El pasado 26 de junio, PAN, PRI y PRD anunciaron la conformación del Frente Amplio por México. Sus dirigentes nacionales se comprometieron a traducir el frente en una coalición electoral una vez que inicie formalmente el proceso. Y en una coalición legislativa y de gobierno, en caso de ganar las elecciones.
En este contexto, presentaron las bases del método de selección de la candidatura presidencial opositora, construido con representantes de la sociedad civil organizada. Se trata de un proceso en tres etapas, que lejos de distanciarse del ilegal proceso interno de Morena, comparte con él muchas semejanzas de forma y de fondo. Es una reacción pragmática a las precampañas del oficialismo, que coincide en los tiempos e imita el uso de eufemismos para evadir las normas electorales. Sin embargo, la principal similitud es que, en los hechos, no es más que una simulación diseñada para legitimar una decisión cupular.
Esa es probablemente una de las características fundamentales del momento político que vivimos. Ya sea en el gobierno o en la oposición, en los partidos políticos nacionales todas las decisiones están en manos de liderazgos antidemocráticos, capaces de instrumentalizar a militantes, simpatizantes y ciudadanos por igual, sometiéndolos al servicio de sus intereses más inmediatos.
Es el caso de los líderes nacionales del PRI y del PAN. Los dos principales partidos históricos de México se encuentran bajo el control casi absoluto de sus actuales dirigentes, aferrados a su cargo gracias a reglas diseñadas por ellos mismos. Y dispuestos a imponer su voluntad hasta las últimas consecuencias. En el PAN, Marko Cortés se reeligió en un proceso interno sin competencia. En el PRI, Alejandro Moreno logró ampliar el periodo para el cual fue electo gracias a una reforma promovida por él mismo.
En este texto, me interesa reconstruir el camino recorrido por los líderes de ambos partidos hasta llegar a este punto. Explorar los principales factores de poder que les han permitido apoderarse de sus partidos. Y analizar su posición de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia.
El PRI: de la autocracia a la intrascendencia
Alejandro “Alito” Moreno llegó a la presidencia nacional del PRI en agosto de 2019, acompañado de Carolina Viggiano como secretaria general. La fórmula estuvo legitimada por más de 1 600 000 votos: casi 90 % de la votación efectiva de la militancia que participó en el proceso interno.
Una vez en el cargo, “Alito” emprendió una estrategia para tomar el control del partido. Minimizó a la secretaría general hasta la irrelevancia. Se adueñó de la presencia mediática y personalizó la negociación política interna y externa. Posteriormente, se dispuso a controlar los órganos de dirección nacionales y locales (comités directivos y consejos políticos). En esta ruta, los dos factores clave para consolidar su poder fueron el control del Consejo Político Nacional y la reforma estatutaria que centralizó la toma de decisiones en el titular de la presidencia nacional.
El Consejo Político Nacional es —además de la Asamblea Nacional— el único órgano de dirección facultado para modificar los estatutos, bajo ciertas condiciones excepcionales. Con pleno conocimiento de esa atribución, “Alito” aprovechó la renovación del Consejo a sólo tres meses de su llegada a la dirigencia para incorporar perfiles incondicionales electos en planillas “de unidad”, sin competencia.
Fue ese Consejo Político el que avaló la reforma estatutaria de agosto de 2020, el segundo componente fundamental de su estrategia. Entre las modificaciones aprobadas destacan los cambios en los requisitos para la postulación de candidaturas, la apertura para que militantes priistas colaboren en gobiernos de otros partidos, la ampliación de las atribuciones del CEN y la centralización de la toma de decisiones en la persona titular de la Presidencia del CEN —que a partir de esta reforma tiene la facultad de registrar o vetar las candidaturas a prácticamente cualquier cargo de elección popular en todos los órdenes de gobierno—.
Y la más importante: la atribución que el propio Consejo Político se otorgó para determinar la conclusión anticipada o la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional, en caso de que su renovación coincida con un proceso electoral, desde los tres meses previos a su inicio. Es decir, la reforma estatutaria que mantiene a Alejandro Moreno al frente del PRI. Sin ella, no habría podido extender su mandato más allá de agosto de este año.
En 2021, con las modificaciones avaladas por el INE, “Alito” distribuyó las candidaturas a la Cámara de Diputados, incluyendo en las listas de representación proporcional a sus incondicionales y a prácticamente todos los militantes que ostentan un cargo directivo en el CEN, entre otros cuestionables perfiles. Por ejemplo, el hijo de su sucesor en el gobierno de Campeche, cuya hoja de vida se limitaba a haber sido gerente de un hotel y quien eventualmente terminó en las filas de Morena.
