En el núcleo del sistema de salud mexicano se encuentra un problema que impide alcanzar la cobertura universal: la precariedad laboral. Médicos y enfermeras enfrentan todos los días condiciones de trabajo que no reflejan la importancia de su labor. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México evidencia la gravedad de esta problemática y subraya la necesidad de reflexionar sobre políticas para abordarla de manera frontal.
El análisis de datos recolectados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2005 a 2022 revela un aumento notable en la precariedad laboral en el sector salud.1 Entre los médicos, ésta incrementó 29 %, de 58.7 % en 2005 a 75.5 % en 2022. En el caso de las enfermeras, el aumento fue 37 %, de 49.0 % a 67.3 %. Estos resultados evidencian niveles altos de precariedad laboral en los últimos dieciocho años.
La precariedad laboral es un fenómeno global que afecta tanto a países industrializados como a naciones de ingresos medios y bajos, incluyendo a México. Este problema se deriva de la reconversión económica mundial hacia modelos que priorizan la producción de servicios sobre la industrial y la competencia de corporaciones por el control de mercados, donde el trabajo se convierte en un factor de competitividad. En América Latina, la expansión del sector privado en la salud, impulsada por las reformas de los años noventa, ha exacerbado la precariedad laboral. A diferencia de Colombia y Chile, donde se implementaron mecanismos regulatorios, en México el crecimiento del sector privado ha ocurrido sin una regulación adecuada, lo que ha resultado en condiciones laborales desprotegidas que afectan a miles de profesionales de la salud.
Históricamente, los médicos han estado más vinculados al sector privado, lo que los ha expuesto a condiciones laborales precarias. Sin embargo, en los últimos años, la brecha entre los sectores público y privado se ha reducido, especialmente en las regiones más pobres del país, afectando a otros grupos como las enfermeras, que tradicionalmente han trabajado en instituciones públicas. Esta peligrosa convergencia se debe a la expansión reciente del trabajo precario en el sector público.
La precariedad laboral no sólo impacta a los trabajadores, sino también al funcionamiento de los sistemas de salud y a sus resultados. La falta de estabilidad laboral y de beneficios sociales puede reducir la calidad de la atención debido al estrés y el agotamiento de los profesionales. Además, la inseguridad laboral desincentiva la permanencia en el sector, lleva a muchos a buscar oportunidades fuera de la salud o a emigrar, agravando la escasez de personal calificado, lo que se relaciona estrechamente con resultados subóptimos en salud. El estudio señala que las características comunes de la precariedad laboral incluyen la falta de contratos formales, salarios bajos y la ausencia de beneficios sociales.
A pesar de su importancia, la precariedad laboral ha sido subestimada por expertos internacionales como un determinante del funcionamiento de los sistemas de salud. Esta omisión es más preocupante en regiones con alta desigualdad como América Latina, donde la precarización laboral es un obstáculo para lograr una cobertura universal en salud. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los relacionados con la salud, y de cualquier otra aspiración se verán seriamente comprometidos si no se cuenta con personal suficiente, bien capacitado y adecuadamente contratado. Ignorar la precariedad laboral equivale a construir un sistema de salud sobre cimientos inestables, poniendo en riesgo los avances en cobertura y calidad.
Desde 2019, la administración federal ha implementado políticas para abordar esta problemática. Se han puesto en marcha programas para regularizar la situación laboral de los trabajadores de salud, formalizar contratos y mejorar las condiciones laborales. Se han destinado también recursos para aumentar los salarios y ofrecer beneficios sociales, sin embargo, persisten desafíos significativos. A pesar de estos esfuerzos, la cantidad de personal “basificado” durante el sexenio no ha reducido la precariedad de manera global, y la implementación de políticas ha sido desigual, con variaciones importantes entre regiones e instituciones. La falta de regulación adecuada y la resistencia de algunos sectores han limitado el impacto de estas políticas.
