La disyuntiva individual ante la ética estatal: México y el COVID-19

Hasta que aparezcan vacunas, más capacidad de atención y mejores tratamientos, no habrá forma de ganar con el COVID-19. Se trata de minimizar pérdidas como objetivo e, implícita o explícitamente, decidir, como instrumento de política pública, a quién y cómo se protege, y a quién se exige qué tipo de sacrificio. Es así que alrededor del mundo se han intentado instrumentar distintas combinaciones de medidas para frenar el flagelo. En México, esta crisis desnuda las desigualdades y tiene el poder de profundizar su efecto. En un país que se caracteriza por su baja movilidad social, en la cual la condición de pobreza persiste de generación en generación, y donde la mayoría de la población vive al día en un contexto de alta informalidad laboral, la acción gubernamental debe establecerse con una mayor velocidad y alcance. El llamado al confinamiento voluntario (que ahora se encuentra en proceso de desmontaje con el plan de la “nueva normalidad”), sin el acompañamiento de un esquema de transferencias que proteja a quienes podrían verse afectados por el choque de salud y económico, colocó a una gran mayoría de la población ante un dilema de decisión individual que no deberían de enfrentar. Esta situación mostró que no todos los mexicanos tenemos las mismas posibilidades de elección, y que por ende, no contamos con los mismos derechos efectivos.

Hace tiempo que resulta imposible ocultar las desigualdades en México. El país se caracteriza por la ausencia de episodios de alto crecimiento económico en la historia reciente, lo cual se traduce en una situación de desigualdad creciente en la percepción de la población. Aunado a lo anterior, México presenta una alta persistencia en la transmisión de la pobreza: si naces en esa condición, difícilmente la superas. Eso pasa, en buena medida, porque los mexicanos que nacen en pobreza, por lo general, carecen de oportunidades de formación y desarrollo que los permita superar su accidente de cuna. Conforme avanzamos en la escalera social de origen, esas barreras se reducen, pero no desaparecen. En realidad, solamente una pequeña proporción de los mexicanos goza de un paquete amplio de oportunidades de desarrollo. Esta desigualdad se traduce en una baja movilidad social, misma que prueba que México no tiene un problema coyuntural, sino estructural, y por lo tanto, persistente. A lo ya mencionado hay que agregar una característica central del mercado laboral mexicano: más de la mitad de la población económicamente activa vive de la economía informal y solo alrededor del 20 % podría trabajar desde casa.

La ruta mexicana de acción gubernamental para enfrentar el choque del COVID-19 no ha considerado —o en todo caso, no ha incorporado del todo en su diseño— esta caracterización del país. El paquete específico aplicado en México se resumió en una solicitud a la población para no salir de casa y en una exigencia a las empresas de no despedir a sus trabajadores. Sin embargo, esto no se acompañó de un mecanismo fiscal lo suficientemente amplio que garantizara que todos pudieran seguir el consejo gubernamental, y que el choque económico resultante se amortiguara. En resumen, aunque disfrazado en el discurso, en los hechos el gobierno federal, al mejor estilo libertario, trasladó y transformó la responsabilidad colectiva por la lucha contra la pandemia en una responsabilidad individual y de empresa.

Ilustración: Adrián Pérez

Más allá de las ventajas y desventajas (y valga recordar que ningún enfoque carece de ventajas y desventajas), esta política presenta dilemas éticos tan interesantes como serios. En particular, esta situación se puede analizar desde la perspectiva de las ideas del economista (laureado con el Nobel) y filósofo Amartya Sen. En este sentido, vale la pena contrastar una decisión equivalente a la mexicana en un contexto completamente distinto: el de Suecia. El país escandinavo se ha ganado una reputación controversial por su actitud liberal respecto del confinamiento y muchos de sus detractores apuntan a su elevada tasa de mortalidad por millón de habitantes. Sin embargo, Suecia, al menos, cuenta con uno de los mejores estados de bienestar en el mundo, además de una población individualmente afluente con empleo formal y ahorros a los cuales recurrir en caso de necesidad. Quienes deseen quedarse en casa en Suecia, a diferencia de México, lo pueden hacer sin el riesgo de dejar de comer tres veces por día o de ser desalojados del departamento por no pagar la renta.

En México sería una ilusión esperar que la mayoría de la gente, que tiene que salir a trabajar cada día para subsistir, se quedara en la casa por voluntad propia sin que esto implicara perder su fuente recurrente de ingreso, simplemente porque el gobierno así lo aconsejó. En otras palabras y con base en Sen y el filósofo Isaiah Berlin, en México no todo el mundo tiene la posibilidad de decidir quedarse en casa y, de hecho, solo una minoría cuenta con la posibilidad de ejercer su libertad en sentido positivo.1 Más aún, es clara una desigualdad de oportunidades al respecto: la gente con mayor riqueza individual y capacidad de ahorro, redes sociales, entre otros, cuenta con aquella libertad, mientras que es la gente materialmente pobre, en empleo informal —es decir, la más vulnerable—  la que se encuentra privada de ella.2 Dado lo anterior, un programa de apoyo fiscal a través de transferencias sería más efectivo ante la necesidad de que se genere aislamiento social para proteger la salud de la población, pero al mismo tiempo, de que el costo económico que esto implica se minimice y supere lo más rápido posible.

