La presidenta Claudia Sheinbaum presentó por fin su iniciativa de reforma electoral. Se trata de un documento menos ambicioso y regresivo que el Plan C de López Obrador –una verdadera bomba nuclear al sistema electoral– y que contiene algunos aspectos positivos. No obstante, en términos generales, estamos ante un texto plagado de redundancias, riesgos y, sobre todo, regresiones. Es una propuesta que limita la competencia electoral, agrava el problema de la sobrerrepresentación de Morena y abre la puerta a la censura y a la violación de derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Presento tres puntos clave y un balance general de la iniciativa.
Una cancha menos pareja
Sin duda, la medida más regresiva de la iniciativa Sheinbaum es el debilitamiento de dos insumos básicos para la competencia electoral: el financiamiento público y el acceso a radio y televisión. Los recortes son muy significativos: el dinero que se destina a los partidos políticos disminuye en un 25 % y los tiempos en radio y televisión que tienen los partidos para sus spots o promocionales se recortan en más del 27 %.
Para comprender el efecto de estas medidas, hay que recordar algo obvio pero fundamental: todas las elecciones cuestan –y cuestan muchísimo dinero–. En cualquier democracia, para que haya elecciones tiene que haber campañas, y para que haya campañas tiene que haber financiamiento. El gran problema de la democracia mexicana en esta materia es que vivimos en una absoluta simulación: la mayor parte del dinero que reciben y gastan los partidos políticos no es legal, ni se reporta, ni entra en sus contabilidades; por el contrario, es dinero ilícito que puede provenir de contratistas del gobierno, del desvío de recursos públicos o, peor aún, de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Estudios como el de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde sugieren que por cada peso que se reporta oficialmente hay otros quince pesos de dinero sucio. De ese tamaño es la simulación.
Para decirlo pronto: hoy los partidos y candidatos dependen en buena medida del financiamiento ilícito. Y lo que hace la iniciativa de Sheinbaum, lejos de arreglar el problema, es agravarlo: al quitarle uno de cada cuatro pesos de financiamiento lícito, incrementa la dependencia del dinero sucio. México necesitaba una reforma contra la narcopolítica. La presidenta, en cambio, presentó una iniciativa que profundiza la dependencia del financiamiento ilícito.
Además de ser un retroceso en materia de integridad electoral, la iniciativa afectará de manera desproporcionada a los partidos de oposición, pues son quienes más dependen del dinero lícito. Morena y sus aliados tienen mayor acceso al financiamiento ilícito por la simple razón de que controlan el gobierno federal, la mayoría de los gobiernos estatales y buena parte de los gobiernos municipales. También por el hecho de que las inversiones de financiamiento ilícito suelen concentrarse en los candidatos más competitivos.
Un voto menos igual
Otra medida regresiva es la eliminación de las 32 senadurías de representación proporcional. La implicación es directa: si se aprueba la reforma, los votos de las y los ciudadanos que no voten por el primer o segundo lugar se irán a la basura. Y, como ha mostrado el análisis de Javier Aparicio, esta medida beneficiará a Morena y perjudicará a los partidos más pequeños.
El contexto importa –y mucho–. México tiene hoy niveles de sobrerrepresentación brutales: Morena y sus aliados obtuvieron el 54 % de los votos en la Cámara de Diputados y, sin embargo, gracias a un criterio que no fue sino un fraude a la Constitución, se quedaron con el 73 % de las diputaciones. En el Senado, aunque la magnitud del problema es menor, la situación es similar: con poco más de la mitad de los votos –y gracias al chapulineo de legisladores del PRI, PAN y PRD– Morena tiene la mayoría calificada de dos terceras partes.
México necesitaba una reforma que pusiera fin al fraude a la Constitución. Había la posibilidad, al igual que en otros rubros, de tener una reforma sin regresión. La presidenta Sheinbaum presentó, en cambio, una iniciativa que incrementará aún más los niveles de sobrerrepresentación. Donde había que corregir, se optó por profundizar.
Una puerta abierta a la censura
Otra de las propuestas que resultan más preocupantes en términos de libertades es la pretensión de regular –demanera por demás deficiente– la inteligencia artificial. La presidenta pretende que “[t]odo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley”.
