El 1º de mayo de 2014, día internacional del trabajo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo un “llamado a la reflexión nacional” respecto al bajo nivel de ingresos de los trabajadores y la insuficiencia del salario mínimo para satisfacer necesidades alimentarias, de transporte, vivienda y educación.
Desde entonces, Mancera anunció que su gabinete económico estaría trabajando en la formulación de una nueva política de salarios, tema que posteriormente fue elevado a la discusión nacional[1]. Esta medida puede disminuir la brecha de ingreso entre el grupo poblacional que percibe un salario mínimo, pero en nada beneficia a las personas que se encuentran en la informalidad laboral, entre ellos a los diez mil trabajadores voluntarios[2] que trabajan para el Gobierno del Distrito Federal, que ni siquiera reciben un salario mínimo por su trabajo.
La discusión que se ha dado alrededor del incremento al salario mínimo ubica dicha situación como un fin en sí mismo, dejando del lado que un salario mínimo digno es tan sólo la realización de una de las condiciones de trabajo decente que se deben de cumplir para lograr un fin más grande que es el derecho al trabajo digno.
Los estándares internacionales de derechos humanos señalan que dentro del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias se encuentran las siguientes: una remuneración mínima a todos los trabajadores, el salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, las condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias, la seguridad e higiene en el trabajo, la igual oportunidad para las personas trabajadoras de ser promovidas, el descanso, el disfrute al tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas[3].
Es a través de la realización de todas estas condiciones de trabajo decente que el empleo dignifica a la persona, contribuye a su desarrollo personal, a su integración social y económica, y por lo tanto el derecho al trabajo se vuelve vía esencial para la realización de otros derechos humanos[4]. Esto indica que, aún cuando se recibiera un salario mínimo digno, si la persona trabajadora no contara con cualquiera de las otras condiciones, como seguridad e higiene para trabajar o con días de descanso, entonces no se estaría garantizando ese fin mayor que es el derecho al trabajo digno.
Dicho esto, la discusión sobre el aumento al salario mínimo toma dos sentidos. El primero de ellos se refiere a que dentro de la población mexicana ocupada existen aquellos que ya perciben un salario mínimo pero insuficiente. Es decir, estos trabajadores ya se encuentran en un esquema de condiciones de trabajo decente, o al menos tienen garantizada la condición referente al salario mínimo pero el salario no cumple su fin. Este fin, de acuerdo al artículo 123, fracción VI de nuestra Constitución, es satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
La segunda vertiente de la discusión debe centrarse en que así como lo señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 2014, en México hay 28.6 millones de personas que se encuentran en el empleo informal, lo cual corresponde a un 57.8% de la población ocupada[5]. Esto a su vez merece decir que más de la mitad de la población ocupada en nuestro país se encuentra en el sector informal y que es precisamente en el sector informal donde se carece de la totalidad de las condiciones decentes de trabajo antes expuestas, entre ellas, el salario mínimo.
Para estos momentos del año, de acuerdo a dicha encuesta, hay 52.1 millones de personas económicamente ocupadas. Un incremento al salario mínimo como el que impulsa el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ayudaría a incrementar las percepciones económicas de aquellos más desfavorecidos económicamente dentro del sector formal, lo cual sin duda podría traer una mejora a sus condiciones de vida y las de su familia, en caso de que esta media realmente pudiera darse sin tener externalidades negativas como la inflación y la disminución del poder adquisitivo independientemente del aumento al ingreso.
En caso de que eso sucediera, aún tendríamos a 28.6 millones de personas en el sector informal, cuyas vidas y las de sus familias también podrían ser mejores en caso de que se tomaran medidas para dignificar precisamente sus condiciones de trabajo. Es en este sector, en donde se encuentran los trabajadores más vulnerables, más pobres y más invisibles. Aquí se ubican, por ejemplo, los 10,000 trabajadores voluntarios del servicio público de limpia del Distrito Federal, personas que aunque realizan las mismas actividades que los trabajadores contratados para ello, no son reconocidos como trabajadores y por lo tanto no reciben un salario ni cuentan con ningún tipo de beneficio laboral.
Llama la atención que el Jefe de Gobierno haya procedido a impulsar una medida económica-laboral de carácter nacional que tiende a ser progresista, pero cuya realización se escapa de sus manos, al ser los salarios mínimos fijados por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno[6], pero que nada proponga respecto a la dignificación de aquellos trabajadores voluntarios, que trabajan bajo sus instrucciones para mantener limpia la ciudad.
A diferencia de los demás estados en donde el servicio público de limpia se regula municipalmente, en el Distrito Federal el servicio se encuentra regulado a través de la Ley de Residuos Sólidos (LRS), que rige en las 16 delegaciones que lo componen. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que sus habitantes tienen derecho a la prestación de servicios públicos, misma que estará a cargo de la administración pública del Distrito Federal[7].
El Jefe de Gobierno es quien tiene la facultad de prestar el servicio, en sus etapas de barrido y recolección en vías primarias, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, facultad que ejerce a través de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal[8]. Las delegaciones prestan el servicio en las etapas de barrido de las áreas comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección, y a sitios de disposición final[9]. Para ello, la LRS señala que se nombrará al personal necesario y se les proporcionará todo el material indispensable para la prestación del servicio[10].
El papel que tienen los trabajadores voluntarios dentro de ese esquema formal se describe a grandes rasgos en la página web de la Sección 1 “Limpia y Transportes” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, en donde textualmente se lee que “en los vehículos recolectores, es donde se requiere una gran cantidad de voluntarios jóvenes, por su fuerza, habilidad y condición para subir, bajar, correr, tocar, obviamente, no desconocen la gratificación que les otorgan por ese servicio. Su horario normal es de las seis de la mañana a dos de la tarde y cuando hay necesidades del servicio para atención de quejas, o en diferentes casos, se extiende tres horas más; los sábados y domingos, manejan guardias para cubrir eventualidades”[11].
