Desde los primeros meses de 2019 ya se hacían evidentes diversos síntomas que apuntaban, y hoy se corroboran aún más, hacia la destrucción del Sistema Nacional de Salud y, con ello, la destrucción del derecho a la protección de la salud. Una serie de dislates iniciados con el anuncio de la cancelación del Seguro Popular hacían notorio un atentado contra las instituciones que habían logrado consolidar la atención a la salud de la población como un derecho fundamental. Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de más de treinta normas oficiales mexicanas en salud que apuntan a diversos servicios esenciales relacionadas con padecimientos o grupos de edad que tienen un peso significativo en la carga de la enfermedad y que violentan la aplicación de la garantía social.
La reforma sanitaria de 1983 estableció la llamada “cascada jurídica” a partir de la emisión de la adición de un párrafo tercero al Artículo 4.º Constitucional que estableció el derecho a la protección de la salud. En continuidad de ello, se expidió la Ley General de Salud, que definió, entre otras cuestiones, el Sistema Nacional de Salud, caracterizó los servicios de salud, y distribuyó las competencias de la Federación y las entidades federativas. La Ley sería desglosada en su aplicación en siete reglamentos en materias específicas y posteriormente se fueron sumando otros reglamentos que han enriquecido el marco regulador de los servicios de salud en el país. De ahí, se pasaría a la emisión de las entonces llamadas normas técnicas en materia de salud, o normas oficiales mexicanas, que llevaron a un nuevo sistema normativo, de carácter obligatorio para los sectores público y privado para la regulación y control de múltiples bienes, insumos y servicios de salud. Por su parte, el proceso de descentralización de la salud llevó a la emisión de leyes estatales de salud.
La Secretaría de Salud, en su función normativa, expide las normas oficiales en materia de salud que constituyen regulaciones técnicas que establecen, entre otros, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a la terminología, simbología, embalaje. En su momento, se habían expedido más de 180 normas oficiales en la materia. Se construyó así, pues, todo un andamiaje que permitía traducir el derecho en servicios prestados en beneficio de la población para mejorar su calidad de vida y mejorar su nivel de salud, definidos en regulaciones específicas, fundamentadas en evidencia científica, para caracterizar, organizar y aplicar los avances del conocimiento y la tecnología en esquemas precisos para la prestación de servicios de salud público, privado o social.
Hoy, lamentablemente, son una cruda realidad de la depauperación del Sistema Nacional de Salud debida a la gestión sanitaria federal:
- Ser contraria al espíritu del párrafo segundo del artículo 4.º y en esencia al conjunto de garantías sociales contenidas en dicho artículo. La gestión sanitaria del actual gobierno federal ha sido y sigue siendo contraria a las garantías sociales de la Constitución.
- Ser contraria al fortalecimiento de la federalización de la salud. La gestión de la pandemia, la instauración del Insabi, su cancelación y ahora su sustitución con el IMSS-Bienestar, y el manejo de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas son muestra evidente de ello.
- Ser incapaz de garantizar el incremento de servicios ante la grave restricción de recursos actuales y futuros. El persistente desabasto de medicamentos, la saturación de los servicios durante y posterior a la pandemia son muestra evidente de tal incapacidad.
- Debilitar la capacidad técnica y operativa del Consejo Nacional de Salud como entidad de coordinación de esfuerzos entre la Federación y las entidades federativas. ¿Acaso existe? En consecuencia: la ausencia de una verdadera y efectiva autoridad sanitaria.
- Cortar de tajo la opción efectiva para enfrentar riesgos de contingencias derivadas de gastos catastróficos. El caso de los niños con cáncer es ilustrativo.
- Suprimir la participación de los sectores privado y social. Ambos han sido denostados y relegados de cualquier posibilidad de participación con el sector público en la atención a la salud. Su participación, por ejemplo, en la vacunación frente al covid hubiera alcanzado otros resultados.
- Engañar con la supuesta gratuidad de servicios y medicamentos. Hoy día no hay unidad aplicativa que atienda satisfactoriamente la demanda de servicios y medicamentos. La situación que genera la cancelación de las normas oficiales mexicanas incrementará sustantivamente este riesgo.
- Retrotraer el sistema de salud a una situación similar a la de los años setenta del siglo anterior. Lo cual se demuestra en la evidencia la falsedad de la promesa de alcanzar un sistema de salud similar al de Dinamarca.
Qué duda cabe: el derecho a la protección de la salud, la protección de la salud del menor, a la alimentación nutritiva, a la salud del anciano y discapacitado han sido violados, olvidados de la agenda de las políticas públicas de México. Los principios éticos que deben prevalecer en el cuidado de la salud han sido desechados, ignorados, menospreciados. No hay que olvidar: las normas salvan vidas.
La cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud tienen consecuencias que es necesario ponderar a fin de evaluar el grave daño que causarán en la calidad de vida y en los niveles de salud de los mexicanos. Se hace necesario llevar a cabo análisis del impacto que causará en la morbilidad, la mortalidad, el desempeño de los servicios, el impacto en los niveles de salud. Vale señalar que la cancelación se hizo sin que haya habido consulta con las instancias normativas en la materia de calidad de los servicios, las propias instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales y especialistas versados en las materias afectadas, las academias, los consejos de especialidad, los colegios y asociaciones profesionales.