Los problemas empiezan desde ahí, por la tremenda amplitud y ambigüedad de la regulación: en cualquier comicio la cantidad de contenidos “relacionados”, directa o indirectamente, con un proceso electoral es enorme. Y al hablar de “cualquier otra tecnología”, la iniciativa abre la puerta a que el uso de cualquier tipo de programa –Photoshop, el editor de imágenes de un celular, lo que sea– genere la obligación de etiquetado, algo francamente absurdo.
Pero eso no es lo peor. Quizá lo más grave y preocupante es que la iniciativa pretende que las plataformas digitales –Facebook, Instagram, X, TikTok, etc.–, así como televisoras y radiodifusoras, sean responsables de identificar, informar y censurar el contenido generado por terceros. Según la propuesta “[l]as personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”. Y, por si fuera poco, la presidenta quiere que la ley establezca “las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”.
La reforma es un despropósito por donde se le vea. De entrada, constituye una carga desproporcionada que las plataformas digitales, televisoras o radiodifusoras tengan que monitorear y analizar todo el contenido que generan otras personas y que se difunde en estos espacios, para identificar qué contenido fue alterado o generado por inteligencia artificial o “cualquier otra tecnología” (lo que sea que esto signifique).
Peor aún: al decir que plataformas, televisoras y radiodifusoras deberán “evitar” la difusión de contenido no etiquetado, se abre la puerta a la censura previa. Es decir, a impedir que una expresión llegue a difundirse. Se trata de una propuesta violatoria de los más elementales estándares en materia de libertad de expresión, según los cuales las responsabilidades por la difusión de contenido deben ser posteriores –y no anteriores– a la difusión.
México necesita una regulación seria y efectiva de la inteligencia artificial. La presidenta, sin embargo, pone sobre la mesa una redacción torpe y contraria a los derechos humanos.
Lo bueno, lo malo y lo incierto de la reforma
Estos tres puntos no agotan el contenido de la reforma. Hay algunos aspectos positivos –aunque algunos sean redundantes por ya estar contemplados en el marco jurídico vigente–: i) el método de mejores perdedores para elegir a 100 diputaciones, que incentivaría que candidaturas que hoy no tienen posibilidades de ganar un distrito incrementen su votación y lleguen al Congreso; o bien, ii) las prohibiciones de recibir apoyos desde el extranjero, de utilizar recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas, o de hacer aportaciones en efectivo.
Hay otras medidas regresivas o riesgosas: i) la falta de candados que garanticen la secrecía e integridad del voto en las consultas populares, que ahora podrán emplear “tecnologías de la información” para emitir el voto, entre las que podrían estar el voto electrónico o por internet; ii) la eliminación del mandato consistente en que la promoción que haga el INE de las consultas deberá ser imparcial; o iii) la posibilidad de que representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se involucren en consultas populares, referéndums o plebiscitos.
Pero quizá lo más importante es que la discusión sobre la reforma electoral no terminará con esta iniciativa. Incluso si se eliminan algunos de sus aspectos más regresivos, o incluso si la reforma no se aprueba –por ejemplo, por el bloqueo del PVEM o el PT–, ahí no terminará la historia.
Después de esta discusión, Morena siempre tendrá la oportunidad de aprobar una reforma ya no constitucional, sino a leyes secundarias, que podría ser igual de regresiva. Y no es especulación: así hizo López Obrador cuando fracasó su Plan A y optó por su Plan B. Y la propia presidenta Sheinbaum dijo, sin dar mucho detalle, que tiene su propio plan alternativo. En ese escenario, Morena ya no necesita a sus satélites. Y si se aprueba no tendremos, como en el pasado, una Suprema Corte mínimamente independiente que pueda frenarlo.
Sólo desde la ignorancia o la mentira cabe celebrar una regresión por el hecho de ser comparativamente menor. A la democracia no se le defiende midiendo cuánto retrocede, sino impidiendo que retroceda. Y ese riesgo, pase lo que pase con esta iniciativa presidencial, sigue intacto.
Javier Martín Reyes
Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker.