El próximo primero de agosto los mexicanos estamos llamados a ejercer nuestro derecho a ser consultados acerca de “un asunto de interés público”. Se trata de la consulta popular bautizada por muchos como la de los “expresidentes”. Es un instrumento de la llamada democracia directa que está establecido en el artículo 35 de nuestra Constitución.
Ilustración: Víctor Solís
A unos días del evento, resulta crucial reflexionar sobre las consultas y su utilización, especialmente sobre cómo han sido empleadas por el Ejecutivo federal. Si bien son un recurso que posibilita la participación directa y la incidencia de la ciudadanía en políticas públicas o asuntos de trascendencia, que a todas luces puede ser positivo, las consultas podrían convertirse en simples procedimientos para legitimar decisiones que se han tomado de antemano. Por otra parte, podrían ser la vía para posicionar temas y posturas que se asocien a partidos políticos, gobiernos u organizaciones con el fin de conseguir simpatías o simplemente cobijo para discursos que buscan mantener la aprobación ciudadana.
La consulta popular, la consulta ciudadana, el referéndum, entre otros, son instrumentos de la democracia directa. En los países de amplia tradición democrática se han establecido principalmente a raíz de la denominada crisis de representación —percepción negativa hacia los partidos políticos y gobernantes— que se traduce en frustración y rechazo. De ahí que se recurra a formas innovadoras de involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Hay políticas que podrían ser orientadas o justificadas a partir de un proceso de consulta, que incluso conlleve procesos de diálogo público y, por tanto, puedan conseguir mayor legitimidad.
En México tendrá lugar la primera consulta popular a nivel nacional organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Es un suceso relevante para la construcción democrática de nuestro país, sin embargo, el evento no presagia nada bueno. La consulta “para enjuiciar a los expresidentes” parece ser una mala broma y hay dos buenas razones para afirmarlo.
En primer lugar, dicha consulta tuvo defectos de origen. A iniciativa del Poder Ejecutivo, se propuso una consulta para enjuiciar o no a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto por los presuntos delitos cometidos durante sus sexenios. No obstante, el problema es que la aplicación de la ley no se consulta: la denuncia, investigación, enjuiciamiento y sentencia de delincuentes es una obligación de nuestras autoridades. Si una instancia de gobierno tiene algún elemento en contra de algún exservidor público no puede ser omiso: debe proceder de oficio y ello hace innecesario recurrir a una consulta.
En segundo lugar, y derivado de lo anterior, se violaría la ley y la Constitución al señalar, achacar delitos y prejuzgar a individuos, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia (previstos en los artículos 14 y 20 constitucionales).
Ante el panorama antes descrito —y dado que así lo establece la Constitución—, la Suprema Corte revisó la constitucionalidad de la pregunta. La Corte advirtió la improcedencia de la consulta bajo una pregunta donde literalmente se hiciera alusión a los expresidentes, y al final tuvo que ser enmendada. La pregunta corregida quedó de la siguiente manera:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Lo que había sido una pregunta violatoria de derechos y de disposiciones constitucionales que debió ser declarada simple y llanamente inconstitucional, devino en una redacción ambigua y oscura. Ante tal escenario, los resultados de un genuino instrumento democrático podrían derivar en usos políticos cuasi proselitistas de una facción política. El mandatario López Obrador “cumplirá” con una de sus promesas de campaña, aunque de forma astuta habrá atribuido la decisión “al pueblo”, quien a través de este recurso tendría —ilusoriamente— la posibilidad de inclinar la balanza.
Pero cabe preguntarse, entonces, ¿cómo podrían ser estos instrumentos benéficos para la ciudadanía más allá de acudir meramente a las urnas? Creemos que la clave está en la manera en la que se implementan. Al contrario de cómo se han manejado, tendría que asumirse de forma amplia y atendiendo a las etapas que implica: desde una adecuada justificación de la petición —apegada a derecho—; la especificación del tipo campañas de difusión que ayudarán a exponer los pros y contras; así como la organización de la jornada el día de la consulta y, consecuentemente, la posconsulta en caso de alguna irregularidad.
Como se puede observar, el proceso es largo y complejo. Los ciudadanos deberían conocerlo con más detalle y no ser un ente pasivo que sólo espere el día de la consulta. Los instrumentos de democracia directa pueden aportar a la calidad democrática de México; sin embargo, estos deben acompañarse de un sentido deliberativo, es decir, las consultas deben ser la culminación de un proceso que implicó la discusión genuina de temas de interés público.
En cambio, la consulta del primero de agosto no cumple con las características que la harían un ejercicio verdaderamente democrático. Si bien su organización es legal, en el fondo, a pesar de que se modificó la pregunta original para salvar su constitucionalidad, sigue siendo cuestionable por la ambigüedad y porque al final se mantiene el propósito de someter a consulta el enjuiciar a los expresidentes. Al mismo tiempo, resultó un instrumento para darle vitalidad a un discurso político en el que el presidente cumple su promesa de campaña, demuestra “su voluntad” y “delega” al “pueblo” la última palabra.
Iván Islas
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Actualmente, encabeza el proyecto de investigación: Diálogo y deliberación en la comunicación política. Prácticas comunicativas y cualidades deliberativas en las Consultas Ciudadanas de la Ciudad de México.
Carlos Patiño
Doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad de Lyon III, Francia. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La pregunta es confusa, larga, tediosa. Mecosto trabajo medio entenderla. Y supongo que a la mayoria de votantes les paso lo mismo. Aunado a la ineptitud de los funcionarios del INE. Se dijo que las credenciales que se vencieron en el 2020 y que sirvieron el 6 de Junio, hoy no porque ya caducaron. Asi me lo dijo un disque funcionario de casilla. Al final si vote. A pesar de la lluvia, aquí en el discriminado oriente de la ciudad.
Estoy de acuerdo, y me parece que la gente debe darse cuenta de que solo la están usando con fines poco claros y esto solo confundirá más a esta gente que apoya a este gobierno, me siento impotente y triste.
El drama no es que la Corte le de atole al presidente. El drama es el atole que él mismo se dá. Y que sus cercanos le soplen al jarro.