El domingo 26 de febrero de 2023, decenas de miles de manifestantes en todo el país, pero principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más imponente de América Latina, se autoconvocaron para expresar su rechazo a la propuesta de reforma electoral conocida como Plan B (por ser menos ambiciosa que la original) enviada por el presidente López Obrador, y sancionada por el pleno en ambas cámaras del Congreso.
El lema de la marcha fue “EL INE NO SE TOCA” y la narrativa enarbolada por los sectores civiles e integrantes de la oposición partidista fue en “defensa de la democracia”, a la que consideran en riesgo por el debilitamiento significativo del Instituto Nacional Electoral que se deriva de la reforma. Un INE más débil, con menos recursos, supone una menor capacidad para administrar y observar la limpieza, imparcialidad y confiabilidad de los procesos electorales, y por tanto una mayor oportunidad para que el gobierno de turno incida sobre los resultados de las elecciones.
Por su parte, desde el gobierno, tanto el presidente López Obrador como Mario Delgado, representante máximo de Morena, desestimaron la narrativa democrática de los manifestantes, argumentando que sus únicas intenciones están orientadas al régimen de privilegios del que se beneficiaron cuando la oposición era gobierno. Para el oficialismo, la reforma es parte del proceso de transformación de la vida pública del país que busca evitar regresar a un pasado corrupto donde se podía manipular el voto y saquear el erario sin ninguna consecuencia.
En ambos casos, hay una disputa narrativa por apropiarse de la democracia. Mientras que los manifestantes buscan defender el régimen político plural alcanzado a fines de los años noventa de la destrucción institucional que supone la reforma, para el gobierno es la 4T la que encarna la democracia verdadera, cercana al pueblo y lejana de los privilegios de la alta burocracia. En ambos casos, sin embargo, las propuestas —opuestas— parecen apuntar al mismo objetivo: evitar las prácticas fraudulentas del pasado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quiénes tienen razón? El texto a continuación intenta responder a estos interrogantes. En primer lugar, desanda rápidamente el camino de la transición y describe el proceso que nos condujo a la situación actual. En segundo término, analiza las narrativas en cuestión, y propone que —más allá de los intentos de ambos grupos— la democracia no puede ser apropiada por algún actor o coalición, ya que su misma naturaleza lo hace imposible. En el momento en que alguien se adueña de la democracia, esta última deja de existir. Pero, vamos por partes…
El camino recorrido
Durante casi siete décadas, la política mexicana estuvo guiada por una regla de oro: el partido en el gobierno no puede perder las elecciones. Durante todo ese período (1928-2000), no hubo dictaduras ni gobiernos militares como sí ocurrió en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Desde 1934, cada seis años, las elecciones presidenciales ocurrieron de manera estable, recurrente, permanente y en buena medida, pacífica. Parafraseando a Henry Ford, la gente podía acudir a las urnas y votar por el candidato que quisiera, siempre y cuando ganara el partido en el poder. Quienes componían el Estado-partido-gobierno (y sus aliados) eran, de alguna manera, los dueños de México.
La definición mínima de “democracia” dice que es aquel régimen político en el que la oposición puede ganar elecciones.1 En tal sentido, México no fue —al menos hasta 1996-97— un país democrático. Y establezco el hito en 1996-97, porque durante esos dos años se crearon las condiciones para que México llegara a ser una democracia: la creación del Instituto Federal Electoral de carácter autónomo, en 1996, y las elecciones intermedias del año siguiente en las que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta de la representación legislativa. Ambos hitos, uno institucional y otro político, crearon un nuevo rumbo, una nueva ola de acontecimientos en la vida política del país, en la que la alternancia en el poder del año 2000 (la salida del PRI de Los Pinos) fue su punto más alto.
Surfear una ola suele ser un evento lleno de adrenalina, que ocurre en pocos segundos, y que no siempre ofrece segundas oportunidades. En el caso de la política democrática, la transición de un régimen político cerrado donde el pluralismo está cancelado y la representación capturada por un grupo o partido, a otro donde la diversidad de ideas, intereses y propuestas se eleva como una ola gigante, resulta intimidante. Décadas de un mar silencioso no garantizan ausencia de tempestades; al contrario, son el caldo de cultivo para que, bajo las condiciones institucionales adecuadas, esa ola de demandas, reclamos y necesidades insatisfechas lleguen todas juntas hacia la playa, administrada ahora por los nuevos gobernantes democráticos.
En México, la democracia incipiente de principios de siglo estaba frente a un dilema: asumir el riesgo de crecer, madurar y hacerse adulta tratando de surfear la gigantesca ola de demandas acumuladas, o limitar su extensión y profundidad (enfilar la tabla hacia una zona menos riesgosa de un mar embravecido) hasta que el sistema político estuviera listo para recibirlas y atenderlas. En aquel momento, el presidente Vicente Fox optó por la segunda alternativa. Su pacto político con el PRI, su acuerdo electoral con la SNTE, y su finalmente fallido intento de desafuero a Andrés Manuel López Obrador fueron prueba suficiente de que para las élites, o al menos para un sector de ellas, la democracia no estaba lista aún para ser democracia. El desaseo del proceso electoral de 2006, desde la forma en que se dieron las campañas hasta la calificación de la elección por parte del Tribunal, terminó por confirmarlo.
En aquel contexto, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador era el abanderado de la primera alternativa. Como líder de la oposición pero también en su carácter de jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006 trató de ofrecer respuestas —tanto discursivas como políticas— a aquellas demandas, vinculadas fundamentalmente con la mejora del nivel de vida de los más desfavorecidos. Dicho de otra manera, fue uno de aquellos que buscó ensanchar el sendero de las demandas democráticas incluso por fuera de las instituciones, frente a la búsqueda más conservadora de quienes priorizaban el fortalecimiento institucional por sobre las satisfacción de las demandas ciudadanas más inmediatas.
Durante los primeros años posteriores a la alternancia, se priorizó “la institucionalidad” como precondición de la representación. Una porción significativa del electorado avaló dicha premisa con su voto. No una, sino dos veces. Paradójicamente, si bien las instituciones (electorales, legislativas, judiciales y en buena medida también los organismos autónomos) se fortalecieron (profesionalizaron sus burocracias, aumentaron sus presupuestos y aumentaron su protagonismo), el espacio de representación social se angostó. La política democrática tuvo lugar en el Congreso, donde las reformas se negociaban, la sociedad civil más influyente participaba, y el país intentaba dar hacia el exterior un imagen de progreso y civilidad. El Pacto por México es, en buena medida, el ejemplo más cabal de aquellas épocas. Se gobernaba con la participación (y beneplácito) de ciertos actores con poder de facto y capacidad de veto, más que de la población en general. Mientras ello ocurría en el ámbito institucional, en otro sector del escenario social la ciudadanía permanecía como espectadora, las más de las veces poco interesada en un espectáculo lejano al que sólo los escándalos de corrupción y el creciente protagonismo de los movimientos sociales —fundamental, pero no exclusivamente, los de mujeres y de víctimas de la creciente violencia social— sacaban de su incómodo letargo.
En 2018, la versión angosta de la democracia mexicana tocó su techo. Pese a las reformas estructurales auspiciadas por la OECD y festejadas por Time, ocho de cada diez mexicanos estaban insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Según datos de Latinobarómetro, mientras que en 1997 el 63% de los mexicanos consideraba que la democracia era el mejor régimen de gobierno posible, veinte años después el porcentaje había caído a menos del 40%. En ese mismo lapso, la indiferencia por el régimen político creció 25 puntos porcentuales. Las instituciones funcionaban pero el gobierno no alcanzaba (por no poder, por no saber o por no querer) a representar los intereses de la ciudadanía. Fue así que la llegada al poder de López Obrador (derrotado en las dos elecciones previas) resultó más una consecuencia lógica del proceso que una sorpresa inesperada.
La 4T, las narrativas y la disputa por la democracia
Durante sus primeros cuatro años de gobierno, López Obrador enfrentó diversos retos (crisis económica mundial, pandemia, violencia creciente del crimen organizado), y más allá de las estrategias desplegadas y de su éxito (para lo cual no tenemos tiempo y espacio de analizar aquí) su gobierno mantuvo algunos rasgos: personalismo en el proceso de toma de decisiones, poca deliberación con actores opositores o técnicos, deslegitimación y debilitamiento de instancias de rendición de cuentas. Dicho de otra forma, la democracia de la 4T es una democracia que descree de las instancias representativas, plurales, tecnocráticas y ciudadanas por su valor intrínseco, y apuesta a la fidelidad de representantes, burócratas y ciudadanos convencidos de sus propuestas. Puesto en términos algo caricaturescos: “Estás conmigo o contra mí, y en eso radica tu valor. No tanto o no sólo en tu experiencia, tus conocimientos, o lo innovador de tus propuestas”.
