un millón de sufragios para un promedio en todo el país del 6.4 %. El resto fueron votos nulos. Dada la ausencia de la mayoría de los ciudadanos en las urnas, el análisis del comportamiento de los distintos sectores participantes tiene que considerar las variaciones respecto al promedio nacional; por ello es importante tener en cuenta estas cifras para las comparaciones que siguen.

Un resultado importante es que tanto la mayor participación en este proceso como la votación más alta favorable al presidente ocurrieron en los estados con mayor rezago educativo, cuyo grado de escolaridad se encuentra por debajo del promedio nacional, que en 2020 fue de 9.74 años de acuerdo con el Inegi. Tabasco tiene un promedio de escolaridad de 9.69 años; Chiapas, de 7.78; Campeche, de 9.63; Veracruz, de 8.7; Tlaxcala (la excepción), de 9.83; Guerrero, de 8.37, y Oaxaca de 8.12.

Algo muy distinto ocurrió en las entidades federativas con niveles educativos más altos y en las que se encuentran importantes instituciones de educación superior e investigación. En ellas el rechazo a la continuidad del presidente se ubicó muy por encima del promedio nacional: en Nuevo León fue de 15.5 %, entidad con escolaridad promedio de 10.88 años; en Jalisco, de 11.3 % con un promedio de 9.90 años; en Aguascalientes, 10.9 % con 10.35 años; Ciudad de México, de 10.4 % con 11.48; Guanajuato, Estado de México y Querétaro rechazaron la continuidad de AMLO en un 9.4 % y cuentan con un promedio de escolaridad de 9.94, 10.08 y 10.48 años, respectivamente.

Un examen más detallado permite observar el comportamiento de algunos distritos electorales en las entidades en las que el rechazo a la continuidad del presidente fue más alto. Tomo algunos ejemplos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Los datos sobre el nivel educativo son del Inegi y corresponden en este caso no a la escolaridad en general, sino al porcentaje de personas con estudios superiores (licenciatura, especialidad, maestría o doctorado), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020. Los porcentajes de la votación, como en los casos anteriores, provienen de los resultados de la consulta de revocación publicados por el INE.

En la Ciudad de México las autoridades tuvieron éxito al atraer a los votantes, logrando una participación que supera el promedio del país. Pero los votos por la no continuidad del presidente —10.4 % del total— se situaron por encima de lo promediado a nivel nacional por cuatro puntos, mientras que los votos favorables a que López Obrador continúe —88 % del total— estuvieron por debajo del promedio nacional por cinco puntos. Esto es más patente en los distritos electorales con mayores niveles educativos, en particular donde hay una proporción alta de personas que cuentan con estudios superiores (el promedio con este nivel de estudios en la capital es de 34.6 %).

Si consideramos solamente a las alcaldías en las que la proporción de la población con licenciatura o más se encuentra por encima del promedio de la entidad, se observa que en la alcaldía de Azcapotzalco, el 39.1 % de cuya población cuenta con estudios superiores, el voto por la no continuidad del presidente fue de 10.2 %. En Benito Juárez, el 69.3 % cuenta con estudios universitarios, y el rechazo fue de 17.3 %. En Coyoacán, 45.7 % concluyó estudios superiores y 11.5 % votó por la revocación. En Cuauhtémoc, 44.4% cuenta con el nivel de estudios señalado, y el 12.4 % de su población votó contra López Obrador. En la alcaldía Miguel Hidalgo, 52.6 % tienen estudios superiores y 13.5 % votaron contra el presidente. En Tlalpan, el 35.2 % tiene estudios universitarios y el 10.31 % votó por terminar el sexenio de forma anticipada.

Un par de ejemplos de Jalisco: en el Distrito 8 de Guadalajara, la proporción de personas con estudios superiores es de 30.7 % y el rechazo a la continuidad del presidente fue de 20.7 %. En el Distrito 10, Zapopan, donde el 36.8 % de la población tiene estudios superiores, el rechazo a la continuidad de López Obrador fue de 26.5 %.

En Nuevo León, en el Distrito 10 de Monterrey, cuya población con estudios superiores es de 36 %, el porcentaje que votó por la no continuidad fue de 29 %. En San Nicolás de los Garza con 40.2 % de nivel superior, el 18.3 % por que no continúe. En el Distrito 1 de Santa Catarina, que incluye al municipio de San Pedro Garza García, el cual tiene una escolaridad superior de 54.2 %, el rechazo al presidente fue de 28.3 %.

Los datos anteriores muestran que en la consulta sobre la revocación de mandato los núcleos urbanos donde se concentran las más importantes instituciones de educación superior e investigación, así como la población con mayor escolaridad, expresaron un mayor rechazo a la continuidad en el cargo de López Obrador, en comparación con los municipios con menores niveles de estudios. Se puede proponer que entre las causas de este rechazo se encuentran los efectos adversos de las políticas públicas del gobierno hacia este sector.

Estos datos expresan un patrón muy semejante al de los resultados de las elecciones intermedias de 2021, en las que se modificó la composición de la Cámara de Diputados. En aquella jornada electoral en las principales ciudades del país, y significativamente en la Ciudad de México, las personas con mayores niveles educativos, entre las que se encuentran los profesionistas en diferentes áreas, científicos y artistas, mostraron su inconformidad con el presidente y su partido, como lo señalé en un artículo previo publicado aquí. Desde entonces las políticas públicas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación hacia estos sectores no solamente no han cambiado, sino que se han tornado más agresivas, como lo muestran los recientes ataques al CIDE y las amenazas a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras agresiones cotidianas.

