Vivimos una democracia plena. O por lo menos eso nos dice, día y noche, la élite gobernante. Es verdad irrefutable que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos votó por “la continuidad de la transformación” en la presidencia, los gobiernos estatales y el Poder Legislativo (y quizá pronto en el Judicial) y, junto con ella, por la agenda político-gubernamental de Morena y sus partidos aliados. Por lo tanto (nos siguen diciendo), no puede haber nada más democrático que implementar, a como dé lugar, los contenidos de esa agenda. Sólo así se cumplirá a cabalidad, finalmente, la idea de que la democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
La argumentación parece impecable, pero es problemática por al menos tres razones. La primera es que la mayoría electoral que respalda al grupo gobernante no representa, en automático, a la mayoría de la población. Los poco más de 33 millones de votos obtenidos (59.35 % del total de la votación) en la elección presidencial dieron a los partidos ganadores un claro apoyo electoral a su agenda. Sin embargo, en un país de 126 millones de habitantes (al año 2020), esa cantidad representa apenas poco más del 26 % de la gente. Así, vale la pena recordar que “mayoría electoral” no equivale a “mayoría del pueblo”. La segunda razón tiene que ver con la falacia ad populum: no porque algo sea “popular” y tenga el respaldo de “la mayoría” se vuelve, ipso facto, algo verdadero, aceptable, razonable o necesario. Así como la Tierra no era (no es) el centro del universo aunque la mayoría de la gente llegó a suponerlo, ni 2+2 será igual a 5 incluso si la mayoría lo quiere, en política (y en políticas públicas) las mayorías pueden brindar cierta legitimidad, pero no necesariamente darán sentido lógico o racionalidad administrativa a las decisiones tomadas en su nombre.
La tercera razón es que, a pesar de enarbolar de forma sistemática la bandera de “la mayoría democrática”, los procesos de reforma constitucional que la élite gobernante ha impuesto durante estos días en realidad han vaciado de contenido nuestra (imperfecta) democracia mexicana. Es cierto que la mayoría del electorado votó por una candidata y una coalición política sabiendo que buscarían una reforma al Poder Judicial y un posible ajuste en la conformación de los órganos constitucionales autónomos (OCAs). En ese sentido, dicha reforma puede considerarse legítima y verse como un ejemplo claro de que el “gobierno del pueblo” está gobernando “para el pueblo”. Pero, más allá de la retórica, ¿hasta qué punto es así? ¿“Gobernar para el pueblo” es sólo impulsar cambios institucionales y políticas públicas que vinculan la agenda política del partido gobernante y el apoyo de la mayoría en un momento determinado? ¿O “gobernar para el pueblo” debería entenderse, más bien, como el esfuerzo sistemático por tomar decisiones de gobierno que beneficien lo más posible (o perjudiquen lo menos posible) a las y los diversos integrantes del pueblo, incluyendo a las generaciones futuras?
Los recientes procesos de reforma al Poder Judicial y a los OCAs han sido muestra de cómo el éxito electoral de nuestra democracia pareciera estar, de manera paradójica, minando sus atributos esenciales. Para la élite gobernante, “la mayoría” dio un claro mandato político el 2 de junio. Por ello no hay dudas sobre el sentido y contenidos de las leyes que deben aprobarse. Bajo esa misma lógica, quienes critican, ponen en duda o se oponen a las reformas propuestas están mostrando su desprecio a la “voluntad popular”, llegando incluso a incurrir en actitudes “golpistas”. Sin embargo, para numerosos exfuncionarios, académicos y especialistas hay una inmensa cantidad de argumentos, evidencia comparada y ejemplos concretos que explican por qué las reformas propuestas no son (ni serán) buenas “para el pueblo”.
La reforma de justicia no atiende las deficiencias de fiscalías o cuerpos policíacos, que son los puertos de entrada a la impartición de justicia. La desaparición del Inai disminuirá la importancia política del acceso a la información y complicará el enforcement (proceso para asegurar el cumplimiento) de ese derecho. Y eso por dar dos ejemplos. Además, los cambios serán muy costosos en todos sentidos: presupuestalmente (elección de jueces y magistrados); humanamente (despidos injustificados a especialistas con años de experiencia), y socialmente (daños políticos-institucionales al equilibrio de poderes). Como sucedió con la salida de Reino Unido de la comunidad político-económica de la Unión Europea, estamos en un escenario en el que “la voluntad de la mayoría” en una elección se usa como fuente de legitimidad democrática incuestionable. Pero, como fue el caso del Brexit, desde ahora tenemos información suficiente para prever que las reformas no generarán los beneficios inmediatos prometidos, además de que traerán consigo previsibles efectos negativos de mediano plazo para la sociedad mexicana. Al impulsar esta agenda, ¿la coalición en el poder está cumpliendo su misión democrática de “gobernar para el pueblo”?
Los procesos de reforma de las últimas semanas han vulnerado algunas de las características básicas de cualquier régimen “democrático”, empezando por la veracidad. Quienes promueven las reformas lo hacen con base en verdades a medias, argumentos sin sustento, acusaciones sin pruebas o falsas promesas de ahorros inalcanzables. Tanto legisladores como analistas/académicos de tendencia oficialista han sido incapaces de explicar, persuadir o ganar los debates en el congreso y mesas de opinión con razones y datos convincentes. Por el contrario, se han dedicado a construir una narrativa justiciera, “democrática”, en la que la reivindicación del “gobierno del pueblo para el pueblo” pesa más que cualquier argumento razonable. Por supuesto, es difícil imaginar un régimen medianamente democrático en el que las propuestas de cambio institucional o las nuevas políticas públicas no se presenten a la gente que votó o votará por ellas (y que enfrentará las consecuencias de su implementación) con base en información y justificaciones verificables. ¿Hasta qué punto es legítima una agenda política si a la gente que votó por ella (sobre todo si es “la mayoría”) nunca se le explicaron las verdaderas implicaciones de lo que votó, ni se le explicaron los riesgos y costos potenciales? Más aún, ¿un régimen democrático lo sigue siendo si su élite gobernante basa y justifica sus decisiones, de forma sistemática y deliberada, en el uso de mentiras o la manipulación informativa?
El respeto a la pluralidad de opiniones y, por lo tanto, a las minorías ha sido un segundo atributo en decadencia durante estas semanas. Siguiendo la tendencia del sexenio previo, los intercambios en el Congreso, medios y redes sociales no sólo se han polarizado, sino que adquieren tonos cada vez más violentos. Las agresiones vienen de ambos polos, en detrimento del debate de ideas y la conversación pública. Pero también es evidente que las descalificaciones personales (los ad hominem, los insultos) forman parte de un esfuerzo sistemático del grupo gobernante y sus simpatizantes por deslegitimar y anular los puntos de vista de los “otros”: legisladores de oposición, analistas independientes o líderes de organizaciones sociales y think tanks.
En clave Schmittiana, las oposiciones, los disidentes y los críticos han dejado de ser tales para convertirse en “enemigos”. Cada vez es más difícil mantener discusiones civilizadas sobre los temas de interés común a la “mayoría” y las “minorías”. La contrastación de argumentos y puntos de vista, con miras a construir las mejores soluciones posibles para los problemas sociales, se ha vuelto prácticamente imposible. Como resultado, los procesos de debate, deliberación y negociación, consustanciales a la democracia, se han vuelto un interminable monólogo controlado por una élite gobernante que ignora, de forma explícita y reiterada, las voces de quienes hoy no son parte de “la mayoría”. Aunque pudiera entenderse, hasta cierto punto, que un partido político preste más oídos a quienes votaron a su favor, en lógica democrática es injustificable que el “gobierno del pueblo para el pueblo” haga oídos sordos de las diversas preocupaciones, necesidades e, incluso, críticas de los muchos grupos sociales que forman parte de ese mismo “pueblo”.
Los procesos de reforma también aceleraron el desdibujamiento del valor que atribuimos como sociedad a la formación especializada de las servidoras y los servidores públicos. Se ha escrito mucho en tiempos recientes sobre el “mito de la meritocracia”, en particular en países como México en el que profundas desigualdades económicas y sociales marcan el destino de las personas. Pero en nuestro momento político, la discusión se ha ido al extremo de suponer que cualquier persona puede ocupar cualquier puesto público sin para ello poseer los méritos y cualificaciones pertinentes. ¿Por qué tenemos que aceptar (dicen) que la impartición de justicia o la regulación de telecomunicaciones sean cotos de especialistas y no “del pueblo”? Así, las tómbolas, las elecciones o la reubicación administrativa se plantean como mecanismos de selección/asignación de funciones tan válidos como cualquier otro. El problema es que la calidad de las decisiones, bienes y servicios públicos dependen, en buena medida, de la formación académica y experiencia profesional de las servidoras y los servidores públicos. Por eso las democracias han construido, históricamente, sistemas de profesionalización de las funciones públicas, algo que omiten decir quienes hoy minimizan la importancia de las habilidades técnicas o los conocimientos especializados.
Los alegatos populistas de la retórica reformista han desvalorizado la expertise profesional, pero además están cerrando el espacio a una reflexión colectiva sobre cómo eliminar las barreras o construir las condiciones, desde el Estado, para que cualquiera (si así lo quiere y tiene las credenciales necesarias) pueda ingresar a los puestos públicos. Por desgracia, hoy no estamos conversando sobre cómo diseñar un gobierno más incluyente y representativo del “pueblo” con acciones afirmativas, becas de formación, programas de especialización y otras políticas que ayuden a integrar a los puestos del Estado a quienes provienen de grupos sociales menos privilegiados o subrepresentados en las burocracias. Siguiendo las pautas marcadas desde el poder, nuestra discusión pública se centra, de manera absurda, en la popularidad, mientras las reformas minan las capacidades estatales necesarias para que las instituciones públicas hagan bien su trabajo y se cumpla el ideal del “gobierno para el pueblo”.
Por último, a lo largo de estas semanas hemos sido testigos de cómo el grupo legislativo mayoritario impulsó la aprobación de nuevas leyes por medio de acciones que violentan el principio de legalidad en todas sus dimensiones. Desde la instalación de sesiones con quórums dudosos hasta la aprobación de reformas contrarias al sentido de toda constitución democrática, la mayoría legislativa ha abusado de su poder en el Congreso para impulsar de manera apresurada su agenda reformista. Las iniciativas se gestionan con faltas al procedimiento legislativo y con contenidos en sentido contrario a los fundamentos jurídicos del país: separación de poderes, progresividad de los derechos humanos, la no retroactividad de la ley, el amparo ante los abusos gubernamentales. Nuevas leyes que establecen criterios jurídicos y de organización administrativa que difícilmente pueden entenderse alineados con el espíritu democrático o la construcción de buenos gobiernos para beneficio del “pueblo”.
El nuevo régimen jurídico que se está aprobando no sólo representa una costosa y riesgosa transformación de las bases político-administrativas del Estado mexicano contemporáneo, sino que también deja en claro que la élite gobernante puede ignorar los componentes esenciales de la política democrática (argumentación, debate, negociación) cuando así lo desea. Mientras se cuente con el apoyo de “la mayoría”, nos aclaran, la ley, los procedimientos, la legalidad toda pueden reformarse a modo, según lo crean adecuado. Sin embargo, ¿hasta qué punto la legitimidad electoral que detenta la mayoría legislativa puede validar una serie de reformas legales diseñadas y aprobadas sin respetar ni el marco legal existente, ni los criterios democráticos básicos?
Nuestra transición a la democracia, hoy tan denostada en la narrativa oficial, representó un esfuerzo colectivo por impulsar un conjunto de instituciones y prácticas políticas inspiradas y orientadas por los principios democráticos: veracidad, debate informado, pluralidad de ideas, respeto a las minorías, profesionalización administrativa, rendición de cuentas, transparencia, buen gobierno, legalidad. Por supuesto, ninguno de esos principios logró implementarse en su totalidad, ni su presencia fue suficiente para guiar, ideológica o pragmáticamente, el desempeño de los gobiernos de la alternancia de forma que resolvieran, con eficacia y legitimidad, los grandes problemas sociales del país. De hecho, abundan los ejemplos concretos de situaciones en las que los gobiernos previos participaron en actos ilegales, irresponsables, poco democráticos. Y, sin embargo, en tres décadas de gobiernos divididos y mayorías relativas, nunca se vio un esfuerzo deliberado, ni mucho menos sistemático, por impulsar una agenda y procesos reformistas que fueran en contra de los fundamentos democráticos de nuestro régimen político-administrativo. No es (ni debería volverse) normal ni aceptable que hoy se diseñen y aprueben, desde la coalición en el poder, leyes basadas en mentiras, sin la participación de los representantes de las minorías, que erosionen aún más las limitadas capacidades institucionales del Estado y afecten el muy precario Estado de Derecho en el que vivimos.
La élite gobernante tiene hoy el apoyo y legitimidad de una mayoría electoral incuestionable. Eso la obliga a responder a las exigencias y preferencias de sus votantes. Ahora bien, eso no la exime de atender las preocupaciones y demandas de quienes no les dieron su apoyo en las urnas. Un gobierno democrático es, en efecto, un gobierno del pueblo para el pueblo. Pero “el pueblo”, en estricto sentido, somos todos, con independencia de nuestras filiaciones políticas. Además, “el pueblo” rebasa fronteras temporales e involucra a las generaciones futuras, que serán afectadas por las decisiones político-gubernamentales del presente.
Si tener el apoyo de “la mayoría” electoral no es lo mismo que tener la representación social mayoritaria ni mucho menos la razón, la legitimidad de origen del grupo político mayoritario tampoco garantiza un destino legítimo para sus legislaciones. Por supuesto, puede ser que a quienes hoy gobiernan les tengan sin cuidado esas cuestiones en tanto su agenda avance y su movimiento político se fortalezca. Pero entonces habrá que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Porque sin interés por la veracidad, sin respeto al pluralismo y la diversidad de ideas, sin cuidado por fortalecer las capacidades institucionales de los poderes públicos y sin aprecio por la legalidad, el régimen de gobierno que hoy se está construyendo será todo lo que se quiera, menos una democracia.
Mauricio I. Dussauge Laguna
Estudioso de temas de Administración y Políticas Públicas. Su libro más reciente es El estilo personal de administrar (Editorial Gato Blanco, 2024)