En pocas palabras, frente al mismo dilema que enfrentó Fox (fortalecer las instituciones o ensanchar el sendero de la representación) López Obrador siempre tuvo una postura radicalmente diferente. Para el actual presidente no hay tal dilema porque son esas instituciones —especialmente los organismos autónomos, las instancias de control, y la sociedad civil, con el INE en primer lugar como nave emblemática— las que imposibilitan una representación más democrática. Y es aquí donde la disputa por la democracia emerge. Es en este punto, en el que nuevas narrativas luchan por prevalecer. Para el presidente, la “democracia de unos pocos” choca con la “democracia verdadera”. Para sus opositores, esa democracia “de unos pocos” que tanto critica es la misma que le permitió llegar al poder, y es además mucho mejor que la democracia “de uno solo” que él encarna.
Las inconsistencias —lógicas e históricas— sin embargo, cunden en ambas narrativas. Para el presidente, la democracia se garantiza con más y no con menos concentración de poder. Con menos y no con más profesionalización burocrática. Con menos y no con más deliberación. Con menos y no con más independencia judicial. Para la oposición, debemos ponerle un alto al gobierno para “garantizar la democracia”. Defender al INE es la tarea para no regresar a la época del “Estado-Partido-Gobierno”. Un pasado en el cual muchos de ellos gobernaban, y gracias al cual llegamos hasta aquí.
Ahora bien, ¿cómo evitar la apropiación particular de la idea de “democracia”? ¿Qué pasa con quienes identificamos las inconsistencias en unos y otros argumentos? ¿Qué queda para aquellos que no coinciden con la propuesta del presidente, ni quieren volver a una época en que gobernaban unos pocos para unos pocos (de acuerdo con Vicente Fox, su presidencia fue “un gobierno de empresarios para empresarios”). ¿Es posible ensanchar la representación sin implosionar el edificio institucional que garantizó la transición y la llegada al poder del actual gobierno? ¿Es posible que una nueva alternancia no nos devuelva a las recetas fallidas del pasado?
La democracia como valor universal
Las ideas son visiones parciales del mundo, pero tienen, todas, pretensión de universalidad. Así, ambas narrativas buscan apropiarse de la idea de democracia, pero la democracia —dada su naturaleza— no tiene dueños. En todo caso, son los ciudadanos, y en particular los electores quienes deciden —y deben poder seguir decidiendo— quiénes los deben gobernar y de qué manera. La ciudadanía es —a través de la diversidad y la riqueza que permite el pluralismo— la fuente de soberanía, y es positivo que sus expresiones —como ocurrió en la marcha del domingo— excedan el momento electoral. Una ciudadanía en las calles es un ejemplo de civismo y de que la democracia no sólo debe defenderse sino que existe y está vigente. El siguiente paso en esta carrera hacia la madurez democrática es, entonces, democratizar la idea de la democracia. Hacerla extensiva y vivencial. Y eso, más que una guerra de narrativas, requiere de igualdad, de reconocimiento, de diálogo, de acuerdos, y de búsqueda de consensos en torno a cuál es la democracia que queremos y que estamos dispuestos a construir. Algo que desde el actual gobierno, lamentablemente, no se fomenta, y que escuchando a algunos de los manifestantes en la marcha del 26F, tampoco parece muy probable.
Para Amartya Sen,2 la democracia es un valor universal. Eso significa que es un bien público que beneficia a todos, del que nadie se puede apropiar, y de cuyo beneficio no es posible excluir a nadie más. En el momento en que una actor o grupo de actores trata de apropiarse de la democracia o de su idea, la democracia deja de existir. En tal sentido, las narrativas en disputa son un equilibrio ineficiente, del que tenemos que salir. Si bien impiden la apropiación de la idea democrática por parte de uno de los bandos, no conducen hacia el acuerdo necesario en torno a aquel valor universal. La democracia no tiene —porque no puede tener— dueños. En un país tan afecto a la concentración de la propiedad, cambiar de paradigma supone también cambiar nuestra escala de valores. Los únicos garantes de la democracia serán —siempre— aquellos que no se la puedan apropiar: las ciudadanas y los ciudadanos. De ellas y ellos —de los partidarios, pero sobre todo de los neutrales—3 depende que la guerra discursiva se transforme en conversación.
José del Tronco Paganelli
Profesor-investigador de la Flacso México
1 Przeworski, A. “A Minimalist Conception of Democracy”, en Dahl, R.; Shapiro, I., y Cheibub, J.A. Democracy Sourcebook, MIT University Press, 2003, pp. 12-18.
2Amartya, S. “Democracy as a universal value”, Journal of Democracy Vol. 10 Num 3, 1999, pp 3-17.
3 Sigman, M. El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Madrid, Debate, 2021.