Las implicaciones para México son profundas. La alta tasa de precariedad laboral sugiere una vulnerabilidad estructural en el sistema de salud que podría deteriorar, aún más, la ya deteriorada calidad de los servicios. En particular, la creciente precariedad en el sector público indica que las políticas actuales no están abordando adecuadamente las necesidades de los trabajadores de la salud, lo que podría desincentivar a los nuevos profesionales de considerar el sector salud como una opción atractiva. Dado que los trabajadores de la salud representan entre el 70 % y el 80 % del presupuesto en salud, el bajo gasto público en proporción del PIB limita las mejoras en las condiciones laborales a corto plazo.
Para enfrentar esta crisis, es crucial desarrollar políticas regulatorias que reduzcan la precariedad laboral en ambos sectores, público y privado. Estas políticas deben garantizar contratos estables, salarios dignos y acceso a beneficios sociales para todos los trabajadores de salud. No podremos salir de esta crisis sin políticas que incluyan reformas fiscales de gran calado y la revisión, a la luz del envejecimiento de la población y las presiones que ello genera sobre los múltiples subsistemas sociales (salud, empleo, seguridad, etc.), del sistema de pensiones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de la fuerza laboral.
También es esencial implementar mecanismos de supervisión y control para asegurar que estas políticas se cumplan efectivamente. La experiencia de otros países en América Latina, que han mantenido un servicio civil de carrera para ofrecer posiciones permanentes a quienes demuestran compromiso institucional y mejoran sus habilidades a través de la formación continua, puede servir como modelo para México. Aunque estas estrategias son más comunes en el sector público, modalidades similares podrían aplicarse en el sector privado.
Otras estrategias deben abarcar desde cambios legislativos amplios en la ley laboral mexicana, para proteger las posiciones de los trabajadores tanto públicos como privados, hasta el aumento del presupuesto público en salud para garantizar los derechos laborales, como el acceso a un seguro de salud, vacaciones remuneradas y beneficios sociales. Un paquete de incentivos a la productividad y la calidad del servicio también podría ser una vía para equilibrar derechos y obligaciones.
La precariedad laboral en el sector salud mexicano es un problema estructural complejo que requiere atención urgente. El estudio mencionado ilumina la magnitud de esta crisis y hace un llamado a desarrollar políticas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de salud, esenciales para la calidad del sistema. En un país con profundas desigualdades socioeconómicas, abordar la precariedad laboral no es sólo una cuestión de justicia, sino una estrategia vital para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica. Ignorar este problema en el debate sobre cobertura universal de salud es un grave error que debe corregirse. Sólo mediante un enfoque integral que incluya la mejora de las condiciones laborales se podrá avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente universal y equitativo. La salud de una nación depende del bienestar de quienes están en la primera línea de atención. Ignorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud es, en última instancia, poner en peligro la capacidad del sistema de salud para mejorar las condiciones de la población.
Edson Serván-Mori
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública
Gustavo Nigenda
Profesor-Investigador de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional Autónoma de México
Este artículo expresa los puntos de vista personales de los autores y no refleja la posición de las instituciones donde trabajan.
1 Los autores clasificaron como trabajadores precarios a médicos y enfermeras que, al momento de la encuesta, reportaron tener un empleo con alguna de las siguientes características: no tener contrato escrito (o acuerdo), ingresos de hasta dos salarios mínimos (o precariedad de ingresos), jornada laboral parcial o excesiva, no tener beneficios sociales y no tener seguridad social o no tener acceso a servicios de instituciones de salud.
Me parece correcto lo del servicio de carrera, pues existen médicos y personal de salud que son pésimos. Desde el trato que brindan tan descortés, frío y desinteresado hacia los usuarios, hasta su propio desempeño laboral, el cual en muchos casos es miserable. Para todos es conocido que aquellos que trabajan en el sector público, tienen desdén y desinterés en laborar debido a que tiene que acudir a sus consultas particulares, de igual manera no brindan otras citas y consultas en su horarios laboral, aunque tengan la agenda libre porque «no les da tiempo», no se les puede pedir más de cinco minutos de su horario de salida, porque no les pagan más aunque el paciente se encuentre convaleciente en la sala de urgencias, etc. Veamos el problema también desde la autocrítica, porque eso determina también la calidad del servicio público, toda vez que son el primer contacto para que las personas puedan evaluar a una institución completa. Saludos y buen trabajo.