El listado de la normas canceladas es violatorio del derecho a la protección de la salud, así como de la salud del niño y de grupos vulnerables como los ancianos.
Con relación a la vigilancia epidemiológica se cancelaron, entre otras, las normas relativas a la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera y de las enfermedades transmitidas por vector; así como a la teniasis y cisticercosis, la brucelosis en el ser humano y la prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos. ¿Acaso no se espera el aumento del paludismo y el zika en la ya presente época de calor?, ¿acaso no es necesario el control sanitario para prevenir la teniasis y la cisticercosis?
En el listado de las normas canceladas se encuentran las que tienen que ver con algunas enfermedades que tienen un alto peso en la carga de la enfermedad, tal es del sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. No hay lugar a dudas del gravísimo error al considerar superadas el problema de la obesidad y el sobrepeso, así como la diabetes mellitus y la hipertensión que son los problemas de salud más importantes en el presente y el futuro de la salud en México, y que representan una carga no sólo para la población sino también para las instituciones de salud. También se descartan los tratamientos para la tuberculosis, y las enfermedades bucales y el cáncer prostático, como si estos no fueran problemas de salud pública.
La misoginia gubernamental se expresa en las normas canceladas que afectan la salud de las mujeres. Se abandona el cuidado de la mujer, no sólo de la embarazada sino de también de las jóvenes. Para el gobierno federal no es necesario ni importante la atención oportuna del cáncer cérvico uterino, del cáncer de mama, de las dislipidemias o la osteoporosis, y no sólo las infecciones de transmisión sexual. Pero asombra desdecirse del fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. No hay duda sobre el abandono de la salud de la mujer en las prioridades de salud de la 4T. La vacuna del papiloma humano o el Papanicolaou son procedimientos innecesarios para ellos. La mortalidad materna sigue siendo y con esto seguirá siendo uno de los grandes rezagos de la salud en México.
No sólo la mujer, también el niño está abandonado a su suerte; no es, de ninguna manera, prioridad nacional el futuro de los niños y del país. No importa la protección de la salud del niño, desde recién nacido hasta el inicio de la juventud. Por ello la cancelación de la atención a la salud del niño, la promoción de la salud escolar, pues no basta con la supresión de los comedores escolares, el tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo, la salud en materia alimentaria o la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. ¡Todos al paredón de la salud! No hay duda, no basta con desatender a los niños con cáncer; ahora hay que desatender a todos los niños de México.
Y no se quedan atrás la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, o la asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad o la asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Que sigan siendo vulnerables. Los grupos de riesgo, en especial los ancianos no importan en su atención, sólo en la retribución electoral que puedan tener por su pensión, a todas luces insuficientes para atender sus necesidades sociales.
Y una verdadera corcholata: el rezago de la salud mental. Ya no es necesaria la prevención, tratamiento y control de las adicciones o la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica; hay que cerrar los hospitales psiquiátricos, todos. México seguirá ostentando la mayor deficiencia en la atención de la salud mental de los mexicanos.
Y uno se pregunta: ¿quién clama por las NOM? A raíz de la publicación del Suplemento del Programa de Calidad referido ha habido unas pocas expresiones de inconformidad y que claman por una revisión cuidadosa. Para el titular del Ejecutivo federal no es importante tener normas para tratar el cáncer; el área de calidad de la atención a la salud no ha alzado la mano para opinar; las Academias, ni la de Medicina, ni la de Pediatría, por ejemplo, han emitido opinión alguna; lo mismo aplica a los Consejos de especialidad, los colegios las asociaciones profesionales. Más aún, ¿en donde están las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, si es que todavía existe este órgano constitucional?
Se hace necesario y urgente concitar la revisión de las normas canceladas por parte de la Comisión revisora habida cuenta la evidencia sobre la naturaleza del problema, el avance del conocimiento científico y de la tecnología aplicable para su atención y, de esta manera, evaluar la viabilidad de su continuación o eventual cancelación. Se debe fomentar la participación en la revisión de las normas canceladas, revisar los factores y condiciones de riesgos que implicaría la cancelación de la norma al no tener carácter obligatorio para las instituciones públicas y privadas, así como las consecuencias e impactos en los niveles de salud de la población potencialmente afectada por la supresión de servicios.
De no hacerlo es previsible que los servicios públicos se desentiendan de atender la salud en los temas señalados, habida cuenta que no es serían obligatorios, no se cuenta con los medicamentos apropiados para su atención, y se prevén mayores recortes a las instituciones públicas. Se perdería el control de los servicios privados y sociales al no tener obligaciones al respecto y podría generar una escalada de precios en una competencia por ofrecer opciones terapéuticas no controladas. La charlatanería tendría un auge al ofrecer, a precios accesibles, remedios para enfermedades críticas como la diabetes y la hipertensión.
La salud en México está en gravísimo riesgo de depauperar la calidad, eficiencia, eficacia, la oportunidad, que ya había alcanzado y que había permitido alcanzar niveles adecuados de salud en la mayor parte de los parámetros e indicadores de calidad de vida. Urge rescatar la rectoría del Estado en materia sanitaria.
José Cuauhtémoc Valdés Olmedo
Asesor en Promotora Social México y excoordinador general de la Fundación Mexicana para la Salud.