La reciente captura y muerte en México de Nemesio Oseguera Cervantes (el “Mencho”), líder del CJNG, ha generado una enorme reacción entre periodistas y académicos tanto dentro como fuera del país. Estos analistas han ofrecido diversas reflexiones sobre los aspectos logísticos y tácticos del operativo, así como sobre los efectos para los partidos del Mundial que se celebrarán en verano y para el escenario de seguridad en México en el corto y mediano plazo.
A pesar de los enormes costos que la muerte del líder del CJNG tendrá para los niveles de violencia en el país, aún hay análisis que presentan este hecho como una victoria de la llamada guerra contra las drogas en México, e incluso como un logro diplomático en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Según este argumento, dado que la operación demostró la capacidad del gobierno mexicano para entregar resultados que exigió Estados Unidos, puede interpretarse como un éxito en los esfuerzos de México por apaciguar al gigante del norte.
Cada vez que ocurre un episodio como este –basta recordar al Chapo, al Mayo y la captura, extradición o muerte de otros capos menos conocidos– el debate se centra casi de manera exclusiva en cifras, despliegues de fuerza, ataques pasados y futuros, y predicciones sobre el nuevo panorama criminal en México. Lo que queda fuera de la discusión, sin embargo, es un hecho muy demostrado por décadas de investigación académica: la guerra contra las drogas es una guerra imposible de ganar, diseñada y promovida por Estados Unidos en detrimento de miles de ciudadanos al sur del río Bravo.
Desde esta perspectiva, la muerte del Mencho no puede considerarse una victoria. No sólo porque la llamada estrategia de “descabezamiento” (kingpin strategy) ha demostrado ser ineficaz, cuando no abiertamente perjudicial, sino porque la propia guerra contra las drogas está condenada al fracaso. Como académicas trabajando sobre violencia en México, nos gustaría ofrecer una reflexión sobre las falacias de la guerra global contra las drogas, la responsabilidad de Estados Unidos en su sostenimiento y la urgente necesidad de que México y otros países latinoamericanos se distancien de un discurso de seguridad que se centra en unos cuantos “bad hombres” del Sur Global mientras ignora a los verdaderos actores clave que sostienen el negocio global de las drogas.
Una mentira repetida muchas veces vale más que una verdad
No importa quién sea abatido, cuándo o dónde: el suministro de drogas no se detiene. Los informes anuales de Naciones Unidas lo demuestran: con independencia de cuántos capos se capturen, las drogas continúan cruzando la frontera. La evidencia proveniente de centros de investigación, organizaciones internacionales, académicos y organizaciones no gubernamentales es abrumadora y conduce a la misma conclusión: la guerra contra las drogas está condenada al fracaso.
Por supuesto, hay importantes intereses políticos y económicos detrás de esta política, entre ellos los beneficios para la industria de la seguridad y el reforzamiento de la hegemonía estadunidense en la región. Por ello, la pregunta no es por qué Estados Unidos perpetúa esta guerra, sino por qué seguimos participando y legitimando un discurso oficial que presenta a Estados Unidos como “los buenos” y a los mexicanos como “los malos”.
Las consecuencias de esta interpretación maniquea y engañosa de los mercados de drogas para México y otros países productores del Sur Global son enormes. Hasta ahora, han resultado en cientos de miles de personas asesinadas, otros cientos de miles desaparecidas y una sociedad que, tras presenciar todo tipo de violencias, ha olvidado incluso por qué o cómo terminamos luchando una guerra que en realidad pertenece a otros.
El enemigo está (por supuesto) en el Sur
Conviene recordar las lecciones de la historia. No es la primera vez que Estados Unidos declara una guerra en casa y la exporta al resto del mundo, en especial a su llamado “patio trasero”. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos declaró a los comunistas como un enemigo interno que debía combatirse tanto dentro como fuera de su territorio. América Latina se consideró un campo de batalla clave para contener el comunismo y evitar la expansión de la influencia soviética, tanto por su proximidad geográfica como por la visión imperial estadunidense que concebía a la región como su esfera natural de influencia.
Para contrarrestar esta supuesta amenaza comunista, Estados Unidos apoyó e impuso gobiernos anticomunistas, de derecha y militarizados en distintos países de la región. La prioridad era contener una amenaza definida en función de la visión geopolítica y los intereses estratégicos de Washington, con escasa o nula consideración por los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho en América Latina.
Los resultados son conocidos. Cuando Estados Unidos decidió “librar la Guerra Fría” en América Latina se desplegaron guerras sucias, desapariciones, asesinatos, masacres y atrocidades indescriptibles. Ese legado de violencia continúa acechando a las frágiles democracias latinoamericanas. Desde la década de 1970, y en particular tras el fin de la Guerra Fría, los narcotraficantes y pandillas sustituyeron a los comunistas y guerrilleros como la principal prioridad de seguridad para Estados Unidos. Una vez más, Washington declaró una guerra —esta vez contra las drogas— tanto dentro como fuera de su territorio. De nuevo América Latina se convirtió en un campo de batalla clave, bajo la premisa de que era la oferta de drogas, y no la demanda en Estados Unidos, la que impulsaba la epidemia de consumo.
Desde las primeras décadas de su implementación, México se consideró un actor central en las políticas antidrogas estadunidenses, y el país fue sometido a presiones para enfrentar el problema. A veces mediante la diplomacia y otras por medio de políticas unilaterales y coercitivas. Esto no significa que la guerra contra las drogas haya sido sólo una imposición vertical. Muchas políticas antidrogas surgieron también a nivel interno. Y las élites políticas mexicanas se beneficiaron de la asistencia financiera y del uso discrecional de la fuerza que esta guerra permitió tanto en la década de 1970 —durante la llamada Guerra Sucia— como en la actualidad.
Sin embargo, dada la naturaleza asimétrica de la relación bilateral, Estados Unidos ha fijado de manera constante las reglas del juego y se niega a asumir su responsabilidad en cuestiones como la demanda de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción dentro de su propio territorio. Además, ha reproducido un discurso que presenta a los narcotraficantes —mexicanos, colombianos o venezolanos— como el único y principal enemigo de esta guerra. Todo ello mientras que los asesores financieros, abogados, contadores, consultores informáticos, bancos internacionales y otros actores que facilitan y sostienen el lucrativo negocio del narcotráfico quedan fuera del análisis.
Luchando la guerra de alguien más
Una respuesta recurrente ante la captura y muerte del Mencho ha sido destacar la capacidad de México para responder, de manera eficaz e incluso proactiva, a las demandas de Estados Unidos. El Mencho era un objetivo prioritario para el gobierno estadunidense. De hecho, el CJNG fue designado como organización terrorista en febrero de 2025, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura. Ante esto, y considerando las reiteradas amenazas de Donald Trump de enviar tropas a México para atacar directamente a los llamados cárteles, algunos interpretaron este hecho como una victoria mexicana: una demostración de la capacidad del país para apaciguar al vecino del norte y evitar represalias comerciales o una intervención militar unilateral en territorio mexicano.
Pero ¿es realmente una victoria? ¿Cuáles son los beneficios concretos para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos?
La evidencia sugiere que cuando se trata de mejorar la seguridad de la población, cooperar no es suficiente. Incluso en momentos en que la estrategia de seguridad mexicana estuvo alineada con los intereses y prioridades de Estados Unidos —como durante los primeros años de la Iniciativa Mérida (aproximadamente entre 2007 y 2012)— los resultados fueron catastróficos para las personas en el terreno.
Además, numerosos ejemplos muestran que incluso frente a gestos diplomáticos claros o actos de cooperación y cumplimiento, Estados Unidos puede ser un socio poco confiable. Por ejemplo, María Corina Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 al presidente Donald Trump como un gesto simbólico para solicitar mayor respaldo de Estados Unidos a su liderazgo y a la transición democrática en Venezuela. Ese apoyo aún no se ha materializado.
En el caso de México ni siquiera está claro qué podría esperar el gobierno mexicano a cambio. Incluso en el escenario más optimista, intensificar la guerra contra las drogas sólo permitiría a México evitar una intervención militar directa por parte de Estados Unidos. En otras palabras: el único “beneficio” real sería asumir la tarea de librar la guerra contra las drogas sin tener la capacidad de decidir cómo, cuándo o incluso si esa guerra debiera librarse en primer lugar.
Después del Mencho
En América Latina llevamos haciéndonos la misma pregunta desde que Estados Unidos mató a Pablo Escobar, y ya conocemos la respuesta. Después del Mencho vendrá otro capo, otro enemigo que Estados Unidos afirmará que debe combatirse, mientras los problemas estructurales de lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas que alimentan el negocio de las drogas continúan siendo invisibles.
En el ámbito académico hemos llegado a un punto de saturación: la evidencia científica ha demostrado una y otra vez que la guerra contra las drogas no sólo es imposible de ganar, sino profundamente perjudicial para la vida y el bienestar de las sociedades. En lugar de seguir girando en círculos preguntándonos quién será el próximo líder de un cártel o qué significa esta supuesta “victoria” para la relación bilateral, necesitamos avanzar hacia una discusión seria sobre políticas de seguridad realistas y menos dañinas, que respondan a nuestros intereses y prioridades.
Y si los vecinos del norte desean continuar librando esta guerra que lo hagan —pero en su propio territorio.
Karina García Reyes
Investigadora y catedrática en el Departamento de Criminología en la Universidad del Oeste de Inglaterra (University of West England). Es autora de Morir es un alivio (Planeta, 2021)
Gema Kloppe-Santamaría
Investigadora y catedrática en el Departamento de Sociología de University College Cork (UCC) en Irlanda. Es autora de En la vorágine de la violencia (Grano de Sal, 2023)