La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) toma anticipadamente las riendas del proceso para la designación del nuevo rector o rectora de esa importante institución de educación superior e investigación con dos medidas importantes: adelantando los tiempos de su Convocatoria para definir a la persona que ocupará la rectoría, y estableciendo un nuevo procedimiento para acercarse a la comunidad universitaria.
Los tiempos
En realidad la Junta de Gobierno comenzó a mover sus piezas abiertamente desde el 14 de agosto por medio de un comunicado en el que informó que se publicaría la Convocatoria formal un mes antes de lo que se esperaba, el lunes 21 de agosto. Anticipó además algunos aspectos de lo que sería su contenido. Puede parecer un sinsentido hacer un comunicado para informar que unos días después habría otro comunicado. Sin embargo, el primero fue en realidad la señal de arranque del proceso y revelaba una cierta premura por hacer pública su decisión de adelantar los tiempos.
Pero, ¿cuáles son las razones que llevaron a adelantar la publicación de la Convocatoria? Desde luego la propia Junta podría responder a esa pregunta, pero hasta ahora no hay ningún dato en sus comunicados que den respuesta a esta interrogante. Así, aunque debe reconocerse que se ingresa a un terreno especulativo, hay algunos elementos que permiten aproximarse a alguna explicación o hipótesis plausibles. Uno de ellos es el inicio de las actividades en el Congreso de la Unión.
En este sentido, el periodista y analista Raúl Rodríquez Cortés señala que el adelanto de la Convocatoria “… se debe a los no infundados temores de que el gobierno de AMLO y su mayoría en el Congreso, reformen en la legislación universitaria el procedimiento sucesorio del rector, cosa que podrían hacer a partir del primero de septiembre próximo con el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones”.
En efecto, en septiembre la turbulencia política en el país estará en uno de sus puntos más álgidos, por lo que además del señalado por Rodríguez Cortés, se puede añadir otro elemento: el domingo 3 de septiembre se sabrá quién será la candidata a la Presidencia de la República por los partidos de oposición que conforman el Frente Amplio por México, y el miércoles 6 del mismo mes, se hará público quién representará en las elecciones presidenciales de 2024 a la alianza oficialista. De este modo, el adelanto de la Convocatoria buscaría mandar un mensaje: la UNAM se desmarca y se aparta de la sucesión presidencial.
Novedades en la participación
En la Convocatoria se anuncian algunos cambios para avanzar hacia una mayor participación de la comunidad universitaria en el proceso de designación del rector o la rectora. La más importante es la ampliación del periodo de la consulta. Si se hace una comparación con la Convocatoria en la que resultó electo Enrique Graue Wiechers, el tiempo de la auscultación casi se ha duplicado, pasando de los 26 días naturales en 2015 a 49 para la modalidad presencial; y de 36 a 74 días para las expresiones por escrito.
Otra novedad es que a diferencia de años anteriores, en 2023 no se convoca únicamente a manifestar el apoyo hacia los candidatos; además se invita a la comunidad a expresar sus opiniones sobre la Universidad Nacional. Esto es muy importante pues es un llamado a trabajadores(as), alumnos(as), profesores(as) e investigadores(as) a expresar libremente sus ideas sobre lo que es y lo que debe ser su institución, elemento indispensable para evaluar el perfil de los candidatos que mejor puedan cumplir con las expectativas de los universitarios. Finalmente, se mantiene la innovación introducida desde 2015 de transmitir por la radio y la televisión universitarias la presentación de los programas de trabajo por parte de los candidatos seleccionados por la Junta para las entrevistas.
El mensaje del rector
En la sesión del Consejo Universitario del 11 de agosto, probablemente la última encabezada por Enrique Graue, el rector dirigió un mensaje a ese órgano de gobierno y a toda la comunidad universitaria. Éste tuvo dos elementos, pues dio cuenta de algunos logros y también incluyó un mensaje político.