Controlar el CPN le permitió reformar los estatutos. Reformar los estatutos le permitió controlar prácticamente todas las decisiones, en todos los niveles, incluida la designación de las candidaturas. El control de las candidaturas le garantizó el control de la bancada en la Cámara de Diputados. Y el control de la bancada le dio margen de negociación con la oposición y con el oficialismo, según fuera conveniente. Hace un par de meses, logró sumar el control del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, el único espacio que mantenía cierta autonomía.
El pasado 8 de mayo, la sesión del CPN en la que se aprobó la ampliación de su mandato fue meramente anecdótica. La conclusión estaba escrita. Y quienes se atrevieron a manifestarse en contra de la propuesta, no recibieron más que duras críticas, agresiones personales y descalificaciones por parte de sus propios compañeros de partido. Un espectáculo con reminiscencias de los mejores tiempos del priismo, cuando la unanimidad tenía algún sentido.
En términos de resultados, la dirigencia de Alejandro Moreno ha dejado mucho que desear a la militancia priista. Desde que asumió la presidencia, el partido ha perdido prácticamente todas las gubernaturas que se han renovado, con excepción de Coahuila y Durango.
En los últimos cuatro años, el PRI pasó de gobernar en doce entidades a hacerlo en sólo dos (en coalición con el PAN y el PRD). Durante la gestión de “Alito”, se perdieron los gobiernos de Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Hasta el momento, el instituto político no tiene posibilidades reales de recuperar alguna de las gubernaturas que se renovarán el próximo año.
El panorama no es alentador. Junto con el pésimo desempeño electoral, el saldo de la actual dirigencia es de significativas pérdidas en las filas del priismo. El caso más reciente es el de Hidalgo donde, en sólo dos semanas, el Revolucionario Institucional se quedó sin representación en el congreso local, sin presidente estatal y sin la mitad de sus alcaldes, síndicos y regidores. También salieron del partido el exgobernador Omar Fayad Meneses y casi treinta dirigentes municipales. Las renuncias masivas continúan: el pasado fin de semana 150 mujeres renunciaron a su militancia, inconformes con la imposición del nuevo dirigente estatal, Marco Antonio Mendoza.
Esta misma semana, mientras el Frente Amplio por México presentaba la convocatoria para las y los aspirantes a su candidatura presidencial, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, la excanciller Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador Eruviel Ávila y la senadora Nuvia Mayorga anunciaban su salida del partido, dejando atrás una militancia de varios lustros. Con ello, el PRI se convierte en la cuarta fuerza política en el Senado, con la bancada más reducida de toda su historia.
Mientras tanto, la dirigencia nacional y sus voceros minimizan la crisis y se dedican a proferir reclamos, acusaciones e insultos contra quienes han decidido dejar de ser priistas. La simulación es la prioridad.
El PAN: la oportunidad perdida
Marko Cortés Mendoza fue electo presidente nacional del PAN en octubre de 2018, con Héctor Larios Córdova como secretario general. En una elección interna cuestionada por destacados cuadros panistas, Cortés venció a Manuel Gómez Morín —nieto del fundador de Acción Nacional—, quien descalificó el proceso por “parcial, inequitativo y antidemocrático”.
Fue precisamente en el contexto de dicho proceso interno que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa renunció a su militancia panista, siguiendo a su esposa Margarita Zavala. En una carta, acusó que “la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN”. Entre las irregularidades denunciadas por Calderón destaca la supuesta manipulación del padrón de militantes.
En el PAN, es el control del padrón lo que permite el control de las decisiones. En 2021, en el proceso interno que permitió su reelección, Marko Cortés fue el único aspirante que logró cumplir con el requisito del número mínimo de firmas de respaldo de militantes panistas. Los otros aspirantes, Adriana Dávila Fernández y Gerardo Prieto Tapia, acusaron irregularidades en la obtención de dichas firmas. Y denunciaron que Cortés habría utilizado el padrón de militantes para garantizar una elección sin competencia.
Más allá de las diferencias propias de cualquier elección, en febrero de 2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, en efecto, en el proceso de renovación de la dirigencia no se habían garantizado condiciones mínimas de equidad, debido a factores como la sobreexposición de Marko Cortés en spots que promovían los logros de su gestión durante el primer periodo estatutario.
En noviembre de ese año, la XIX Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN aprobó diversas reformas estatutarias promovidas por el actual dirigente. Entre las modificaciones destacan la simplificación del proceso de afiliación, la posibilidad de afiliación para mexicanos residentes en el extranjero, así como la obligación de garantizar la paridad en órganos de dirección y comisiones partidistas.