Aquí cabe mencionar que la caída de la actividad económica en México será inevitable este año y muy probablemente el siguiente, incluso en el caso de que el gobierno no tomara ninguna medida de salud pública en absoluto (más allá de intentar aumentar la capacidad de atención hospitalaria, realizar más pruebas, entre otras). Esto sucederá debido a la recesión mundial que en México afectará a todos los sectores, pero en especial al de exportación, incluyendo petróleo, manufacturas y turismo. De este modo, los mexicanos, que en su mayoría resultan relativamente más vulnerables, corren el riesgo de sufrir aun mayor destitución; por ejemplo desnutrición y (otras) enfermedades. Con mayor razón entonces, además de aconsejar a la gente que se quede en casa, se necesita una respuesta pública fiscal de soporte a toda la población que se encuentre vulnerable.

Una de las contribuciones fundamentales de Amartya Sen a la ética económica fue demostrar que, en todas las hambrunas históricas, el problema no era la falta de alimentos (a pesar de las malas cosechas) sino la falta de derechos (entitlements) entre la población sin recursos. La gente moría de hambre porque no tenía ingresos para comprar los alimentos que sí estaban disponibles; el estado o la sociedad no reconocían el derecho a recibir esos alimentos de otra manera (como si se tratase de ayuda humanitaria pero basada en un derecho fundamental ciudadano o humano).3 De la misma manera, la pandemia de COVID-19 será (o debería ser) recordada, entre otras cosas, por cómo las poblaciones vulnerables fueron protegidas por sus conciudadanos; es decir, si se reconoció y respetó el derecho de todas y todos a recibir apoyo y no quedar destituidos(as) frente a un golpe de la naturaleza.

Un choque combinado de salud y económico como el de la pandemia actual tiene efectos de más largo plazo. Desde un enfoque de destitución y desigualdad de oportunidades, la ausencia de pisos de supervivencia, y en general de mecanismos de protección social, se constituye en circunstancias que condicionan o determinan la suerte de esta generación y la siguiente. Cuando John Roemer menciona las circunstancias de las personas como un determinante de su logro en indicadores de bienestar y desarrollo humano, se refiere a todo aquello sobre lo cual los individuos no tienen control, y por ende no pueden ser considerados responsables.4 En el contexto de la pandemia, la pérdida de la salud y el riesgo de muerte de alguno de los proveedores económicos del hogar no puede llamarse de otra manera que “una circunstancia” para el resto de miembros del hogar. Esto implica que, por más esfuerzo que realicen los individuos para no contagiarse, si se enferman por la necesidad de buscar el sustento diario para sus familias, y esto a su vez provoca la muerte, estas tendrán que lidiar con una circunstancia adversa ahora y en el futuro. Permitir que una situación que los hogares no generaron, ni pueden alterar, los afecte de cualquier manera, ya sea porque sus miembros se quedan en casa sin sustento o porque salen a la calle a buscarlo, no hace más que agudizar la urgencia de la respuesta social frente a la plaga.

México nos recuerda dos aspectos éticos fundamentales en el ordenamiento social, a la luz de las ideas de Amartya Sen. Primero, que sin derechos (entitlements) no puede haber libertades. Segundo, que existe una conexión muy estrecha entre la desigualdad de oportunidades, la falta de libertad y la violación de los derechos fundamentales. Ante una situación así, el esfuerzo estatal debe establecer criterios de acción que prioricen, en primer lugar, la supervivencia de su población, y en segundo, la garantía en el ejercicio de derechos, sin importar  la situación socioeconómica de las personas. En ese sentido, toda aquella limitación que se autoimponga el gobierno en sus esfuerzos por lograr estos dos objetivos, no tendrá justificación.

 

Roberto Vélez Grajales
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)

Gastón Yalonetzky
Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds, Reino Unido


1 Para una definición y distinción entre libertad positiva y negativa véase Isaiah Berlin (1958) Two Concepts of Liberty, Clarendon Press.

2 El enfoque de capacidades de Sen, así como su noción de pobreza como privación de capacidades, se puede revisar, entre otras fuentes, en Amartya Sen (2001) Development as Freedom, Oxford University Press.

3 Véase, por ejemplo, Amartya Sen (1990) Poverty and famines, Oxford University Press; Jean Dreze y Amartya Sen (1991) Hunger and public action, Oxford University Press.

4 Véase John Roemer (1998) Equality of opportunity, Harvard University Press.

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Publicado en: Economía, Política, Salud