En primer término informó que durante su periodo como rector se crearon nuevas escuelas, centros e institutos de investigación, así como varias licenciaturas y programas de posgrado. Destacó el crecimiento de la matrícula estudiantil que alcanza ya los 380 000 alumnos. Resaltó además que la UNAM es un importante medio de movilidad social, pues el 80 % de sus estudiantes provienen de familias con ingresos menores a los cuatro salarios mínimos (menos de 25 000 pesos mensuales). Destacó la actualización de la legislación universitaria en varios aspectos como los relativos a combatir la violencia de género. Por lo anterior, señaló el rector, entre 2016 y 2023, la UNAM pasó del lugar 160 al 93, ubicándose entre las 100 mejores universidades del mundo.
En la segunda parte de su mensaje caracterizó a la UNAM como una institución en la que deben prevalecer la tolerancia y el respeto a las diferencias; donde se rechazan hegemonías ideológicas y se promueve la pluralidad; en la que se considera ofensivo el engaño y la falta de honorabilidad —probablemente en alusión al plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel— y que está decidida a crecer en libertad. Esta libertad, añadió, es lo que molesta a quienes realizan agresiones en contra de la institución.
Advirtió que, en los tiempos por venir, es posible que continúen manifestándose quienes quieren moldear a la UNAM a su manera. Llamó a los universitarios a rechazar las injerencias externas, los intentos desestabilizadores que pretenden vulnerar la autonomía universitaria, este llamado lo hizo también a los estudiantes de nuevo ingreso al poner en marcha el ciclo escolar 2023-2024. Finalmente señaló que se debe “continuar haciendo de esta Universidad ese crisol de conocimientos, de pluralidad ideológica y de libertad”.
El Consejo Universitario reiteró su respaldo al rector quien fue despedido con una gran ovación de pie.
El ambiente interno
Como es natural en este proceso, los medios de comunicación continúan publicando listados de las personas que pueden ocupar la rectoría a partir de noviembre de 2023. A las siete personalidades que aceptaron ser entrevistadas por el diario Excélsior que describí en un artículo previo —Luis Álvarez Icaza, Raúl Contreras, Patricia Dávila, William Lee, Leonardo Lomelí, Imanol Ordorika y Guadalupe Valencia— se suman nuevos nombres difundidos por el diario El Universal.
Entre ellos se encuentran varios directores y directoras: Germán Fajardo Dolci, de la Facultad de Medicina; Carola García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; José Antonio Hernández Espriú de la Facultad de Ingeniería; Rosa María Ramírez, del Instituto de Ingeniería, y Víctor Manuel Velázquez, de la Facultad de Ciencias. También incluye a otros universitarios como el abogado Pedro Salazar, exdirector de Jurídicas, y a otras personalidades, como Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral —quien ya declaró públicamente que no tiene intenciones de participar en este proceso— o Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, que en mi opinión carece de posibilidades por su identificación con la Cuarta Transformación (4T), pero cuya presencia puede ser un distractor para ocultar al verdadero candidato o candidata gubernamental en la larga lista de aspirantes.
Como hemos visto, hasta ahora hay un ambiente de tranquilidad interna en la UNAM en el que las actividades de enseñanza, investigación y difusión de la ciencia y la cultura se desarrollan con normalidad, y el proceso para la designación de la persona que ocupará la rectoría transcurre hasta ahora sin contratiempos. Pero nadie puede asegurar que se mantenga así, pues asoman varios desafíos.
Las tensiones entre la 4T y la UNAM
Apenas iniciaban las actividades académicas después del periodo vacacional de verano, cuando se expresó el primer ataque de la 4T contra la máxima casa de estudios. Ahora fue a través del amigo cercano y colaborador del presidente López Obrador, Epigmenio Ibarra.
El 23 de julio Ibarra publicó una bella fotografía que muestra la biblioteca central de la UNAM, con los murales de Juan O’Gorman: una verdadera joya. La foto debió tomarse aproximadamente en marzo de algún año indeterminado, pues detrás del recinto aparece el color violeta de las jacarandas. Pero Ibarra rompe el hechizo de la imagen al describirla de la siguiente manera: “Una universidad pública que rechaza, cada ciclo, al 90 % de quienes aspiran a estudiar en ella. Algo está podrido en la UNAM”.
Entre las repuestas inmediatas a su mensaje, rescato una para ilustrar la polémica que se suscitó: “No veo ninguna iniciativa legislativa de Morena que busque duplicar el presupuesto de la UNAM o mejor todavía, el presupuesto de las universidades públicas estatales. Algo está podrido en Morena”.
Pero al margen de las disputas en las redes sociales hay una realidad. Como lo informó Graue en la sesión del Consejo Universitario a la que ya me he referido, en los últimos años se aumentó el ingreso de alumnos incorporando a 36 000 estudiantes más (dimensión mayor a la de diez universidades públicas y autónomas de los estados) sin recibir incrementos del subsidio federal y sin comprometer la calidad de la enseñanza en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado.
El presidente ante la Convocatoria
En contraste con lo expresado por Epigmenio Ibarra, el presidente hizo una declaración muy positiva respecto al proceso que se inicia en la UNAM, aunque no resistió la tentación de lanzar también un dardo envenenado. Ante la pregunta de un reportero sobre la Convocatoria para la designación del rector, afirmó al final de su conferencia de prensa matutina del 15 de agosto, que a él no le correspondía opinar sobre este tema, pues la institución es autónoma y le toca resolverlo a los universitarios. Lo anterior expresa un cambio muy positivo en la apreciación presidencial sobre la Universidad Nacional y su autonomía, aunque normalmente sus apreciaciones sobre esta institución suelen ser volátiles.
Al final el presidente se refirió a la existencia de cacicazgos en la máxima casa de estudios. De acuerdo con la Real Academia Española, un cacicazgo es el territorio en el que manda un cacique, y se refiere a éste como la persona que en un pueblo o comarca ejerce un poder abusivo o una excesiva influencia en asuntos políticos. Desafortunadamente el presidente no aclaró a qué persona o personas se refería, algo que ayudaría mucho a combatirlos, pero los caracteriza como una especie de enemigos a los que hace la siguiente advertencia: “Pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”.
Las becas de posgrado
Un problema que se avecina es el derivado del recorte a las becas para realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado. Como se recordará, la UNAM enfrentó este año un conflicto estudiantil provocado por la cancelación de las becas Elisa Acuña, cuyos fondos provenían de la Secretaría de Educación Pública, y que fueron suspendidas por esa dependencia. Un conflicto similar, también con origen en el gobierno federal, es el que puede surgir por las nuevas reglas para la asignación de becas de posgrado del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conacyt con h), pues puede dar lugar a protestas en la Universidad Nacional y en otras instituciones de educación superior e investigación en el país.1
Las nuevas disposiciones surgen del actual Sistema Nacional de Posgrados y el nuevo Reglamento de Becas que tienen su origen en la Ley General de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación, que recientemente fue aprobada en el Congreso e impugnada mediante una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está pendiente de resolverse.
Las becas se dividen ahora en cuatro categorías, dos de las cuales se aplicarán a las instituciones públicas, y las otras dos —que son idénticas a las primeras— para instituciones privadas. Sobra decir que la discriminación de que han sido objeto a lo largo de este sexenio los científicos que laboran fuera del ámbito público, se traslada ahora a los estudiantes que buscan formarse en universidades y centros de investigación privados que tendrán ahora muy pocas —o nulas— posibilidades de recibir una beca… Pero no serán los únicos.
Para instituciones como la UNAM y todas las universidades públicas del país, los posgrados se dividen en dos subgrupos: los que están orientados a la “investigación” ”, los dirigidos a la “profesionalización” y otros “no prioritarios”; se trata de una división completamente artificial pues en los hechos varios posgrados dedicados a la formación en la investigación científica y humanística son catalogados arbitrariamente como de “profesionalización”, creando un orden de prelación (como el que se ha ensayado en el Sistema Nacional de Investigadores) para otorgar recursos preferentemente a unos respecto a otros.
Todo es un absurdo, pues la realidad es que el Conacyt (con h) no tiene dinero, pues cuenta con un presupuesto raquítico. La directora de este organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, ha cedido, año tras año, los fondos que deberían ser empleados para impulsar la ciencia y la formación en el posgrado, para apuntalar los proyectos del presidente López Obrador en otros ámbitos. Así, se tienen que inventar categorías y subcategorías para evitar dar becas a jóvenes que buscan construirse una carrera en la investigación científica, tecnológica y humanística que afectará a las instituciones públicas. A esto habría que agregar una predilección, nada disimulada, por aquellos programas que se ubican dentro del proyecto gubernamental.
Lo anterior es una prueba de cómo la política de ciencia del actual gobierno atenta contra las libertades de cátedra e investigación, al dar respaldo sólo a aquellas áreas del conocimiento que favorecen las políticas definidas con la corta mirada sexenal y no a las establecidas por las propias instituciones autónomas para lograr el avance de la ciencia en todos los campos en beneficio del país.
Al margen de lo anterior, si bien en estos días se percibe un ambiente de tranquilidad dentro de la UNAM, no se descarta que aparezcan brotes provocados de inconformidad y violencia por distintas causas en las semanas previas a la designación de la persona que ocupará la rectoría.
El presupuesto
Como hemos visto, septiembre será sin duda un mes complejo. Uno de los pendientes para la UNAM es la definición de su presupuesto para el próximo año. Para una institución que depende mayoritariamente del subsidio federal, es un tema de la mayor importancia. Hasta ahora, las propuestas elaboradas por la Secretaría de Hacienda y aprobadas por la Cámara de Diputados no han mostrado incrementos significativos, pero tampoco reducciones importantes, por lo que se han podido mantener las actividades sustantivas (casi) sin contratiempos importantes. Podría decirse que la hostilidad discursiva del presidente en estos años no se ha correlacionado hasta ahora con los proyectos presentados por Hacienda y aprobados a lo largo del sexenio. Pero nadie sabe cuál será el monto de los recursos que aprobarán los legisladores del grupo mayoritario para el próximo año. Como veremos más adelante hay varios factores que pueden influir en esa definición.
Reflexiones finales
La decisión de adelantar los tiempos de la convocatoria es, en mi opinión, un movimiento muy hábil de los integrantes de la Junta de Gobierno, pues busca reducir las posibilidades de intromisión externa. Por otra parte, si bien las modificaciones y la ampliación de la consulta que realizará la Junta de Gobierno a la comunidad no van a satisfacer a todo el mundo, significan un avance hacia una mayor presencia de la comunidad universitaria en el proceso. Con ello, se estaría buscando mantener un equilibrio entre una mayor participación y la estabilidad interna durante la elección del rector o la rectora de la Universidad Nacional en 2023.
Tanto el adelanto de los tiempos del proceso como la ampliación de la auscultación son reveladores del análisis realizado por quienes integran la Junta de Gobierno, al considerar tanto la situación que vive el país como las condiciones internas en la UNAM. En síntesis, el mensaje de este órgano de gobierno consiste en mostrar hasta dónde se puede llegar en el contexto actual.
En relación con el presupuesto para la UNAM en 2024, hay varios factores que pueden influir en la decisión de los legisladores. Por un lado, la proximidad de las elecciones presidenciales en las que el partido oficial deberá reconquistar algunas simpatías en los sectores con mayores niveles educativos entre los que ha perdido mucho terreno. También, a los pocos días de haberse iniciado el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, ya se sabrá quién será el candidato o la candidata de Morena a la presidencia de la República. Si resulta electo(a) alguien que ha expresado abiertamente su respaldo y simpatía por la UNAM, pueden influir en la actitud de los diputados del grupo mayoritario. Finalmente, un posible maltrato a las universidades públicas y la posibilidad de manifestaciones de protesta por un castigo presupuestario, tendría un efecto indeseable en el proceso electoral federal, que podría resultar adverso al partido oficial en 2024. Como sea, en este terreno lo que priva es la incertidumbre.
Finalmente, el reconocimiento que recibió Enrique Graue en la última sesión del Consejo Universitario es sólo una muestra de lo que ocurre en distintos sectores de la Universidad. El respaldo obedece no solamente a los logros académicos que se han alcanzado durante el periodo en que ha estado al frente de la rectoría. Además —y yo diría que principalmente— ha sido por su defensa de la autonomía universitaria, en uno de los momentos más hostiles hacia ella en la historia reciente de nuestro país. Esta resistencia, en la que el rector ha estado acompañado por la mayoría de los universitarios, ha permitido enfrentar hasta ahora con éxito los múltiples ataques provenientes de diferentes ámbitos del poder político.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
1 Además de los procedimientos de amparo que se preparan en la Universidad Autónoma de Querétaro, se anuncian las primeras movilizaciones de estudiantes de posgrado en Veracruz y la Ciudad de México.