Y la más importante: la reforma que modificó el procedimiento para elegir a las dirigencias panistas en todos los niveles. Gracias a ella, las elecciones ya no se definen por el voto directo de la militancia, sino por el voto calificado de un comité de consejeros. Menos democracia, mayor control político de los procesos internos.
Sin duda, el balance de resultados de Acción Nacional en los últimos años es menos desfavorable que el del PRI. Pero el desempeño no deja de ser mediocre. En 2018, el PAN gobernaba once entidades (solo o en coalición). Hoy se mantiene como la segunda fuerza política nacional, pero únicamente ha logrado retener cinco: Aguascalientes (en coalición con el PRI y el PRD), Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.
Bajo el control de su actual dirigente, el PAN desperdició ocho décadas de tradición histórica como oposición, que le daban una posición inigualable frente al intento de consolidación de un nuevo partido hegemónico. Hoy el panismo parece haber olvidado que su deber “no es lucha de un día, sino brega de eternidad”.
En este contexto, uno de los compromisos implícitos del Frente Amplio por México es que la candidatura presidencial y la candidatura a jefe de Gobierno de la capital serán encabezadas por perfiles emanados de Acción Nacional. Hasta el momento, en ninguno de los dos casos parece haber condiciones para consolidar candidaturas competitivas.
En la Ciudad de México, la dirigencia ha decidido cerrarle la puerta a la más competitiva de sus aspirantes, Xóchitl Gálvez, con tal de proteger los intereses del grupo que actualmente controla el partido en la capital. Mientras tanto, cada vez más sectores de la sociedad civil la impulsan como potencial candidata presidencial de la alianza opositora. El desenlace está por verse.
Conclusión
Marx sentenció que la historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa. Y Lord Byron, que el pasado es el mejor de los profetas. Frente al escenario que vivimos, las lecciones históricas para el PAN y el PRI son tan luminosas como desesperanzadoras. El pasado nos recuerda que, cuando un dirigente logra concentrar todo el poder en su partido, llega el cisma. Y después la derrota.
La tragedia del priismo se dio en los primeros años del siglo, en la dirigencia de Roberto Madrazo. Las reformas estatutarias para empoderar a la dirigencia nacional frente a los gobernadores, el grado de control que llegó a tener sobre el partido y su eventual imposición como candidato presidencial motivaron la creación del frente conocido como “Todos Unidos contra Madrazo”. Y más tarde, la salida de Elba Esther Gordillo junto con destacados cuadros priistas. Finalmente, en la elección presidencial de 2006, el partido tuvo los peores resultados de su historia hasta ese momento.
La lección para el PAN es mucho más reciente. En 2017, la imposición de Ricardo Anaya Cortés como candidato presidencial provocó la salida de Margarita Zavala, quien buscó la candidatura por la vía independiente. Meses después, las tensiones del proceso interno provocaron la renuncia del expresidente Felipe Calderón junto con notables perfiles del calderonismo, que se sumarían al intento fallido de conseguir el registro de un nuevo partido político. El resto de la historia es conocido.
Rumbo a las elecciones de 2024, se ha puesto en marcha el montaje de una farsa. El Frente Amplio por México está en manos de dos dirigentes cuyo único propósito es el dominio absoluto de sus propios partidos. Poco importa la sociedad civil organizada y su convicción democrática. Y menos aún el amplio sector de la ciudadanía que espera una alternativa distinta al oficialismo.
No soy ingenuo. No espero que Marko Cortés o Alejandro Moreno estén a la altura del momento histórico que vive el país, ni mucho menos que se conviertan en líderes demócratas, capaces de anteponer algún interés colectivo sobre los propios. Sin embargo, sí esperaría que entre sus intereses consideraran ganar alguna elección. ¿De qué sirve controlar un partido que no sirve para ganar elecciones? Acaso para vender candidaturas. Una efímera ilusión de poder.
Hoy la crisis de los partidos históricos nacionales es tal que han extraviado hasta sus objetivos. Ya no se trata de competir para ganar, sino de simular para imponer la voluntad del dirigente en turno, incluso si eso implica sacrificar la competitividad electoral.
Los dirigentes de oposición están dispuestos a competir para perder, siempre y cuando sean ellos quienes distribuyan las candidaturas con precisión milimétrica, contemplando el escenario más adverso. Cualquier cosa por encima de la expectativa mínima será digna de celebrarse. Incluso una derrota.
Sobre esos hombros está la esperanza de la oposición partidista rumbo al proceso electoral más grande de nuestra historia. Y el tiempo se agota.
Francisco Morales Pineda
Asesor político