No obstante, el precio que ha tenido que pagar el grupo gobernante ha sido alto, pues como resultado de las elecciones de 2021 cambió por completo la composición del Congreso, y Morena y sus aliados perdieron la capacidad de continuar con la “transformación del país” por la vía de los cambios constitucionales.

La oposición. Un elemento definitorio en lo que parece ser una nueva realidad política en México es la emergencia de una oposición con capacidad de incidir en la definición de las políticas públicas. Lo anterior quedó demostrado con el rechazo a la reforma constitucional en materia energética propuesta por el presidente de la República. La propuesta requería para hacerse realidad de las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados.

Como consecuencia de las elecciones de 2021 ya mencionadas, resultaba imposible para el partido del presidente reunir los sufragios necesarios aún con la ayuda de sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT). En cambio, una alianza efectiva de los partidos opositores impidió que la mencionada reforma se concretara. La unión de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) consiguió evitar que una reforma constitucional proveniente del Poder Ejecutivo no fuera aprobada. Lo anterior mostró a una oposición real que, actuando en unidad, pudo obtener resultados muy importantes.

Pero hay otras lecciones, sobre todo si se piensa en los procesos electorales por venir, especialmente las elecciones presidenciales de 2024, en las ya no es descabellado pensar que una oposición unida podría resultar victoriosa.

Discusión

El Anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación propuesto por la dirección del Conacyt no debe ser aprobado. Las razones sobran, pues además de ser un documento descuidado y sin metas claras, centraliza todas las decisiones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la dirección general del Conacyt que ahora será el Conahcyt, como parte de los cambios en la nomenclatura de la Ley con los que Álvarez-Buylla busca trascender personalmente —algo completamente innecesario, pues su trascendencia ya está garantizada gracias a su labor de destrucción de la ciencia mexicana.

De ser convertido en Ley General, el documento anularía las libertades de cátedra e investigación, que son valores centrales de la autonomía universitaria. Adicionalmente, los programas de apoyo a la investigación no se decidirán solamente por convocatorias o concursos abiertos para ser evaluados por pares, sino que habría paralelamente una asignación discrecional de recursos para aquellos de interés de la dirección general, supuestamente dirigidos a la “solución de los problemas nacionales” que estarían alineados con los objetivos de los Pronaces y de una Agenda Nacional, cuyas características se definen por la dirección general, sin participación de la comunidad científica. Significa, además, un golpe a las entidades federativas en su participación en la política nacional de ciencia y tecnología, como lo planteó Roberto Rodríguez en un artículo reciente. Aunque en varias ocasiones se menciona en el texto a la democracia, en realidad se trata de una extensión en el campo de la ciencia de una postura completamente autoritaria, incluso dictatorial.

El documento es discriminatorio con los investigadores que laboran en instituciones privadas, aunque realizan un trabajo equivalente al de los científicos en el sector público, procurando el avance del conocimiento en beneficio del país. Cualquier plan de innovación está condenado al fracaso si no participan en él, en condiciones de igualdad, los sectores productivos. La innovación social es una gran idea (por cierto no de Álvarez-Buylla) que se estudia y se cultiva en varias partes del mundo, pero siempre en combinación con la innovación a nivel industrial y en los servicios.

En relación con los centros públicos de investigación, se busca alejarlos lo más posible de la autonomía a la que aspiran para afianzar el control absoluto sobre ellos, siguiendo el modelo que se trata de imponer en el CIDE.

Una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe tener una visión de largo alcance. Pero en lugar de ver hacia el futuro, el Anteproyecto sólo mira al ombligo de la 4T. El documento solamente busca justificar lo que la directora del Conacyt ya ha venido haciendo. En esas condiciones no puede ser avalado por el Congreso, si es que alcanza a llegar hasta ahí.

El presidente López Obrador se encuentra ante una disyuntiva: o sigue empeñado en la imposición, avalando una ley que es a todas luces nociva para el país y rechazada por la comunidad científica; o actúa con el pragmatismo que impone la nueva realidad política. Si toma el primer camino, lo más probable es que las clases medias y los sectores que han expresado su rechazo a las políticas en materia de educación, ciencia y cultura, expresen nuevamente su hartazgo en las elecciones presidenciales de 2024.

Es seguro que los cambios necesarios en las políticas señaladas formarán parte de las promesas de campaña de quien resulte ser el candidato o candidata de Morena. Pero las promesas, como las que hizo en su momento el propio López Obrador, no bastan. Es muy difícil que la población con mayores niveles educativos se entusiasme nuevamente con el discurso de “la esperanza”.

Los cambios en la política deben producirse ahora, en el tiempo que resta a este sexenio. En el caso de la ciencia, deben incluir, además de la no aprobación del Anteproyecto al que me he referido, la destitución o renuncia de Álvarez-Buylla.

Entiendo que muchos piensan que esto no va a ocurrir, por la obstinación que caracteriza al titular del Ejecutivo, a quien no le gusta que le digan lo que debe hacer. Pero estamos frente una especie de partida de ajedrez en la que la imposición y la obediencia ciega habrán de enfrentarse con el pragmatismo que permita al presidente y su candidato o candidata salir bien librados en las elecciones presidenciales de 2024.

Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico