En los últimos años, México ha visto una intensificación de las demandas por condiciones dignas de trabajo. Las personas trabajadoras hemos exigido, en el Congreso, el progreso de nuestros derechos laborales a través del aumento de los días de vacaciones y de la licencia de paternidad, la reducción de la semana laboral, el aumento del salario mínimo y del aguinaldo, así como la ratificación del Convenio 190,1 por nombrar algunos.
Este hecho no ha pasado desapercibido para las personas que buscan ganar cargos de elección popular. Y en tiempos de elecciones se ha visto reflejado, sobre todo, en propuestas de carácter legislativo. Se prometen leyes y se entiende que con eso la lucha está ganada y la realidad está construida.
Sin embargo, la realidad no se construye únicamente a través del cambio legislativo. La reforma del aparato normativo es tan importante como la existencia de mecanismos de verificación fuertes, estables y bien fondeados. No sólo se necesita que la Ley Federal del Trabajo estipule que la semana laboral no pueda exceder las cuarenta horas, sino que también necesitamos personas que vayan a los centros de trabajo y comprueben, a través de la entrevista a personas trabajadoras, la revisión de contratos, registros de horas y recibos de pago. Es decir, tenemos que corroborar si ese derecho se materializa en la vida de las personas.
Este mecanismo de verificación se conoce como inspección laboral y lo llevan a cabo personas inspectoras del trabajo. Su existencia, como bien lo establece la exposición de motivos de la propia Ley Federal del Trabajo, es fundamental para la correcta aplicación de la normativa del trabajo y la vigilancia del respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras. En ese sentido, cualquier apuesta para mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras no está completa si no se prevé en ella la inspección laboral.
La inspección laboral en el debate
El pasado domingo 7 de abril ocurrió el primer debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia: Claudia Sheinbaum (Juntos Hacemos Historia), Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano). Durante el bloque de preguntas relacionadas con la no discriminación, grupos en situación de vulnerabilidad y violencia en contra de las mujeres, se les preguntó a sobre sus propuestas para atender la violencia que sucede en los centros de trabajo. Esto en el marco del incumplimiento generalizado de la obligación patronal de contar con un protocolo para atender las situaciones de violencia2 y la incapacidad técnica y económica que tienen las personas inspectoras del trabajo para vigilar el cumplimiento de esta obligación.
Ni Claudia Sheinbaum ni Xóchitl Gálvez fueron capaces de responder la pregunta planteada. Álvarez Máynez no participó en esta última sección del bloque por haber agotado su tiempo en las secciones anteriores. A la fecha de redacción de este artículo, tampoco se ha pronunciado respecto de este tema en sus redes sociales.
Xóchitl Gálvez respondió que hay que empoderar a las mujeres a través del sistema nacional de cuidados y educar a las empresas para que los hombres dejen de acosar a las mujeres. También mencionó que los programas sociales se quedan y que se le dará tabletas digitales a las personas jóvenes, así como la oportunidad de aprender inglés y acceder a empleos mejor pagados.
Claudia Sheibaum respondió que por primera vez hay un gabinete paritario. Y que “construyen derechos, no privilegios ni mercancías”.
Resulta preocupante el desconocimiento de las candidatas sobre la inspección laboral y su incapacidad de hacer propuestas concretas para atender las violencias en los centros de trabajo. En primer lugar, porque el triunfo o el fracaso de las políticas en materia de empleo que implementen durante su sexenio, se encuentra en la fuerza institucional con la que doten a los mecanismos de vigilancia previstos. En segundo lugar, porque los mundos del trabajo en México son transitados por 61 millones de personas,3 y no prever ni siquiera políticas para la atención de las violencias que se suscitan en ellos es dejarles en estado de indefensión.
La inspección laboral en los últimos años
Como se adelantó, la inspección laboral tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.4 Se define como un acto de autoridad mediante el cual las personas inspectoras, usualmente de manera presencial, verifican que las personas empleadoras cumplan con lo establecido en las normas laborales, y asesoran a personas trabajadoras y empleadoras sobre sus derechos, obligaciones, y el correcto cumplimiento de la ley.
Según datos obtenidos a través de solicitudes de información realizadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por Intersecta en el año 2020, la cantidad de inspecciones del trabajo que la autoridad laboral realiza cada año se ha reducido de forma drástica a partir de 2019. Mientras que en el año 2015 la autoridad informó haber realizado un total de 128 864 inspecciones a centros de trabajo, para el año 2019 solo reportó 31 231 inspecciones. Es decir, las inspecciones que la autoridad laboral realiza cada año cayeron 70 % durante la última administración.
Lo anterior resulta consistente al echar un vistazo al presupuesto ejercido por la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Según Transparencia Presupuestaria, este se redujo casi en un 80 % durante el sexenio que concluye. Mientras que durante los seis años de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2013-2018), el promedio anual de presupuesto ejercido por la Dirección era de 69 millones de pesos (en pesos de 2023), durante los cuatro años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador para los cuales hay datos, el promedio de presupuesto ejercido ha sido de 39 millones de pesos.
La caída en el número de inspecciones durante los últimos años también se encuentra respaldada por el despido masivo de personas inspectoras y la supresión de plazas para desarrollar este trabajo. De acuerdo con la respuesta a una de las solicitudes de información realizada por Intersecta, sistematizada en la Tabla 1, podemos observar que mientras que para los años 2015 y 2016 había un total de 376 plazas asignadas a esta labor, con un porcentaje de ocupación que rondaba entre el 75.27 y 67.02, durante el 2017 hubo una reducción significativa del total de plazas, sin una variación sustancial en el total de puestos ocupados, lo cual se mantuvo durante 2018. Sin embargo, al llegar al año 2019, denotamos la drástica baja en el total de puestos ocupados, pasando de una plantilla de 283 en 2015, a una de 38 personas inspectoras en 2019. Este despido masivo se vio consolidado con la supresión de plazas de inspección, pasando de 276 plazas en 2015, a sólo 52 en el año 2020.
Así, se presume que la disminución de recursos asignados a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo significó una drástica reducción en el personal capacitado para llevar a cabo inspecciones del trabajo, lo que a su vez se tradujo en una imposibilidad material de realizar inspecciones a los centros de trabajo del país. Es posible concluir lo anterior, pues al decaer el presupuesto asignado en un 80 % y al reducir al personal de inspección en un 86.17 %, el resultado fue que las inspecciones laborales cayeron en un 70 %.
Ahora, el gobierno federal ha declarado que estas acciones se deben a la apuesta por mecanismos alternativos de inspección, como Velavo, o Programa de Verificación Laboral Voluntaria.5 Sin embargo, es importante notar que este mecanismo sólo es aplicable para cierto tipo de centros de trabajo, y que elimina completamente la participación de las personas trabajadoras en las inspecciones laborales. Esto reduce la inspección a un mecanismo reactivo de sanción que espera a que los derechos humanos de las personas trabajadoras sean violados para actuar, en lugar de ser el mecanismo preventivo y vigilante que pretendía ser.
Más allá de esto, los mecanismos digitales de cumplimiento no pueden y no fueron pensados para atender las inercias que trae consigo el cambio social. Implementar agendas de dignificación del trabajo requiere de procesos rigurosos y proactivos de vigilancia, asesoramiento y capacitación. Se necesita de una autoridad de la inspección con los suficientes recursos económicos, humanos, técnicos y tecnológicos para convertirse en un agente de cambio que sea capaz de dar seguimiento al progreso legislativo logrado y los derechos reconocidos, con lo cual se podría transformar la vida de las personas trabajadoras.
Para el siguiente debate: algunas preguntas y conclusiones
En el debate que se avecina, programado para el 28 de abril, seguirán tratándose tópicos relativos al trabajo, como el crecimiento económico y el empleo y la inflación. Las propuestas alrededor de estos temas suelen ir encaminadas a beneficios para las pequeñas y medianas empresas, así como al aumento del salario mínimo. Lo anterior se replica en los planes de trabajo de ambas candidatas.
Por un lado, Claudia Sheinbaum propone que durante 2025 y 2026, el salario mínimo alcance al menos dos veces la línea de pobreza por ingresos urbana y asegura que le dará facultades a la Conasami6 para perseguir y multar a las empresas que no cumplan con el salario mínimo.7 Esto es facultad de la autoridad inspeccional y resulta importante cuestionar por qué decide dotar de facultades a otra autoridad, así como si está en sus planes continuar con el retiro de recursos a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.
Por otro lado, Xóchitl Gálvez propone que “crear un negocio será más fácil que nunca en México, podrás arrancarlo y luego registrarlo”.8 Es de vital importancia cuestionar cuáles son los límites de la “facilidad” que pretende dar a los nuevos negocios y si los derechos laborales de las personas trabajadoras que sean contratadas por estos también serán susceptibles de aplazamiento. Es necesario saber el papel que jugará la inspección del trabajo en sus planes de apoyo al crecimiento económico y si estos beneficiarán también a la clase trabajadora o si sólo están pensados para beneficiar a los nuevos negocios a costa de la misma, como ha sucedido en el pasado.
Es indispensable seguir cuestionando el papel que jugará la inspección en las propuestas de las candidatas y visibilizarla en el discurso público como una herramienta importantísima para la garantía y efectividad de la normativa laboral. Ningún cambio legislativo, ninguna política, ninguna apuesta por la igualdad se materializa en la vida de las personas con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es necesario apostar por mecanismos de vigilancia y prevención. Y mientras existan personas trabajadoras, es necesario apostar por la inspección laboral.
María Fernanda Ramos Araujo
Abogada por el ITAM. Líder del área jurídica y de políticas públicas en Intersecta
1 Convenio núm. 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México el 15 de marzo de 2022.
2 Artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo.
3 Solicitud de información con folio 0001400053320.
4 Artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo.
5 Alejandro Salafranca Vázquez, “Módulo 7 ‘Nuevo Modelo de Inspección Laboral’, Sindicalismo a la vanguardia, 8 de junio de 2020
6 La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se encarga “fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador(a) a una vida digna”. Comisión Nacional de Salarios Mínimos. (s/n). ¿Qué hacemos?. Consultado el 17 de abril de 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/conasami/que-hacemos.
7 Sheinbaum, Claudia, “100 pasos para la transformación”, Juntos hacemos historia: Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. 2024, página 206.
8 Gálvez, Xóchitl, “Las mejores propuestas para vivir sin miedo”, Fuerza y Corazón por México: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, 29 de febrero de 2024