Los trabajadores voluntarios del servicio público de limpia del Distrito Federal viven de las propinas que reciben por parte de la ciudadanía y de la venta de los productos valorizables que seleccionan de los residuos que están en la caja del camión. Esto revela una ausencia de salario mínimo, la falta de pago igual por trabajo igual y de todas las condiciones de trabajo decente. Con ello se constituye una absoluta violación de los derechos laborales de estos trabajadores por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La vulnerabilidad de estos trabajadores se delata con la inexistencia de una cifra oficial sobre el número de trabajadores voluntarios, lo cual hace imposible saber cuántos son con exactitud. La página web de la Sección 1 del Sindicato dice contar para la recolección y transporte de los residuos “con una plantilla de catorce mil ciento cuarenta y ocho trabajadores sindicalizados, aunque existen cerca de cinco mil eventuales que realizan otras actividades y diez mil trabajadores voluntarios aproximadamente”. Ese mismo sitio, en diciembre de 2013, sostenía que se contaba con seis mil trabajadores voluntarios [12].
En caso de que la mano de obra de los trabajadores voluntarios no existiera, el Gobierno del Distrito Federal tendría que contratar al personal suficiente para realizar dicha labor, al ser estos trabajadores necesarios no sólo para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos, sino para la realización exitosa de otras políticas públicas que el Jefe de Gobierno decida emprender, como el plan “Basura Cero”.
Puede ser que el salario mínimo actual sea insuficiente y mantenga la pobreza, como ha sido declarado por Mancera, pero la ausencia de salario mantiene la pobreza, la perpetúa y la lleva a sus niveles más profundos. Si los ánimos andan realmente progresistas, el Gobierno del Distrito Federal debería de voltear a ver las condiciones laborales de sus propios trabajadores y proponer a través de la Secretaria del Trabajo, Patricia Mercado, quien tiene dentro de sus funciones proponer al Jefe de Gobierno las políticas dirigidas a hacer efectiva la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo y proteger a los trabajadores no asalariados[13], un esquema de inclusión laboral para los trabajadores voluntarios del servicio público de limpia del Distrito Federal.
Tania Espinosa Sánchez es directora General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y maestra en estudios legales internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy.
[1] Discurso de Miguel Ángel Mancera – Día Internacional del Trabajo, Gobierno del Distrito Federal, 1 de mayo de 2014, página consultada el 17 de agosto de 2014.
[2] Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Sección 1, “Limpia y transportes”, página consultada el 17 de agosto de 2014.
[3] ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, artículo 7.
[4]ONU, Observación General núm. 18, El Derecho al Trabajo, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 35 periodo de sesiones, E/C.12/GC/18, Ginebra, 24 de noviembre de 2005.
[5] INEGI. Boletín de prensa número 352/14. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Cifras durante el segundo trimestre de 2014. Informalidad laboral. 13 de agosto. Aguascalientes, Ags.
[6]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013, artículo 123. VI.
[7] Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2013, artículo 17.II y 93.
[8]Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de abril de 2003, artículo 5.1 y 7.1.
[9]Ibíd.,artículo 10.II.
[10] Ibíd., artículo 10.VII.
[11]Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Sección 1, “Limpia y transportes”, op. cit.
[12] “Los voluntarios de la basura”, Revista Emeequis, 3 de diciembre de 2013, página consultada el 17 de agosto de 2014.
[13]Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998, artículo 23 – ter II, III, IV, XXV.
Completamente de acuerdo en que esos trabajadores voluntarios no merecen ser ignorados por el Jefe de Gobierno, me recuerda a los ilustres varones de los gobiernos monárquicos a quienes se acudía en busca de "la gracia" de su atención, y si era uno favorecido por el estado de animo del SEÑOR, tal ve pudiera pensar en el asunto, resolverlo era otra cuestión. Funcionarios que fueron bien educados en el "arte" de no hacerle caso a los gobernados, ya que detentan el poder , como en el caso de la monarquía absolutista, por "derecho divino"…El Sr.Mancera siente que gobierna, pero hay unas hordas de burócratas que se han enquistado en todas las áreas de gobierno y su finalidad es conservarse en los puestos de trabajo, por encima de los programas que se pretendan implementar. Muchos de esos burócratas dependían y dependen de las tribus del perredismo, y han logrado invertir el sentido de la tarea de gobernar: para ellos es prioritario generar cifras que demuestren que realizan determinada tarea, y por ello mismo las cifras les permiten sostenerse en el empleo, pero eso ha conducido a que tergiversen el sentido de la mejora continua, el cliente son ellos los burócratas y no los destinatarios de los programas y proyectos de gobierno. Y en esa tarea de tergiversar el sentido de los programas, utilizan a los trabajadores contratados a través de diversas fórmulas, menos la del "trabajo decente", ese gobierno y su secretaria del trabajo es la que ejerce fórmulas despóticas esquilmando a los trabajadores a quienes les niega el derecho al "trabajo decente", obligándolos a firmar escritos que salvan a las burocracias de asumir sus compromisos con los trabajadores. Como ejemplo: obligan al trabajador a firmar que el trabajo que realizan no es bajo un contrato laboral, así como lo digo así es de contradictoria la política laboral del gobierno del D.F. en particular las políticas no laborales ejercidas por la Secretaría del Trabajo del D.F.